Fabiola Zerpa, autor en Runrun

Fabiola Zerpa

Residencia de vicealmirante Pérez fue allanada durante 7 horas la madrugada de hoy

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Tamara Bechar, abogada del vicealmirante Pedro Pérez, indicó que el allanamiento de la vivienda del militar se produjo entre la medianoche del 17 de abril hasta las 7 de la mañana del 18.

Se llevaron computadoras, documentos y otras pertenencias personales. El procedimiento fue realizado por un grupo de cinco funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia y del CIPC,

El vicealmirante retirado Pedro Pérez González fue detenido el martes 17 de abril en horas de la tarde por estar “presuntamente incurso en la comisión de delitos de rebelión, instigación a la rebelión, y traición a la patria”, según se desprende de la orden de allanamiento, informó Bechar. Estos delitos están establecidos en el Código Orgánico de Justicia Militar y son investigados por la Fiscalía Militar Séptima con Competencia Nacional.
El militar retirado se encuentra detenido en la sede del Sebin en El Marqués. Hasta la noche del martes sus familiares no lo habían podido verlo. “Tan sólo se pudieron comunicar vía telefónica”, dijo Bechar. El allanamiento fue ordenado por el Coronel Jaime Montoya Señorellys, juez del juzgado militar segundo de Control. Pérez González denunció ante la Asamblea Nacional la relación de las Fuerzas Armadas y los denominados colectivos, en 2016.

 

Informe interno de Corpoelec revela que mala praxis condujo a apagón

 

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La insuficiente producción de electricidad de los Andes, a pesar de la inversión hecha en varias plantas térmicas, ha hecho que Corpoelec sobreexplote el sistema eléctrico con la finalidad de abastecer a la zona. Operar el sistema al límite expone al resto de los estados a apagones, han dicho los analistas.

A pesar de la advertencia, eso fue lo que ocurrió nuevamente el pasado 9 de septiembre, indican, luego de analizar los reportes internos de Corpoelec sobre el hecho. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha dicho, en cambio, que fue un sabotaje de los partidos de oposición al gobierno.

En la noche del viernes 9 la generación de electricidad en los Andes era apenas 32% de lo requerido, se lee en el informe. No estaban en funcionamiento ni la central Don Luis Zambrano (Mérida) ni la Planta Táchira. Para empeorar las cosas, la  “indisponibilidad forzada” de una línea de la central hidroeléctrica de San Agatón obligó a aplicar racionamientos en ese estado y Trujillo. Eran las 8:10 pm, diez minutos antes del apagón en el resto de los estados.

El error de siempre

Miguel Lara, ex gerente de la oficina de administración de carga de Edelca, asegura que en los minutos siguientes, ocurrió el error. Para enfrentar la magnitud del desbalance de energía, Corpoelec procedió a “exceder los niveles seguros de transmisión de electricidad de Guri hacia la zona, desde las subestaciones Yaracuy y Morochas 230 kV”. “Lo ha hecho en reiteradas oportunidades, en apagones previos”, agrega.

La consecuencia de la maniobra fue la oscurana para siete estados, a las 8:20 pm. “A esa hora se salió de servicio una de las dos líneas Yaracuy-Acarigua a 230 kV. Luego se disparó la segunda y después las dos líneas a 230 kV Morochas-Buena Vista. Eso conllevó al colapso en cascada del servicio en los estados afectados”.

El evento implicó la pérdida de 1.412 mW, una cantidad importante de energía: alrededor de 10% de lo que se produce en el país. Afectó 15 unidades de producción eléctrica en 11 centrales. Y dejó sin luz a ciudadanos en Cojedes, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Trujillo, Táchira y Mérida.

Ante las fallas (humanas o ambientales), la electricidad debe ser reconducida apropiadamente a través del sistema. Si no se hace así, otras líneas que llevan electricidad pueden sobrecargarse. O como dicen los ingenieros, “salen de servicio” o “se disparan”. Y la falla, en lugar de ser un problema aislado, genera cortes adicionales en el sistema.

“El informe de Corpoelec corrobora que al disparar correctamente la línea No 2 Yaracuy Acarigua, la línea No 1 sale de servicio por sobrecarga. Eso ocasiona el apagón. Por consiguiente es la mala praxis operativa de Corpoelec la que produce esta repuesta anómala”, explica Lara.

El gobierno ofreció otra hipótesis, menos técnica y similar a las ofrecidas en el pasado en casos similares: el apagón fue un acto intencionado de la oposición. “Fue un incendio producido por manos inescrupulosas con el fin de sabotear la línea, porque los incendios no se generan solos”, dijo el ministro Luis Motta Dominguez el domingo 11 de septiembre.

El incendio se habría producido a 12 kilómetros de la ciudad de Acarigua, en la base de la torre eléctrica número 115. Las llamas habrían causado que las líneas “se dispararan”. “Es un sabotaje claro y descarado contra el sistema eléctrico, parte del plan de desestabilización de la oposición”, dijo.

Lara desestimó la explicación oficial, argumentando que fue la sobrecarga la que originó el incendio y no a la inversa. “Es posible que se haya desprendido una fase de la línea fallada producto de la sobrecarga y de ‘puntos calientes’ no corregidos”, señaló.

Los “puntos calientes” son fugas de electricidad en los cables que deben ser detectados con equipos especializados en inspecciones con helicópteros. Si no se reparan, pueden ocasionar el desprendimiento del cable afectado. Si cae al suelo, incendia la maleza que crece debajo de las torres si no se corta en labores de mantenimiento. Las aeronaves de Corpoelec se encuentran en su mayoría inoperativas y la inspección rutinaria de líneas con equipos de termografía, no se hace con rigurosidad, agregó.

Los informes a los que tuvo acceso Lara provienen del Despacho Nacional de Corpoelec, división encargada de administrar el servicio eléctrico en el país. En casos de emergencias este departamento se encarga de girar instrucciones tanto para racionar como para restituir la electricidad.

Alerta andina

El análisis del reporte de Corpoelec refleja que la zona andina está en peores condiciones que lo reportado oficialmente. “Llama la atención que según el reporte ninguna de las centrales termoeléctricas de esa región estaba en servicio antes del evento. Ni los 450 mW de la Luis Zambrano (El Vigía) ni los 250 mW de La Fria”, comenta el especialista.

Corpoelec no ha emitido reportes posteriores a los apagones de los últimos años. Varios de sus trabajadores han sido detenidos para justificar la excusa del sabotaje, recuerda Lara.

Los Andes venezolanos ha formado tradicionalmente la “cola” del sistema eléctrico nacional, por estar de último en la cadena de distribución que se origina en la central de Guri en el estado Bolívar. En los últimos 17 años, el gobierno ha desarrollado centrales hidroeléctricas pequeñas para “independizarla”. Entre ellas ha inaugurado plantas hidroeléctricas en la zona de La Vueltosa, y termoeléctricas en La Fría y El Vigía. También ha colocado plantas de generación distribuida. “Es inexplicable que nada de lo térmico instalado en la zona estaba operativo ese día”, agregó Lara.

 

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Corte de 1046 mW en el sistema eléctrico nacional:

-Táchira 386 mW

-Barinas 301 mW

-Mérida 198 mW

-Zulia 114 mW

-Apure 47mW

 

Unidades que salieron de servicio

Central                      No de la unidad        mW fuera
Fabricio Ojeda          2                                 178 mW

San Agatón                1                                 60 mW

San Agatón                2                                 20 mW

Peña Larga                2                                 32 mW

Masparro                  1                                 10 mW

Santa Bárbara          20                              15 MW

Santa Bárbara          21                              13 mW

Casigua                      1                                 14 mW

Termobarranca        1                                 130 mW

AJS                             1                                 151 mW

AJS                             2                                 160 mW

Bahías Tacoa                        1 y 2                          140 mW c/u

Termobarranca        1                                 130 mW

DLZ                            1                                 140 mW

#PanamaPapers Los hermanos Castillo Bozo: la reconversión caribeña del Grupo Banvalor

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El ex premier de Aruba, Nelson Oduber, asistió a la inauguración del BBA Bank, en la isla, en 2009. La directiva anunció en marzo de 2017 que liquidaría la entidad. De izquierda a derecha: Oduber, Leopoldo Castillo Bozo y Gabriel Castillo Bozo | Foto: 24 Oras

Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada

Un escueto comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Los dueños informaban que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”. Prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, los dineros depositados antes del cierre.

El hecho conmovió a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según publicó el periodista venezolano radicado en Miami, Casto Ocando.

Por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, se enfrentaban a la clausura forzosa de un emprendimiento financiero.

Aruba fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor –formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber de sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.

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Nuevo magistrado amenaza con despedir a personal del TSJ

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El magistrado entrante del Tribunal Supremo de Justicia, Francisco Velásquez, amenazó con despedir a los abogados y personal administrativo a su cargo en la Sala de Casación Civil, un total de 13 personas, si no entregaban la renuncia antes del 15 de enero, informó una fuente de esa institución.

La advertencia fue hecha por Velásquez el pasado viernes 8 de enero, tras lo cual aumentó la tensión laboral dentro del máximo tribunal del país, sumergido desde hace unas semanas en la diatriba política por la súbita designación de jueces que hiciera la mayoría oficialista de la anterior Asamblea Nacional (2010-2015), entre ellos Velásquez. Los nueva mayoría legislativa, de signo opositor y juramentada hace una semana, inició hoy el proceso para invalidar los nombramientos judiciales, por considerarlos inconstitucionales.

“La decisión es un atropello porque existe inamovilidad laboral, decretada por el presidente Chávez y prorrogada por Nicolás Maduro en diciembre pasado”, indicó una fuente de la sala que pidió mantener su nombre bajo reserva.

La situación afecta en principio a 13 empleados de uno de los tres despachos de la Sala de Casación Civil, donde está adscrito Velásquez. Sin embargo, el resto del personal de la sala teme que las amenazas y los despidos se extiendan a los demás despachos, con lo cual la medida alcanzaría a 25 personas más. Las otras dos oficinas que conforman la sala son las de los nuevos magistrados Vilma Fernández e Ivan Bastardo. Ninguno ha informado de despidos al personal a su cargo, pero tampoco los ha negado.

Se conoció que el grupo amenazado por el magistrado Velásquez, de 13 personas, no tiene intenciones de renunciar. “Es una ironía que los llamados a hacer justicia en sus cargos son los ejecutores de la ilegalidad”, indicó el abogado fuente.

Velásquez, Fernández y Bastardo fueron designados como magistrados principales de la Sala de Casación Civil por la Asamblea Nacional el pasado 24 de diciembre. Ese día los partidos oficialistas del saliente Poder Legislativo (2010-2015) nombraron y juramentaron 13 magistrados principales y 21 suplentes. Los legisladores tuvieron que agotar cuatro sesiones extraordinarias para realizar la votación necesaria por no contar con las dos terceras partes requeridas para que el proceso fuera más rápido.

Los diputados de oposición salvaron sus votos por considerar que estaban en presencia de un acto nulo, dado que el cuerpo legislativo había finalizado sus sesiones a mediados de diciembre y la decisión de nombrar nuevos magistrados correspondía a la nueva Asamblea.

El despido de funcionarios públicos es irregular bajo la actual situación de inamovilidad laboral. Incluso en el caso de que no existiera esa condición, según la ley, los empleados del Estado sólo pueden ser despedidos a través de un procedimiento administrativo que determine que la persona incurrió en una falta.

El TSJ está compuesto de 6 salas: Constitucional, Político-Administrativa, Civil, Penal, Social y Electoral. En cada sala hay cinco magistrados, tres principales y dos suplentes. Los jueces principales cuentan con un equipo de trabajo de alrededor de 13 personas: 6 abogados, cuatro secretarias, un mensajero, un chofer y un escolta, aunque las cifras pueden variar. En total hay un promedio de 39 personas adscritas a cada sala.