Brasil, Colombia y Venezuela encabezaron la lista de países del continente americano con más contagios

La directora de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria del estado Sucre, Elia Sánchez, informó que en la entidad se viene ejerciendo un control progresivo de la malaria, que cerró 2023 con 10 mil 958 casos.

De esos casos, 266 fueron importados porque se infectaron en otros estados y los trajeron a la entidad sucrense.

La experta en infectología destacó que se trata de un logro, porque la entidad llegó a tener 77 mil casos comprobados, hace unos cinco años, con una disminución de 87,9%. “Hemos disminuido considerablemente la cantidad de casos en el estado Sucre”.

Admitió que sí han tenido algunas situaciones, que suelen presentarse al cierre e inicio de año, con una subida de los casos.

Precisó que durante 2023, el municipio más afectado fue Cajigal, y específicamente Yaguaraparo, por lo que iniciaron una investigación para determinar los factores que causaron el incremento.

Venezuela es el país con más casos de malaria

Según cifras del informe global sobre malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil, Colombia y Venezuela encabezaron la lista de países del continente americano con más contagios, acumulando 73% de todos los casos de malaria registrados en la región.

En Venezuela se reportaron 154.000 casos de paludismo en 2022, dato que contrasta con el de hace un año, cuando los casos registrados de malaria fueron 205.000.

El informe destaca que ha habido un notable descenso en las cifras de la enfermedad desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, el informe de la OMS también alerta de un aumento de casos de malaria en siete países del continente americano el pasado año: Costa Rica, Bolivia, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá.

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Otros de los sectores que se han visto realmente afectados es el eléctrico. Y es que entre 2013 y 2023 la nómina de empleados pasó de 1.800 a 600 en Anzoátegui

 De acuerdo con la información aportada por el Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), en la entidad oriental había 16 mil empleados activos hace 10 años, mientras que ahora hay menos del 50%

Trabajar en instituciones del sector público era el deseo de muchos hace unos 20 o 30 años atrás.

Hay quienes anhelaban tener uno de estos empleos porque «se ganaba bien», había beneficios socioeconómicos que no te los garantizaban otras empresas y además aseguraban una jubilación para seguir recibiendo dinero mensual al llegar a la tercera edad.

Sin embargo, la crisis económica que atraviesa el país desde hace varios años ha ido, poco a poco, mermando estas bondades que recibían los empleados de la administración pública, lo cual ha traído como consecuencia que haya renuncias masivas en este sector.

Ahora, ¿cuál ha sido la razón principal de esta disminución en las nóminas de las instituciones dependientes del Estado?

Representantes de sindicatos y gremios que hacen vida en el estado Anzoátegui coinciden en que el motivo fundamental para que muchos hayan decidido dejar la administración es el salario (Bs 130), el cual equivale a menos de 4 dólares en la actualidad.

Tomando en cuenta que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en septiembre la canasta alimentaria se ubicó en 495,54 dólares, no hay que ser experto en economía para darse cuenta de que el salario base de estos momentos «no alcanza para nada».

Merma en las nóminas

En el caso de la gobernación del estado Anzoátegui y sus entes dependientes, hace unos 10 años la nómina era de más de 23 mil trabajadores, mientras que en la actualidad es de 17 mil aproximadamente.

Así lo afirmó el presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de la entidad (Urepanz), José «Cheo» Hurtado, quien señaló que la disminución del personal se vio principalmente desde el año 2019.

«La caída del salario y la posición unilateral del gobierno de imponer un tabulador salarial único para todos los trabajadores públicos han llevado al trabajador público a la pobreza extrema, debido a que nos fueron confiscadas todas las cláusulas contractuales que permitían el fortalecimiento del salario. En medio de este panorama, mucha gente abandonó sus cargos y se convirtieron en cifras que engrosaban el éxodo o desplazamiento forzado de venezolanos al exterior. Muchos regresaron y se reincorporaron a sus cargos, otros volvieron buscando oportunidades en el mercado de trabajo o buscando emprendimientos para fortalecer su ingreso y de la familia, y creo que la mayoría se quedaron fuera de nuestras fronteras buscando horizontes diferentes para mejorar la calidad de vida y enviar dinero a su familias, que en principio se quedaban en el país», detalló.

«Sin duda alguna que es probable que algunas familias no hayan declarado la muerte de algunos de sus familiares cabezas de familia para conservar la dádiva de una pensión o la bolsa de solución alimentaria, esto es producto más de la gravedad socioeconómica de la familia, más que de la viveza criolla».

José Hurtado
Presidente de Urepanz

El sindicalista añadió que las muertes de empleados a raíz del Covid-19 también influyó un poco en la disminución de la nómina, ya que, según denunció, no hubo atención médica suficiente para tantos casos de contagios.

«A esto hay que añadirle la catástrofe en la cual fuimos sumergidos por el gobierno nacional en  2017, cuando decenas de trabajadores públicos murieron de desnutrición o patologías que se derivaban de ésta, como la caída de las defensas o males gastrointestinales. Jamás debemos olvidar esa época de la masa y la sardina, cuando el hambre ocasionó mucho mal», añadió.

En lo que respecta al sector educativo, la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado, Maira Marín, explicó que desde el punto de vista oficial no maneja datos sobre las renuncias del personal.

«Esta es una cifra súper alarmante, nos duele mucho porque cuando un país empobrece su educación, tú me dirás, cuál es el futuro inmediato que puede tener ese país. Urge mucho ocuparnos y que las políticas públicas en educación sean atendidas de emergencia, pero necesitamos una mano, inclusive desde el punto de vista de organismos multilaterales para que podamos recuperar la calidad educativa del país».

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Dijeron que eso refleja las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos

Según un informe de Acción Solidaria, el principal motivo por el cual se mantiene un índice alto de desnutrición no es la escasez de alimentos, sino la imposibilidad de las personas para adquirirlos. Además, quienes presentan desnutrición tampoco tienen acceso a los medicamentos y suplementos necesarios para recuperar la salud.

Acción Solidaria publicó el informe «Salud en emergencia» por segundo año consecutivo, que muestra el monitoreo realizado durante el período enero-septiembre de 2021 sobre la vulneración del derecho a la salud en todos sus estándares.

Un dato que llama la atención, en el informe presentado este martes 20 de septiembre, es que «la desnutrición es la condición de salud con más registros entre mujeres, después de la COVID-19«; lo que representa un aumento porcentual con respecto al monitoreo realizado en 2020 y refleja que esta es la condición que más aqueja a la mujeres, seguidas de condiciones como VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y cáncer.

De acuerdo con los datos recabados por Acción Solidaria, que trabaja con reportes de medios de comunicación de alcance nacional y regional de la fuente de salud, en 2020 la desnutrición afectó a 8,9% y estas padecían de insuficiencia renal, patologías oncológicas y VIH; mientras que el año pasado, esta cifra creció a 9,4% de acuerdo con lo informado por los medios.

Desde Acción Solidaria explican que el hecho de que la desnutrición sea una de las condiciones de salud con más registros revela las graves consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos; especialmente sobre las personas privadas de libertad, comunidades indígenas, mujeres y adultos mayores.

La contabilización de esta ONG da cuenta de que el año pasado los más afectados por la desnutrición fueron las personas privadas de libertad con 24 casos, las comunidades indígenas con 13, niños, niñas y adolescentes con 13 registros, cinco adultos mayores, dos migrantes y un caso de una persona con discapacidad.

También hubo 32 registros de desnutrición en menores de edad íntimamente relacionados con mujeres; lo que se explica por problemas entre embarazadas y que influyen desfavorablemente en la salud de los neonatos.

Durante el pasado año, las denuncias de servicios hospitalarios inoperativos, fallas por escasez de insumos, ausencia de medicinas, escaso personal de salud y fallas de servicios públicos fueron constantes en la mayoría de centros de salud públicos del país; afectando, principalmente, al personal de salud, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con condiciones crónicas (especialmente con insuficiencia renal, desnutrición y VIH), quienes sufrieron un impacto desproporcionado.

Otro dato que resalta el informe de Acción Solidaria son las personas que se internan en los hospitales, que en 95% de los casos son mujeres, y pasan a ser invisibilizadas y se les vulneran sus derechos.

Otras enfermedades vinculadas a la desnutrición son la tuberculosis con 20 casos, las infecciones respiratorias agudas con ocho registros, VIH con siete y diabetes con cinco. También hubo un alto índice de registros de desnutrición vinculados a la COVID-19.

Esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro

Mediante una nota de prensa, el defensor de los DD.HH José Santoyo informó que luego de cuatro años, la parte acusadora logró la condena del oficial de Polianzoátegui, Onán Pereira, quien fue acusado por la muerte del joven César Pereira, en las protestas realizadas en mayo de 2017 en Lechería.

En la nota, Santoyo refirió que esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las manifestaciones contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro ese año.

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Santoyo informó que el Tribunal de Juicio 03 a cargo de la jueza Juliyen Rodríguez, sentenció a 26 años y 6 meses de prisión al exfuncionario de la Policía de Anzoátegui, Onán Pereira, quien será recluido en Internado Judicial de Puente Ayala. Por cometer delitos de lesa humanidad, Pereira no tendrá ningún beneficio.

Los delitos imputados fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito.

El abogado evaluará junto al Ministerio Público, la investigación de la cadena de mando y de otros funcionarios que declararon en el juicio y que dispararon el día en que ocurrió el asesinato.

“Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes”.

Santoyo agregó que aunque hayan puesto trabas, cuando se cree en la justicia, esta llega tarde o temprano.

“Han sido cuatro años de espera, de hacer un minucioso trabajo legal, de insistir, denunciar y no dejar de luchar. A pesar de la tragedia que ha significado para su familia y amigos perder a César de una manera tan vil, hoy nos queda la satisfacción de que hemos logrado que se hiciera justicia en su caso”.

12% de los casos corresponden a personas con orientación sexual e identidad de género diversa 

Azucena* es una mujer venezolana con estatus migratorio irregular que estaba casada con Juan*, un hombre colombiano, quien un día a su llegada a la casa la agredió físicamente e intentó ahorcarla. En ese momento vecinos del sector lo interrumpieron y ayudaron a la mujer.

Juan fue capturado en flagrancia y posteriormente condenado por el delito de violencia intrafamiliar.

Azucena recibió la ayuda de la Defensoría del Pueblo, que la acompañó y le brindó asesoría en el trámite del incidente para que se garantice su proceso de reparación integral.

Actualmente, ella se encuentra en tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico con el apoyo de la Red de Espacios Seguros y el Hospital San Vicente de Arauca. Esto ha permitido mejorar su calidad de vida y empezar a fortalecer procesos de empoderamiento.

Flora* también fue víctima de violencia. Ella vive en Colombia con sus tres hijos y con Pedro*, su esposo, todos de nacionalidad venezolana con estatus migratorio irregular desde 2017, en uno de los municipios de la región del Catatumbo.

La familia de Flora se encuentra en Venezuela.

Flora es una sobreviviente, no solo de discriminación por su nacionalidad en distintos ámbitos, sino de violencia psicológica relacionada con celos, por parte de Pedro.

Tras ello, la Defensoría le ofreció asistencia psicojurídica y llevó su caso a la Comisaría de familia del municipio, donde recibe atención y seguimiento. También recibe un acompañamiento psicosocial, donde le brindan herramientas que fortalezcan su empoderamiento y la importancia de identificar hechos violentos que le permitan reaccionar ante un nuevo hecho.

Actualmente, Flora continúa con su relación de pareja y señala que no se han vuelto a presentar hechos de violencia psicológica y es líder de una asociación de mujeres venezolanas.

Como el suceso de Azucena y Flora, este año la Defensoría del Pueblo acompañó 1617 casos de violencias basadas en género en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo y Santander, de los cuales el 31% (515 casos) corresponden a población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esta población, el 12% corresponden a personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).

Esta población se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación, barreras de acceso a salud, medios de vida, protección, albergue seguros especializados y en muchas ocasiones a un difícil acceso a la justicia y a medidas de atención.

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El nombre de Adriana Martínez se escuchó por primera vez en 2011, cuando el régimen venezolano le abrió las puertas al Fondo Global de Construcciones SAS

Una pequeña firma que funciona en un centro empresarial de Cota, Cundinamarca, ha despertado el interés de la justicia de Estados Unidos por sus nexos con Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, y con su socio, el también procesado por corrupción, Álvaro Pulido.

Se llama Vram Holding S.A., su contabilidad es compleja y su dueña es Adriana Martínez Rodríguez, una espigada bogotana, de 47 años, que ejecuta negocios que van desde actividades en mercados financieros y construcción de casas hasta comercialización de carne de pollo, cerdo y res.

Una investigación de EL TIEMPO recogió evidencia que demuestra que la empresaria bogotana aparece en empresas y negocios del extraditable Álex Saab, preso en Cabo Verde desde el 12 de junio pasado. Además, que registra movimientos bancarios desde Venezuela y desde el Medio Oriente, ligados a Saab y a su entorno.

Adriana Martínez. Foto: El Tiempo

Adriana Martínez saltó por primera vez a este ruedo en 2011, cuando el régimen venezolano le abrió las puertas al Fondo Global de Construcciones SAS, la firma con la que Saab construyó las casas subsidiadas por las que hoy es procesado y pedido en extradición por Estados Unidos.

Hasta ahora, nadie ha ido a preguntarle a la empresaria por la contabilidad y los negocios que hizo con Saab mientras estuvo en la empresa. Tampoco la han indagado por sus nexos personales con su socio Pulido, de quien fue pareja sentimental. Incluso, en redes la señalan como el supuesto eslabón para llegar al oro que ha salido subrepticiamente desde Venezuela.

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Aseguran que el sueldo no les da para cubrir gastos de pasaje, alimentación y mantenimiento del hogar

Educadores de Anzoátegui se concentraron en la Casa Sindical de Barcelona para demandar salarios en dólares y exponer las complicaciones que les impiden enseñar de manera virtual; así como rechazar al comportamiento de directivos de colegios que les exigen que acudan a los planteles sin las condiciones mínimas para protegerse de la covid-19.

Gabriela Arellano, secretaria de reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), explicó que realizarán las protestas que sean necesarias hasta que el gobierno nacional y las autoridades de educación regionales se aboquen a la situación.

“No permitiremos que nos sigan humillando. Hoy en día el salario no alcanza para nada. Cada día decae el poder adquisitivo, no podemos comprar las medicinas, nos vulneran el derecho a la vida. Ya basta de tanta indolencia. Exigimos un salario acorde a la canasta básica”, enfatizó Arellano.

La maestra Cecilia Hernández coincidió con Arellano. Aseveró que el salario no les da para cubrir gastos de pasaje, alimentación, mantenimiento del hogar y demás necesidades diarias, por lo que tienen que ejercer oficios extra para completar los ingresos.

“Pedimos respeto a nuestra profesión. No es posible que nos paguen una miseria cuando la educación es uno de los pilares fundamentales para el progreso de un país. No nos negamos a dar clases, exigimos condiciones dignas”, recalcó.

Señaló que en pocas instituciones educativas entregaron computadoras Canaima para facilitar el trabajo a los maestros.

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Se trata de 29 miembros del Sebin y las Faes 

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas. A mitad de semana se conoció una investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estremeció a Venezuela y a quienes siguen de cerca la crisis que golpea a ese país, bajo el dominio del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque su canciller, Jorge Arreaza, salió a descalificar la investigación, que se inició desde 2014 y que documentó al menos 223 casos de violaciones de los derechos humanos, autoridades de al menos dos países creen que aún falta por explorar un capítulo clave: las labores de penetración y espionaje de hombres de Maduro para desestabilizar a Colombia y otros gobiernos.

En menos de 10 meses, las autoridades colombianas, incluidas inteligencia militar y Migración Colombia, han ubicado y expulsado a al menos 20 miembros de las temibles Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Maduro (Faes) y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín).

Según fuentes oficiales, ingresaron para atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización.

Ante la ofensiva, Colombia avanza en la posibilidad de cambiar la expulsión por judicialización. Pero la inteligencia del régimen desarrolló otro mecanismo para seguir actuando.

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a un documento secreto que revela la nueva ofensiva de varios de los mejores elementos (hombres y mujeres) del Sebín contra Colombia.

Oficiales de inteligencia colombianos empezaron a detectar que miembros de ese servicio de inteligencia, adscritos a la base territorial de San Cristóbal, comenzaron a cruzar la frontera con Colombia con frecuencia y facilidad. El trasiego se inició en 2019, e inicialmente se creyó que se trataba de casos puntuales y esporádicos. Pero luego se detectó un modus operandi. Además, no se traba de simples oficinistas.

Los 29

Willian Alexánder Márquez Pérez, comisario jefe adjunto del Sebín San Cristóbal, es uno de ellos. También se detectó la presencia de Felipe José Bustamante Pérez, con su mismo rango, y de Armando Darío Guerra Ramírez, Eduardo Hernández Hernández, Gilbert René Vivas Colmenares. La lista se fue ampliando a otros miembros de ese cuerpo de inteligencia que incluían desde inspectores jefe hasta detectives y hoy están plenamente detectados 29 de ellos.

“Por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal-estado de Táchira, a la que pertenecen, se puede aseverar que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, se lee en el documento, con el rótulo de confidencial.

El denominador común es que todos tramitaron y obtuvieron la llamada tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) que Colombia habilitó para que venezolanos residentes en el país vecino y permite su libre movilidad por las zonas de frontera.

Este sistema de identificación empezó a funcionar en mayo de 2017, y alcanzó a registrar un total de 1’637.778 extranjeros. Pero se suspendió por primera vez durante el gobierno Santos, tras el hallazgo de 90.222 tarjetas falsificadas con fines extorsivos.

Su expedición se reanudó temporalmente. Pero, en febrero, Migración Colombia anunció una nueva suspensión y alertó sobre la judicialización de quienes falsifiquen las tarjetas.

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