12% de los casos corresponden a personas con orientación sexual e identidad de género diversa
Azucena* es una mujer venezolana con estatus migratorio irregular que estaba casada con Juan*, un hombre colombiano, quien un día a su llegada a la casa la agredió físicamente e intentó ahorcarla. En ese momento vecinos del sector lo interrumpieron y ayudaron a la mujer.
Juan fue capturado en flagrancia y posteriormente condenado por el delito de violencia intrafamiliar.
Azucena recibió la ayuda de la Defensoría del Pueblo, que la acompañó y le brindó asesoría en el trámite del incidente para que se garantice su proceso de reparación integral.
Actualmente, ella se encuentra en tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico con el apoyo de la Red de Espacios Seguros y el Hospital San Vicente de Arauca. Esto ha permitido mejorar su calidad de vida y empezar a fortalecer procesos de empoderamiento.
Flora* también fue víctima de violencia. Ella vive en Colombia con sus tres hijos y con Pedro*, su esposo, todos de nacionalidad venezolana con estatus migratorio irregular desde 2017, en uno de los municipios de la región del Catatumbo.
La familia de Flora se encuentra en Venezuela.
Flora es una sobreviviente, no solo de discriminación por su nacionalidad en distintos ámbitos, sino de violencia psicológica relacionada con celos, por parte de Pedro.
Tras ello, la Defensoría le ofreció asistencia psicojurídica y llevó su caso a la Comisaría de familia del municipio, donde recibe atención y seguimiento. También recibe un acompañamiento psicosocial, donde le brindan herramientas que fortalezcan su empoderamiento y la importancia de identificar hechos violentos que le permitan reaccionar ante un nuevo hecho.
Actualmente, Flora continúa con su relación de pareja y señala que no se han vuelto a presentar hechos de violencia psicológica y es líder de una asociación de mujeres venezolanas.
Como el suceso de Azucena y Flora, este año la Defensoría del Pueblo acompañó 1617 casos de violencias basadas en género en los departamentos de Arauca, La Guajira, Norte de Santander, Ocaña, Putumayo y Santander, de los cuales el 31% (515 casos) corresponden a población refugiada, migrante y solicitante de asilo. De esta población, el 12% corresponden a personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
Esta población se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación, barreras de acceso a salud, medios de vida, protección, albergue seguros especializados y en muchas ocasiones a un difícil acceso a la justicia y a medidas de atención.
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