Las delegaciones del gobierno interino y de la Asamblea Nacional de 2015 extendieron este viernes la cuarta ronda de diálogo en Caracas, postergando el cierre previsto para abordar temas pendientes en las mesas técnicas de garantías políticas, libertad de expresión y seguimiento de acuerdos.
Las negociaciones, que se desarrollan a puerta cerrada en un hotel de la capital bajo el liderazgo de Jorge Rodríguez (oficialismo) y la exdiputada Dinorah Figuera (oposición), forman parte del plan de transición impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.
Los avances tangibles de esta etapa incluyen el acuerdo para la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, y el desbloqueo de sitios web de medios de comunicación nacionales e internacionales.
No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones advirtieron a la agencia EFE que, si bien se ha dado un paso significativo para la libertad de expresión, aún persisten restricciones en algunos portales digitales que deben ser levantadas de inmediato.
En el ámbito legislativo y económico, las partes pactaron la revisión de leyes históricamente instrumentalizadas para la persecución política, como las normas de inhabilitación y la Ley contra el Financiamiento al Terrorismo.
Paralelamente, se avanzó en la negociación para la recuperación de las reservas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra, una de las principales exigencias del oficialismo, aunque su ejecución concreta sigue pendiente. Durante la última semana, los delegados opositores también sostuvieron reuniones con representantes de pueblos indígenas y expertos petroleros para exigir transparencia en los acuerdos de explotación de crudo.
El objetivo final del diálogo es allanar el camino para una eventual convocatoria a elecciones presidenciales.
Según fuentes diplomáticas, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, espera que este proceso culmine con un cronograma específico: una vez renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE), la encargada de la administración, Delcy Rodríguez, declararía la vacante presidencial, abriendo un plazo perentorio de seis meses para la realización de los comicios.






