El acuerdo de cooperación militar suscrito el pasado 18 de noviembre entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos ha encendido las alarmas de la sociedad civil organizada.
La ONG Laboratorio de Paz emitió un análisis detallado en el que identifica al menos cinco interrogantes críticas desde la perspectiva de los derechos humanos, el Estado de derecho y el control democrático de las instituciones armadas.
El documento advierte que, más allá de los objetivos declarados en materia de seguridad, la falta de transparencia y la ausencia de cláusulas de protección ciudadana convierten al convenio en un instrumento de alto riesgo para la población venezolana.
Opacidad y ausencia de escrutinio público
El primer señalamiento recae sobre la reserva absoluta del texto íntegro del acuerdo.
A la fecha, se desconocen sus cláusulas, duración, obligaciones específicas y mecanismos de supervisión.
Laboratorio de Paz subraya que el argumento del “secreto militar” no justifica automáticamente esta opacidad, recordando que existen antecedentes de acuerdos de cooperación entre ambas naciones cuyos textos fueron publicados oficialmente. “La reserva de información operativa específica debe distinguirse de la publicidad de los compromisos jurídicos asumidos por el Estado”, advierte la ONG, señalando que esta práctica vulnera los derechos al acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Evasión de controles constitucionales
El análisis cuestiona la falta de información sobre la aprobación parlamentaria del instrumento.
Los artículos 154 y 187.18 de la Constitución venezolana establecen reglas claras para la ratificación de tratados internacionales, mientras que el artículo 187.11 atribuye a la Asamblea Nacional la autorización expresa para el ingreso de misiones militares extranjeras a territorio nacional.
La omisión de estos procedimientos compromete, según la ONG, los principios de legalidad, el control democrático del poder y la participación política, dejando un precedente peligroso sobre cómo se negocian las alianzas estratégicas del Estado.
Un firmante señalado por la ONU
Por Venezuela el acuerdo fue suscrito por Gustavo González López, actual ministro del Interior, Justicia y Paz.
Laboratorio de Paz hace una distinción jurídica clave: aunque no existe una condena judicial en su contra, González López dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante períodos investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, y ha sido objeto de sanciones internacionales por su presunta vinculación con estructuras responsables de detenciones arbitrarias y torturas.
“La cooperación militar con autoridades señaladas por graves violaciones de derechos humanos exige garantías reforzadas de investigación, supervisión y rendición de cuentas”, sostiene el informe.
Fortalecimiento militar sin reforma institucional
El convenio contempla entrenamiento, equipamiento e intercambio de capacidades.
Sin embargo, la ONG destaca que no se han anunciado condiciones verificables de reforma institucional, ni mecanismos independientes de supervisión para impedir que los recursos, armamento y conocimientos transferidos terminen siendo utilizados en la represión de la disidencia política o la protesta social.
En un país donde la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) han documentado patrones de crímenes de lesa humanidad cometidos por organismos de seguridad, Laboratorio de Paz califica de indispensable conocer las salvaguardas que acompañarán esta inyección de capacidades militares.
Riesgos en operaciones conjuntas e intercambio de inteligencia
Finalmente, el análisis aborda los peligros derivados de la cooperación en inteligencia y operaciones contra el crimen organizado. No se conocen públicamente las reglas sobre el uso de la fuerza, la protección de datos personales, la jurisdicción aplicable en caso de incidentes, ni los protocolos de reparación a víctimas.
“La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Las operaciones de seguridad no pueden sustituir las garantías judiciales ni justificar privaciones arbitrarias de la vida”, concluye la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país






