Venezuela nunca estuvo en los planes de la estilista dominicana Dayana Heredia. Su paso por el estado Zulia era solo una escala técnica para conectar con su destino ideal: España.
Heredia, al igual que millones de inmigrantes que abandonan su tierra, salió de Santo Domingo convencida de que en Europa encontraría mejores oportunidades para ella y sus dos hijos, quienes quedaron al cuidado de su familia.
De acuerdo con el relato de los familiares de la estilista —quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias en contra de Dayana— una red le facilitó documentos falsos y le prometió que podía llegar a España sin obstáculos porque “a los venezolanos allá no le piden papeles”.
Con documentos que la hacían pasar como ciudadana venezolana, los planes de Dayana se truncaron el 13 de julio de 2024, cuando fue detenida en Santa Bárbara del Zulia —una ciudad ubicada al suroeste del Lago de Maracaibo— por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una alcabala.
A Dayana la acusaron inicialmente de usurpación de identidad y de forjamiento de documento público, un delito que puede acarrear penas de entre tres y doce años de cárcel, según el Código Penal Venezolano. Posteriormente fue señalada de presunto tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
La estilista de 37 años fue condenada a 21 años de prisión en un proceso que su familiar calificó de “desproporcionado e injusto”. La familia expresó que “lo que comenzó como un viaje para buscar un futuro mejor, terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial plagada de irregularidades”.
Irregularidades y extorsiones
El familiar de Dayana explicó que la acusación por narcotráfico está sustentada en unas supuestas fotos de sustancias ilícitas que presuntamente encontraron en su teléfono celular. Sin embargo; aseguran, que a ella nunca la encontraron con sustancias en su poder y que los exámenes toxicológicos que le practicaron “todos resultaron negativos”.
El pariente de la estilista agregó que el teléfono de Dayana nunca fue presentado ante los tribunales como evidencia probatoria del delito. Aseguró que días después del arresto “los mismos funcionarios policiales continuaban utilizando el móvil de su hermana para hacer llamadas telefónicas y al final no se supo en manos de quién quedó”.
Pese a las apelaciones introducidas por la defensa, la condena fue ratificada. La familia de Heredia aseguró que durante el tiempo que lleva detenida han sido víctimas, en reiteradas ocasiones, de extorsiones y engaños por parte de funcionarios policiales y abogados.
Actualmente, un recurso de casación reposa sin respuesta desde el mes de mayo en el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, mientras un nuevo equipo legal revisa el expediente en busca de violaciones al debido proceso.
Maltratada y con medidas cautelares
A pesar de tener una condena dictada, Dayana Heredia permaneció recluida en el calabozo de una comandancia policial en el estado Zulia, pero su situación se agravó tras un motín realizado por las internas el pasado 9 de octubre, en rechazo a las condiciones de detención.
Las reclusas decidieron alzarse para denunciar que no contaban con agua potable, que la alimentación era deficiente y que en las noches las despertaban entre tres y cuatro veces para contarlas.
Tras el motín, Dayana Heredia fue trasladada al Centro Penitenciario de la Región Andina (CPRA), ubicada en San Juan de Lagunillas, en el estado Mérida. Al llegar al recinto, el personal del centro no la quería recibir por la gravedad de las heridas: tenía golpes y hematomas en los brazos, espalda y costillas.
Actualmente, la dominicana se encuentra en una celda de aislamiento en el CPRA en donde recibe atención médica para bajar la inflamación y sanar el dolor de la golpiza que recibió.
Ante la gravedad de la situación y el desespero por estar tan lejos, el pasado 10 de agosto los familiares de Dayana Heredia se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que a través de la Resolución 63/2026 otorgó medidas cautelares a favor de la dominicana.
La CIDH consideró que el derecho a la vida, la integridad física, personal y de salud de Heredia estaban en “riesgo inminente”. La instancia destacó la indefensión y las precarias condiciones de detención y resaltó que no recibió información del Estado venezolano sobre las acciones para mitigar el riesgo que corre la detenida.
Las súplicas de repatriación de Dayana
1.103 kilómetros de distancia separan a Dayana de su familia. Desde que fue detenida en el 2024 solo ha mantenido contacto telefónico con sus familiares, quienes por temor a correr la misma suerte no se atreven a viajar a Venezuela.
Sin embargo, han acudido a distintos entes gubernamentales en busca de ayuda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, en el área de Protección a Nacionales y recibieron como respuesta que “no había relaciones diplomáticas con Venezuela”.
La familia afirmó que también dirigió una solicitud al entonces canciller Roberto Álvarez, sin obtener los resultados esperados.
Tras la difusión de un video de Dayana Heredia en donde le suplica al presidente Luis Abinader que la ayude a que sea deportada, los familiares aseguraron que el nuevo cónsul dominicano en Venezuela, Héctor Pastor Vázquez, se pronunció pero que no se concretó nada.
El pariente de Heredia comentó que semanalmente pagan 100 dólares para hacerle llegar a Dayana alimentos y productos de aseo personal.
La familia considera que la sentencia en contra de Dayana estuvo motivada por las posiciones que mantuvo el gobierno dominicano en contra del régimen de Nicolás Maduro.
“Aquí en Dominicana se incautó un avión que era de Venezuela y de alguna manera colaboró con el gobierno de Estados Unidos para ello. Además, el presidente nunca reconoció las elecciones del 28 de julio. Entonces, con esa ruptura de las relaciones diplomáticas, nosotros creemos que esa sentencia fue una represalia del Estado venezolano”, aseveró el familiar de Heredia.
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