Venezuela tiene 11 años ocupando el último lugar del Índice Mundial del Estado de Derecho. La organización World Justice Project (WJP) difundió su informe global WJP Rule of Law Index 2026, en el que el país ocupó el puesto 143 de 143 en la clasificación general y también obtuvo el peor lugar en cuatro de los ocho factores que componen el indicador: restricciones a los poderes del gobierno, aplicación de las normas, justicia civil y justicia penal.
El Índice de Estado de derecho del WJP mide hasta qué punto las instituciones y las autoridades están sujetas a la ley, los derechos fundamentales están protegidos y las personas pueden acceder a mecanismos de justicia.
A continuación, el análisis de Venezuela en todos los indicadores:
Limitaciones a los poderes del gobierno
Este indicador evalúa si existen controles institucionales efectivos sobre las autoridades, incluidos los que ejercen el Poder Legislativo, los tribunales y otros organismos de supervisión. La valoración de este factor es de 0,18 en una escala de 0 a 1. Con una puntuación de 143 de 143.
En este reglón también se evalúa si los poderes del gobierno están efectivamente limitados por auditorías y revisiones independientes. Aquí la puntuación fue de 142/143. También se analizó si los funcionarios policiales son sancionados por mala conducta y la valoración fue negativa: 143/143.
Con respecto a si los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los particulares tienen libertad para informar y comentar sobre las políticas gubernamentales sin temor a represalias, Venezuela obtuvo una puntuación de 134/143.
Ausencia de corrupción
En las mediciones sobre la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las normas, Venezuela obtuvo una valoración en el ranking mundial de 135/143.
Este indicador evaluó también si los funcionarios públicos utilizan su cargo para beneficio privado y la valoración fue de 143/143.
Gobierno abierto
El tercer ítem del estudio evaluó el derecho a la información, si se conceden las solicitudes de información en poder de una agencia gubernamental, si se conceden en un plazo razonable, si la información proporcionada es pertinente y completa, y si se conceden a un costo razonable y sin necesidad de soborno, sobre esto la valoración fue de 139/143.
Sobre los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la protección de las libertades de opinión y expresión, reunión y asociación, y el derecho a presentar peticiones al gobierno, Venezuela obtuvo una puntuación de 138/143.
Derechos fundamentales
En la igualdad de trato y ausencia de discriminación, Venezuela obtuvo un puntaje de 126/143.
Sobre el derecho a la vida y a la seguridad de la persona, Venezuela obtuvo una valoración negativa de 142/143, mientras que el debido proceso legal y derechos del acusado recibió la misma puntuación.
La libertad de opinión y expresión no está plenamente garantizada en Venezuela (134/143), según el estudio. Por otro lado, los derechos laborales fundamentales, incluida la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la ausencia de discriminación en materia de empleo y la ausencia de trabajo forzoso y trabajo infantil recibió una ponderación de 116/143.
Orden y seguridad
De acuerdo con el estudio, en la prevalencia de delitos comunes, como homicidio, secuestro, robo con allanamiento de morada, robo a mano armada y extorsión, así como la percepción general de seguridad que tienen las personas en sus comunidades, Venezuela obtuvo una puntuación de 142/143.
Sobre si las personas están protegidas eficazmente de los conflictos armados y el terrorismo, Venezuela quedó el el puesto 99/143.
Si las personas recurren a la intimidación o la violencia para resolver disputas civiles entre sí o para obtener reparación del gobierno, y si las personas están libres de la violencia de las turbas, el país obtuvo un 140/143.
Aplicación de la normativa
En las mediciones de si las regulaciones gubernamentales, como las laborales, ambientales, de salud pública, comerciales y de protección al consumidor, se aplican de manera efectiva la valoración fue de 141/143. Con respecto a si los procedimientos administrativos a nivel nacional y local se llevan a cabo sin demoras injustificadas, la valoración fue de 143/143. El debido proceso no se respeta en los procedimientos administrativos (143/143).
Justicia Civil
En la accesibilidad y la asequibilidad de los tribunales civiles, incluyendo si las personas conocen los recursos disponibles; si pueden acceder a asesoramiento y representación legal y costearlos; y si pueden acceder al sistema judicial sin incurrir en honorarios irrazonables, encontrar obstáculos procesales irrazonables o experimentar barreras físicas o lingüísticas, la valoración fue de 115/143.
En la medición correspondiente a si el sistema de justicia civil está libre de sobornos e influencias indebidas por intereses privados, la puntuación obtenida en el ranking fue de 140/143. Asimismo, el sistema de justicia civil no está libre de influencias gubernamentales o políticas indebidas, ni la misma se aplica de manera efectiva ya que ambas recibieron una valoración de 143/143.
Justicia penal
En las mediciones sobre si los autores de delitos son efectivamente detenidos y procesados; si la policía, los investigadores y los fiscales cuentan con los recursos adecuados, están libres de corrupción y desempeñan sus funciones con competencia, Venezuela obtuvo la valoración de 143/143 en casi todas las evaluaciones.
Los autores de delitos no son procesados y castigados de de manera efectiva y tampoco el sistema de justicia penitenciario es eficaz para reducir la conducta delictiva.
Los 10 países mejores valorados
El bloque de naciones nórdicas y del norte de Europa continúa liderando la clasificación general con los puntajes más altos del planeta: Dinamarca se sitúa nuevamente como el país con el mejor desempeño global. Le siguen Noruega, Finlandia, suecia y Luxemburgo. Otras naciones que destacan en los primeros diez lugares globales son Alemania y Nueva Zelanda.
Los países con mejor desempeño en América Latina y el Caribe son Uruguay, Costa Rica y Barbados. Potencias y países del continente como Estados Unidos, China, Rusia y México experimentaron caídas en sus puntuaciones.
Una década de deterioro continuo
Un análisis de la ONG Acceso a la Justicia correspondiente al informe 2025 del World Justice Project (WJP) confirmó que desde 2015, cuando Venezuela obtuvo una puntuación de 0,31 sobre 1, “la trayectoria ha sido descendente hasta llegar a 0,26 en 2022, cifra que se ha mantenido inalterada hasta 2025”.
Para la organización, la permanencia de Venezuela en el último lugar del mundo en el Índice de Estado de derecho de WJP durante casi una década demuestra que no se trata de una crisis circunstancial, sino de una degradación estructural del Estado de derecho.
Acceso a la Justicia afirmó el año pasado que la instrumentalización del sistema de justicia “ha generado un entorno donde la ley se utiliza como herramienta de poder y no como garantía de derechos, lo que obstaculiza la lucha contra la corrupción, debilita la protección de los derechos humanos y elimina los contrapesos fundamentales para el funcionamiento democrático”.
La ONG aseguró en 2025 que “es imposible revertir las tendencias de deterioro observadas por el WJP”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
