El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, cuestionó el diseño y la aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela y sostuvo que la normativa ha servido para inhibir la libertad de expresión y favorecer el ejercicio arbitrario del poder.
En La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Correa señaló que la ley contiene definiciones vagas y sanciones desproporcionadas.
El activista destacó que un delito relacionado con la expresión de odio puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que un homicidio puede tener una sanción menor.
“Hay una desproporción absoluta”, dijo el periodista al panel integrado por César Batiz, director de El Pitazo; Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de TalCual.
A juicio del director de Espacio Público, no era necesario elaborar una normativa como la Ley contra el Odio.
“Conductas como las agresiones o los homicidios ya están contempladas en el Código Penal”, sostuvo.
El director de Espacio Público afirmó que la organización no conoce casos en los que la normativa haya servido para proteger a ciudadanos.
Señaló que han recibido información sobre situaciones en las que la ley habría sido utilizada para detener personas y exigirles dinero a cambio de no continuar con la persecución.
“Se utiliza esta ley para detener a personas y extorsionarlas”, afirmó.
Para Correa, uno de los aspectos más problemáticos de la legislación es la inclusión del odio por razones políticas.
Explicó que la libertad de expresión permite a la sociedad deliberar y ejercer escrutinio sobre los asuntos públicos, por lo que penalizar determinadas críticas puede terminar inhibiendo ese debate.
“Si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, entonces toda crítica a la gestión pública se puede considerar odio”, sentenció.
Los arquitectos del miedo
Según Correa, en Venezuela se han registrado casos de personas perseguidas por expresar críticas relacionadas con hechos de corrupción y posteriormente esos procesos fueron eliminados.
“Sirvió, entre otras cosas, para construir una arquitectura asociada al miedo”, afirmó Correa.
El activista recordó que en grupos de WhatsApp de vecinos algunas personas advertían sobre la existencia de la normativa cuando alguien criticaba problemas de servicios públicos o reclamaba por situaciones de su comunidad.
“En Venezuela se incorporó el odio por temas políticos y eso tiende a inhibir el debate ¿Por qué existe el derecho a la libertad de expresión? Entre otras razones, para que la sociedad pueda deliberar, para hacer escrutinio de lo público. Entonces, si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, toda crítica a la gestión pública, se puede considerar odio”, dijo Correa
El director de Espacio Público también cuestionó que la ley no haya sido utilizada para proteger a ciudadanos frente a expresiones racistas, discriminatorias o ataques relacionados con la religión.
“No hay un solo caso de esas características”, afirmó.
Señaló además que existen situaciones que ni siquiera llegan a los tribunales.
Mencionó casos en los que funcionarios pueden revisar el teléfono de una persona en una alcabala y determinar que determinados contenidos constituyen expresiones de odio.
“Es una ley absolutamente perniciosa y nefasta para el debate democrático”, dijo.
Correa cuestionó también la creación de una comisión para promover la paz y la convivencia que nunca llegó a instalarse, mientras los tribunales comenzaron a aplicar la legislación.
El activista cuestionó que la discusión se limite a la Ley contra el Odio.
Recordó que existen otras normativas que a su juicio afectan el ecosistema de libertad de expresión en Venezuela, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la denominada Ley Simón Bolívar.
Correa señaló que, aunque durante este año se han producido excarcelaciones de periodistas y algunos desbloqueos de portales, todavía persisten restricciones.
Mencionó entre los medios que continúan afectados a Armando.info, La Patilla y El Nacional, además de portales internacionales, plataformas financieras y herramientas VPN destinadas a la privacidad y seguridad en internet.
“No hay forma de tener un debate sensato sin libertad. La verdad es un elemento clave de reparación, el silencio es la peor opción”, dijo Correa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
