Para el abogado y defensor de derechos humanos Joel García, integrante del equipo de defensa en el caso “Brazalete Blanco, el proceso estuvo plagado de trabas y decisiones arbitrarias que generan desconfianza sobre el alcance de las transformaciones institucionales en el país. Durante la entrevista ofrecida para Espacio Runrunes, el penalista señaló que el juicio “ rompió los estándares observados en otros procesos de presos políticos”.
“Brazalete Blanco” se presentó como la desactivación de una presunta conspiración cívico-militar orientada a tomar instalaciones militares en el estado Táchira y atentar contra figuras del Gobierno nacional. Sin embargo, según relató García tuvieron que hacer la apertura a juicio sin conocer las actas del expediente. “Yo inicié mi discurso ofreciendo disculpas a los que yo asistía, o asisto todavía, porque yo de qué lo iba a defender. No tenía ni un solo argumento para defenderlo, porque no conocía los hechos, ni siquiera los delitos. Entonces, mal podría defenderlo. Y así, a ciegas, ingresamos a ese juicio. Eso nunca antes lo habíamos vivido”.
En medio del debate público sobre la inminente reforma del Poder Judicial en Venezuela, el cierre del caso denominado ha dejado al descubierto severas irregularidades procesales. Joel García advirtió que la acusación presentó graves inconsistencias sobre la forma en que se obtuvieron las pruebas e imputaron las responsabilidades. Aunque solo cuatro personas fueron absueltas y diez resultaron condenadas, el abogado enfatizó que no existió sustento probatorio para diferenciar la conducta de unos y otros:
“Jurídicamente para responsabilizarlo no hay nada, pero responsabilidad tienen los funcionarios que practicaron, entre comillas, esas investigaciones. Lo que quedó demostrado es que Venezuela sigue la tortura vigente, siguen los tratos crueles y no más degradantes en los centros penitenciarios”.
El impacto de las denuncias en el ámbito judicial
Durante la entrevista se abordó la carta abierta de la exmagistrada Bárbara César Siero, quien denunció que tres de sus familiares detenidos en el marco del caso “Brazalete Blanco” fueron utilizados como rehenes para forzarla a firmar decisiones en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sobre el valor procesal de esta afirmación, Joel García explicó:
“Por supuesto que tiene un impacto enorme porque ella manifiesta de que fue coaccionada… Cualquier hecho que vicie el consentimiento, es decir, bajo coacción, eso debería cargar una consecuencia… Lo que sí es que no es lícito es que una persona sea coaccionada… Por supuesto que hay un vicio en el consentimiento allí y eso hay que investigarlo”.
Luces y sombras de la reestructuración judicial
Pese al contexto adverso, García expresó cierto optimismo respecto al proceso de renovación de magistrados del TSJ y a la reestructuración de los órganos de justicia que se discute en el marco de las conversaciones políticas. No obstante, subrayó la necesidad de que la selección de juristas responda a criterios de idoneidad y trayectoria transparente:
“Poco a poco estamos llegando donde queremos llegar porque para mí la institución de lo social lo vamos a empezar a rescatar desde que tengamos un Tribunal Superior de Justicia y ojalá que sean personas idóneas, no solamente idóneas en cuanto a lo académico, sino idóneas en cuanto a lo personal, no personas partidistas que verdaderamente sean independientes”.
Al ser consultado sobre el rol del Ministerio Público tras la salida de Tarek William Saab, García destacó pequeños matices en la actuación de la fiscalía —como la solicitud de absolución dictada recientemente en favor del periodista Rory Branker—, aunque remarcó que las arbitrariedades cometidas en el pasado deben ser investigadas y no pueden quedar impunes:
“Cualquier cosa posterior a Tarek William Saab es menos mala. Porque el tema de Tarek William Saab durante el tiempo que estuvo en la Fiscalía General de la República fue nefasto. Yo creo que ha sido el peor fiscal que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana”.
Reparación, memoria y garantías de no repetición
Para el defensor de derechos humanos, la reconstrucción del Estado de derecho exige la eliminación de jurisdicciones especiales como los tribunales de terrorismo, la derogación de leyes que penalizan la libertad de expresión y la transformación profunda del sistema penitenciario. Asimismo, insistió en que las violaciones cometidas deben documentarse para garantizar la memoria histórica del país:
“La impunidad no nos va a salvar. Nosotros tenemos que, de alguna manera, ejemplarizar para las futuras generaciones… Lo que ha pasado en Venezuela durante los últimos años, tiene que estar inserto incluso en los textos escolares para que los jóvenes, los niños que vayan creciendo tengan referencia de lo que nos pasó, lo que nos sucedió y nunca más vuelva a repetirse. Venezuela no puede jugar nunca más con su democracia y con su libertad”.
