El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que entre el 19 y el 30 de septiembre de 2026 fallecieron al menos 4 personas mayores de 59 años bajo la custodia del Estado.
El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, estado Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. El 24 de septiembre falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira, por un paro cardiorrespiratorio. El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico, su causa aún no está definida. El 30 de septiembre, Hermes Carrero, de 63 años, murió de un infarto dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas.
En ninguno de los casos las personas tuvieron atención médica oportuna, denunció el OVP.
«Sin médicos ni medicinas, el drama de los adultos mayores que mueren en el olvido carcelario expone una realidad que no puede seguir normalizándose. Cuando la edad, las enfermedades y la falta de atención médica se encuentran con un sistema penitenciario incapaz de garantizar una respuesta oportuna, la privación de libertad se convierte, en los hechos, en una pena de muerte», agregó la ONG en una nota de prensa publicada este 5 de octubre.
Opacidad hasta la muerte
El Observatorio recalcó que al menos dos de estas personas estaban recluidas en sedes policiales, que el Gobierno venezolano ha utilizado como «cárceles paralelas» para más de 7 414 personas. De ese grupo, al menos 181 personas son mayores de 65 años.
Por ahora, el OVP ha contado más de 60 muertes bajo custodia del Estado de los privados de libertad en Venezuela, ya sean muertes violentas o por negligencia sanitaria, entre abril y septiembre de 2026.
«Y los organismos que tienen responsabilidades en esta materia, como el Ministerio Público, el Ministerio [de Servicios] Penitenciario[s], la Defensoría del Pueblo y la propia Asamblea Nacional no investigan. No hay contrapeso», denunció Humberto Prado, director del OVP.
Prado agregó que estas muertes se deben, principalmente, al alto hacinamiento que sufren los centros de reclusión en el país. Al haber poco espacio y muchas personas en un mismo lugar, las condiciones sanitarias se reducen. Destacó que la tuberculosis y las hepatitis son las enfermedades más comunes entre los privados de libertad por el hacinamiento.
«Los presos no tienen la culpa, tampoco los centros de reclusión, son las autoridades responsables las que deben atender a la población», agregó Prado. «Ya no hay presupuesto para darle alimentación a los presos que están bajo su supervisión. no tienen servicios médicos porque no tienen presupuesto para atender».
El director de la OVP denunció que las instituciones tampoco dan detalles sobre la muerte de los más de 61 personas fallecidas bajo el custodio del Estado. Solo ofrecen diagnósticos como «paro cardiaco», «sangramiento» o «problemas gastrointestinales».
La ONG denunció que Larry Davoe, actual Fiscal de la República, debe ser investigado por negligencia ante las autoridades nacionales e internacionales. Mientras tanto, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo ha declarado públicamente sobre las investigaciones que deben hacer a estas 61 personas que han fallecido bajo su custodia.
