El crédito bancario en Venezuela sigue siendo una herramienta de financiamiento de alcance limitado para empresas y consumidores, y las nuevas condiciones fijadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) pueden estrechar aún más ese espacio.
El sistema bancario cerró julio con una cartera crediticia cercana a los 4.000 millones de dólares, equivalente a 3,6 % del PIB, muy por debajo del 39,5 % que representaba el crédito interno al sector privado en 2014, según datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y cálculos de firmas privadas.
En ese contexto, el aumento de la tasa mínima para los créditos comerciales y microcréditos en bolívares expresados en Unidades de Valor de Crédito (UVC), de 13 % a 16 % anual, no es solo un ajuste en el costo del financiamiento, sino que forma parte de una política que también elevó la remuneración mínima de los depósitos bancarios y apunta a modificar los incentivos para mantener recursos en bolívares y para tomar crédito.
El BCV presentó estas medidas como parte de una estrategia para fortalecer la efectividad de la política monetaria y dar un papel más activo a las tasas de interés como instrumento para orientar el comportamiento de los recursos financieros y contribuir a la estabilización de precios.
Desde el 15 de septiembre, las cuentas corrientes comenzaron a recibir una remuneración mínima de 10 % anual, mientras para los depósitos de ahorro pasaron de un mínimo de 32 % a 42 % y los depósitos a plazo fijo de 36 % a 46 %.
Para Jesús Palacios, economista y profesor del IESA y de la UCAB, el aumento de las tasas tiene un carácter restrictivo porque incentiva el ahorro y eleva el costo del crédito, con consecuencias sobre el consumo, mientras que Tamara Herrera, economista jefe de Síntesis Financiera, señala que el propósito de elevar las tasas es desestimular el crédito bancario.
El crédito tiene poco espacio
Para Asdrúbal Oliveros, el resultado combinado de las medidas puede traducirse en “menos crédito y más caro”. El economista advierte que el mayor costo asociado al incumplimiento del encaje, cuya penalización alcanza 192 %, puede llevar a los bancos a administrar con mayor cautela su liquidez y a ser más selectivos al prestar.
La reducción de la intermediación bancaria ya deja poco margen para que el crédito tenga un papel relevante en la actividad económica. Las nuevas condiciones se incorporan a ese escenario y pueden limitar todavía más la capacidad de las entidades para colocar financiamiento.
Empresas sin financiamiento
El problema para las empresas, sin embargo, no comienza con las recientes medidas del ente emisor. La falta de financiamiento ya era un obstáculo para la actividad industrial. En la encuesta de Conindustria correspondiente al primer semestre de 2026, 45 % de los industriales la señaló entre los factores que restringían la producción. Las empresas reportaron además que recurrían a capital propio para mantener sus operaciones e inversiones.
En el primer trimestre, solo 27 % de los industriales encuestados había recibido financiamiento de instituciones bancarias. Los aportes de los socios y la reinversión de utilidades aparecían entonces como alternativas para sostener la actividad. A mediados de septiembre, Conindustria volvió a plantear la necesidad de ampliar y dinamizar el crédito bancario para las distintas actividades económicas.
Menos opciones para el consumidor
En el crédito al consumo, el efecto puede ser menos visible en las tasas que en las condiciones para acceder al financiamiento. La tasa máxima de las tarjetas de crédito se mantiene en 60 % anual, mientras algunos bancos siguen ofreciendo financiamiento para la compra de vehículos.
El impacto de las nuevas condiciones podría reflejarse en el monto aprobado, los plazos o los requisitos exigidos por las entidades, especialmente si se reduce el margen para colocar este tipo de préstamos.
En un mercado de crédito que ya opera con un volumen reducido, un menor margen para prestar puede limitar aún más las opciones de financiamiento para empresas y consumidores. Para unos, eso puede significar menos recursos para sostener operaciones o inversiones y, para otros, mayores dificultades para financiar el consumo.
Las medidas del Banco Central restringen el margen para el crédito y llevan a la banca a actuar con mayor cautela, incluso con el riesgo de un sobrecumplimiento de las condiciones. El objetivo de dar mayor protagonismo a las tasas de interés para estimular el ahorro y contener los precios choca así con la realidad de un sistema que ya perdió buena parte del espacio que tenía hace una década.
En este escenario, el costo del ajuste puede terminar midiéndose en el financiamiento que la economía real, tanto empresas como consumidores, deja de recibir para operar, invertir y crecer.
