Este jueves 17 de septiembre en la ciudad suiza de Ginebra, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ratificó lo publicado ayer por la ONU, la cual dijo que en el país el sistema represivo sigue intacto y solo se han producido algunos “cambios cosméticos”.
Sofía Macher, presidenta de la Misión, sentenció que aunque se han concedido algunas libertades, “nada ha cambiado”.
“Se han producido excarcelaciones, se observa mayor actividad pública y política, reconocemos que estos cambios tienen consecuencias reales, pero estos cambios no son estructurales, el aparato represivo se mantiene”, dijo la diplomática.
Alex Neve, otro miembro de la Misión, indicó que el informe identificó a doce personas que han sido señaladas por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En ese grupo están Alexander Granko Arteaga, miembro de la Dirección contra Terrorismo de la Direccion General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); José Miguel Domínguez, director de la Dirección de Acciones Estratégicas y Táctica ( DAET) de la Policia Nacional Bolivariana (PNB); Ronny González Montesinos, comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin); Fabio Zavarce Pabón, director de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES); Iván Hernández Dala, director de Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv); Tarek William Saab, jefe de la Gran Misión Viva Venezuela; los ministros Carlos Leal Tellería, Diosdado Cabello, Gustavo González López y Vladimir Padrino López, ademas de las alcaldesas Carmen Meléndez y Cruz Torrealba.
“Pensamos que hay razones creíbles sobre la posible culpabilidad de estas personas, pero no somos una corte ni un tribunal. Estos nombres no son nuevos, han estado circulando en nuestros informes”, dijo Neve.
Neve dijo que hay otros seis funcionarios que están vinculados a los anteriormente señalados: Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Alexis Rodríguez Cabello, director del Sebin; José Ornelas Ferreira, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, Jorge Eliécer Márquez, exdirector de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario.
Macher indicó que no pueden existir garantías de cambio mientras sigan existiendo leyes restrictivas a la libertad como la Ley del Odio, ademas de instituciones parcializadas como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“No puede haber una reforma duradera mientras las instituciones sigan sin reforma y los hechos documentados continuen sin justicia”, dijo Macher.
La experta María Luisa Quintero sentenció que un aparato represivo no se desmantela cambiando algunos de sus elementos, sino desmontando el sistema.
Colectivos con impunidad
Quintero expresó que uno de los informes corresponde a la actuación de los colectivos, calificados como grupos civiles armados pro gubernamentales encargados de la represión política, el control social y las economías ilícitas.
“El papel de estas alianzas armadas va más allá de intervenir como grupos de choque, han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de personas consideradas como opositoras”, dijo Quintero.
La diplomática además destacó la presencia de colectivos en labores de orden social, distribución de alimentos, instituciones públicas y cuerpos de seguridad.
“No todos responden a los mismos intereses. El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación de las víctimas de la represión”, sostuvo Quintero.
La funcionaria de la ONU dijo que estos grupos han contado con el respaldo público de las autoridades y tenido acceso a recursos públicos y equipamiento por parte de cuerpos de seguridad.
Para Macher el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores se violó un principio internacional de soberanía.
“Venezuela tiene la oportunidad de avanzar hacia un cambio real, pero se necesita una hoja de ruta”, puntualizó.
Neve condenó que centenares de personas sigan encarceladas por razones políticas.
“La Misión tiene evidencias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, abuso sexual, torturas, tratos crueles e inhumanos. Después del 3E las detenciones duran menos, pero se siguen cometiendo atropellos con los presos políticos y múltiples denuncias de torturas en la cárcel de El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro”, dijo Neve.
Macher informó que entre las detenciones y retenciones que se han producido después del 3 de enero de este año, 37 corresponden a periodistas.
Neve expuso que la Misión ha solicitado viajar a Venezuela para llevar a cabo un trabajo in situ, pero no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.
“No hemos tenido contacto con miembros del gobierno, no tenemos acceso al país. Nos gustaría ir a Venezuela, esperemos que la dinámica cambie”.
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