Clima21 y Provea expresaron su preocupación por los recientes acuerdos energéticos y las licencias operativas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para reactivar y expandir la industria de hidrocarburos, ante la falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deberían acompañar estas decisiones.
Las organizaciones sostienen que la recuperación económica del país no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales y recuerdan que el derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible es indispensable para garantizar otros derechos, como la salud, el acceso al agua y un nivel de vida adecuado.
El planteamiento se produce mientras persiste, según Clima21 y Provea, un modelo sustentado en la expansión del extractivismo petrolero y minero como respuesta a la crisis socioeconómica, pese a los problemas sociales y ambientales asociados con estas actividades.
Respeto a la Constitución
Alejandro Álvarez, director de Clima21, señaló que los acuerdos entre países pueden tener distintas naturalezas, pero sostuvo que los pactos de este tipo deben contar con una base legal.
“Este no tiene ninguna base legal. De hecho, no fue aprobado por la Asamblea”, afirmó en declaraciones a Runrun.es.
Insistió en que cualquier acuerdo que suscriba el Estado venezolano debe considerar las obligaciones establecidas en la Constitución venezolana en materia ambiental. incluso cuando estas no aparezcan expresamente señaladas.
“La Constitución señala que todos los acuerdos de la República implican la protección al ambiente, no importa incluso si no está expresado”, sostuvo.
A su juicio, el acuerdo debería expresar el cumplimiento de esas disposiciones constitucionales y contemplar las obligaciones ambientales correspondientes. Entre ellas, mencionó la realización de estudios de impacto ambiental y los procedimientos que deben continuar después de estos estudios. Por lo pronto, en lo poco que ha trascendido de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos, se desconoce si esto se hará.
Álvarez comparó esta ausencia con lo ocurrido, según su planteamiento, con la Ley de Minas: “Igual pasó en ese caso, no se habla en absoluto de la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental”.
Cinco exigencias ante la expansión petrolera
En su comunicado, Clima21 y Provea plantearon cinco exigencias al Estado venezolano, así como a las empresas e instituciones internacionales involucradas en los acuerdos.
La primera es garantizar transparencia e información pública. Las organizaciones solicitan que se hagan públicos los mecanismos de protección ambiental incorporados en los acuerdos petroleros y que se garantice el acceso a la información ambiental como un derecho humano fundamental.
La segunda consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de derechos humanos. Para ello, plantean que los acuerdos incorporen mecanismos de debida diligencia y compromisos jurídicamente exigibles, de acuerdo con los estándares internacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
En este punto, Álvarez destacó la necesidad de que las empresas que participen en los proyectos asuman compromisos concretos en materia de derechos humanos.
“Lo otro que debería seguir ya a nivel internacional es un compromiso con el debido cumplimiento. Tiene que haber un compromiso de las empresas que participen en el proyecto con respecto a los derechos humanos, que incluyen derechos humanos ambientales, por supuesto”, afirmó.
La tercera exigencia se refiere a la protección y reparación de las comunidades. Clima21 y Provea plantean que las poblaciones afectadas por actividades extractivas dispongan de medidas efectivas de protección, asistencia y reparación frente a daños y pérdidas. También reclaman garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones que puedan afectarlos.
Pasivos ambientales y derrames
Las organizaciones también llaman la atención sobre los pasivos ambientales acumulados por la industria petrolera venezolana y la persistencia de derrames de hidrocarburos y daños en ecosistemas continentales y marinos.
Por ello, consideran que cualquier nuevo acuerdo debe incluir compromisos exigibles para atender los pasivos acumulados, controlar las contingencias existentes y restaurar los territorios degradados.
La preocupación se vincula con la advertencia más amplia de las organizaciones sobre los efectos que podría tener una nueva expansión de las actividades extractivas si no está acompañada de mecanismos efectivos de prevención, control, reparación y restauración ambiental.
Una transición hacia una Venezuela sostenible
La quinta exigencia apunta a una transición hacia una Venezuela sostenible y justa. Clima21 y Provea plantean que las actividades petroleras incorporen metas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una transición energética justa que permita superar progresivamente la dependencia del modelo extractivista.
Las organizaciones sostienen que la reconstrucción del país debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo y justo, que respete los derechos humanos.
En ese sentido, resumieron su posición en una advertencia: “La reactivación económica no puede convertirse en una nueva fuente de daños ambientales e injusticia social”.
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