El alcance del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se ha ido conociendo de forma fragmentada. El presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, hizo el anuncio con grandilocuencia y, desde entonces, han aparecido nuevos datos sobre los campos involucrados, la inversión prometida, los plazos, la participación estadounidense y los mecanismos de control. Cada anuncio ha añadido un elemento a una operación que, por su dimensión, puede alterar la relación de Venezuela con su principal fuente de ingresos.
Del “mayor acuerdo petrolero mundial” aún queda mucho por conocerse. Uno de los datos que necesita ser desarmado no es cuánto petróleo está involucrado, sino cuánto de esa riqueza puede convertirse efectivamente en renta para el Estado venezolano y bajo qué reglas.
El anuncio de Trump habla de 17 campos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas, además de una inversión proyectada de hasta $100 000 millones. La Casa Blanca señaló que la empresa privada North American Blue Energy Partners, NABEP, tendrá concesiones por 100 años sobre esos campos.
Mientras, Delcy Rodríguez ha revelado algunos elementos de la ecuación. La presidenta encargada se refiere a un acuerdo de 25 años y de más de $209 000 millones en impuestos y regalías para Venezuela durante ese período, calculados sobre un precio de referencia de $65 por barril.
La renta que todavía necesita explicarse
Esas cifras permiten dimensionar el tamaño de la operación, pero no bastan para saber cuánto dinero terminará efectivamente en las cuentas públicas. Los más de $200 000 millones anunciados como ingresos fiscales son una proyección, no un monto disponible de inmediato. Su materialización dependerá de cuánto petróleo se produzca, cuánto cueste extraerlo, a qué precios se venda y bajo qué condiciones fiscales se calcule la participación del Estado.
El problema es que todavía no se conoce con suficiente detalle cómo se llegó a esa cifra ni cuánto correspondería a regalías, impuestos o qué condiciones se aplicarán a los costos de producción antes de determinar la participación del Estado.
La cifra ya genera dudas entre especialistas. Reuters recogió la evaluación de Francisco Monaldi, del Baker Institute, quien calificó los impuestos anunciados como “increíblemente bajos” para los recursos involucrados.
Por ahora, la cifra sirve para medir la ambición del acuerdo, pero no permite saber cuánto dinero terminará realmente en las arcas públicas.
Más allá de la propiedad, está el control
El gobierno encargado ha insistido en que el petróleo seguirá siendo propiedad de Venezuela. Washington, por su parte, ha anunciado una estructura que le concede una influencia considerable sobre la operación de los campos.
EE. UU. tendrá una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP. Además, tendrá derecho a comprar 20% de la producción a costo y prioridad para adquirir el resto, así como poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva, cuya mayoría deberá estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
Es decir, la discusión no pasa solamente por quién es dueño del petróleo que está bajo tierra. También importa quién decide cómo se explota, quién participa en las decisiones de la empresa, quién tiene prioridad para comprar el crudo y bajo qué condiciones se mueve el dinero generado por el negocio.
Esto explica por qué Trump asegura haber obtenido “control mayoritario” sobre esos recursos, mientras que la presidenta encargada sostiene que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre el petróleo. Las dos afirmaciones se refieren a dimensiones distintas de la operación y, precisamente por eso, el alcance del control empresarial adquiere tanta importancia.
Por ahora, el acuerdo deja otra interrogante abierta que va más allá de los porcentajes y tiene que ver con cuánto control conservará realmente el Estado venezolano sobre la operación de esos campos.
¿25 o 100 años?
Hay otro dato que llama la atención cuando se comparan las versiones de ambos gobiernos y es el plazo del acuerdo.
La Casa Blanca habla de concesiones por 100 años para los 17 campos entregados a NABEP. Miraflores, en cambio, presentó el acuerdo como una operación de 25 años, período sobre el cual calculó los ingresos fiscales para Venezuela.
La diferencia no es menor. Rodríguez parece referirse al período utilizado para proyectar los ingresos y desarrollar los campos, mientras que los 100 años anunciados por Trump corresponden a los derechos otorgados a NABEP sobre esos yacimientos.
Aquí aparece otra interrogante. La legislación venezolana establece modalidades y plazos específicos para la participación privada en el sector petrolero, por lo que todavía falta conocer cómo se denomina jurídicamente el derecho otorgado a NABEP, qué disposición de la Ley Orgánica de Hidrocarburos lo sustenta y mediante qué instrumento fue formalizado.
Tampoco se sabe qué ocurrirá después de los 25 años utilizados para proyectar los ingresos fiscales y qué derechos conservaría NABEP durante el período restante.
Más preguntas que certezas
A medida que aparecen nuevos detalles del acuerdo también surgen dudas que todavía no tienen una respuesta completa. Una de ellas tiene que ver con la participación del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la empresa matriz de NABEP. Tampoco se sabe cómo se ejercerá ese poder económico y qué alcance tendrá dentro de una operación petrolera ubicada en territorio venezolano.
También queda por aclarar si NABEP tiene la capacidad financiera y operativa para asumir el desarrollo de los 17 proyectos y qué otras empresas terminarán participando en ellos. A esto se suma el papel que tendrá Pdvsa dentro de la nueva estructura y cuánto control conservará sobre los activos y los ingresos asociados a esas operaciones.
Son preguntas que no cambian las cifras anunciadas, pero sí pueden cambiar la lectura del acuerdo. Mientras esas piezas sigan sin estar completamente explicadas, resulta difícil determinar dónde termina la participación venezolana y dónde comienza el control efectivo de Estados Unidos sobre el negocio petrolero.
El verdadero alcance del acuerdo todavía no puede medirse por el tamaño de la operación ni por las inversiones anunciadas, sino por las condiciones bajo las cuales esa riqueza llegará a convertirse en ingresos para Venezuela.
Mientras no se conozcan en su totalidad los contratos, las reglas fiscales y los mecanismos de control, la operación seguirá teniendo más cifras conocidas que certezas sobre cuánto y bajo qué condiciones beneficiará realmente al Estado venezolano.
