En un artículo publicado en la página del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), el abogado y investigador venezolano, José Ignacio Hernández, dijo que detrás de la magnitud de las cifras que se desprenden de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos aparecen interrogantes sobre su marco jurídico, el papel de la empresa NABEP (Blue Energy Partners) del venezolano Alejandro Betancourt y las decisiones que podría enfrentar un futuro gobierno elegido democráticamente.
Hernández aseveró que el pacto anunciado por Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela contempla concesiones por 100 años sobre 17 campos con reservas probadas de unos 65000 millones de barriles.
Hernández esbozó que de concretarse lo firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright y la gobernante encargada, Delcy Rodríguez esta semana en Miraflores, NABEP pasaría a convertirse en la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por volumen de reservas.
El esquema contempla que el gobierno estadounidense tenga una participación de 35% en la empresa matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa. Además, Estados Unidos tendría derecho a comprar 20% de la producción a precio de costo para la Reserva Estratégica de Petróleo y un derecho de adquisición preferente sobre el 80% restante. Washington también tendría poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva y la mayoría de sus miembros debería ser estadounidense.
Además, NABEP asumiría el control de las operaciones en los 17 proyectos contemplados. El documento advierte que la compañía, fundada hace apenas dos años y con una trayectoria limitada en la industria, podría necesitar asociarse con otras petroleras internacionales para desarrollar los yacimientos.
El esquema convierte a NABEP en una suerte de Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) paralela, una situación que plantea nuevos. interrogantes jurídicos.
-El problema de las concesiones a 100 años: Una de las principales dudas está en la figura jurídica utilizada para entregar los yacimientos. El documento sostiene que las autoridades interinas no tendrían facultades para otorgar concesiones petroleras por un siglo. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026 establece que la estatal venezolana, a través de PDVSA Petróleos y empresas mixtas, puede celebrar acuerdos específicos de servicios petroleros con compañías privadas, conocidos como contratos de participación en la producción. Estos contratos no equivalen a concesiones ni transfieren derechos sobre los yacimientos: otorgan derechos contractuales a empresas privadas que actúan por cuenta de PDVSA. El documento advierte que la indefinición sobre el título jurídico bajo el cual opera NABEP puede aumentar la incertidumbre que ha frenado la inversión privada en Venezuela. También plantea un posible conflicto con el artículo 303 de la Constitución, que reserva a PDVSA (o a otra entidad estatal venezolana) el control de la industria petrolera.
-El mandato de las autoridades interinas: El acuerdo también queda expuesto a cuestionamientos por el carácter provisional de las autoridades que lo suscriben. Según el documento, los Departamentos de Justicia y de Estado de Estados Unidos sostienen que Nicolás Maduro no fue reconocido como presidente debidamente electo y que Delcy Rodríguez tampoco fue una vicepresidenta debidamente nombrada. Además, el plazo de 180 días para que el vicepresidente ejerciera como presidente interino expiró en julio. Estados Unidos reconoció a Rodríguez como jefa de Estado en marzo de 2026 por el control de facto que ejercía sobre el gobierno después de la captura de Maduro. El propio Departamento de Estado considera a la Asamblea Nacional de 2015 como la última entidad democráticamente electa reconocida internacionalmente en Venezuela. ¿Qué ocurrirá con los acuerdos de largo plazo si Venezuela vuelve a tener un gobierno elegido democráticamente?
-Una meta petrolera que tomaría tiempo: La recuperación de la producción tampoco sería inmediata. Aunque no existe un registro oficial con la ubicación de los 17 campos, estimaciones independientes citadas en el documento calculan que las tres empresas conjuntas de NABEP podrían producir unos 124000 barriles diarios durante la última semana de agosto. Además, ocho de los proyectos contemplados son greenfield, es decir, instalaciones nuevas que requieren tiempo para desarrollarse. A esto se suman problemas de infraestructura, particularmente en los puertos, y el riesgo de fallas en la red eléctrica. Por estas razones, la meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios aparece como una estimación a largo plazo. El consumo promedio de petróleo estadounidense fue de aproximadamente 20,6 millones de barriles diarios en 2025, por lo que el 20% de la producción de NABEP destinado a la Reserva Estratégica tendría un impacto mínimo o nulo en el mercado estadounidense en el corto plazo.
-El dilema para un futuro gobierno venezolano: El documento no descarta que el acuerdo pueda contribuir a la recuperación de la industria petrolera a mediano plazo. Reducir la influencia de China, Rusia e Irán forma parte de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pero sostiene que desplazar a esos actores no es suficiente, también serían necesarias instituciones estables, creíbles y sólidas.El acuerdo reconoce que la debilidad institucional contribuyó al colapso petrolero y plantea que la recuperación requiere un sector privado dentro de una transición democrática. Al mismo tiempo, propone un esquema que el documento califica como opaco, frágil y de constitucionalidad cuestionable.Un futuro gobierno elegido podría verse obligado a decidir qué hacer con un acuerdo que haya sido implementado vulnerando principios constitucionales. El documento plantea una alternativa basada en procedimientos públicos, transparencia, rendición de cuentas y acuerdos políticos amplios que incluyan a la Asamblea Nacional de 2015. También propone incorporar mecanismos de caducidad o ratificación que permitan a un futuro gobierno evaluar el acuerdo sin heredar una obligación de largo plazo previamente cerrada. Una estrategia energética duradera entre Estados Unidos y Venezuela difícilmente podría sostenerse sobre una concesión de 100 años no contemplada en la legislación petrolera o sobre un gobierno interino sin mandato democrático. Para que la recuperación petrolera sea sostenible, concluye el documento, tendría que apoyarse en instituciones legítimas.
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