A las 6:04 de la tarde del miércoles 24 de junio la vida dio un giro inesperado para miles de venezolanos. Apenas había empezado el partido de Brasil contra Escocia en el Mundial de Fútbol que a la postre ganó España y nadie vio venir un terremoto seguido de otro de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que acabaron con la vida de más de 6000 personas, de acuerdo a cifras oficiales.
Después de dos meses de la tragedia que dejó 86000 heridos y 17000 damnificados, la mayoría en el estado La Guaira, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) elaboró un informe donde hace un balance desde la perspectiva de DDHH y con énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
A continuación los puntos que desglosa este informe:
–Respuesta gubernamental: Provea expuso que constató la actuación descoordinada de los cuerpos de seguridad, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud, y escasa protección a las labores del personal de socorro, especialmente en La Guaira. Dijo que la comisión de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en labores de gestión de riesgos y control del orden público, entorpecieron el manejo de la crisis y encendieron las alarmas en vista de la actuación previa de estos organismos en tópicos relacionados con respeto a DDHH. Provea recordó que en el marco del deslave ocurrido en La Guaira en 1999, funcionarios de la DISIP (actual SEBIN) fueron responsables de la desaparición forzada de ciudadanos detenidos. “La excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis”, expone el comunicado. Provea indicó que el amplio despliegue de funcionarios públicos de seguridad probablemente obstaculizó las labores de socorro. La organización calificó como controversial la medida de militarizar La Guaira a fin de evitar el ingreso masivo y “desordenado de personas, vehículos y voluntarios sin coordinación con el Estado Mayor”. Provea indicó que haber instalado un punto de registro en el Poliedro de Caracas ralentizó y burocratizó las ayudas de la sociedad civil. La organización recordó que diez días después del doblete sísmico, Delcy Rodríguez sostuvo que las denuncias sobre falta de actuación inmediata por parte del Estado eran matrices creadas para politizar la situación, calificó de miserables las críticas por los retrasos en el auxilio.
Edificios sobre terrenos inestables: La organización expuso que el nivel de destrucción materializado en los OPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) de Misión Vivienda de La Guaira, se deben en gran medida a la falta de procesos de licitación adecuados y al estudio técnico de los terrenos donde se construyeron. Solamente en la Guaira hubo derrumbes en 10 desarrollos urbanísticos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Provea recordó que, sin mostrar evidencias al respecto, el arquitecto Farruco Sesto desmintió la información de que estos complejos se construyeron sobre terrenos sin estudio previo. “Esta falta de probidad y de experticia, pudiera generar sanciones penales y administrativas, no sólo contra los que desarrollaron los complejos habitacionales, sino también contra Ingeniería Municipal por facilitar los permisos para su construcción”.
Gente no capacitada: Provea también denunció que los estudios de habitabilidad de algunos inmuebles privados, los están realizando ingenieros, que no son forenses, es decir no tienen todos los conocimientos técnicos para determinar que el daño generado no compromete la estabilidad del edificio. “La falta de peritos especializados producto de la migración forzada o del desestimulo económico puede comprometer a largo plazo algunas de estas infraestructuras”, se lee en el informe.
Un paso hacia atrás: Provea expuso que luego de la tragedia, miles de personas, especialmente aquellas que ya estaban en situación de vulnerabilidad, fueron afectadas por la pérdida de garantías mínimas para sus derechos a la alimentación, salud, agua potable, educación, trabajo, vivienda, vestido y servicios públicos adecuados
Uso de fondos con opacidad: Provea también criticó el posible uso discrecional del Fondo “Venezuela Renace” y exigió procesos de auditoría para la asignación de fondos a beneficiarios para la reconstrucción de las viviendas. La organización expuso que experiencias pasadas como las del Fondo Chino, el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y el Fondo Único Social (FUS) dan indicios de un uso no transparente de los recursos de la nación.
Clases con propósito: La dirigente del Colegio de Profesores de Venezuela, Raquel Figueroa, sostuvo que un desastre como el doble terremoto exige ir mucho más allá de anunciar una fecha para la reincorporación a clases. “En este escenario, la escuela pasa a ser un tejido social vivo, un factor de protección y el espacio idóneo para recuperar la seguridad. Sin embargo, esto solo es posible si se comprende que la salud mental y emocional es el requisito previo para cualquier aprendizaje. Ante una catástrofe natural, las escuelas y los educadores se convierten en la primera línea de defensa de la salud mental y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes” , declaró Figueroa.
Retorno al trabajo de manera apropiada: Para Provea es perentorio que el regreso a las actividades laborales, especialmente en La Guaira, se haga de forma segura y cumpliendo con las normas de protección, salud, seguridad y bienestar establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). “Así como entender que los trabajadores pueden experimentar estrés y secuelas psicológicas, que pueden afectar su productividad”.
Cuidar la salud mental: Crisis de pánico, ansiedad extrema, irritabilidad y problemas severos de sueño son algunas de las patologías que puede enfrentar quien padeció los embates del doblete sísmico. Provea indicó que es probable que se registren problemas de salud en las personas que están realizando labores de rescate y remoción de escombros, así como en los refugios transitorios. “El Estado debe hacer un esfuerzo en garantizar los medicamentos de forma accesible. Es importante reconocer que muchas agencias de cooperación internacional están implementando la metodología ASH (Agua, Saneamiento e Higiene) para atender a las personas”, se desprende del informe.
Recomendaciones
– Garantizar la seguridad: Provea exhortó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a preservar la vida e integridad de todas las personas que están acudiendo a labores de rescate, asistencia y documentación en las zonas afectadas, además de investigar a los funcionarios de los organismos de seguridad que puedan incurrir en agresiones contra la población civil.
–Transparencia y licitaciones: La organización precisó que el proceso de reconstrucción y elaboración de viviendas para los afectados, deben realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, donde se establecen procedimientos para elegir contratistas, bienes y servicios. “Aunque existe un estado de emergencia por el evento sísmico, el mismo no es un Estado de Excepción”.
–Créditos para viviendas: Para Provea es necesario que se diseñen estrategias en el sector bancario para disminuir el encaje legal y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a la vivienda. “Así como la disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas”.
–Investigación imparcial: El informe de Provea dice que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público están obligados a investigar las responsabilidades penales y administrativas individuales con relación a los encargados de construir las OPPE. Asimismo deben escudriñar entre los ingenieros municipales en los estados afectados, quienes facilitaron la construcción de inmuebles en terrenos inestables, contrariando lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
–Momento de civiles: Para Provea es un error haber nombrado como Autoridad Única para atender la catástrofe al Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Ernesto Sulbarán Quintero. “Cuando la práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para trabajar en este tipo de emergencias. Aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público”.
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