Cifras claras de detenciones, prórroga automática a los permisos de trabajo y transparencia en los acuerdos con los países que reciben a los deportados fueron algunas de las peticiones que hicieron la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; al Congreso de los Estados Unidos; la Organización de Estados Americanos (OEA) y organismos internacionales defensores de derechos humanos en un documento que fue remitido en Washington.
De acuerdo a ambas organizaciones la situación migratoria en Estados Unidos en la actualidad es “más inestable” desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump tomó posesión de la Casa Blanca.
A juicio de ambas organizaciones ha existido una regresión en cuanto a los derechos de los migrantes con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que cobijaba a más de 600000 venezolanos, el parole humanitario y la cancelación de la prórroga automática de los permisos laborales.
Decretada en 2025, la terminación del TPS continúa impugnada ante la Corte Suprema. Según las organizaciones, estas medidas exponen más a los migrantes venezolanos a ser detenidos por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El informe suscrito por José Antonio Colina, presidente de VEPPEX y Helena Villalonga, presidenta de AMAVEX, documentó varios casos de venezolanos que han sido detenidos en vías públicas y aeropuertos con permisos de trabajo y estatus de petición de asilo pendiente.
Asimismo las organizaciones llamaron a no estigmatizar a los venezolanos por su apariencia y solicitaron que se prueben vínculos con bandas criminales y organizaciones terroristas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798, empleada cuando hay amenazas contra el territorio americano.
El argumento del mandatario es que la banda del Tren de Aragua, calificada como organización terrorista transnacional representa un peligro para la seguridad integral de los estadounidenses.
En el documento igualmente se expone el peligro que representa para los migrantes la posibilidad de ser deportados a un tercer país.
Liberia aceptó recibir hasta 1200 ciudadanos de otros países en un periodo de doce meses, incluyendo personas de nacionalidad venezolana.
“Deportar a una persona hacia un país donde puede ser detenida, perseguida, torturada o sometida a represalias representa un riesgo para su vida y su integridad. Cada caso debe ser evaluado individualmente, respetando el derecho de asilo, la protección contra la tortura y el principio internacional de no devolución”, advierte el informe.
En el documento también advierten que en Venezuela continúan la persecución política, detenciones arbitrarias, amenazas y la utilización de los organismos de seguridad contra quienes son considerados adversarios del poder.
“La amnistía y las liberaciones anunciadas no han beneficiado a todas las personas perseguidas, mientras todavía permanecen presos políticos civiles y militares”, reza el informe.
El informe igualmente señala que han muerto presos políticos bajo custodia del Estado y no existen garantías suficientes para el retorno seguro de dirigentes, activistas, periodistas, militares disidentes y ciudadanos exiliados, entre ellos la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Según el Pew Research Center, alrededor de 1,2 millones de venezolanos vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellos en el estado de Florida.
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