En el marco de la mesa de diálogo, organizaciones de la sociedad civil recibieron con atención el comunicado conjunto suscrito el 12 de agosto por las delegaciones del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que se anunció el inicio de un proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la renovación de la totalidad de los magistrados.
A través de un comunicado, difundido en la página web de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), exponen que el pronunciamiento “coloca en el centro de la agenda de reinstitucionalización el papel del Poder Judicial, señalado durante años como instrumento de represión y demolición del Estado de derecho”.
Para las 19 organizaciones, que la reforma del sistema de justicia forme parte explícita de la mesa de diálogo, constituye un reconocimiento de esa realidad documentada de forma sostenida.
Sin embargo, aclaran, que “ninguna reforma institucional creíble es posible mientras el sistema de justicia siga siendo un instrumento del poder político. Se exige un acuerdo político explícito —con verificación internacional y de la sociedad civil— que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.
Señalaron que el acuerdo debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de derechos humanos.
Exigencias de la sociedad civil
- Más allá de este acuerdo político previo, las organizaciones exigieron que el proceso de selección de magistrados cumpla, como mínimo, con las siguientes garantías técnicas:
- Publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia LOTSJ. Sin reglas conocidas de antemano (qué peso tendrá la experiencia profesional, cómo se medirá la independencia, la trayectoria ética y el conocimiento jurídico, el respeto a los derechos humanos) es imposible verificar si las designaciones responderán al mérito o a preferencias políticas.
- Acceso público a los expedientes de los postulados, no solo a la lista de nombres. La sociedad civil debe poder consultar y contrastar las trayectorias, posibles conflictos de interés y vínculos con órganos del Estado de cada candidato.
- Constitución de un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento.
- Recomposición del propio Comité de Postulaciones Judiciales conforme a la Constitución, devolviendo a la sociedad civil —y no a la Asamblea Nacional— el rol central en la preselección de candidatos que el texto constitucional le atribuye.
- Reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, nombrado en abril pasado, en contra de lo establecido en la Constitución y la Ley del Poder Ciudadano, para la evaluación de los candidatos al cargo de Fiscal general y Defensor/a del Pueblo. Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil. Lo más irregular en la actualidad es que su presidente es el mismo del Comité de Postulaciones Judiciales.
Las organizaciones subrayaron que, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se abre la posibilidad de que la selección de magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional. El proceso de reinstitucionalización ofrece una ventana para corregir las deficiencias que marcaron reformas anteriores y avanzar hacia instituciones democráticas sólidas.
Suscriben:
Acceso a la Justicia
Aula Abierta
Caleidoscopio Humano
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Civilis
Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Defiende Venezuela
Freedom House
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón
Lateral Lab
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Provea
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Voces de la Memoria
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
