Este martes 18 de agosto, Estados Unidos anunció 18 sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las sanciones entran en vigor de inmediato y alcanzan también al abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante de la fiscalía de la CPI.
Según el comunicado oficial, OFAC permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a Akane y Seye hasta el 17 de septiembre, con el fin de facilitar la liquidación de transacciones pendientes.
La OFAC dejó claro que Estados Unidos sancionará transacciones con “cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50% o más”.
Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisado investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington.
La CPI es una institución judicial independiente encargada de brindar justicia a las víctimas de crímenes internacionales graves en ausencia de otras instancias a las que puedan recurrir. Actúa como un tribunal de última instancia indispensable, respaldado por 125 Estados miembros, y desarrolla su labor en más de 16 países de todo el mundo.
Reacción de la CPI
Al conocer la medida, la Corte Penal Internacional advirtió que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos “socavan el Estado de derecho” y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
“Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional”, señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya.
El tribunal subrayó que la integridad de sus funcionarios es esencial para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen sin presiones políticas y recordó que la CPI opera bajo un mandato internacional adoptado por los Estados parte del Estatuto de Roma.
Antecedentes a las sanciones
El pasado mes de julio, la administración Trump, en palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”.
Rubio prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras. Por su parte, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que calificaba a las distintas iniciativas de la CPI como una “amenaza” para la seguridad nacional.
La decisión del Gobierno estadounidense puso la lupa en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EEUU en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Hasta la fecha, la Administración Trump se ha amparado en esta orden para sancionar a fiscales y jueces de la CPI, así como la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
EEUU no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos al no haber firmado nunca el estatuto de Roma, y el Gobierno Trump aplica la misma tesis para Israel y sus ciudadanos, al tampoco ser firmante.
*Con información de TC
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