Cierre forzado de centros de acopio de iniciativa ciudadana, obstaculización del trabajo humanitario, intimidación de agentes de seguridad e inteligencia en refugios y presiones de los colectivos para invisibilizar la emergencia humanitaria fueron algunas de irregularidades detectadas tras los sismos del 24 de junio y que organizaciones de la sociedad civil venezolana expusieron en una audiencia durante el 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 6 de agosto.
En la audiencia – la primera en varios años en la que las organizaciones civiles del país participan de forma directa- se presentó un balance crítico sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y se denunció que el aparato represivo y los patrones de violación de garantías siguen intactos en el país pese a la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero y a promocionados procesos de reforma institucional por parte del interinato apoyado por Estados Unidos.
Mario D’Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, comentó que una muestra de que en Venezuela “han cambiado los cargos, pero no la respuesta institucional” fue el cierre violento de centros de acopio en las horas y días posteriores a los movimientos telúricos que se habían conformado por iniciativa ciudadana.
“Hay un cierre y desmonte de centros de acopio independientes, se ha documentado varias intervenciones de cuerpos de seguridad e inteligencia ciudadana que han forzado el desmonte y cierre de estos espacios gestionados por la sociedad civil”, alertó. Precisó que la ONG tiene ejemplos concretos de estas medidas arbitrarias en sectores capitalinos como Plaza Venezuela, Chapellín, Altamira, Campo Elías en Mérida y en Barinas, todo esto bajo “la lógica de centralización estatal de la ayuda”.
En la reunión también se comentó como el gobierno militarizó el estado La Guaira y, mediante mecanismos cuestionados y procesos de acreditación engorrosos, controló el acceso a la entidad en días en los que los sobrevivientes de los sismos necesitaban más ayuda, lo que causó “embotellamiento” en el trabajo humanitario voluntario.
Otra irregularidad revelada fue el control de tres refugios transitorios por parte de agentes de inteligencia en Caracas y Petare: “Se conoce además de presiones para el desalojo de grupos irregulares o colectivos a personas en carpas o asentamientos informales para invisibilizar a quienes rechazan ir a albergues oficiales”.
Impacto en infancia y mujeres bajo la sombra de la opacidad
La CIDH también fue notificada de la situación de vulnerabilidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes afectados por los sismos y la falta de estadísticas sobre el impacto diferenciado tanto en ellos como en las mujeres víctimas.
Los datos recopilados por Civilis hasta la fecha indican que hay al menos 1405 niños, niñas y adolescentes (NNA) afectados por el doblete sísmico del 24 de junio. 221 de ellos fallecieron (15.7% del total): 437 resultaron heridos (31.1%), 273 permanecen desaparecidos (19,4%) y 233 resultaron desplazados por afectación en sus viviendas (16,6%). Al menos el 42,5% de los NNA afectados son varones y el 34 % son niñas o adolescentes mujeres.
“De acuerdo con información disponible, no por el Estado venezolano, sino por las propias Naciones Unidas, hay 36 700 mujeres embarazadas en las zonas afectadas, de las cuales 4000 requerirían parto en los meses posteriores y, al menos, 1800 atención por complicaciones posteriores”, agregó Mario D’Andrea, director de la ONG.
Ante las denuncias presentadas por la sociedad civil, Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela, recordó que “las emergencias no suspenden las obligaciones fundamentales de los Estados” y pidió garantizar los derechos de los familiares de desaparecidos y fallecidos tras los terremotos.
“Los recientes terremotos han añadido una nueva dimensión a los desafíos que hoy enfrenta Venezuela (…) Es fundamental que la respuesta a la emergencia se desarrolle con transparencia, sin discriminación y con la participación de las comunidades afectadas”, recalcó.
Insistió en que dentro del enfoque de protección derechos humanos, los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de las personas fallecidas y desaparecidas en desastres socioambientales se deben realizar “con criterios técnicos y preservando la dignidad de las víctimas, y garantizando el derecho de los familiares a conocer la suerte de sus seres queridos”.
Macher destacó que la atención a esta emergencia postsísmica ha puesto de relieve el papel esencial que juegan en Venezuela las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias, de derechos humanos, asociaciones comunitarias, organizaciones religiosas, universidades y redes de voluntariado, por lo que insistió en el necesario acompañamiento de estos grupos por parte de la comunidad internacional y de los mecanismos complementarios internacionales de protección.
CIDH reitera que está lista para una visita in situ
Gloria de Mees, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, expresó la solidaridad del organismo con las víctimas de persecución en Venezuela y con quienes sufrieron los efectos de los terremotos. Al mismo tiempo, reafirmó la disposición del la CIDH para realizar una visita in situ al país: “Estamos listos; la solicitud ya fue enviada”.
“La ruta hacia una transición democrática real tiene como cimientos normas e indicadores basados en derechos humanos; esa es la condición para un diálogo verdadero”, insistió.
Por su parte, la comisionada Rosa María Payá, comentó la ausencia de representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez, lo que calificó como algo “muy elocuente”, debido al tenor de las denuncias elevadas ante esa instancia.
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