El doblete sísmico del pasado 24 de junio —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— dejó una huella profunda en la infraestructura social del estado La Guaira. De acuerdo con un estudio elaborado por Anova Policy Research, basado en cuatro capas de evaluación (óptica satelital, radar, validación humana y verificación en terreno) 107 establecimientos educativos y sanitarios resultaron afectados, de 490 analizados.
“Uno de cada cinco establecimientos de infraestructura social resultó afectado, y uno de cada catorce quedó gravemente comprometido”, se lee en el informe.
Anova estimó la evaluación de costos y la reposición de la infraestructura en más de 178. 1 millones de dólares, incluyendo obra, equipamiento y remoción de escombros.
A continuación, las claves más relevantes del informe:
Catia La Mar: epicentro del desastre
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) recientemente corrigió la localización del segundo sismo y precisó que el epicentro del segundo terremoto se originó en Catia La Mar, a solo 10 km de profundidad.
Esta precisión explica el por qué la magnitud del daño se concentró en dicha zona. Según el estudio de Anova, 57 de 107 establecimientos resultaron dañados 36 de estos con daños severos.
El estudio determinó que la tasa de afectación en Catia La Mar es cinco veces mayor que en Maiquetía (37 %).
En esta sola parroquia, al menos 12 290 estudiantes vieron sus planteles comprometidos. Macuto registra el segundo perfil más crítico, con una tasa de daño severo del 20% en su red educativa. De acuerdo con ANOVA, en Catia La Mar coinciden tres capas críticas de vulnerabilidad: “El daño a la vivienda, la vulnerabilidad social previa y ahora el daño a la infraestructura social, una convergencia que agrava el riesgo de una recuperación desigual”.
Daño educativo
Anova contabilizó que 62 escuelas presentaron daños en sus infraestructuras luego de los terremotos. De los 21 centros educativos y los 15 centros sanitarios, 36 presentan riesgo severo o colapso. Los estudiantes afectados son aproximadamente 21 950.
El impacto recayó de forma desproporcionada sobre la educación pública: 16 de los 21 planteles destruidos o gravemente dañados pertenecen al Estado.
Adicionalmente, el informe identifica que nueve escuelas que no sufrieron daños estructurales están siendo utilizadas como refugios para alojar a damnificados. Esas instituciones albergaban a 4756 alumnos, cuya actividad escolar se vería en riesgo de estar paralizada a indefinidamente. Al respecto, el centro de investigación enfatiza que “mientras no exista una solución de alojamiento transitorio distinta de la escuela, cada plantel utilizado como refugio equivale, para efectos de la escolaridad de sus alumnos, a un plantel destruido”.
La atención primaria en ruinas y hospitales saturados
El análisis sectorial en salud revela un patrón alarmante para la respuesta humanitaria: la red primaria de atención —consultorios populares y ambulatorios urbanos o rurales— fue la que peor resistió el sismo. De los 15 centros de salud con daño severo o colapso, 9 corresponden a la atención primaria y ambulatoria.
El informe de Anova contabilizó que tres centros de salud en el estado La Guaira presentan daños. Esto se traduce en que 59 % de las camas para pacientes están comprometidas.
El estudio recalcó que en un contexto de más de 60 000 atenciones hospitalarias tras el 24 de junio, esta merma es “crítica”.
El costo de la reconstrucción
El estudio realizado por Anova indicó que la reconstrucción en La Guaira debe priorizar la atención primaria debido a que es la red más dañada y la primera línea de contacto en emergencias. Además, porque la reposición es más rápida y crítica para evitar colapsos epidemiológicos.
En educación, la organización estimó el costo de la reconstrucción en materia de educación en 119,4 millones de dólares, mientras que en materia de salud, el costo se ubica en 56,3 millones.
La remoción de escombros, por su parte, podría requerir una inversión de 2,3 millones de dólares.
Reconstruir sin datos previos
El estudio resalta una falla estructural previa al desastre: la ausencia de un catastro oficial georreferenciado e integrado de instituciones públicas en Venezuela. Durante el levantamiento de información, Anova identificó 41 escuelas con código DEA activo que no aparecen en ningún mapa oficial, mientras que 42 planteles hallados en terreno ni siquiera figuraban en los registros del Ministerio de Educación.
Ante esta opacidad y el vacío informativo oficial —que incluye la falta de una lista pública de personas desaparecidas tras el terremoto—, Anova subraya la urgencia de construir registros independientes auditables. “Un Estado que no puede localizar sus propias escuelas no puede planificar su reconstrucción”, sentencia el documento.
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