En una reciente emisión de Espacio Runrunes, el coordinador ejecutivo de Provea, Óscar Murillo, ofreció un balance exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en el país tras cumplirse dos meses de la aprobación de la Ley de Amnistía. Durante la entrevista conducida por Luis Ernesto Blanco, Murillo advirtió que el país atraviesa un momento de “opacidad y falta de transparencia” donde la justicia sigue supeditada a intereses políticos.
Para Murillo lo que existe en la actualidad es un desplazamiento político de las élites que acompañaban a Nicolás Maduro, “pero no hay un desmantelamiento del modelo autoritario. Han tenido que moderar hacia un sistema de represión más blanda y el aparato repersivo sigue intacto tanto en lo policial como a nivel normativo”.
El coordinador ejecutivo de Provea destacó que, a pesar del cambio de nombres en el Poder Ciudadano (con la designación de Larry Deove en la Fiscalía y Egle González en la Defensoría), las prácticas de denegación de justicia permanecen vigentes. Denunció que en Venezuela no se admiten los recursos de habeas corpus, una situación que calificó de extrema y que no se vio ni siquiera en la dictadura chilena de Augusto Pinochet.
“Todo venezolano debe tener una defensa de confianza porque esos son pasos básicos fundamentales del debido proceso. Hoy los jueces siguen dependiendo de una llamada telefónica para autorizar a un abogado”.
Según Murillo, Provea tiene testimonios recientes de que se sigue negando el acceso a la justicia privada y tanto el fiscal como el defensor tienen en sus manos acciones que pueden mejorar el acceso a la justicia de los venezolanos
Entre la enfermedad y el olvido
La entrevista visibilizó casos dramáticos, como el de Orlando Laufer, un civil de 70 años vinculado a la “Operación Gedeón” que padece un diagnóstico oncológico y riesgo neurológico tras las rejas. Murillo instó a las autoridades a otorgar medidas humanitarias urgentes bajo cuatro criterios fundamentales:
Adultos mayores: Personas que, como Laufer, corren riesgos mortales en el sistema carcelario. Salud crítica: Detenidos con patologías graves que no reciben atención adecuada. Penas cumplidas: Ciudadanos que permanecen presos pese a haber agotado el tiempo de condena debido a la ralentización procesal. Adolescentes: Jóvenes que aún permanecen bajo la tutela del Estado en condiciones vulnerables.
Para el coordinador de Provea, existe un riesgo real de que el gobierno intente mostrar una “represión blanda” para favorecer intereses comerciales y petroleros con Estados Unidos, mientras mantiene intacto el aparato represor.
“No es atractiva la cara más feroz de la represión, entonces se modera, pero el aparato sigue intacto en las leyes contra el odio y antiterrorismo”.
El entrevistado enfatizó que la reparación fue la gran ausente en la Ley de Amnistía. Provea propuso artículos para garantizar el retorno seguro de exiliados, la restitución de bienes incautados (como apartamentos y equipos electrónicos) y la reincorporación de trabajadores despedidos por discriminación política en entes como PDVSA y SIDOR; ninguna de estas propuestas fue acogida.
Un destino democrático marcado por la gente
A pesar del panorama, Murillo mostró confianza en el “ideal democrático” que persiste en la sociedad venezolana. Señaló que la crisis estructural de derechos humanos, que se manifiesta desde salarios de hambre hasta la muerte de indígenas por tuberculosis, solo se resolverá con una reinstitucionalización profunda.
“El pueblo venezolano está resuelto a vivir en democracia y en dignidad. Lo que pedimos es sensatez y compromiso histórico de largo plazo del liderazgo político”. Finalmente, Murillo anunció que Provea presentará su próximo Informe Anual el 14 de mayo, el cual recogerá con datos técnicos la evolución de esta crisis y la resistencia de la sociedad civil venezolana.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
