El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó los actos de violencia contra comunicadores que cubrían la marcha del 9 de abril.
“Estas acciones deben ser investigadas de manera pronta e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas. Obstruir el trabajo de los periodistas es una violación directa del derecho del público a acceder a información de interés público”, consideró el comité en una publicación en la red social X.
La protesta fue liderada por sindicatos de trabajadores, jubilados y estudiantes, quienes exigían salarios y pensiones dignas
La concentración, que partió de Plaza Venezuela, tenía como destino Miraflores, pero fue interrumpida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes impidieron el paso y enfrentaron a los manifestantes con escudos antimotines.
La libertad de expresión continúa reprimida
Durante la cobertura, varios comunicadores fueron golpeados, rociados con gas pimienta y despojados de sus herramientas de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó diez agresiones, entre ellas las sufridas por José Mireles Alcalá (El Martillo Venezuela), Francisco Cáceres (La TV Calle), Sergio González (Provea), José Caruci (CaracasInfo24), Maryorin Méndez y Ana Rodríguez Brazón.
La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) también rechazó la agresión contra el equipo de VPITV. Tanto la reportera como el camarógrafo —quien resultó herido en el rostro— fueron atacados por funcionarios de la PNB. Estos hechos vulneran el Artículo 57 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de pensamiento por cualquier medio de difusión.
#Venezuela CPJ strongly condemns the attacks by the Bolivarian National Police against at least ten journalists covering a protest on April 9 in Caracas. These actions must be promptly and impartially investigated, and those responsible held accountable. Obstructing the work of… https://t.co/5gFzdGCQu7
— CPJ Américas (@CPJAmericas) April 9, 2026
El riesgo de informar
La censura contra el gremio periodístico no es nueva y se ha mantenido a lo largo de los años. El pasado 6 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció que al menos 20 periodistas permanecen en un “limbo jurídico”, atrapados en procesos judiciales sin cerrar y medidas cautelares. Esta situación, descrita como una forma de censura y castigo permanente, limita la movilidad y libertad de trabajo, a pesar de las excarcelaciones.
El CNP también denunció este miércoles 10 de abril la postergación del juicio contra Ramón Centeno, periodista venezolano cuyo estado de salud es delicado.
“El retardo procesal también es una forma de castigo”, expresó el CNP a través de Instagram.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado que, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, Venezuela ocupa el puesto 23, el último de la lista. “Este entramado ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos independientes y el exilio masivo de periodistas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
