La ONG Foro Penal Venezolano denunció este miércoles 8 de abril que le fue negada la amnistía al teniente coronel Igbert Marín Chaparro, detenido desde el pasado 2 de marzo de 2018.
El tribunal segundo de primera instancia en función de juicio, con competencia en casos vinculados a delitos asociados con terrorismo del circuito judicial del Área Metropolitana de Caracas y cargo del juez Yovani Gregorio Rodriguez Cantero negó la petición, alegando que a Marín se le sigue un proceso penal por los cargos de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación, previstos en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El juez indicó que se incumplen los requisitos del artículo 7 de la Ley de Amnistía y de algunos numerales del artículo 8.
Ensañamiento judicial
Familiares de Marín denunciaron que aunque este cumplió su condena inicial de 7 años y 6 meses de prisión en septiembre de 2025, por el cargo de instigación a la rebelión impuesto por el gobierno del hoy encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro, le fue imputada otra causa de terrorismo y traición a la patria en febrero de 2024.
Marín se encuentra en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, y previamente estuvo en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, donde llevó a cabo huelgas de hambre para denunciar torturas, tratos crueles e inhumanos.
De acuerdo con familiares y colegas que están detenidos junto a Marín, este fue aprehendido y condenado por el hecho de reclamar que no había comida para alimentar a la tropa en el Batallón de Infantería Juan Pablo Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas.
Junto a Marín detuvieron a los también tenientes coroneles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Víctor Eduardo Soto Méndez, Deibis Mota Guerrero, Carlos Peña Palmentieri y Pedro Garrido Guillén.
Negación de amnistía viola DD.HH.
Para varios defensores de derechos humanos y abogados venezolanos, la negación de la amnistía a algunos presos políticos constituye una nueva violacion flagrante a los derechos humanos.
Así lo expuso recientemente Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 conocido como “El Caracazo” (Cofavic), quien expresó a través de su cuenta de X que la paz sin justicia, verdad y reparación no es paz: es silencio impuesto.
“Y que quede claro, las violaciones de los derechos humanos nunca podrán calificarse de infracciones como tampoco intentar obviar la triada de verdad, justicia y reparación en nombre de la paz”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz calificó la aprobada por la Asamblea Nacional Ley de Amnistía como “chucuta” y denunció que las autoridades siguen considerando a los beneficiarios de la norma como delincuentes. “Incluso, instándolos a no cometer esos mismos supuestos delitos en el futuro”.
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