En la tarde del martes 17 de febrero, en el sector Tierra Negra del municipio Cabimas, estado Zulia, lo que un grupo de jóvenes describió como una “penitencia de carnaval” se convirtió en un acto de crueldad que generó conmoción. Varios adolescentes y un adulto sometieron a un muchacho con condición especial, lo obligaron a sentarse en un charco de aguas residuales y le arrojaron el líquido contaminado sobre la cabeza y el cuerpo, mientras lo sujetaban por el cabello, lo forzaban a mirar a la cámara en medio de burlas y agresiones verbales.
Videos grabados por los mismos agresores se viralizaron en cuestión de horas en redes sociales. Al día siguiente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a dos adolescentes de 17 años y a un joven de 20, por ser los principales responsables de este hecho. Ellos alegaron que “jugaban carnaval”.
Este caso de Cabimas no fue aislado, fueron documentados al menos 16 casos en Zulia, Miranda, Distrito Capital, Trujillo, Mérida, Guárico, Aragua, Bolívar y La Guaira.
Las peleas y riñas que se vieron en los días de carnaval en distintas partes de Venezuela no son solo hechos aislados, sino un reflejo de tensiones más profundas en la sociedad, según el análisis del sociólogo Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz.
“Desde una lectura sociológica, estos episodios pueden expresar la acumulación de frustración por años de crisis, la normalización de la violencia en la vida cotidiana, el debilitamiento de normas sociales y la pérdida de confianza entre las personas. También reflejan cómo, en contextos donde hay pocos espacios para canalizar el conflicto o expresar el malestar social, la agresividad se desplaza hacia lo cotidiano”, expresó.
En Caracas, los incidentes se concentraron en espacios públicos: en Los Próceres, grupos de jóvenes rociaron espuma a diestra y siniestra, incluyendo a personas de la tercera edad que se cubrían con trapos para protegerse, golpearon a quienes grababan y generaron un ambiente de pocas sonrisas y caras serias.
Decenas de uniformados de la PNB desalojaron a los causantes del desorden. Hace justamente un año, en este mismo escenario fue asesinado el joven Luis Fernando Benítez Medina, de 19 años, luego de que se negó a participar en un “juego” de carnaval que involucraba rociar espuma en espray y tánganas, lo que provocó que los agresores lo atacaran con latas, objetos contundentes y golpes, causándole heridas graves en la cabeza y torso que le causaron la muerte.
Dentro del metro de Caracas, jóvenes y adolescentes, incluyendo un niño disfrazado del Chavo del 8, planearon y ejecutaron agresiones: rociaron espuma a pasajeros, como a un hombre de la tercera edad que revisaba su celular, asustándolo y huyendo tras grabar el acto para subirlo a redes.
Esta dinámica se repitió en otras regiones: en Ocumare del Tuy (Miranda), una “guerra” de botellas y espuma en la concha acústica Yolanda Moreno dejó familias huyendo de los objetos contundentes; en Boconó (Trujillo), dos peleas callejeras durante los desfiles, una cerca de la Plazoleta San José Gregorio Hernández y otra junto al Hospital Rafael Rangel, resultaron en más de 10 personas atendidas por lesiones, incluyendo un apuñalado y heridos por golpes, con la policía ausente en ambos momentos.
En La Guaira, una trifulca en la Cinta Costera motivó una investigación del Ministerio Público. Mientras que en Choroní (Aragua), El Callao (Bolívar), Altagracia de Orituco (Guárico) y La Puerta (Trujillo), se repitieron escenas de empujones, corridas y enfrentamientos entre bandos con espuma, latas vacías que contenían este producto, botellas, palos, entre otros.
Finalmente, en Tucaní (Mérida), la noche del 17 de febrero, un grupo de jóvenes se adueñó de las calles para atacar con globos y bombas de agua a transeúntes, entre las víctimas estuvieron los ocupantes de un vehículo que trasladaba una emergencia médica hacia el hospital.
Carnaval y violencia
Uzcátegui tradujo estas situaciones como un desgaste del tejido social y la necesidad de reconstruir vínculos, confianza y espacios de convivencia pacífica. “Yo no dejo de vincularlo a la situación anómica resultante cuando la principal figura de autoridad del país, el Presidente, se roba de manera fraudulenta una elección, erosionándose como referente del deber ser y el contrato social, tanto así que motiva a que un país extranjero bombardee el territorio y lo detenga al vincularlo con delitos de narcotráfico”.
El experto en seguridad ciudadana Luis Izquiel precisó que la aglomeración de personas en tierra o mar, más el lanzamiento de agua, espuma u otras sustancias, son circunstancias que facilitan el inicio de trifulcas entre las personas.
Detalló que la mayoría de estos casos quedan impunes porque las personas que participan muchas veces no se conocen entre sí. Asimismo, ante una gran aglomeración de personas, en ocasiones los cuerpos de seguridad se ven desbordados por la situación.
“En el caso de que muchas personas participen en un delito de lesiones y no se sepa exactamente cuáles de ellos las causaron, el artículo 424 del Código Penal prevé la figura de la complicidad correspectiva, mediante la cual se establece sanción contra todos los que participaron, pero con una disminución de la pena a imponer por las lesiones ocasionadas”.
Otra fuente consultada y vinculada al Ministerio Público opinó que las autoridades deben tomar las previsiones necesarias y lanzar campañas preventivas antes de los asuetos masivos.
A su juicio, el principio de publicidad debe hacerse de forma efectiva: “aunque la ley ya es pública es esencial recordarla activamente a la población cuando se avecinan eventos de alta movilización como el carnaval”.
Un contraste a estos hechos fueron los municipios Guaicaipuro de Miranda y Tovar de Aragua, donde los alcaldes prohibieron el uso de espuma, tángana y afines.
En ambos casos, estas restricciones que fueron aplicadas con antelación, divulgadas ampliamente y respaldadas por despliegue de seguridad, contribuyeron a que las festividades transcurrieran sin los desórdenes.
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