Más de 450 000 venezolanos están en un “limbo migratorio” en Colombia, según el último conteo de la Plataforma Regional de Coordinación R4V de Naciones Unidas.
Los venezolanos que huyeron al vecino país por causas multifactoriales se encuentran hoy en día sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo.
Un nuevo informe publicado por PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) documenta cómo las decisiones recientes del gobierno colombiano, sumadas al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la caída de la cooperación internacional, han debilitado la respuesta estatal y dejado sin protección a quienes huyen de la crisis venezolana, incluso en casos que requieren protección internacional urgente.
Más de 400.000 venezolanos están en un limbo migratorio en Colombia.
— PROVEA (@_Provea) December 18, 2025
Sin derecho a protección, salud, educación y trabajo digno.
¿Omisión o política deliberada del presidente Petro? “Petro y el limbo migrante” informe sobre situación de migrantes venezolanos en Colombia, junto… pic.twitter.com/C5fKNdSADo
Sin papeles ni refugio
La ONG Provea señala en un informe que durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron eliminadas instancias clave como la Gerencia de Fronteras (adscrita a la presidencia) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), paso fundamental para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) ofrecido bajo el Estatuto Temporal de Protección. Desde entonces, no se han creado mecanismos generales de regularización para quienes han ingresado al país a partir de junio de 2023.
Aunque existen figuras como el PEP Tutor y la visa Visitante Especial, su alcance es limitado, exigen requisitos difíciles de cumplir y no están acompañadas de campañas informativas.
“La falta de continuidad en la política migratoria ha generado desinformación, retrasos y mayores obstáculos para que las personas migrantes puedan acceder a derechos básicos como la salud o regularizar su estatus”, afirmó la ONG.
Colombia ha fallado
Provea aseveró que a pesar del aumento de personas venezolanas que huyen por motivos políticos, especialmente tras la elección presidencial de julio de 2024, “Colombia ha fallado y no las reconoce como personas con necesidad de protección internacional”.
Esto implica que quienes llegan al vecino país sin pasaporte, por rutas no autorizadas y en situación de emergencia, sean tratadas como migrantes económicos, sin acceso a mecanismos de refugio ni apoyo institucional.
El informe alerta sobre una grave omisión en la política migratoria colombiana: la ausencia de mecanismos diferenciados para identificar y proteger a personas que huyen por razones políticas, incluyendo activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro.
La justicia interviene ante incumplimientos del Estado
Provea indicó que frente a la ausencia de políticas efectivas, la Corte Constitucional colombiana ha tenido que actuar como garante de derechos. A través de sentencias recientes, ha corregido restricciones impuestas por la administración Petro y ha protegido el derecho a la salud, la nacionalidad, la unidad familiar y la inscripción extemporánea de migrantes en el RUMV.
La sentencia SU-543 de 2023, por ejemplo, ordenó al Estado crear una política pública para reducir los tiempos excesivos en la tramitación de solicitudes de refugio, que pueden tardar hasta cuatro años.
La Corte también exigió que se permitiera a los solicitantes trabajar y acceder a servicios básicos mientras esperan una respuesta, y advirtió que restringir injustificadamente estos derechos desincentiva las solicitudes y puede llevar a devoluciones indirectas prohibidas por el derecho internacional.
*Con información de Provea
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