El teniente coronel Deivis Mota Marrero y Pedro Luis Garrido, junto a otro grupo de oficiales que habían cumplido condena y permanecían privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, fueron trasladados a la cárcel militar ubicada en el Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Se conoció que, recientemente, se les abrió un nuevo proceso penal militar, motivo por el cual fueron presentados vía telemática ante un tribunal de control militar. En esta audiencia se les dictó una nueva medida privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión el referido centro penitenciario en Charallave estado Miranda.
La Coalición de Derechos Humanos y la Democracia informó que los oficiales quedan ahora bajo la orden de un tribunal militar, a la espera de la continuación del proceso penal que fue iniciado, pese a que ya habían cumplido su pena anterior.
¿Quiénes son los militares afectados?
Mota Marrero es un teniente coronel (Ejército) quien fue detenido en 2018 junto a otro grupo de militares por presuntamente formar parte de un complot -liderado por el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres- que buscaba derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor porque las autoridades le estaban negando el derecho a recibir atención médica necesaria, “pese a que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención“.
Por su parte, el teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén fue detenido el 8 de enero de 2020 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Táchira. Luego fue trasladado a la sede de la Dgcim, en Boleíta, y posteriormente al Centro Nacional de Procesados Militares. Su familia denunció que sufrió torturas en todo este proceso, coo asfixias y descargas eléctricas.
Al militar lo condenaron a cuatro años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y desobediencia. Su condena se cumplió el 11 de enero de 2024, pero continúa privado de libertad sin información sobre su ubicación actual.
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