Decenas de presos políticos en Venezuela permanecen en régimen de incomunicación y aislamiento prolongado desde hace semanas, meses e incluso más de un año, denunciaron este lunes, 22 de septiembre, Human Rights Watch (HRW) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. Las organizaciones instaron a los gobiernos extranjeros a intensificar la presión diplomática para exigir la liberación de los detenidos.
HRW y el Clippve documentaron 19 casos de incomunicación, la mayoría con vínculos a partidos opositores. En muchos casos, los detenidos no han podido recibir visitas ni llamadas desde el día de su arresto. El Helicoide, sede del Sebin en Caracas y señalado por la ONU como “centro de tortura”, concentra a la mayoría de estos prisioneros.
Aunque el 24 de agosto de 2025 fueron excarcelados 13 presos políticos —entre ellos el dirigente Américo De Grazia, tras 380 días incomunicado— otros permanecen aislados. Es el caso de Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular, detenido en julio de 2024. Su esposa relató que solo sabe que está vivo porque recibe “su ropa sucia y pequeñas notas escritas por él”. Situación similar enfrenta el periodista Roland Carreño, trasladado sin información oficial sobre su paradero.
En el Rodeo I también hay presos en aislamiento prolongado, incluidos extranjeros. Algunos recibieron llamadas esporádicas en mayo, pero el contacto volvió a ser negado. Familias reportan que la única prueba de vida son objetos entregados por los guardias. “La única forma que tenemos de demostrar nuestro amor y que pensamos en ellos es enviándoles comida, ropa y medicamentos”, dijo un familiar, aunque desde agosto las autoridades restringieron estas entregas.
Las detenciones, muchas veces acompañadas de la negativa oficial a reconocerlas, constituyen desapariciones forzadas según el derecho internacional. A esto se suman juicios por “terrorismo” e “incitación al odio” en audiencias virtuales sin abogados de confianza, lo que vulnera garantías procesales.
“La falta de comunicación y la denegación de visitas se han convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a los que están tras las rejas, sino también a sus familiares”, afirmó Sairam Rivas, coordinadora del CLIPPVE.
HRW y el Clippve pidieron a gobiernos, organismos internacionales y al Vaticano aprovechar próximos foros diplomáticos y religiosos para exigir el fin de la incomunicación y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
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