Un nuevo informe de la ONG Transparencia Venezuela documentó la existencia de una “red de flotas oscuras” para comercializar crudo venezolano.
Un rastreo realizado en el mes de julio permitió la identificación de 92 buques petroleros cercanos a los puertos venezolanos, de los cuales 24 no mostraron sus identificadores marítimos y 12 están catalogados como “furtivos“, mientras que un número indeterminado apaga y enciende su señal.
Según la organización, la cifra real de los buques fantasmas podría ser significativamente mayor, pues los navíos aplican la práctica sistemática de apagar los sistemas de rastreo.
La ONG en el exilio apuntó que la comercialización del petróleo venezolano “ocurre sin transparencia sobre volúmenes, precios ni destino de los ingresos, lo que representa un riesgo estructural de desvío de recursos públicos“.
Transparencia Venezuela indicó que los buques detectados operaron mayoritariamente bajo banderas de conveniencia, registradas en paraísos regulatorios como Panamá, Islas Marshall o Guinea.
Además, fueron identificadas embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC), como el ROSALIN y el MARÍA CRISTINA, así como una nave vinculada a la conocida “flota oscura” rusa: el BANDRA o SENSUS, que opera con doble identidad.
La información recolectada también apunta a un patrón de exportación hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia. Asimismo, a finales de julio fueron confirmados al menos cinco trasiegos de carga (en inglés ship-to-ship o STS) en las cercanías de la terminal de la bahía de Amuay, en la península de Paraguaná, estado Falcón, con la presencia simultánea de 24 embarcaciones no detectadas por AIS.
Los datos recabados también evidencian maniobras de trasiego de crudo en mar abierto, conocidas como ship-to-ship (STS). Sólo en julio, Transparencia Venezuela confirmó al menos cinco eventos de trasbordo en la bahía de Amuay (estado Falcón), donde se registró la presencia simultánea de 24 buques sin señal AIS.
Nada nuevo
Investigaciones previas han mostrado que entre 2019 y 2023, PDVSA perdió el rastro de sus intermediarios y acumuló deudas por cobrar montos superiores a 16.900 millones de dólares.
“Hoy, buena parte de ese dinero aún no aparece, y se desconoce si fue recuperado, ingresó a las arcas públicas o alimentó redes de corrupción“, recalcó la ONG.
Transparencia Venezuela explicó que si bien el precio promedio del crudo sancionado se mantiene por debajo de los USD 32 por barril, frente a los USD 58 sin sanciones, las distorsiones en la cadena de comercialización tienen un impacto mayor: “la imposibilidad de saber cuánto dinero realmente entra al país y cómo se usa“.
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