A un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país. Durante una presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 6 de agosto, la comisionada Gloria de Mees, relatora para Venezuela, denunció una serie de violaciones graves, que van desde la opacidad electoral hasta la represión sistemática, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento a periodistas y el uso del miedo como política de Estado.
En su intervención, De Mees advirtió que el régimen de Nicolás Maduro continúa bloqueando el acceso a información electoral clave y usando las instituciones de justicia como instrumentos de persecución. “Estas no son las acciones de un gobierno que respeta la democracia. Son los patrones de un régimen autoritario que gobierna mediante el miedo”, afirma en el informe presentado.
La CIDH insistió en que muchas de las cifras provienen de fuentes oficiales del propio Estado venezolano y llamó a los Estados miembros de la OEA a mantener la situación venezolana en la agenda internacional.
A continuación, en forma de claves, el resumen del informe sobre Venezuela presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.
¿Y las actas?
Gloria de Mees inició su intervención con un énfasis claro: “Me dirijo a ustedes hoy en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un año después de las elecciones presidenciales en Venezuela. Un proceso electoral cuya integridad y resultados siguen siendo profundamente cuestionados, y cuyas consecuencias continúan afectando gravemente los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.
La relatora recordó que, a más de un año del proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados declarados a favor de Nicolás Maduro, lo que considera un grave obstáculo al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sobre su voto, amén de que “viola las leyes nacionales y las normas internacionales”.
“¿Dónde están las actas que validarían los resultados de las elecciones presidenciales de 2024?”, pregunta en el documento la CIDH.
Sin justicia ni rendición de cuentas
Basados en las propias cifras suministradas por el propio gobierno, la CIDH destacó el clima de represión que ha persistido en el país desde julio de 2024. Indicaron que las autoridades reconocieron la detención de más de 2.000 personas en relación con las protestas postelectorales, mientras que 25 personas murieron en ese contexto, según cifras del fiscal general.
Precisan que 24 de esas víctimas fallecieron por heridas de bala en la cabeza o el tórax, y una fue víctima de una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana; todas las otras eran civiles, hombres en su mayoría jóvenes: el 68 % tenía menos de 30 años, incluyendo dos menores de edad de 15 y 17 años.
A la situación irregular se suma la detención de “cientos de adolescentes”, muchos de ellos procedentes de zonas de bajos ingresos. Denuncian que además de detenciones en manifestaciones otras ocurrieron de forma selectiva en el marco de la denominada «Operación Tun Tun».
“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni se han tomado medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos. Muchas de las detenciones se han convertido en detenciones arbitrarias prolongadas y desapariciones forzadas. Decenas de presos políticos siguen recluidos sin acceso a asistencia
letrada ni contacto con sus familias, en condiciones que pueden constituir tortura o trato inhumano”, lamentan.
Familias en la incertidumbre y cancelación de pasaportes
El informe de la CIDH reveló que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) entrevistó a 91 víctimas de la represión poselectoral que se encuentran dentro del país, o que tuvieron que exiliarse a Colombia y Estados Unidos.
Destacan que en abril de 2025, según conteos de organizaciones de la sociedad civil, 64 familias informaron no habían sido notificadas formalmente sobre el paradero de sus seres queridos detenidos, sin saber siquiera si estaban con vida: “Simplemente se les indica, a menudo por personas no identificadas, que lleven ropa limpia y medicamentos esenciales, sin ninguna explicación oficial”.
En este apartado asimismo se resalta la cancelación de pasaportes de, al menos, 40 personas, entre los que figuran periodistas, activistas y políticos: “Esto no es un proceso justo. Esto no es justicia. Es miedo, secretismo y crueldad utilizados como instrumentos de control”.
Asimismo, al menos 40 personas —entre periodistas, activistas y políticos— han visto sus pasaportes cancelados arbitrariamente, sin aviso ni justificación, en lo que calificaron como prácticas de control social basadas en el miedo y el secretismo OEA.
Maltrato, humillación y coacción a adolescentes
Madres de adolescentes detenidos relataron a la CIDH “abusos, humillación y presión” contra los menores de edad para firmar confesiones falsas, además de acciones que vulneraban su dignidad, lo que De Mees indicó “no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia deliberada de represión sobre los más vulnerables“.
“Nos contaron cómo sus hijos fueron obligados a hacer sus necesidades delante de otros, despojados de su intimidad y dignidad. Algunos de estos adolescentes expresaron posteriormente pensamientos suicidas, incapaces de sobrellevar el trauma infligido”, se alertó.
La autocensura como forma de protección
La relatora también expuso el clima de represión contra periodistas y medios independientes, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y cancelación de pasaportes como medidas para silenciar a la prensa, lo que obligado a muchos periodistas a huir o auto restringir su trabajo.
“A pesar de los peligros, muchos periodistas continúan con su labor informativa con notable determinación, en un ambiente saturado de hostilidad, censura e intimidación. Algunos han tenido que adoptar protocolos de seguridad, suspender su trabajo, evitar temas controvertidos, trasladarse dentro del país o huir del país para proteger sus vidas”, se expone.
Advierten igualmente sobre un uso estatal del miedo, que ha debilitado el tejido social y reemplazado la libertad de expresión por silencio y autocensura.
“La población en general también vive bajo el peso de un miedo generalizado. Muchos se abstienen de buscar, compartir o incluso discutir información, especialmente contenidos críticos con el Gobierno, por miedo a represalias. Esta autocensura generalizada se ve agravada por la vigilancia promovida por el Estado y las prácticas de denuncia a nivel vecinal, que sirven como herramientas de control social”, denuncian.
Exigencias urgentes al Estado venezolano
Tras denunciar la grave situación de derechos humanos en el país, la CIDH hizo un llamado explícito:
- Publicar de inmediato las actas completas de las elecciones presidenciales de 2024.
- Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, especialmente las incomunicadas o sin cargos.
- Garantizar justicia y reparación para las 25 víctimas mortales de las protestas y sus familias.
- Poner fin a la criminalización de estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que expresan críticas.
Además, la Comisión reiteró su solicitud formal para visitar Venezuela in situ y acceder, sin restricciones, a El Helicoide, uno de los centros de detención más denunciados por tortura y tratos crueles.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
