Fiscales federales del sur de Florida acusaron a Roger Piñate, ejecutivo tecnológico venezolano-estadounidense y cofundador de la empresa de tecnología de votación Smartmatic, de haber sobornado en secreto durante mucho tiempo a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, transfiriéndole el control de una casa de lujo.
De acuerdo con una nota publicada por Miami Herald, los fiscales alegaron que el presunto soborno tenía como objetivo ayudar a Smartmatic a conseguir la ayuda de Lucena -quien falleció en abril de 2023- durante la disputa comercial con el gobierno venezolano, tras la acusación de la empresa en agosto 2017 de que la administración de Nicolás Maduro habría cometido fraude en las elecciones de la asamblea nacional constituyente. Esa afirmación llevó a la empresa a cesar operaciones en Venezuela.
Piñate, quien jugó un rol clave en el vínculo con el CNE, habría buscado recomponer la relación a través del apoyo de Lucena, quien aún presidía el organismo electoral en ese momento. La información sobre este presunto soborno se presenta como parte del caso que enfrenta Piñate en Florida, donde también se le acusa de haber participado en un plan de sobornos en Filipinas.
“La evidencia relacionada con Venezuela”, argumenta el Departamento de Justicia en documentos judiciales, “demuestra un patrón de conducta” que apoya la acusación de que Piñate utilizó sobornos como herramienta recurrente para asegurar contratos electorales internacionales.
Los fiscales señalaron que el plan habría sido encubierto mediante el uso de una empresa fantasma extranjera y la participación de un tercero en la titularidad de la propiedad, con el fin de esconder el propósito real de la transacción.
Estos mensajes, de acuerdo con la fiscalía, muestran que “conspiraron para transferir el título de propiedad de la vivienda a través de un tercero para ocultar el verdadero propósito de la transacción: un soborno”. Finalmente, Lucena habría asumido el control de la propiedad -una casa con piscina ubicada en una urbanización de clase media alta- lo que, según la fiscalía, fue una compensación por su apoyo en la resolución de una disputa comercial entre Smartmatic y el gobierno venezolano.
En declaraciones vía correo electrónico al citado medio la empresa declaró: “Por ejemplo, la mención por parte del gobierno de un supuesto soborno en Venezuela en 2019 no se corresponde con la realidad. Smartmatic cesó todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017 tras denunciar al gobierno y nunca ha vuelto a intentar hacer negocios allí (…) Siempre hemos operado con legalidad, ética y transparencia. Mantenemos nuestra trayectoria de dos décadas de integridad”.
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