El habeas corpus, del latín «deberías tener el cuerpo», es una garantía judicial cuyo fin primordial es poner a disposición de los jueces la persona detenida a fin de que éste examine la legalidad de la privación y, de considerarlo pertinente, decrete la libertad. En Venezuela, este es un mecanismo poco efectivo que no se respeta.
En un reportaje publicado por el medio aliado TalCual, se recuerda que existe un patrón que consta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, presos aislados y sin derecho a visitas, lo cual ha sido denunciado en Venezuela por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Además de la violación al debido proceso de los detenidos por razones políticas, estas prácticas representan una tortura psicológica para los familiares, quienes se ven obligados a recorrer diariamente las cárceles venezolanas en búsqueda de sus seres queridos.
El caso más reciente es el del abogado de Provea Eduardo Torres, quien fue visto por última vez el viernes 9 de mayo en Parque Central, Caracas. Desde ese momento, su esposa comenzó las gestiones para encontrarlo, pero sin obtener respuesta. El 13 de mayo fue cuando el fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, confirmó su detención, pero sin ofrecer detalles.
Habeas corpus y su propósito
Esta garantía judicial implica que una persona debe poder comparecer ante un tribunal para que un juez pueda evaluar si esa persona ha sido detenida legalmente. Se trata de una especie de barrera contra el arresto ilegal y el procedimiento es menos formal.
Este mecanismo fue concebido para terminar con detenciones ilegítimas, es decir aquellas que se hayan practicado sin una orden judicial escrita o por una autoridad incompetente, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de Venezuela y con los instrumentos internacionales.
El principal uso del habeas corpus ha sido tratar de liberar a las personas que se encuentran encarceladas. Asimismo, puede dar lugar a la desestimación de cargos penales, nuevos juicios o apelaciones, el nombramiento de un abogado y órdenes judiciales que instruyan la reparación de condiciones de confinamiento crueles o inhumanas.
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución de Venezuela, se establece el derecho a la acción de amparo a la libertad o seguridad personal. La norma señala que el procedimiento será «oral, público, breve y gratuito»; además, indica que el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto.
Efectividad en Venezuela
El informa “Tutela judicial efectiva e independencia judicial del Tribunal Supremo de Justicia en procedimientos de habeas corpus”, elaborado por la organización Acceso a la Justicia, afirma que el instrumento legal creado en la Edad Media como limitación al poder de los monarcas «no es un recurso efectivo» en la actualidad para garantizar la libertad individual ni la vida en Venezuela.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU denunció el pasado 14 de mayo la falta generalizada de protección judicial efectiva en Venezuela.
Según la revisión de casos desde el año pasado, la Misión corroboró que en al menos 20 casos los recursos de habeas corpus no fueron recibidos, fueron rechazados o no obtuvieron respuesta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
