El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dimitió temporalmente hasta que concluya una investigación por mala conducta sexual en su contra. La licencia que tomó Khan será hasta el final de la investigación externa, que comenzó a finales del año pasado, y sus fiscales adjuntos dirigirán la oficina en su ausencia, dijo la CPI en un comunicado.
Informes de prensa publicados previamente citaban un documento que describía acusaciones contra Khan, que se cree incluyen contacto sexual no deseado y “abuso”. No obstante, Khan negó esas acusaciones comunicadas al órgano rector del tribunal en octubre del año pasado.
De acuerdo con Reuters, Khan habría enviado una misiva a su personal confirmando su licencia temporal y en la que el fiscal dijo que su posición había sido revisada constantemente. “Mi decisión está motivada por un compromiso profundo e inquebrantable con la credibilidad de nuestra Oficina y de la Corte, y con la salvaguarda de la integridad del proceso y la equidad para todos los involucrados”, según se informa, dijo en la carta.
El caso de Venezuela sigue en proceso
Tamara Sujú, abogada defensora de derechos humanos, afirmó que el caso de Venezuela sigue en proceso en la CPI pese a la dimisión temporal de Karim Khan. “El proceso sigue. La CPI tiene continuidad institucional. La CPI está diseñada para asegurar la continuidad de sus funciones”, escribió Sujú en su cuenta de X.
Asimismo, recordó que los procedimientos y procesos en curso son responsabilidad de la Oficina del Fiscal (OTP), que está integrada por varios fiscales adjuntos, investigadores y personal jurídico.
“Mientras se nombra un nuevo Fiscal Jefe (por elección de los Estados Partes del Estatuto de Roma), las funciones pueden ser asumidas interinamente por un fiscal adjunto o un funcionario autorizado, garantizando así la continuidad de las investigaciones y procesos”, agregó.
*Con información de BBC Mundo
Exhorto del Instituto Casla
El pasado 15 de mayo se presentó el Informe 2024-2025 del Instituto Casla, en el que se documentó que los ataques sistemáticos contra la población civil han demostrado que el gobierno venezolano “pese a estar en la palestra pública internacional por los crímenes de lesa humanidad que comete, no tiene la intención de parar, sino todo lo contario, está dispuesto a seguir reprimiendo y persiguiendo sistemáticamente a la población civil y militar con el fin de permanecer en el poder”.
El documento recuerda que en 2024 enviaron cartas al fiscal Khan solicitando órdenes de arresto contra altos funcionarios del DGCIM y del Sebin y contra el gobernante, Nicolás Maduro.
En el informe se considera que la Corte Penal Internacional “debe actuar con urgencia ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder”. Destacan que los crímenes qe denuncian “no se limitan a una frontera nacional, sino que implican colaboración entre regímenes autoritarios (Venezuela, Cuba, y posiblemente Irán o Rusia en asesoría militar), lo que los convierte en una amenaza regional”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
