La ONG Defiende Venezuela informó que la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitieron una resolución favorable a nueve víctimas de ejecuciones extrajudiciales que representa la organización.
A través de una nota de prensa, Defiende Venezuela indicó que la emisión de este mandato por parte de las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas representa un paso significativo en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, al destacar las deficiencias en las investigaciones y el temor a represalias, así como la falta de voluntad por parte del Ministerio Público, de imponer justicia.
“Esta resolución es una herramienta crucial para la defensa de los derechos humanos en Venezuela y para la visibilización de las violaciones sistemáticas que sufren las víctimas en el país”, afirmó el abogado Ezequiel Monsalve, Coordinador de Litigio Internacional de la ONG Defiende Venezuela.
Entre los casos más relevantes de ejecuciones extrajudiciales que se destacan en el documento están los de Guillermo Rueda Parra, Christian Charris Arroyo, José Alberto Padilla Soto, Daniel Alberto Padilla Soto, Eduardo Ramos Torbello, Cristian Ramos Escalona, Luis Pérez Yovera, Genyill Chacón Pérez, Yorgi Lejandro Liscano y Daniel Alejandro Lezama Ramírez, quienes fueron asesinados a manos de funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Asimismo, mencionan los casos de Irvin Beomon, Inyerber Beomon, Yanderson Andrés Granados Padrón, Alex Yohan Vegas Azuaje, Anrry Gregorio Chinchilla Berroteran y Valero Suárez, ejecutados en situaciones similares.
Una advertencia reiterativa
Cabe recordar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad en Venezuela.
Además, los mandatos sobre tortura, ejecuciones y detenciones arbitrarias han advertido al Gobierno sobre la falta de disposición de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo investigaciones “prontas efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes”, especialmente cuando involucran a actores estatales.
Las Relatorías reiteraron la necesidad de investigar estas muertes conforme a las normas internacionales pertinentes, especialmente el Manual Revisado de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota).
También que se deben determinar las responsabilidades en la cadena de mando, examinar órdenes emitidas, omisiones de funciones o aquiescencias relacionadas con las muertes investigadas.
