CPI espera abrir una oficina en Caracas en 2024

Aclaran que no tendrá como objetivo investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela 

 

2024 no solo es el año donde están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, sino también la fecha para la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.

La dependencia fue anunciada durante la tercera visita que el fiscal Karim Khan realizó a Venezuela en junio del año pasado y es una de las metas de la CPI reflejada en el informe anual de actividades correspondientes a 2023.

“La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos”, reza el comunicado de la CPI.

El informe de Khan asoma que la oficina en Caracas no tendrá como objetivo investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que él considera se han cometido en el país desde 2014.

“La oficina de la Fiscalía en Venezuela está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales”, expuso en su reporte el Fiscal de la CPI.

No solo con el Gobierno, también con la sociedad civil

En el documento de 134 páginas se desprende que la CPI pretende renovar la investigación sobre Venezuela.

El objetivo (de la) oficina en Caracas se enfocará en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales y apoyar la prestación de asesoramiento y asistencia. El despliegue de personal en esta nueva oficina sobre el terreno facilitará la prestación de asistencia para la evolución legislativa en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales (en materia de investigación criminal)”, precisan. 

La CPI no solo aspira a tener conexión con el Gobierno, sino también con miembros de la sociedad civil.

“La Fiscalía tiene además la intención de celebrar una reunión de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para escuchar sus opiniones e identificar la mejor manera de integrar sus puntos de vista y experiencias dentro del esfuerzo conjunto para buscar una complementariedad dinámica entre la Fiscalía y Venezuela”.

En su informe, el fiscal se refirió a esto indicando que para “responder a nuevas formas de crímenes y abrir nuevas vías para conseguir evidencias es necesario estar más cerca de las comunidades y avanzar hacia un modelo centrado en el campo”.

“Nuestras ambiciones con respecto al aprovechamiento de la tecnología y la cooperación con los Estados, las organizaciones y la sociedad civil nos permitirían entregar más casos al tribunal”, expuso.

Pero la apertura de la oficina en Caracas no es la única medida relacionada con Venezuela que la Fiscalía de la CPI tiene en su agenda para 2024.

Khan también anunció que tiene previsto celebrar una conferencia sobre la justicia internacional en Venezuela con el propósito de “continuar el importante diálogo sobre la mejor manera de lograr la justicia internacional en colaboración con una variedad de partes interesadas, como Estados u otras organizaciones internacionales”, agregó.

La investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad apenas se menciona en el informe. El caso está en curso en La Haya y las víctimas en Venezuela aspiran que continúe, salvo que la Sala de Apelaciones de la CPI decida lo contrario atendiendo la solicitud de las autoridades venezolanas.

La Fiscalía y la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) pudieron exponer sus puntos de vistas a los magistrados en relación con la averiguación en la celebración de la audiencia oral y pública.

El presidente de la Sala, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, aseguró que emitirían su veredicto “lo más pronto posible”. Sin embargo, no aclaró cuándo podría ocurrir, aunque se tiene como referencia el caso previo de Filipinas, en el que la Sala se tomó tres meses para emitir una sentencia.

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

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Aclaran que no tendrá como objetivo investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela 

 

2024 no solo es el año donde están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, sino también la fecha para la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.

La dependencia fue anunciada durante la tercera visita que el fiscal Karim Khan realizó a Venezuela en junio del año pasado y es una de las metas de la CPI reflejada en el informe anual de actividades correspondientes a 2023.

“La oficina local de la Fiscalía en Caracas, prevista para ser inaugurada en 2024, será un importante acelerador de la ambición de la Fiscalía de profundizar su colaboración con las autoridades nacionales venezolanas, para fortalecer el objetivo de una acción interna significativa (en materia de lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos”, reza el comunicado de la CPI.

El informe de Khan asoma que la oficina en Caracas no tendrá como objetivo investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad que él considera se han cometido en el país desde 2014.

“La oficina de la Fiscalía en Venezuela está destinada a trabajar en iniciativas de complementariedad en colaboración con las autoridades nacionales”, expuso en su reporte el Fiscal de la CPI.

No solo con el Gobierno, también con la sociedad civil

En el documento de 134 páginas se desprende que la CPI pretende renovar la investigación sobre Venezuela.

El objetivo (de la) oficina en Caracas se enfocará en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales y apoyar la prestación de asesoramiento y asistencia. El despliegue de personal en esta nueva oficina sobre el terreno facilitará la prestación de asistencia para la evolución legislativa en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales (en materia de investigación criminal)”, precisan. 

La CPI no solo aspira a tener conexión con el Gobierno, sino también con miembros de la sociedad civil.

“La Fiscalía tiene además la intención de celebrar una reunión de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para escuchar sus opiniones e identificar la mejor manera de integrar sus puntos de vista y experiencias dentro del esfuerzo conjunto para buscar una complementariedad dinámica entre la Fiscalía y Venezuela”.

En su informe, el fiscal se refirió a esto indicando que para “responder a nuevas formas de crímenes y abrir nuevas vías para conseguir evidencias es necesario estar más cerca de las comunidades y avanzar hacia un modelo centrado en el campo”.

“Nuestras ambiciones con respecto al aprovechamiento de la tecnología y la cooperación con los Estados, las organizaciones y la sociedad civil nos permitirían entregar más casos al tribunal”, expuso.

Pero la apertura de la oficina en Caracas no es la única medida relacionada con Venezuela que la Fiscalía de la CPI tiene en su agenda para 2024.

Khan también anunció que tiene previsto celebrar una conferencia sobre la justicia internacional en Venezuela con el propósito de “continuar el importante diálogo sobre la mejor manera de lograr la justicia internacional en colaboración con una variedad de partes interesadas, como Estados u otras organizaciones internacionales”, agregó.

La investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad apenas se menciona en el informe. El caso está en curso en La Haya y las víctimas en Venezuela aspiran que continúe, salvo que la Sala de Apelaciones de la CPI decida lo contrario atendiendo la solicitud de las autoridades venezolanas.

La Fiscalía y la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) pudieron exponer sus puntos de vistas a los magistrados en relación con la averiguación en la celebración de la audiencia oral y pública.

El presidente de la Sala, el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, aseguró que emitirían su veredicto “lo más pronto posible”. Sin embargo, no aclaró cuándo podría ocurrir, aunque se tiene como referencia el caso previo de Filipinas, en el que la Sala se tomó tres meses para emitir una sentencia.

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

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