BUENOS AIRES (AP) — Un grupo de imputados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina decidió romper el pacto de silencio entre ex miembros de las Fuerzas Armadas sometidos a juicio y anunciaron que están dispuestos a colaborar con la identificación de víctimas y los lugares donde fueron enterradas.
Cuatro ex miembros del Ejército, que están presos y sometidos a juicio por su presunta participación en los crímenes cometidos en centros clandestinos de detención en la provincia de Córdoba, 800 kilómetros al noreste de Buenos Aires, “expresaron voluntariamente su intención de aportar datos que permitan la ubicación de algunos de los restos de personas”, dijo a la prensa el miércoles el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier.
En una audiencia este miércoles, el ex teniente Ernesto Barreiro indicó lugares donde habrían sido enterradas unas 25 personas que figuran entre los desaparecidos durante la represión ilegal de 1976 y 1983.
“Nunca ha ocurrido que imputados en esta causa expresen su voluntad de colaborar esclareciendo estos hechos, lo cual implicaría toda una posición muy distinta a la que históricamente han venido manteniendo hasta ahora”, destacó el magistrado.
Barreiro fue uno de los líderes de una rebelión militar en 1987, durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que forzó la sanción de las leyes de amnistía a favor de los acusados por crímenes de lesa humanidad y que casi dos décadas después fueron derogadas, permitiendo la reapertura de cientos de causas.
La presidenta Cristina Fernández resaltó este miércoles durante un acto que las revelaciones de Barreiro son “un logro de la sociedad argentina” y lo atribuyó a la “perseverancia de los organismos de derechos humanos, de las Madres (de Plaza de Mayo), las Abuelas (de Plaza de Mayo, los Hijos (de desaparecidos)”.
Según la mandataria, los lugares señalados por Barreiro serán inspeccionados por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), que “es ejemplo en el mundo” y actualmente colabora en México para identificar a los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Organismos de derechos humanos denunciaron que 30.000 disidentes fueron asesinados durante la dictadura. El Estado argentino reconoce hasta el momento la mitad de esa cifra.
