Formato del Futuro…
“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
(Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)
En Venezuela, es ya rutinario el peregrinaje que enfermos y familiares de enfermos deben cubrir para poder adquirir las medicinas que prescriben los médicos, en casos de problemas de salud. Por supuesto, la conquista del ansiado trofeo se produce cuando, finalmente, se suscita el “milagro” de conseguir el producto de marca o el genérico en algún punto de venta de las diversas redes comerciales de la Capital de la República, o de las aún numerosas farmacias “independientes” que operan en el país.
Sin embargo, lo que internamente opera como una especie de competencia contra reloj, cuando se sale a la caza de la preciada presa, y dada la complejidad vial criolla -y más si es en centros urbanos- muchas veces pasa a ser un verdadero calvario existencial, cuando la opción es otra: la de enviarle cualquier tipo de mensaje a algún pariente que reside en el exterior, para que le ayude a conseguir el salvavidas internacional para la ocasión. En otra palabras, hay que hacer verdaderas maromas para que uno o varios familiares entre el millón 300.000 venezolanos que han decidido irse del país durante los últimos 15 años, pongan en práctica su pericia conquistadora; la misma que -cree el venezolano que no se ha ido- no pasa de salir de su sitio de residencia y llegar al primer lugar comercial de medicamentos, para adquirir la fórmula para la salvación.
Desde luego, fuera del país no siempre las cosas funcionan tan perfectas, como la de suponer que en cada esquina hay una farmacia, y en cada farmacia se comercializan todos los medicamentos que ofrece la industria. Inclusive, el ya común “escaneo” que permite poner ante los ojos del dependiente el Récipe Médico, acompañado de la copia de la Cédula de Identidad que legitima la necesidad del venezolano cuya vida, posiblemente, depende de ese acto heroico, sencillamente, ha pasado a convertirse en un recurso poco menos que inútil. Y es así porque más allá de las fronteras venezolanas, en otros países ese tipo de gestión se interpreta como una forma inteligente –o vedada- de ponerle la mano a diversos tipos de estupefacientes, sin tener que pasar por la alcabala de los múltiples riesgos, como son los despachos de los pocos vuelos internacionales que todavía unen a Venezuela con el resto del mundo, o poblaciones fronterizas.
A la enfermedad que se padece, la misión de conseguir una medicina en el país ha pasado a ser sinónimo de ansiedad, angustia, desesperación, sufrimiento, dolor y, en ciertos casos, de muerte. Y, por supuesto, la causa provocadora de alguna acción represiva gubernamental en cualquiera de sus más extraordinarias variedades, cuando se sobrevive y la desesperación impulsa al uso del derecho a “protestar pacíficamente”. Es decir, se combinan el “derecho social fundamental” del ciudadano, como es de la salud, con la desconocida “obligación del Estado” a garantizar dicho ejercicio, y eso basta para que, de un dudoso malestar por causas de dengue, chicungunya o síndrome febril hemorrágico, todo pueda terminar en un juicio express por alteración del orden público, agavillamiento, intento de rebelión o pretensiones desestabilizadoras o cualquier nuevo delito que nazca después del enjuiciamiento.
Muchos venezolanos han dicho públicamente que esto no es propio de países civilizados; que no es factible imaginar en un petroestado, y que no es tolerable para ningún pueblo. Pero existe. Se da. Sucede en Venezuela, en el mismo país del mundo de donde salen aviones militares de guerra cargados de medicinas y equipos médicos en “acciones humanitarias” hacia “países en guerra”, pero que se manifiesta indolente cuando sus ciudadanos claman hasta por el más común medicamento para aplacar las dolencias que les provoca la nueva Miss criolla: la chicungunya.
Lo peor: aquellos venezolanos que se declaran “indignados”, en una arrancada orgullosa para homologar la organización del reclamo de muchos ciudadanos europeos, y se plantean “jugársela” en la calle, terminan jugándosela en solitario. Y el motivo luce obvio, porque, además de que el miedo y la orfandad combativa se han hermanado, para muchos -si es que el viaje al más allá se hace presente- siempre va a ser más digna la muerte en un lecho familiar en el medio de una severa dolencia o enfermedad, antes que en cualquier recinto carcelario tercermundista venezolano, aun cuando sea el de alguna jefatura caraqueña.
En Venezuela, además, el asunto no es que uno o un millón de “reclamantes” esté dispuesto a alzar su voz públicamente en procura de repuesta, de justicia, de un gesto piadoso de parte de algún burócrata en su turno de ocio. No. También es que, además de cualquier acción represiva, el “valiente que se la juega” siempre termina por convencerse que todo gira alrededor de dos causas que demandan nuevas fórmulas reflexivas: no hay quien se ocupe de escuchar, y el que escucha no siempre goza de toda la confianza imprescindible dentro de su estructura de mando, como para permitirse tomar ninguna decisión. Quizás, creen muchos, porque la gobernabilidad es la que está realmente enferma, y su mejoramiento o recuperación no depende de ninguna fórmula médica, sino de un cambio de actitud a favor de Venezuela, como de que los venezolanos le exijan eficiencia y responsabilidad a quienes juraron ser fieles cumplidores y garantes de la Constitución y las leyes.
En otras palabras, no caben las excusas sobre una supuesta guerra económica o el contrabando de extracción, cuando no se es capaz de hacerle frente a la crisis de salud que hoy agobia a los habitantes de Venezuela. Las únicas y verdaderas causas se concentran en: la desatención, la negligencia y la desenfrenada corrupción amamantada por la impunidad. La enfermedad y muerte de muchas personas en Venezuela están relacionadas con todo este verdadero cuadro dantesco provocado y sostenido por los responsables que insisten en desconocer sus obligaciones.
Las epidemias de dengue, paludismo, malaria, chicungunya, tuberculosis, sarampión, varicela, lechina y muchas otras tantas enfermedades en muchos casos endémicas, conforman un verdadero catálogo de problemas de salud pública, en los que se combinan lo viejo y lo nuevo; mejor dicho, entre lo que había sido erradicado, lo revivido y las nuevas cepas internacionales, en muchos casos con asiento poderoso en todo El Caribe. De las viejas enfermedades y algunas erradicadas, a Venezuela le corresponde el honor de haber sido pionera en su superación, gracias al trabajo denodado de reconocidos sanitaristas y especialistas de renombre mundial.
Lamentablemente, muchos de los programas sanitarios preventivos, bien, por negligencia, ignorancia y, quizás, por corrupción, dejaron de aplicarse. Y han regresado como epidemia de nuevo cuño y en forma peligrosa. Esto, obviamente, ha causado muertes, sufrimientos y ruinas familiares. ¿Y quién asume la responsabilidad?. Alguien tiene que responder por estas muertes y pérdidas lamentables. Deberían ser, con base en lo que establece el Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el Ministerio de la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y demás dependencias públicas de la salud del Estado. ¿Y lo harán?. ¿Se lo impondrán así los órganos de justicia de Venezuela?
Las instituciones médicas y de la salud, los gremios médicos, asociaciones y galenos en forma personal, han hecho un llamado público y de protesta por esta grave situación y sus consecuencias. Y lo que la sociedad venezolana espera, es que las autoridades competentes asuman dicha responsabilidad, y que no descarten la posibilidad de que, tarde o temprano, tendrán que rendir cuenta ante los tribunales de la República o Internacionales, si fuera el caso, por dicha situación. Porque lo inconcebible es que alrededor de la verdadera tragedia en el que se ha convertido enfermarse en Venezuela, poder adquirir medicinas, ser sometido a una intervención quirúrgica y superar la enfermedad, también está el alerta y reclamo colectivo sobre la multiplicidad de negocios y de negociados que se han promovido desde instancias gubernamentales, en connivencia con particulares o entes públicos de los gobiernos de otros países.
La Contraloría General de la República ha descrito y destaca casos que, por supuesto, no han sido objeto de investigación, mucho menos de sanciones a los responsables. No obstante, sí permiten que operen como referencia para condenar las llamadas políticas públicas de solidaridad con supuestos “países hermanos”, muchas de las cuales se suscitan a la par de los acuerdos opacos que se han suscrito teniendo al petróleo y su venta en rol protagónico. Bajo esta concepción política, desde luego, la solidaridad tiene más rostro de alianzas geopolíticas. Pero si bien Venezuela figura como el padre regalador, en atención a ese juego en el que el pragmatismo político es lo que hace posible el alza o caída de los respaldos o cuestionamientos en el seno de las instituciones que ya muchos califican de sindicatos de Estados, nada de eso aplaca la molestia colectiva que ha provocado la manera como el Gobierno venezolano ha querido -y sigue haciéndolo- enfrentar lo que ha estado sucediendo con el tema de la salud.
Para el Gobierno, que amenaza con enjuiciar a propios y extraños al país por el hecho de desnudar la gravedad del problema con sus múltiples manifestaciones, como ha sido el caso del estado Aragua, sin embargo, no le resulta nada fácil ni cómodo seguirlo tratando como otro caso de la política venezolana. Sobre todo porque para quienes hoy están enfermos, los que acaban de perder familiares y pudieran estar en vías de despedirse de deudos y amigos, vivir no es un eterno instrumento para el juego político, y, muchos menos, para la rencilla politiquera. Es un problema de vida; de estar o no estar. Y para quienes sobreviven ante el uso desmedido e impune de las armas, como de eso que eufemísticamente denominan ciertos voceros públicos “enfrentamientos” o “ajustes de cuentas”, les resulta inaceptable que también el alarmante problema de la salud se pretenda atacar desde una posición abusiva del uso del poder, y no desde la administración de estrategias que fundamenten políticas de Estado eficientes y no efectistas.
No es a la guerra económica, ni a la guerra bacteriológica aquello a lo que los venezolanos hoy le rinden culto, tampoco obediencia sumisa por provenir de los labios de los máximos voceros gubernamentales. Es a la importancia de sentirse gobernados digna y responsablemente, y lo cual, guste o no escucharlo a cualquier burócrata cuando el reclamo proviene de parte de cualquier ciudadano, tiene que dejar de ser un eterno jueguito electorero.
Egildo Luján Nava
