Los atropellos se intensificarán en la misma medida que continúe cayendo la popularidad de Maduro
La toma de la Plaza Altamira y sus alrededores evidenció que al gobierno poco le importa la seguridad ciudadana en Venezuela. Casi a la misma hora en la que más de mil doscientos efectivos de la Guardia Nacional se hacían presentes en Chacao (quizás el municipio más seguro del país), tres jóvenes eran acribillados en el sector Los Mangos de La Vega. En total ingresaron 34 cadáveres ese fin de semana a la morgue de Bello Monte. Al régimen le interesa más limitar el derecho constitucional a la protesta pacífica, que el resguardo de la vida y los bienes de los venezolanos.
Cifras extraoficiales del CICPC, publicadas por El Universal, señalan que hasta la fecha se han cometido en el país cerca de 3.000 homicidios, sin embargo el Ministerio de Interior y Justicia, y el de Defensa, envían este desproporcionado contingente de efectivos de la FAN a resguardar un municipio en el que solo se ha ejecutado un asesinato este año (el del joven Robert Redman, ocurrido el 12 de febrero en medio de las protestas). En muchos sectores populares, donde con mayor rigor ataca la criminalidad violenta, la gente clama por la presencia de fuerzas de seguridad.
La desproporcionada operación militar no evitó la comisión de algunos delitos en Chacao. El lunes un médico cardiólogo fue herido en la cabeza por un disparo realizado por un delincuente que intentó asaltarlo cuando salía de una clínica de la zona. Nueve hechos delictivos fueron denunciados durante la toma del municipio por los efectivos castrenses (El Nacional, 19/03/14). Los militares no están preparados para brindar seguridad ciudadana. El artículo 332 de la Constitución señala que esta labor debe recaer en órganos de carácter civil.
El ministro de Interior y Justicia celebró la ocupación de una plaza vacía como si hubiera liderizado una de las grandes batallas de la historia. Lo cierto es que ese gran despliegue de fuerzas de seguridad hubiera podido ser empleado, por ejemplo, para neutralizar a la banda de “Los Orejones”, que mantiene azotado a los habitantes de Ocumare del Tuy. El gobierno afirma que ya tiene 600 grupos delictivos ubicados, pero no los termina de desmantelar.
Los soldados de la Guardia Nacional revisaban con celo los bolsos y otras pertenencias de muchas de las personas que transitaban por Chacao. Este mismo énfasis quisiéramos verlo colocado en la tarea de desarmar a los delincuentes. La última encuesta de Datos señala que el grueso de los venezolanos se muestra partidario del desarme (86%). En este punto existe casi un acuerdo nacional, coinciden oficialistas y opositores, pero el gobierno evidentemente no tiene voluntad política.
La militarización no logró su fin principal: intimidar a los vecinos. Los soldados de la GNB estaban uniformados y armados para una especie de guerra convencional, pero la gente no se asustó y rápidamente volvió a “civilizar” la Plaza Altamira. Fue una jornada trascendental. Se perdió el miedo. Después de dos días de ocupación, los efectivos castrenses decidieron regresar a sus cuarteles.
El gobierno pretende contrarrestar el descontento del pueblo a través de la represión. La militarización de Chacao se inscribe en la misma línea de las detenciones arbitrarias de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano (condenado sumariamente por el Tribunal Supremo de Justicia). Los atropellos autoritarios se intensificarán en la misma medida que continúe cayendo la ya escasa popularidad de Nicolás Maduro.
Luis Izquiel
