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En Venezuela los delitos informáticos son cada vez más frecuentes
 Actualmente las cifras que se conocen sobre delitos son las publicadas por el Observatorio Venezolano de Violencia

Foto: AFP

Los casos de delitos informáticos en Venezuela cada vez están más a la orden del día por un repunte en los últimos años. Según Odalis Caldera, comisaria y experta en materia de seguridad y de orden público, han tenido mayor incidencia debido a la situación económica como la que vive el país.

En una entrevista para Circuito Éxitos con el periodista Román Lozinski, la experta dijo que en estos delitos para el ciberdelincuente, «hay menos riesgos en el anonimato y mayor ganancia». Destacó que las estafas a través de Marketplace continúan, sobre todo para aquellos que buscan comprar vehículos. Además de esta modalidad, «las personas caen en las ofertas que les hacen a través del chat, el WhatsApp, correo, Instagram» y otras redes sociales diariamente.

«El nuevo paquete chileno» son los premios que se ofrecen a través de las plataformas digitales y las personas caen en trampas con facilidad, por ejemplo, con los supuestos códigos que envían del banco a través de SMS,  actualización de datos, cadenas de WhatsApp, ofertas y descuentos.

Ante esta situación, la respuesta de los organismos pertinentes «se ha ido adaptando en medio de todas estas cosas».

De acuerdo con Caldera, en la División de Delitos Informáticos «hay personal capacitado en el área que responde, que atiende las solicitudes de las personas que son victimas y también hacen saber a la ciudadanía respecto a las nuevas modalidades y envían alertas para que las personas no sean víctimas de ese delito. Están bien actualizados y hay un equipo que atiende», destacó. 

Crecimiento de otros delitos

Respecto a la ocurrencia de otros delitos, destacó que también han venido en aumento los que se dan  en el medio intrafamiliar: femicidios y casos incluso de homicidio-suicidio, en donde luego de arremeter contra algún miembro de la familia, el victimario se suicida.

Por otra parte, los hurtos de vehículos se mantienen, los robos cotidianos se han mantenido al margen y ha bajado el porcentaje de secuestros, sin embargo, se ha podido conocer también muchos más casos de trata de personas.

Organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ha creado la división de trata de personas debido a la incidencia.  En estos casos, en su mayoría, mujeres de 19 años «captan a niñas de 16 y 17 años (…) con la promesa que van a irse a otro país para obtener mejor ingreso para ayudar a la familia y se las llevan». Les aseguran que van a ser modelos o famosas y, cuando llegan al determinado destino, las llevan a prostituirse: «Y se han visto casos de menores que los padres les autorizan», explicó.

En este sentido, la funcionaria enfatizó que es importante que los ciudadanos acudan hacer las denuncias pertinentes en estos casos y en todos los delitos.

Disminución de la extorsión

Caldera reveló que tras la intervención de algunas cárceles venezolanas se ha reportado una disminución en el delito de extorsión: «El gran porcentaje de las extorsiones se daban desde los centros penitenciarios y eso en innegable (…) así como también otros tipos de delitos, porque contaban con unos equipos de avanzada dentro de algunas de esas cárceles».

Por otra parte, advirtió sobre una nueva modalidad que ha sido denunciado en las autopistas: «De repente una unidad moto con funcionarios policiales uniformados paran la marcha de un vehículo, lo rozan y dicen ‘me atropellaste'». En ese sentido, exhortó a la supervisión de los funcionarios y de los cuerpos de seguridad en general para llevar un mejor control para el bienestar de la ciudadanía.

Como recomendaciones de seguridad, la experta sugirió respetar las normas, estar atentos a los chats de grupos de urbanizaciones y estar coordinados: «Cuando hablamos de seguridad la que verdaderamente resalta es la seguridad privada, que está llevando adelante una actividad bien importante para las empresas, para los ciudadanos y para las ciudades», dijo.

Erradicar la violencia de género pasa por combatir la falta de información
La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Venezuela se enfrenta a la falta de información: por un lado los programas del Estado no tienen suficiente visibilidad, y tampoco hay cifras oficiales que ayuden a determinar la magnitud del problema y sirvan para implementar correctivos

 

Redacción

 

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca visibilizar y erradicar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y graves en el mundo.

En Venezuela, de la atención a la mujer se habla poco. Aunque hay esfuerzos en el país para brindar protección contra la violencia de género, las iniciativas no se conocen y pasan por debajo de la mesa mientras las agresiones aumentan y la sensación de vulnerabilidad no da tregua.

Por otro lado, en Venezuela no existe un registro oficial que refleje los casos desglosados de violencia contra la mujer. En la página web del Instituto Nacional de Estadística, Ine, solo hay un escueto informe del 2020 que recuenta el índice ocupacional o laboral de las mujeres. Solo algunos monitores de ONG como Utopix, Provea, Cepaz y Cofavic, entre otras, dan cuenta que al menos desde el año 2017 hasta el 2022, en Venezuela han muerto más de 2.500 mujeres por causas violentas, hechos que se conocen como femicidios.

Verónica Colina, coordinadora de Redes y Activismos del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), destacó que de enero hasta octubre de 2023 ocurrieron más de 193 femicidios en todo el país, contando solo los casos documentados por medios de comunicación, ya que es la única fuente documental a la que tienen acceso. 

De esta cifra, 160 ocurrieron en el primer semestre del año y causaron que 55 niños quedaran huérfanos, algunos presenciaron la muerte de su madre. Lo más alarmante es que no hay una política de Estado para proteger a estos niños, indicó Colina. «44,4% de los agresores se encuentran en fuga, de este porcentaje 29,4% corresponde a parejas o ex parejas, y el 40% de los hechos ocurrió en casa de la mujer», señaló.

La antropóloga Aimée Zambrano, directora de Utopix, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que sólo en el mes de agosto de este año se contabilizaron 20 femicidios en el país. “Nuestra información se basa en las publicaciones que hacen medios de comunicación digitales, nacionales y regionales, y no con datos de algún ente oficial del Estado”, aclaró Zambrano.

Entre los estados más violentos, Zambrano destacó a Carabobo en el primer lugar, seguido de Miranda, Bolívar, Zulia, Lara y Anzoátegui. “Esto no implica que no ocurran femicidios en los otros estados”, refirió.

En voz baja

«No estás Sola» es una guía para afrontar la violencia contra la mujer, realizada por la Red Mérida Feminista. Busca orientar frente a cualquier situación de abuso o violencia, y define las 21 formas de agresión que se consideran delito en Venezuela, según la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida libre de Violencia. 

Violencia psicológica, violencia física, acceso carnal violento, acoso sexual, violencia obstétrica, violencia institucional, acoso u hostigamiento, prostitución forzada, violencia domestica, violencia laboral, esterilización forzada, violencia simbólica, amenaza, violencia sexual, esclavitud sexual, violencia mediática, violencia patrimonial y económica, tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes y, por último, femicidio que es la expresión más grave.

Sin embargo, no hay registro oficial de los delitos cometidos contra las mujeres. Colina hizo especial énfasis en que el Estado debe generar estadísticas oficiales y que, cualquier esfuerzo que provenga de la documentación de casos denunciados por medios de comunicación y redes sociales siempre serán parciales y limitados. 

La ONG Cofavic reporta en su portal web que las cifras aportadas por el Ministerio Público reflejan el número de casos atendidos y casos resueltos, pero no especifica el número de medidas de reparación o de protección dictadas a favor de las víctimas, tampoco el tipo de violencia, si se penalizó a los agresores o se reparó a las víctimas.

Sin embargo, son diversas las organizaciones no gubernamentales que intentan suplir las carencias del Estado en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género. La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), Tinta Violeta, Mulier Venezuela, Yo te creo Venezuela, Proyecto Redes, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela y la Casa de la Mujer de Catia son algunas de las instituciones abocadas a esta labor, aunque reconocen que el problema inicia con la falta de información

Aunque desde el Estado se intenta atender el problema, e incluso existe una línea gratuita nacional para denunciar los casos de violencia de género (0800-MUJERES o 0800-6853737 ), las iniciativas no se conocen porque no tienen ni la promoción ni la repercusión requerida en la comunidad. No solamente los esfuerzos nacionales se diluyen, tampoco son conocidos los que se llevan desde las regiones o los gobiernos locales.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ofrece orientación jurídica y vigilancia del cumplimiento de las leyes Órgano permanente de definición, supervisión y evaluación de las políticas y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer venezolana; también la Defensoría del Pueblo debería promocionar, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sin embargo, es poco lo que se conoce.

Lo mismo ocurre con la División de atención a la violencia contra la mujer y la familia del Cicpc y la Oficina de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de la República, que deberían brindar atención en casos de agresiones, reincidencias y denuncias no atendidas en otros organismos.

Los problemas son los mismos en las regiones que en la capital. Existen los programas, pero son poco conocidos entre las mujeres y su alcance es mínimo.

Acompañamiento en Anzoátegui

En el estado Anzoátegui, la directora estadal del Ministerio del Poder Popular para la Mujer (MinMujer) y del Instituto Estadal de la Mujer en Anzoátegui (IEMA), Marina Martínez, informó que desde estos espacios cuentan con abogadas para acompañar a las víctimas de violencia de género desde que formulan la denuncia, hasta todo el proceso necesario para lograr justicia.

De igual manera, señaló que por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), uno de los entes adscritos al MinMujer, se encarga de la formación de las defensoras comunales de los derechos humanos de las mujeres que, posteriormente, se unen a los Centros Comunales que son inaugurados en la entidad. Actualmente existen 24.

Todos los viernes hacen un recorrido casa a casa por algún sector vulnerable de los municipios. Aquí les llevan un instrumento que llaman violentómetro, que explica de forma sencilla los distintos niveles de violencia de género para reconocerlos a tiempo y evitar desenlaces trágicos como el femicidio.

En Anzoátegui no hay un centro formal ni observatorio para este tipo de denuncias, pero los indicadores dan que cada mes, por lo menos dos mujeres, son víctimas de femicidio. En general, los municipios con más alta incidencia de violencia de género con denuncias son Guanipa, Simón Rodríguez y en la zona norte Bolívar y Sotillo.

Pese a todos los programas que se desarrollan en la entidad en pro de la eliminación de la violencia de contra la mujer, sólo dos de 10 féminas consultadas señalaron que tenían conocimientos de que el Estado cada vez protege más a las mujeres y desconocen cuáles son las acciones que realizan en concreto.

Atención a las víctimas en Yaracuy

En el municipio Independencia del estado Yaracuy fue creado el Instituto Municipal de Atención a la Familia (IMAF) para minimizar la violencia contra la mujer y la violencia de género. Entre los programas y planes que desarrollan están: atención psicológica a la víctima, asesoría Jurídica, jornadas de atención social, así como formación y capacitación (cursos, talleres) en estilismo, corte y costura, manualidades, electricidad, tejido en vetiver, repostería, panadería, barbería, productos lácteos, harinas alternativas y embutidos, estos tres últimos en alianza con el Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE).

También dictan charlas en las que abordan los tipos de violencia, el ciclo de la violencia, los derechos humanos de la mujer, el maltrato intrafamiliar, bullying y violencia en el noviazgo, estas tres últimas las realizan sobre todo en instituciones educativas. 

Nohelys Angarita, presidenta del IMAF, detalló que en el último semestre de 2023 los casos de violencia han aumentado 10 por ciento y que atienden este tipo de casos los lunes y jueves, y entre ambos días asisten a unas 10 personas a la semana. 

Algunas de las mujeres consultadas reconocen la importancia del programa, pero otras no saben de qué se trata. «Revisaré cuáles actividades ofrece porque la mujer hoy en día está más empoderada que nunca y nadie tiene derecho a hacerle daño» , dijo Jessica Mújica, vecina de San Felipe.

En Táchira no denuncian

De enero a julio, en la región de los andes hubo 68 femicidios, de los cuales 51% ocurrieron en Mérida, 35% en Táchira y 13% en Trujillo. La mayoría de los casos que ocurren en Mérida, en los que hay violencia y abuso sexual, no son denunciados sobre todo en las zonas rurales.

En el estado Táchira funcionan varias instituciones dependientes de la Gobernación del estado, como el Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), encargadas de atender los casos de violencia contra la mujer. En estos organismos reciben asistencia legal y psicológica, y además dictan talleres formativos. 

Beatriz Mora, directora general de la Fundación en Pro de la Igualdad, Derechos Humanos, Empoderamiento y la Acción Social (Pro- Idheas), atiende en el Táchira a mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia. Manejan programas sociales y de atención en esta entidad.

Wendy Córdoba, vive en un sector de la parroquia La Concordia de San Cristóbal y tiene un punto de reparación de zapatos, dijo que ignora los planes y programas que abordan la violencia contra la mujer y tampoco conoce los sitios ni los pasos para formular una denuncia.

En cambio, Kely Castro sabe que a nivel regional hay planes para luchar contra la violencia a la mujer, pero no los conoce. “He escuchado en las noticias que a nivel de la gobernación y del municipio manejan planes que favorecen y protegen a la mujer, pero en realidad esa información como tal sobre los programas no la manejo”, afirmó.

Lo mismo ocurre con Zulay Leal, quien trabaja en las cuadrillas de limpieza de la alcaldía de San Cristóbal y desconoce los programas y acciones que adelantan las instituciones públicas y privadas en defensa de los derechos de la mujer.

Violencia psicológica en Lara

Diversas instituciones y organizaciones del estado Lara se han sumado a los esfuerzos de divulgación para erradicar la violencia de género. Atención, prevención y educación a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia basada en género son los objetivos que guían estas iniciativas.

Según datos de Alaplaf, una asociación civil que da asesoría legal y psicológica a las víctimas de violencia, actualmente los casos más frecuentes que han recibido son 297 casos de violencia psicológica, 25 casos de violencia física, 23 casos de violencia sexual, 15 casos de violencia económica y 6 casos de violencia laboral, en total han atendido 377 casos con diversas tipologías de violencia en lo que va de año.

Desde el Instituto Municipal Para la Mujer e Igualdad de Género de Iribarren se está realizando un trabajo de salud mental para que las mujeres sepan cuándo deben acudir a los organismos competentes  a realizar denuncias. “Estamos en las comunidades dando talleres sobre la violencia y femicidio. El pasado 7 de noviembre acreditamos 30 compañeras que recibieron su certificación del diplomado de derechos humanos para la mujer y los derechos humanos y ellas se convierten en difusoras de su formación”, afirma López.

Pero falta mucho por hacer.  Al consultar a personas en las calles acerca de si tienen conocimiento sobre los planes desarrollados desde IMMI y otros organismos, el 60 % reconoció no tener conocimiento de los programas llevados a cabo desde estas instituciones regionales para concienciar acerca de la importancia de erradicar la violencia contra la mujer.

En Zulia la prioridad son las víctimas

Gabriela Hernández Barboza, quien está a cargo de la Secretaría de Atención Integral para la Mujer e Igualdad de Género de la Gobernación del Zulia, indicó que esa dependencia brinda asesoría psicológica y legal a todas las víctimas de agresiones, y las ayuda en los procesos judiciales al momento de presentar denuncias formales.

Este departamento trabaja en alianza con ocho oenegés nacionales e internacionales, las cuales son: Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas), Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Save the children, Azul positivo, Cruz roja, Renaciendo en familia, Cairus y Rehabilitarte. 

La secretaría promueve talleres y programas sociales, de los cuales se han beneficiado cerca de 5.000 mujeres en lo que va de año, pero el alcance sigue siendo reducido. A través de una encuesta realizada a 10 mujeres del Zulia, 5 de ellas residenciadas en Maracaibo y las otras cinco en Cabimas, San Francisco, Machiques de Perijá, Lagunillas y Mara, se determinó que ninguna conoce la iniciativa del Gobierno nacional de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Opciones para denunciar en Bolívar

Además de las fiscalías y los tribunales  con competencia en materia de Violencia contra la Mujer, de acuerdo con información oficial, cualquier órgano receptor de denuncias como las comisarías y dependencias de la Policía del estado Bolívar y de las municipalidades, están en capacidad de atender y canalizar denuncias por violencia de género. 

Las víctimas también pueden acudir a las distintas sedes del CICPC en la entidad, las cuales están en el deber de procesar denuncias por delitos contra la mujer. 

La Gobernación del estado Bolívar cuenta con el Instituto Autónomo Regional de la Mujer Mamá Rosa para  brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas de violencia que acuden a su servicio. También operan organizaciones como la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que atiende a las mujeres sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. 

 

 

Créditos: Elisa Gómez (El Tiempo), Beisys Marcano (Correo del Caroní), Luis Daniel Cambero (Elimpulso.com), Josed Alastre (La Verdad), Frida Guerrero (TalCual) redacciones Runrun.es, Correo del Caroní, Yaracuy al día, La Nación, y Radio Fe y Alegría.

¿A qué le tengo miedo cuando migro?
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más 

Gabriela Martínez Córdova | Foto: Gabriela Martínez y Alicia Hernández 

 

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”

 

Tapachula, Chiapas. Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centoamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.

Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.

Una mujer se sienta en el piso del albergue El Buen Pastor, con capacidad para unas mil personas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia. 

El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.

No quiero que me violen

Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año. 

Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual

Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).

Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.

Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes. 

No me quiero embarazar 

Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años. 

Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.

En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. 

Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.  

El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.

La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.

Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas. 

Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.

Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes. 

Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. 

La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.

Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.

“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.  

Me querían prostituir

Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.

Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.

 Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.

Yo no quiero que me maten

Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella. 

Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.

La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.

 Mejor me escondo para que no me alcance.

Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos. 

Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.

No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.

Obligadas a parir 

En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó. 

Sin más opción que parir, mejor se fue. 

A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.

—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo. 

Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto. 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Si quieres leer el reportaje completo dale click aquí: Mujeres migrantes, cuerpos sin derechos

70 % de las mujeres víctimas de violencia dejan denuncias a medio camino
En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres

 

María* (32), casada, madre de dos niños, profesional y activa laboralmente, intentó buscar justicia ante los organismos competentes. Hace tres meses, luego de la insistencia de una amiga, decidió ir a la Unidad de Atención a la Víctima (UAV) del Ministerio Público para acusar a su esposo.Al principio tenía dudas de hacerlo y cuestionaba los pasos que daba por tratarse del padre de sus hijos. Incluso llegó a excusar el comportamiento agresivo de su pareja, porque él estaba pasando por una crisis laboral y no estaba generando ingresos. 

“No vas a venir a denunciar para después retirar el caso”, eso fue lo primero que le dijeron cuando llegó a la UAV.

La segunda vez que regresó se dio cuenta de que nunca emitieron la orden de citación para su esposo. En ese momento se sintió sola y avergonzada, por lo que de inmediato abandonó el corto camino recorrido.

Cifras alarmantes

En Maracay, estado Aragua, la Oficina de Atención a la Víctima (OAV) recibe en el día un promedio de 15 denuncias de mujeres agredidas, de distintas maneras, por hombres. Este año, de enero a mayo, los casos ascendieron a 30 cada fin de semana. 

No obstante, y a diferencia del año anterior, 70 % de las mujeres no regresaron a impulsar la denuncia ni intentaron meter preso al maltratador, dijo Geraldine Mendoza, funcionaria de la policía estatal. La razón: son revictimizadas. Muchas sienten que no les hacen un buen registro de la agresión y que no hay seguimiento a sus casos.

Desde el año 2020 hasta noviembre del 2022, la ONG Gran Alianza de Mujeres de Aragua, Gama, acompañó en la región a cerca de 80 mujeres que exigían, a través de las denuncias, la intervención del Ministerio Público (MP).

“Algunas de ellas murieron en manos de ese hombre al que solo se le entregó un papel y se le amenazó con la policía”, indicó Wilmer Rivas cofundador de la organización.

Las estadísticas de Gama reflejan que, de estas 80 mujeres, 49 han salido del país, “huyendo de la violencia de su agresor”. 26 de ellas accedieron a retirar la denuncia y otras cinco cayeron en dentro de las estadísticas de femicidio.

En agosto de 2022, el fiscal general, Tarek William Saab, cuando hizo el reporte de los últimos cinco años, dijo que el Ministerio Púbico (MP) había otorgado 276.319 medidas de protección a mujeres en riesgo, presentado 43.765 imputaciones y 28.202 acusaciones a agresores. 

 

Persecución y violencia política contra mujeres son recurrentes en Venezuela
Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes

 

Las ONG e individualidades decidieron mostrar públicamente su profunda preocupación por la persecución y la violencia política, que aprecian como fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos.

Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país, detalla el escrito que ve un liderazgo femenino subpresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones.

En la escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres, ven un ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación.

Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes.

«Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos».

El comunicado alerta, igualmente, sobre la instrumentalización de mujeres en ataques políticos contra hombres. «Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida».

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos han documentado la violencia de género, que se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada,

Según el escrito, ello demuestra que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.

Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los firmantes solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporte con especial atención la violencia política contra mujeres y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que velan por su protección. A la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitaron que analice la situación planteada.

Podcast |  Los huérfanos de la letalidad policial, el asilo en los Estados Unidos y la violencia política contra opositores
En el episodio 229 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

“La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela» es el especial de investigación que presenta #MonitorDeVíctimas en Runrun.es esta semana. Este trabajo busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

En El Pitazo destacan el trabajo «Abogado migratorio en Estados Unidos: “El problema es pensar que el asilo lo resuelve todo”. El abogado, asesor en Derecho migratorio y defensor de los derechos humanos de los migrantes, Juan Antonio Lozada, expuso en un Twitter Space de El Pitazo que muchas personas se dejan llevar por la idea de que el asilo es su única alternativa para vivir en EE. UU., sin antes evaluar otras opciones que pueden acabar de manera positiva

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Violencia política contra opositores: un eslabón más de un patrón sistemático». Ángel Álvarez, politólogo, enfatiza que no puede hablarse de un escalamiento de la violencia política en el país, con los recientes ataques a candidatos opositores a las primarias, cuando ha sido una constante en las últimas dos décadas. Piero Trepiccione señala que los incidentes de violencia están asociados a ciertas narrativas que tratan de «convertir el torneo electoral en un torneo de muchos riesgos»

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Registran 60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+ y un homicidio en primer cuatrimestre del año
Jeffrey Rodríguez, uno de los coordinadores del observatorio, indicó que la mayoría de las víctimas no denuncia ante la Justicia, porque no confían en que el sistema de una respuesta

 

 

El Observatorio de Violencia LGBTIQ+ de Venezuela documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril. 

«Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos contra personas LGBTIQ+. Es importante destacar que, adicional a estos 60 casos,  21 se encuentran en proceso de indagación para determinar si, efectivamente, los mismos corresponden a las características de nuestra documentación», señaló Gloria Pérez, integrante del observatorio.

Según el observatorio, marzo fue el mes con más casos de violencia registrados, entre los cuales destacaron los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.

La ONG reportó negación o dificultad para acceder o permanecer en lugares públicos, así como limitaciones para obtener documentos de identidad, especialmente entre las personas transexuales.

«Lamentablemente, pudimos documentar un asesinato. Esto ocurrió en el estado Zulia, una mujer trans wayúu (comunidad indígena), y en ese mismo estado, también pudimos documentar otro hecho de unas lesiones físicas graves, también contra una mujer trans wayúu», añadió.

En cuanto a los victimarios, Pérez indicó que han podido identificar a 68 personas, aunque advirtió la dificultad de poder determinar quiénes son los agresores, debido a que «muchas veces a las personas les cuesta o no están en la capacidad de identificar plenamente a las personas que les causaron agresiones».

Por su parte, Jeffrey Rodríguez, uno de los coordinadores del observatorio, indicó que la mayoría de las víctimas no denuncia ante la Justicia, porque no confían en que el sistema de una respuesta.

En Venezuela no existen cifras sobre violaciones de DDHH a la comunidad LGBTIQ+

Prissila Solórzano, activista e integrante de la organización Caleidoscopio Humano, recordó que en Venezuela no existen cifras sobre violaciones de DDHH y las personas trans continúan «invisibles».

«Los casos de violencia hacia la población trans poco importan para la sociedad. Reciben desde el Estado mensajes profundamente machistas y transfóbicos», sumó.

Vale recordar que en 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado venezolano para que tome medidas efectivas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

«Hasta el momento, el avance más significativo en esta materia ha sido la anulación del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual penalizaba las relaciones sexuales consensuadas entre miembros del Ejército del mismo sexo», añadió la ONG.

Piden aumentar participación de personas trans en cargos públicos

La ONG Caleidoscopio Humano instó este miércoles 17 de mayo a que el Estado venezolano aumente la participación de personas trans en cargos públicos.

A propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, resaltaron la importancia de esta acción bajo la campaña «Simplemente quiero vivir, así como tú».

Para la organización es importante que cada vez más personas trans puedan aspirar a cargos públicos en Venezuela, «a pesar de la fuerza de los grupos radicales que están en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+».

Según la ONG, la candidatura a las primarias que presentó la abogada Tamara Adrián «representa la posibilidad de que en Venezuela se desarrollen e implementen legislaciones que protejan y garanticen los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+». 

*Con información de EFE

CLAVES | Informe del Departamento de Estado retrata la violencia contra los indígenas, mujeres y trabajadores venezolanos
El informe destaca que existe  falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de violencia

 

Este lunes, 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos en 2022.

En amplios apartados, el documento aborda la discriminación y abusos sociales en Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres, la violencia indígena, trata de personas y abusos basados en la orientación sexual y de género que se han cometido en el país. 

Sobre la violación y la violencia doméstica y de género en contra de las mujeres venezolanas, el informe señaló que la ley tipifica como delito la violencia física, sexual y psicológica en el hogar o la comunidad y en el trabajo, con penas mayores para la violencia ejercida por la pareja íntima. 

Añade que la ley castiga a los perpetradores de violencia de pareja íntima con penas de condena que van de seis a 27 meses de prisión.

Sin embargo, advierte el documento, en la mayoría de los casos, no se aplica la ley. Resumen las irregularidades más comunes que encontraron y que se enlistan a continuación. 

  • La policía se mostró reacia a intervenir para prevenir la violencia de pareja y no estaba debidamente capacitada para manejar tales casos.
  • La ley también establece oficinas de la mujer en las jefaturas de policía locales y tribunales especializados en violencia de género, y dos tercios de los estados tenían tribunales especializados.
  • En septiembre de 2021, la fiscalía general del régimen, al mando de Tarek William Saab, abrió un servicio para recibir denuncias del Área Metropolitana de Caracas por casos relacionados con violencia contra mujeres y niños, pero el informe señala que no se realizaron esfuerzos durante el año para expandir los servicios de violencia basada en género en otras partes del país, incluidas las zonas rurales y fronterizas. 
  • La Defensoría de la Mujer del Ministerio Público contó con un equipo de abogados, psiquiatras y otros expertos que atendieron exclusivamente casos de feminicidio, violencia de género y otros delitos contra la mujer, pero rara vez se cumplía o se hacía cumplir la ley.
  • El documento indica que el Gobierno de Maduro no publicó estadísticas sobre violencia de género. La OACNUDH denunció una falta de debida diligencia en las investigaciones de casos de violencia de género. Según las ONG, los esfuerzos del gobierno para proteger a las víctimas de la violencia de género fueron ineficaces o inexistente.
  • El documento agrega que la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia fueron limitados, ya que las víctimas de violencia de género informaron de la falta de progreso y la incapacidad de dar seguimiento a los casos después de presentar las denuncias.
  • También, hubo una falta de protección adecuada para sobrevivientes de violencia de género e instalaciones de albergue con condiciones mínimas de operación.
     

Derechos Reproductivos

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos detalla la situación de los derechos sexuales y reproductivos de los y las venezolanas.

Alertaron que mujeres, niñas, niños y adolescentes carecen de condiciones e información «para tomar decisiones seguras sobre su salud sexual y reproductiva» así como también de «acceso a servicios y métodos anticonceptivos en tiempo y calidad».

Denuncian que el régimen restringió el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las sobrevivientes de violencia sexual, incluida la anticoncepción de emergencia para el manejo clínico de la violación.

«La mala gestión económica y el descuido de la infraestructura de atención de la salud del país restringieron gravemente el acceso a los recursos para la salud y la higiene menstrual, así como a la atención médica calificada durante el embarazo y el parto», precisan.

 

Discriminación y violencia racial 

El Departamento de Estado destaca que la constitución prohíbe la discriminación basada en la raza y que la ley prohíbe todas las formas de discriminación racial y prevé un máximo de tres años de prisión por actos de discriminación racial.

Sin embargo, los hallazgos del informe demuestran que más allá de la señalización en los establecimientos comerciales de prohibición de discriminación, «se hizo poco para hacer cumplir las leyes contra este flagelo o enjuiciar a los responsables de los casos».

Por otra parte, alertan que los grupos indígenas continuaron pidiendo una implementación más rápida del proceso de demarcación y que siguen sufriendo discriminación en el empleo y la ocupación.

«Los grupos indígenas denunciaron periódicamente conflictos violentos con los mineros en relación con los derechos sobre la tierra.  Hubo informes de hostigamiento, ataques y desalojos forzados contra personas indígenas que viven en áreas incluidas como parte de las concesiones mineras del régimen de Maduro», se detalla en el texto. 
 

Abuso infantil 

La ley condena por mantener relaciones sexuales con un menor de 13 años, con una persona “especialmente vulnerable”, o con un menor de 16 años cuando el autor sea un familiar o tutor, con pena preceptiva de 15 a 20 años. 

Aunque el sistema judicial actuó para sacar a los niños de hogares abusivos, el informe  del Departamento de Estado asegura que las instalaciones públicas para esos niños eran inadecuadas.

Sin embargo, este apartado del informe, deja claro que el Gobierno generalmente hizo cumplir la ley en casos de abuso sexual infantil. 

 

Abusos basado en la orientación sexual 

La Violencia contra las personas LGBTQI+ también se vio reflejada en el documento que emitió el Departamento de Estados. El mismo señala que los incidentes más denunciados fueron en contra de las personas transgénero. 

«Los principales defensores señalaron que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo no investigaban adecuadamente para determinar si los delitos estaban motivados por el odio o la discriminación de género», observaron.

Destacan que  enVenezuela no existen instrumentos legales que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo, la unión de hecho o la adopción de niños para parejas del mismo sexo.

«Las personas transgénero e intersexuales no recibieron servicios médicos adecuados, incluida la terapia hormonal y el apoyo psicológico. La policía local y las fuerzas de seguridad privada supuestamente impidieron que las personas LGBTQI+ ingresaran a centros comerciales, parques públicos y áreas recreativas», recoge el texto. 

Comentaron además que distintas ONG informaron que el régimen de Maduro negó sistemáticamente el reconocimiento a las personas transgénero, intersexuales y no binarias al negarles la emisión de documentos de identidad en su género preferido, «que son necesarios para el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención médica y otros servicios».

 

Personas con discapacidad

Aunque la ley venezolana prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad física y mental, «no se hizo ningún esfuerzo por hacer cumplir las leyes» a juicio de esta investigación. 

Según el texto del Departamento de Estados de los Estados Unidos, las personas con discapacidad tenían un acceso mínimo al transporte público y las rampas eran casi inexistentes. Entre otras violaciones que hallaron sobre este punto destacan:

  • Las personas con discapacidad sufrían regularmente discriminación en el empleo y la ocupación.
  • Los hospitales carecían de infraestructura para acomodar a las personas con problemas de movilidad y personal para comunicarse con las personas sordas. 
  • Los recursos en línea y el acceso a la información estaban generalmente disponibles para las personas con discapacidad, aunque el acceso a videos en línea con subtítulos o con descripciones de audio para personas con discapacidades visuales y auditivas era limitado.
  • Algunos niños con discapacidad asistían a escuelas separadas, mientras que otros estaban en escuelas ordinarias con compañeros sin discapacidad. 
  • Los padres de niños con discapacidad informaron de importantes dificultades para matricularse en la escuela, lo que impedía que sus hijos recibieran educación formal. 
     

Derechos de los trabajadores

El documento del Departamento de Estado abordó en el séptimo ítem el derecho de los trabajadores venezolano y la libertad sindical, además del derecho a la negociación colectiva.

Advierten que  el Gobierno de Maduro impuso varias restricciones al derecho de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos de su elección, por lo que desplegó una variedad de mecanismos para «socavar los derechos de los trabajadores y sindicatos independientes».

«Los trabajadores que participan en huelgas legales gozan de inmunidad procesal y su tiempo de servicio no puede reducirse por el tiempo dedicado a la huelga, pero esto no se observó», denuncian. 

Añadieron que la ley exige que los empleadores reincorporen a los trabajadores en huelga y prevé penas de prisión suficientes para disuadir a los empleadores de infracciones que no lo hagan: «Esta ley nunca se hizo ni se cumplió».

El informe señala que el régimen habría incumplido repetidamente con las obligaciones del país en virtud del convenio de la OIT con respecto a los salarios mínimos y las normas laborales.

Por otra parte, deja constancia de que, además de los bajos salarios, las condiciones de salud y seguridad laboral no fueron las más idóneas, pues durante los primeros dos años de pandemia el sector salud reflejó graves carencias en dotación de equipos de bioseguridad. 

 

Prohibición del trabajo infantil

En Venezuela, indican,  la ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil y establece la edad mínima para trabajar en 14 años.

Según la OIT, el régimen de Maduro no había puesto a disposición del público la lista de tipos específicos de trabajo considerados peligrosos.

«Cualquiera que emplee a niños menores de ocho años está sujeto a tiempo en prisión. El régimen de Maduro no hizo cumplir efectivamente la ley. Las altas tasas de deserción estudiantil empujaron a los niños a situaciones laborales», lamenta el documento.