El informe destaca que existe falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el feminicidio y otras formas de violencia
Este lunes, 20 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe por países sobre prácticas de derechos humanos en 2022.
En amplios apartados, el documento aborda la discriminación y abusos sociales en Venezuela, la situación de los derechos de las mujeres, la violencia indígena, trata de personas y abusos basados en la orientación sexual y de género que se han cometido en el país.
Sobre la violación y la violencia doméstica y de género en contra de las mujeres venezolanas, el informe señaló que la ley tipifica como delito la violencia física, sexual y psicológica en el hogar o la comunidad y en el trabajo, con penas mayores para la violencia ejercida por la pareja íntima.
Añade que la ley castiga a los perpetradores de violencia de pareja íntima con penas de condena que van de seis a 27 meses de prisión.
Sin embargo, advierte el documento, en la mayoría de los casos, no se aplica la ley. Resumen las irregularidades más comunes que encontraron y que se enlistan a continuación.
- La policía se mostró reacia a intervenir para prevenir la violencia de pareja y no estaba debidamente capacitada para manejar tales casos.
- La ley también establece oficinas de la mujer en las jefaturas de policía locales y tribunales especializados en violencia de género, y dos tercios de los estados tenían tribunales especializados.
- En septiembre de 2021, la fiscalía general del régimen, al mando de Tarek William Saab, abrió un servicio para recibir denuncias del Área Metropolitana de Caracas por casos relacionados con violencia contra mujeres y niños, pero el informe señala que no se realizaron esfuerzos durante el año para expandir los servicios de violencia basada en género en otras partes del país, incluidas las zonas rurales y fronterizas.
- La Defensoría de la Mujer del Ministerio Público contó con un equipo de abogados, psiquiatras y otros expertos que atendieron exclusivamente casos de feminicidio, violencia de género y otros delitos contra la mujer, pero rara vez se cumplía o se hacía cumplir la ley.
- El documento indica que el Gobierno de Maduro no publicó estadísticas sobre violencia de género. La OACNUDH denunció una falta de debida diligencia en las investigaciones de casos de violencia de género. Según las ONG, los esfuerzos del gobierno para proteger a las víctimas de la violencia de género fueron ineficaces o inexistente.
- El documento agrega que la aplicación de las leyes y el acceso a la justicia fueron limitados, ya que las víctimas de violencia de género informaron de la falta de progreso y la incapacidad de dar seguimiento a los casos después de presentar las denuncias.
- También, hubo una falta de protección adecuada para sobrevivientes de violencia de género e instalaciones de albergue con condiciones mínimas de operación.
Derechos Reproductivos
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos detalla la situación de los derechos sexuales y reproductivos de los y las venezolanas.
Alertaron que mujeres, niñas, niños y adolescentes carecen de condiciones e información «para tomar decisiones seguras sobre su salud sexual y reproductiva» así como también de «acceso a servicios y métodos anticonceptivos en tiempo y calidad».
Denuncian que el régimen restringió el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las sobrevivientes de violencia sexual, incluida la anticoncepción de emergencia para el manejo clínico de la violación.
«La mala gestión económica y el descuido de la infraestructura de atención de la salud del país restringieron gravemente el acceso a los recursos para la salud y la higiene menstrual, así como a la atención médica calificada durante el embarazo y el parto», precisan.
Discriminación y violencia racial
El Departamento de Estado destaca que la constitución prohíbe la discriminación basada en la raza y que la ley prohíbe todas las formas de discriminación racial y prevé un máximo de tres años de prisión por actos de discriminación racial.
Sin embargo, los hallazgos del informe demuestran que más allá de la señalización en los establecimientos comerciales de prohibición de discriminación, «se hizo poco para hacer cumplir las leyes contra este flagelo o enjuiciar a los responsables de los casos».
Por otra parte, alertan que los grupos indígenas continuaron pidiendo una implementación más rápida del proceso de demarcación y que siguen sufriendo discriminación en el empleo y la ocupación.
«Los grupos indígenas denunciaron periódicamente conflictos violentos con los mineros en relación con los derechos sobre la tierra. Hubo informes de hostigamiento, ataques y desalojos forzados contra personas indígenas que viven en áreas incluidas como parte de las concesiones mineras del régimen de Maduro», se detalla en el texto.
Abuso infantil
La ley condena por mantener relaciones sexuales con un menor de 13 años, con una persona “especialmente vulnerable”, o con un menor de 16 años cuando el autor sea un familiar o tutor, con pena preceptiva de 15 a 20 años.
Aunque el sistema judicial actuó para sacar a los niños de hogares abusivos, el informe del Departamento de Estado asegura que las instalaciones públicas para esos niños eran inadecuadas.
Sin embargo, este apartado del informe, deja claro que el Gobierno generalmente hizo cumplir la ley en casos de abuso sexual infantil.
Abusos basado en la orientación sexual
La Violencia contra las personas LGBTQI+ también se vio reflejada en el documento que emitió el Departamento de Estados. El mismo señala que los incidentes más denunciados fueron en contra de las personas transgénero.
«Los principales defensores señalaron que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a menudo no investigaban adecuadamente para determinar si los delitos estaban motivados por el odio o la discriminación de género», observaron.
Destacan que enVenezuela no existen instrumentos legales que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo, la unión de hecho o la adopción de niños para parejas del mismo sexo.
«Las personas transgénero e intersexuales no recibieron servicios médicos adecuados, incluida la terapia hormonal y el apoyo psicológico. La policía local y las fuerzas de seguridad privada supuestamente impidieron que las personas LGBTQI+ ingresaran a centros comerciales, parques públicos y áreas recreativas», recoge el texto.
Comentaron además que distintas ONG informaron que el régimen de Maduro negó sistemáticamente el reconocimiento a las personas transgénero, intersexuales y no binarias al negarles la emisión de documentos de identidad en su género preferido, «que son necesarios para el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención médica y otros servicios».
Personas con discapacidad
Aunque la ley venezolana prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad física y mental, «no se hizo ningún esfuerzo por hacer cumplir las leyes» a juicio de esta investigación.
Según el texto del Departamento de Estados de los Estados Unidos, las personas con discapacidad tenían un acceso mínimo al transporte público y las rampas eran casi inexistentes. Entre otras violaciones que hallaron sobre este punto destacan:
- Las personas con discapacidad sufrían regularmente discriminación en el empleo y la ocupación.
- Los hospitales carecían de infraestructura para acomodar a las personas con problemas de movilidad y personal para comunicarse con las personas sordas.
- Los recursos en línea y el acceso a la información estaban generalmente disponibles para las personas con discapacidad, aunque el acceso a videos en línea con subtítulos o con descripciones de audio para personas con discapacidades visuales y auditivas era limitado.
- Algunos niños con discapacidad asistían a escuelas separadas, mientras que otros estaban en escuelas ordinarias con compañeros sin discapacidad.
- Los padres de niños con discapacidad informaron de importantes dificultades para matricularse en la escuela, lo que impedía que sus hijos recibieran educación formal.
Derechos de los trabajadores
El documento del Departamento de Estado abordó en el séptimo ítem el derecho de los trabajadores venezolano y la libertad sindical, además del derecho a la negociación colectiva.
Advierten que el Gobierno de Maduro impuso varias restricciones al derecho de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos de su elección, por lo que desplegó una variedad de mecanismos para «socavar los derechos de los trabajadores y sindicatos independientes».
«Los trabajadores que participan en huelgas legales gozan de inmunidad procesal y su tiempo de servicio no puede reducirse por el tiempo dedicado a la huelga, pero esto no se observó», denuncian.
El informe señala que el régimen habría incumplido repetidamente con las obligaciones del país en virtud del convenio de la OIT con respecto a los salarios mínimos y las normas laborales.
Por otra parte, deja constancia de que, además de los bajos salarios, las condiciones de salud y seguridad laboral no fueron las más idóneas, pues durante los primeros dos años de pandemia el sector salud reflejó graves carencias en dotación de equipos de bioseguridad.
Prohibición del trabajo infantil
En Venezuela, indican, la ley prohíbe todas las peores formas de trabajo infantil y establece la edad mínima para trabajar en 14 años.
Según la OIT, el régimen de Maduro no había puesto a disposición del público la lista de tipos específicos de trabajo considerados peligrosos.
«Cualquiera que emplee a niños menores de ocho años está sujeto a tiempo en prisión. El régimen de Maduro no hizo cumplir efectivamente la ley. Las altas tasas de deserción estudiantil empujaron a los niños a situaciones laborales», lamenta el documento.
