El Carabobeño, autor en Runrun

El Carabobeño

Sacan del aire a Class 98.7, primera emisora del estado Cojedes
La ONG Espacio Público reportó que en los últimos cinco años el equipo de prensa de la estación sufrió agresiones, se enfrentó a robos en sus instalaciones y a afectaciones en la señal por fallas de electricidad

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) emitió una alerta luego que el 24 de noviembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacó del aire la emisora Class 98.7 en el estado Cojedes.

Class 98.7 con 30 años operando sin interrupciones fue la primera emisora FM de Cojedes. El SNTP informó que el cierre se ejecutó por la resolución N° GST-RS-00780 con fecha del 10 de noviembre, donde Conatel expuso la extinción de la concesión.

“El cierre ha causado conmoción porque sale del aire una ventana informativa y de entretenimiento para los cojedeños, además de una fuente de empleo para periodistas, locutores y productores” dijo el SNTP en su cuenta de X.

La ONG Espacio Público reportó que en los últimos cinco años el equipo de prensa de la estación sufrió agresiones, se enfrentó a robos en sus instalaciones y a afectaciones en la señal por fallas de electricidad.

Espacio Público registró que en el mes de octubre se produjeron 22 casos y 35 violaciones a la libertad de expresión, datos que convirtieron el décimo mes del año en el segundo con la cifra más alta de 2023.

Este jueves, 23 de noviembre, los medios de comunicación La Gran Aldea y Oriente24 News reportaron ataques informáticos contra sus sitios web. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el portal Oriente24 Newsdel estado Sucre, sufrió un ataque informático con el que borraron parte del respaldo de la plataforma.

Según denunció el director del medio, José Gregorio Rengel, el hecho ocurrió el pasado 21 de noviembre y dejó la página fuera del aire por dos horas y media.

Rengel reportó que la plataforma sufre ataques informáticos desde el pasado 17 de noviembre, pero se pudieron contener gracias a medidas de seguridad tomadas por el Hosting.

Persecución y violencia política contra mujeres son recurrentes en Venezuela
Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes

 

Las ONG e individualidades decidieron mostrar públicamente su profunda preocupación por la persecución y la violencia política, que aprecian como fenómenos recurrentes y comunes, condenables en todos los casos.

Las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país, detalla el escrito que ve un liderazgo femenino subpresentado en los más altos cargos y espacios de toma de decisiones.

En la escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres, ven un ejercicio de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres, en el que se incluyen amenazas de muerte, de agresión físicas, de privación de la libertad y otras formas de intimidación.

Los activistas aseguran que amenazas concretas se han ejecutado y actos de violencia como el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras, son frecuentes.

«Esta situación se extiende a los casos de violencia digital basadas en el género, lo cual afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos».

El comunicado alerta, igualmente, sobre la instrumentalización de mujeres en ataques políticos contra hombres. «Existen denuncias que apuntan a que con frecuencia, cuando ellos son víctimas de violencia, la mayoría de las victimarias son mujeres, con la intención de que si hubiera alguna respuesta ante la agresión, pudieran valerse de la violencia de género para denunciar. Condenamos la instrumentalización de la protección, de las mujeres y por supuesto la violencia ejercida».

Organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional de Determinación de los Hechos han documentado la violencia de género, que se inserta en un contexto de persecución y criminalización generalizada,

Según el escrito, ello demuestra que la violación del derecho a la participación política no corresponde a casos aislados, sino que se trata de acciones sistemáticas dirigidas de manera estratégica y planificada, que busca censurar, reprimir y controlar a distintos actores, entre ellos, los actores políticos, impactando de manera diferenciada en el liderazgo político femenino.

Esta situación, que se alimenta de contenidos específicos con connotaciones abiertamente sexualizadas, no solo atenta contra su derecho a una vida libre de violencia, los derechos humanos y los principios democráticos, sino que también socava los esfuerzos nacionales e internacionales por lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, adolescentes y niñas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los firmantes solicitaron al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reporte con especial atención la violencia política contra mujeres y que apoye a los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos que velan por su protección. A la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitaron que analice la situación planteada.

Endeudamiento venezolano sigue causando preocupación internacional de acuerdo con Cedice
El impago sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años 

 

Un informe de Cedice Libertad estima que la deuda venezolana en el exterior asciende a 162 mil millones de dólares, de los cuales 80 mil 920 millones corresponden a capital e intereses que se dejaron de pagar por bonos de la República y de Pdvsa emitidos en el mercado internacional.

A criterio de la ONG, tal endeudamiento sigue generando preocupaciones debido a los pocos recursos con los que cuenta el Estado para hacer frente a los compromisos pactados en estos últimos 20 años y ante la posibilidad de perder activos valiosos para el país.

Si bien el ritmo de crecimiento de la deuda externa venezolana ha disminuido, el monto se acumula a medida que se dejan de cancelar los intereses de los bonos y mientras se condene a la República a pagar indemnización por demandas producto de las expropiaciones.

Cedice Libertad detalla que los 80 mil 920 millones corresponden a los bonos de deuda externa de la República, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Corpoelec, de los cuales, 58 mil 800 millones corresponden a capital y 22 mil 120 millones en intereses a octubre de 2022.

La administración de Nicolás Maduro dejó de honrar los pagos de los títulos de deuda a finales de 2017, y desde entonces el país fue objeto de demandas por parte de bonistas, los cuales se sumaron a las causas ya existentes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial abiertas por empresas extranjeras luego de la política de estatización y nacionalización ejecutada en la presidencia de Hugo Chávez.

Están pendientes 11 demandas

Desde 2018 se encausaron 16 juicios o demandas en cortes internacionales por parte de los bonistas: 15 en tribunales de Nueva York (EEUU) y uno en Londres (Inglaterra), de ellos 13 son contra la República y tres contra Pdvsa. Andrés Carrasquero, abogado experto en derecho internacional y laboral, indicó que aún están pendientes y en curso 11 de estos casos.

Recordó que los bonos en default o impago corresponden a las 25 emisiones que hicieron la República, Pdvsa y Corpoelec (antes Elecar) desde 1997 y hasta 2016.

“A partir de ese último año el mercado internacional se encontraba saturado de colocaciones de papeles de deuda venezolana y se hizo más caro emitir, es por ello que una de las últimas colocaciones se utilizó a Citgo como colateral”, dijo el también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un foro organizado por Cedice en donde se presentó el informe.

Son muchos los bonistas de deuda venezolana, pero su identificación se desconoce debido a que esta información no es pública. Sin embargo, se han identificado inversionistas institucionales y grupos de varios, entre ellos: BlackRock Inc., Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Grantham Mayo Van Otterloo & Co, Greylock Capital, Pimco y T Rowe Price.

Varios de estos bancos de inversión han apuntalado las demandas contra Venezuela. Informaciones de agencias de noticias señalaron que han hecho lobby con el gobierno norteamericano, para levantar las sanciones que les impide negociar deuda venezolana. Mientras que la administración de Maduro ha intentado negociar sin éxito con los tenedores de bonos.

Costo de la cesta Cedice en la primera quincena de agosto se ubicó en $430
El aumento de los precios en bolívares durante la primera quincena del mes fue de 4,11%, mientras que en divisas fue de 2,06%

 

Del 1 el 15 de agosto de 2022, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas en las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo, se ubicó en 2.626,19 bolívares o el equivalente a 430 dólares.

Banca y Negocios, al analizar la cesta Cedice, detalló que el aumento de los precios en bolívares durante la primera quincena del mes fue de 4,11%, mientras que en divisas fue de 2,06%.

Entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2022, los precios tuvieron un incremento de 7,24% en moneda nacional o 2,51% en dólares.

La variación de precios interanual en Caracas, al 15 de agosto de 2022, fue de 85,98% en bolívares, mientras que en moneda extranjera fue de 26,06%, publicó Cedice Libertad.

El Banco Central de Venezuela (BCV) se puso al día con las cifras de inflación, al reportar un alza mensual de 11,4% en junio, la mayor desde agosto del año anterior, y un incremento de 7,5% en julio, la más alta en lo que va de año, lo que muestra una clara tendencia de aceleración de los precios.

En términos acumulados, la inflación subió 38,03% al cierre del primer semestre, mientras que al término de julio el incremento fue de 48,41%.

En comparación con el mismo período de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor escaló 157,24% en junio, mientras que en julio el alza fue de 137,09%.

Si se comparan estas cifras oficiales con el otro marcador conocido, el del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), se encuentra que en junio, el ente privado señaló una variación de 14,5%, contra el 11,4% del BCV, mientras que en julio la variación no oficial fue de 5,3%, al tiempo que la reportada por la autoridad monetaria fue más elevada al ubicarse en 7,5%.

Convite: Faltan políticas públicas para proteger derechos del adulto mayor en Venezuela
La ONG recordó que el 70% de la oferta de las entidades de atención a las personas mayores, son del sector privado bajo una modalidad mixta

Luis Francisco Cabezas, director General de Convite, denunció la falta de políticas públicas que velen por los derechos de los adultos mayores en Venezuela.

Reportó que tampoco hay entes que regulen de manera adecuadas los ancianatos. «Hemos venido trabajando en los derechos de las personas mayores porque estos que no existen» añadió.

Cabezas indicó que se deben buscar entidades que hagan protocolos para prevenir la violencia, maltrato y acoso en los adultos mayores.

Dejamos números en los ancianatos para que puedan denunciar los maltratos y acosos de forma anónimo, detalló Cabezas.

Destacó que desde el Ejecutivo venezolano le envían cajas CCLAP a los ancianatos, en algunos casos, denuncian que envían sardinas en mal estado y las proteínas son escasas.

«El estado subvenciona varios cupos por aproximadamente 5$ mensuales por no tener buenas instalaciones. El cuidado de una persona debería estar mensualmente alrededor de los 200$ mensuales» señaló.

El representante de Convite recordó que el 70% de la oferta de las entidades de atención a las personas mayores, son del sector privado bajo una modalidad mixta.

Resaltó que la labor de los cuidadores de adultos mayores es fundamental y por eso se debe valorar. «En España incluso tienen beneficios como seguridad social, es un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo y ayuda psicológica» dijo.

Cabezas explicó que el proceso de vacunación con el protocolo de las dos dosis se cumplió en los ancianatos de Venezuela.

Empresas dependientes de las gobernaciones sirven de instrumento a la corrupción
La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción

La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación determinó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.

Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con 2 y Mérida con 4, son las gobernaciones que menos tienen.

“Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui”, detalló Transparencia Venezuela.

«Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos”

Agrega el informe de la ONG que “a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados”.

Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: “Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos”.

Fue así como desde el poder nacional se documentaron 8 empresas en el estado Miranda, 7 en Barinas, 2 en Sucre, 1 en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.

“Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA.  Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante”, destacó Transparencia Venezuela.

Puerta para la impunidad

La ONG agregó que los gobernadores beneficiados “manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas”, cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.

Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.

“Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5) y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno”, señaló la ONG en el informe.

«El monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”

Agregó: “En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos”.

42 de las compañías dependientes de gobernaciones pertenecen al sector agroalimentario, 34 al de construcción, 28 en el de comercio, principalmente dedicadas a la distribución de alimentos; y en menor (7%) porcentaje están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte.

Los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las del sector construcción y 30% agroalimentarias. En estas compañías también hay prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y uso con fines político-partidistas.

“Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE (Empresas Propiedad del Estado) regionales en relación con, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%) y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más”, destacan los resultados de la investigación.

A sus observaciones agrega la probabilidad de que los resultados de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021 motiven cambios en la adscripción de estas compañías.

Las empresas en Bolívar

En el caso de Bolívar, la base de datos de Vendata que utilizó Transparencia Venezuela indica que hay 10 empresas dependientes de la Gobernación. Estas son:

  1. Agro-semillas Bolívar. Empresa del sector agroalimentación, dedicada a la preparación de semillas, ubicada en Ciudad Bolívar.
  1. AgroBolívar, C.A. Empresa del sector agroalimentario encargada de la producción de alimentos, ubicada en Ciudad Bolívar.
  1. Alfarería Bolívar, del sector manufactura, cuyo servicio es la fabricación de bloques de arcilla, y está ubicada en la troncal 19, en el Complejo Alfarero Hugo Chávez.
  1. Alimentos Bolívar. Empresa del sector agroalimentaria cuyo segmento es la distribución de alimentos. Su ubicación física es en Ciudad Bolívar, en la avenida Menca de Leoni.

Esta compañía tiene denuncias por la opacidad en la entrega de alimentos, desviación en su distribución y reventa en el mercado informal con sobreprecio. No hay información del inventario de los productos, ni de las personas beneficiadas.

  1. ConstruBolívar. Esta empresa pertenece al sector construcción, segmento infraestructura. Su sede principal está en Ciudad Bolívar y participa en el programa social de Gran Misión Vivienda Venezuela.
  1. Transbolívar. Del sector transporte urbano y extraurbano, ubicada en Puerto Ordaz. Se creó el 1 de noviembre de 2007, en la gestión de Francisco Rangel Gómez. Participa en la Misión Transporte y entre las denuncias públicas de corrupción y manejos ineficientes destaca que “el monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”, lo que indica un delito de malversación de fondos.
  1. Corporación Bolívar. Empresa del sector gestión que se encarga de administrar y coordinar planes, inversiones y proyectos de empresas de producción social. Se ubica en Ciudad Bolívar y se creó el 1 de marzo de 2015, en el gobierno de Justo Noguera Pietri.
  1. Granitos Bolívar, C.A. Empresa de manufactura procesadora de granito.
  1. Hidrobolívar. Empresa del sector de servicios públicos, ubicada en Ciudad Guayana, y encargada de proporcionar este servicio residencial de agua potable en la entidad.

Tiene denuncias por irregularidades y fallas del servicio de agua por tubería en los hogares bolivarenses, así como su calidad por falta de tratamiento adecuado.

  1. Operadora Turística Bolívar, C.A. Esta empresa fue creada para la promoción y venta de paquetes turísticos en el estado Bolívar.
Piden medida humanitaria para tres detenidas que padecen cáncer y trastornos mentales
Se encuentran en el estado Carabobo

Tres privadas de libertad que se encuentran en la subdelegación Municipal Los Caobos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), estado Carabobo, precisan medidas humanitarias por presentar grave estado de salud.

La primera de estas féminas tiene una patología grave en sus partes íntimas que requiere ser atendida de urgencia, la segunda presenta trastornos mentales y la tercera tenía un tumor en el estómago, pero ya fue operada.

La abogada Lyli López, presidenta de la Fundación para el Bienestar Social María Teresa del Toro, informó al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), que estuvo en el centro de detención preventiva en apoyo de observancia y vigilancia por los derechos humanos de las tres detenidas.

Manifestó que sostuvo reunión con el Inspector Jefe Juan Carlos Mora y la Inspectora Joany Hernández del Cicpc Los Caobos a los fines de coadyuvar con el respeto real y efectivo de los DDHH las privadas de libertad de ese CDP.

Piden medida humanitaria para tres detenidas

También explicó, que la fémina del tumor en el estómago la operaron en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) donde está recluida bajo protección policial. “A esta le dieron cinco años, pero no ha salido por burocracia e indolencia”.

Mientras que la reclusa que tiene problemas graves en sus partes íntimas requiere con urgencia una medida humanitaria para que la atiendan en su casa y la enfermedad que tiene no avance, advirtió.

Por su parte, la privada de libertad que tiene problemas físicos de deterioro y problemas de trastorno mentales debería estar en libertad con una medida humanitaria.

La corrupción, gran aliada en las fugas de detenidos
La ONG Una Ventana a la Libertad denunció actos viciados en prisiones de Carabobo

El flagelo de la corrupción es una de las principales causas de las fugas o evasiones de detenidos tanto en los centros de detención preventiva (CDP), como en las cárceles del país, en particular en el estado Carabobo, sostienen algunos abogados penalistas y expertos en criminalística.

Los especialistas manifiestan que la corruptela es una gran aliada en la evasión de los privados de libertad, “recurso” al que le echan mano las personas implicadas en cualquier  hecho que transgrede las leyes, las pautas de conductas que dicta la sociedad y la jurisprudencia venezolana para salir en libertad y eludir sus responsabilidades con la justicia, precisa UVL en un trabajo investigativo.

La estructura judicial y policial en nuestro país está totalmente carcomida por los actos de corrupción”, aseveró Eduardo Vizcarrondo, profesor de la cátedra Criminalística de la Universidad de Carabobo (UC). “Ya no hay amor a la profesión ni respeto. Tampoco existe patriotismo. Y ahí estamos nadando sin saber nadar, sostiene el experimentado docente.

Para muestra de lo que se podría tratar como un “descuido” o  una conducta “sospechosa” están las presuntas fugas recientes de dos privados de libertad, una en la Policía Municipal de Naguanagua (Polinaguanagua) y otra  en la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El detenido de Polinaguanagua supuestamente se fugó en horas de la tarde del domingo 24 de octubre de 2021 y el de la PNB el viernes 4 de junio.

La corrupción, gran aliada en las fugas

De acuerdo a la información extraoficial, al privado de libertad de Polinaguanagua, según, lo estaba esperando un cómplice en las cercanías del ente policial en una camioneta marca Toyota, modelo Hilux de color gris

Asimismo, un preso de nacionalidad trinitaria a quien identificaron como Anthony Wilson Keron, se fugó el viernes 4 de junio del Centro de Diagnóstico Integral  (CDI) El Palotal, parroquia Santa Rosa, municipio Valencia del estado Carabobo.

“El trinitario” fue llevado al CDI por una supuesta complicación de salud, pero en un descuido de los custodios aparentemente logró darse a la fuga.

De fuentes extraoficiales se conoció, que este sujeto presuntamente estaba ofreciendo 10 mil dólares a quien le facilitase la evasión y así lograr la tan ansiada libertad.

Fugas sospechosas

Vizcarrondo destacó, que en muchos casos donde hay fuga o evasión de detenidos hay dinero de por medio. “Es por el cobro de altas sumas que les hacen a sus familiares y eso ya está preparado. O, los que pagan son los mismos delincuentes, los mismos reos”.

Yo, que he estado en la policía, en la Fuerza Armada. Fui Director de la Prevención del Delito, aparte que también soy docente en la cátedra de Criminalística, lo que quiero decir, es que he participado en muchas cuestiones relacionadas con la seguridad y con respecto a la fuga de detenidos tengo muchos temas para hablar”

El docente de la Universidad de Carabobo explicó que las causas más comunes de las presuntas evasiones o fugas programadas son el hacinamiento, el hambre, la tortura, peleas entre bandas o personales. “Viven en un ambiente hostil. Esas son las causas de angustia para el reo, así sea un criminal. Escapan porque su vida está pendiendo de un hilo”.

Otros de los motivos de fugas son las penas altas, penas que pasan de cinco años. “El individuo busca todas las formas habidas y por haber para salir a la calle y por eso llega a la corrupción del funcionario”.

Fugas de detenidos

A pesar de que sí ha  habido fugas por boquetes en las paredes o techos, algunos salen por la puerta principal, sostiene el catedrático. “Antiguamente las paredes eran de adobe, las rompían y salían. Eran fáciles de romper y cruzarlas, pero en la actualidad los CDP están mejor construidos”.

Las fugas con fractura, que es cuando rompen una pared, están casi en cero porque la mayoría de las evasiones ahorita son planificadas. “Solo se dan fugas programadas, previo pago y apañadas por directores y custodios, que es lo más grave del asunto”, asevera el profesor Vizcarrondo.

Si hay fuga, hay riesgo en la sociedad

Cada vez que ocurren fugas de detenidos la sociedad está en riesgo, sobre todo si una persona está relacionada con la acusación o el caso de un delincuente.

“Claro, si se fuga un sujeto que fue acusado por una persona, ésta está en peligro y debería ser protegida por las autoridades, por el Estado, porque el recluso que escapó podría atentar contra la vida de esa persona”.

El delincuente que está siendo acusado de un delito como homicidio, robo, estafa, en fin, de cualquier delito, éste se convierte en una amenaza. El criminal puede tomar venganza con relación a las declaraciones dadas por esa persona, quien puede ser un testigo presencial o la propia víctima, explica.

Personal con ética

Las autoridades deben tener en cuenta la escogencia del personal que va a ingresar a una academia de policía o a cualquier organismo de seguridad y eso no está sucediendo en estos casos. “Aquí no se escoge a nadie. Aquí tú tienes que ser camarada o amiguito del que te va a meter a lograr una placa para obtener autoridad y tener una licencia de corso”.

Manifiesta el docente de la Universidad de Carabobo, que para mantener una institución con cierto nivel de honestidad y credibilidad se debe escoger un personal idóneo: “Tener tino en eso. Exigir un buen currículo, exigir que tenga quien pueda dar fe de la probidad del individuo para poder ingresar a una fuerza policial o una fuerza  militar”.

“En mi época había algo que se llamaba visita familiar. Si tú querías entrar a la Fuerza Armada, incluso a las policías de alta academia, tú tenías que ser una persona de comprobada honestidad.  Ahí veían quién era tu papá, tu  mamá, cuántos hermanos tenías y la conducta de cada miembro familiar”.

Pena para funcionarios corruptos

Por su parte, el abogado penalista Jorge Luis Davalillo, sostiene que la ley venezolana es bien clara con aquellos funcionarios corruptos.

Davalillo menciona el artículo 264 del Código Penal que se refiere a la evasión favorecida de detenidos: El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso será penado con presidio de uno a dos años, teniéndose en cuenta la gravedad de la inculpación o naturaleza y duración de la pena que le quede por cumplir al fugado.

Por otra parte, el artículo 265 señala que, el funcionario público, que encargado de la conducción o custodia de un detenido o sentenciado, procure o facilite de alguna manera su evasión, será penado con presidio por tiempo de dos a cinco años.