Transparencia Venezuela

Durante el primer año de vacunación contra la COVID-19, el régimen se negó a responder a la sociedad civil las inquietudes sobre el proceso

La ONG Transparencia Venezuela presentó el pasado 25 de marzo un balance sobre el primer año de vacunación contra la COVID-19 en el país.

El informe, titulado «Vacunación de COVID-19 en Venezuela: Un año de opacidad y abuso de poder», refleja la incertidumbre de la población ante las políticas poco transparentes que implementó el régimen por la pandemia.

Según el texto, Nicolás Maduro no solo desatendió las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino que también sino que favoreció a estructuras partidistas e instituciones públicas.

Además, Maduro condicionó gran parte del proceso al Sistema Patria, así como la participación de consejos comunales y grupos creados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

De acuerdo con Transparencia Venezuela, durante los primeros tres meses de vacunación, se evidenció la improvisación y la opacidad sobre el programa, debido a la poca oferta de biológicos.

A continuación, algunos aspectos clave del balance de Transparencia Venezuela

Priorización e irregularidades en la aplicación de vacunas

Carlos Alvarado, ministro de Salud, aseguró el 18 de febrero de 2021, el primer día de inmunización, que los trabajadores de la salud serían los primeros en recibir la vacuna, tras la llegada de 100.000 dosis de Sputnik V, enviadas por Rusia.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, puertas adentro el régimen promovía la vacunación de funcionarios que no pertenecían a grupos de alto riesgo. Personajes como Maduro, Cilia Flores, alcaldes y gobernadores se vacunaron de esta manera, recuerda la ONG.

Mientras «se incrementaba el abuso de poder», el personal de salud exigía que aumentara la cobertura de vacunación del sector, así como la publicación de un cronograma técnico que informara grupos prioritarios, marcas de vacunas, fases, entre otros aspectos.

Por otra parte, aunque las autoridades sanitarias no presentaron un plan de vacunación formal. Alvarado anunció el 28 de mayo el inicio de una segunda fase, escogiendo las personas aleatoriamente desde el Sistema Patria.

Para aquel momento, se hizo la salvedad de que se tomaría en cuenta a “sectores prioritarios”. Sin embargo, personas de todas las edades y sin padecimientos empezaron a ser convocados para vacunarse.

Desde junio hasta septiembre de 2021 se registró una escasez de la segunda dosis de Sputnik-V, hasta que Rusia logró reanudar sus envíos y entregó más de un millón de vacunas para completar el esquema de quienes habían recibido esta fórmula. 

Desinformación e inconsistencia en las cifras

De acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela, las declaraciones que hicieron autoridades venezolanas con relación al avance de la vacunación se contradicen y no coinciden con los datos que publica la OPS.

En ese sentido, señalan que es difícil conocer de primera mano cuántas personas han recibido la primera dosis y cuántos han culminado su esquema de vacunación.

Además, el Ministerio de Salud no envía información de forma continua a la OPS.

El seguimiento de Transparencia Venezuela determinó que la actualización de datos sobre la inmunización en la página de la OPS puede demorar hasta 20 días.

A continuación se presenta un cuadro donde se resaltan las inconsistencias en las cifras de vacunados:

¿Quiénes fueron los voceros de la vacunación?

En el informe de Transparencia Venezuela se destacó que la opacidad sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 está en todos los niveles de la administración pública.

Pese a que las autoridades de salud en algunos estados brindaron más información que otros, los datos publicados «nunca han sido completos ni constantes».

En el siguiente cuadro se registra quiénes han sido los funcionarios a cargo de recibir los cargamentos de vacunas y dar balances en representación del Ministerio de Salud en las regiones. También, organizaciones civiles que hicieron investigaciones y proyecciones.

Opacidad en la adquisición de vacunas

En 2021, Venezuela firmó tres contratos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y ninguno de ellos fue publicado.

En solo uno de los casos se conoció el monto del acuerdo, pero no el origen de los fondos. Se trata del contrato que se firmó con la Alianza Global para el Acceso a Vacunas por USD 120,000,000 para adquirir 12.068.000 dosis e inmunizar a 20% de la población.

Pese a que Venezuela manifestó el interés de comprar estas vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS en 2020, no fue sino hasta julio de 2021 que el organismo internacional informó que el pago se había completado y que el país formaba parte de Covax.

Ese mismo mes, la vicepresidenta oficialista, Delcy Rodríguez, hizo pública la firma de un contrato para la adquisición de 12.000.000 de dosis del cuestionado prototipo de vacuna cubana Abdala12, y anunció el arribo de 30.000 dosis donadas por Cuba.

Sin embargo, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, CIGB, creador del prototipo, reconoció que esta cantidad sirvió para culminar los ensayos clínicos del candidato a vacuna que requiere de tres dosis.

Según el informe, la opacidad en las contrataciones durante la pandemia fue una constante a nivel internacional. Una investigación de Transparencia Internacional publicada en mayo de 2021, reveló que de 183 acuerdos de compra de vacunas encontrados, solo 13 están disponibles al público: 11 de ellos fueron publicados oficialmente y los otros dos se filtraron. 

• Datos públicos sobre vacunas

• Donaciones e insumos de vacunas

• Insumos provenientes de China

Preguntas que el Estado no respondió

Durante el primer año de vacunación contra la COVID-19, el régimen se negó a responder a la sociedad civil las inquietudes sobre el proceso.

Entre febrero y junio de 2021, la Coalición Anticorrupción dirigió 22 solicitudes de información17 a las autoridades venezolanas con el propósito de conocer los detalles sobre el proceso de inmunización. 

Las peticiones se consignaron ante diferentes entes gubernamentales del país, y en estos documentos, la coalición consultó, entre otras cosas, cuál era el cronograma de vacunación y las prioridades.

Además, solicitaron información relacionada con la pandemia, a saber:

• Estadísticas públicas y actualizadas sobre los casos en cada municipio y parroquia
• El presupuesto para atender la emergencia y los mecanismos para la asignación
• La frecuencia con la que aplican pruebas de despistaje de COVID-19 a los trabajadores de la salud
• Los cargamentos recibidos en el marco de la ayuda humanitaria
• El tiempo que deben esperar los ciudadanos por un resultado de prueba PCR
• Qué políticas públicas se están implementado para garantizar el suministro continuo de agua, electricidad y gas en los hospitales

Encuesta del avance de la vacunación

Transparencia Venezuela elaboró un instrumento de recolección de dato  para conocer detalles sobre el proceso de vacunación, el cual se comenzó a aplicar el 19 de julio de 2021 en 13 estados del país.

A los entrevistados se les consultó si conocían el cronograma de vacunación y las prioridades establecidas por el Estado; cómo habían sido notificados, cuáles eran los criterios para organizar las filas en los puestos de inmunización y la cantidad de horas que habían empleado durante el proceso, entre otras. Los resultados se presentan en la siguiente imagen:

En la siguiente tabla  se observa la variación en cuatro ítems, a partir de los datos obtenidos en siete fechas. 

Puede leer el informe completo aquí

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Consideraron necesario esto para evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”

Por considerarla “fundamental” para el devenir del país, Transparencia Venezuela solicitó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que extiendan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela.

La solicitud la hizo la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante su intervención en el diálogo interactivo que el Consejo celebró este viernes 18 de marzo, en Ginebra (Suiza), con motivo de la última actualización oral que el grupo investigador presentó.

“La Misión es fundamental para Venezuela para conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las víctimas y a conocer a los cleptócratas”, afirmó De Freitas.

De esta manera, Transparencia Venezuela se sumó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), a Espacio Público, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y otras agrupaciones nacionales e internacionales que han pedido que el mandato de la Misión, el cual expira en octubre próximo, sea prorrogado nuevamente.

Semanas atrás miembros de la Misión, en un foro celebrado en Washington (Estados Unidos), consideraron necesario que se extendiera su mandato o se encomendara a otra instancia sus labores, para así evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”. “Como las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela no se han detenido debiera existir alguna instancia de investigación que muestre esta realidad ante la comunidad internacional”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la instancia.

Durante su actualización la Misión denunció que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre violaciones a los Derechos Humanos, “cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”; y, por ello, anunció que su tercer informe estará enfocado a identificar “las responsabilidades más altas de la cadena de mando”. Este nuevo reporte está previsto que sea presentado en septiembre próximo.

La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción

La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación determinó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.

Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con 2 y Mérida con 4, son las gobernaciones que menos tienen.

“Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui”, detalló Transparencia Venezuela.

«Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos”

Agrega el informe de la ONG que “a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados”.

Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: “Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos”.

Fue así como desde el poder nacional se documentaron 8 empresas en el estado Miranda, 7 en Barinas, 2 en Sucre, 1 en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.

“Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA.  Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante”, destacó Transparencia Venezuela.

Puerta para la impunidad

La ONG agregó que los gobernadores beneficiados “manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas”, cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.

Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.

“Las denuncias de corrupción han ocurrido principalmente en las empresas de distribución de gas (9), transporte (8), agroalimentario (7), construcción (7), minería (5) y comercio (4). El abuso de poder en la distribución minorista del gas ocurre en el contexto de graves problemas de escasez y precios subsidiados que han servido de incentivos perversos para el funcionamiento de mercados negros, con altos sobreprecios o privilegios para allegados y el uso del servicio en campañas electorales para favorecer al partido de gobierno”, señaló la ONG en el informe.

«El monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”

Agregó: “En las empresas de transporte se encontraron denuncias por irregularidades en los procesos de compra de lubricantes, repuestos y vehículos, nóminas fantasma y casos de peculado de uso, mayormente en campañas electorales y los días de elecciones. En el sector agroalimentario destacan las irregularidades en los centrales azucareros negociados con el sector privado, el estancamiento en la cadena de producción por falta de insumos y prácticas clientelares en la distribución de alimentos”.

42 de las compañías dependientes de gobernaciones pertenecen al sector agroalimentario, 34 al de construcción, 28 en el de comercio, principalmente dedicadas a la distribución de alimentos; y en menor (7%) porcentaje están las empresas de venta de gas doméstico, del sector financiero, de explotación de minerales no metálicos y de transporte.

Los gobiernos regionales tienen 78% de las empresas comerciales, 54% de las del sector construcción y 30% agroalimentarias. En estas compañías también hay prácticas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y uso con fines político-partidistas.

“Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos. La base de datos en Vendata muestra vacíos porque no fue posible acceder a información de las EPE (Empresas Propiedad del Estado) regionales en relación con, entre otras variables, sus autoridades (80%), fecha de creación (66%), composición accionarial (65%) y situación patrimonial (100%). Resultó llamativo conocer con datos de fecha de creación de 74 empresas, que 30 de ellas se conformaron después de 2014, año en que inició la crisis económica, pero pueden ser muchas más”, destacan los resultados de la investigación.

A sus observaciones agrega la probabilidad de que los resultados de las pasadas elecciones del 21 de noviembre de 2021 motiven cambios en la adscripción de estas compañías.

Las empresas en Bolívar

En el caso de Bolívar, la base de datos de Vendata que utilizó Transparencia Venezuela indica que hay 10 empresas dependientes de la Gobernación. Estas son:

1. Agro-semillas Bolívar. Empresa del sector agroalimentación, dedicada a la preparación de semillas, ubicada en Ciudad Bolívar.

2. AgroBolívar, C.A. Empresa del sector agroalimentario encargada de la producción de alimentos, ubicada en Ciudad Bolívar.

3. Alfarería Bolívar, del sector manufactura, cuyo servicio es la fabricación de bloques de arcilla, y está ubicada en la troncal 19, en el Complejo Alfarero Hugo Chávez.

4. Alimentos Bolívar. Empresa del sector agroalimentaria cuyo segmento es la distribución de alimentos. Su ubicación física es en Ciudad Bolívar, en la avenida Menca de Leoni.

Esta compañía tiene denuncias por la opacidad en la entrega de alimentos, desviación en su distribución y reventa en el mercado informal con sobreprecio. No hay información del inventario de los productos, ni de las personas beneficiadas.

5. ConstruBolívar. Esta empresa pertenece al sector construcción, segmento infraestructura. Su sede principal está en Ciudad Bolívar y participa en el programa social de Gran Misión Vivienda Venezuela.

6. Transbolívar. Del sector transporte urbano y extraurbano, ubicada en Puerto Ordaz. Se creó el 1 de noviembre de 2007, en la gestión de Francisco Rangel Gómez. Participa en la Misión Transporte y entre las denuncias públicas de corrupción y manejos ineficientes destaca que “el monto invertido en la empresa Transbolívar, patrocinada por el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, que contó supuestamente con más de 600 unidades que no beneficiaron a los bolivarenses, que hoy deben caminar o montarse en camiones”, lo que indica un delito de malversación de fondos.

7. Corporación Bolívar. Empresa del sector gestión que se encarga de administrar y coordinar planes, inversiones y proyectos de empresas de producción social. Se ubica en Ciudad Bolívar y se creó el 1 de marzo de 2015, en el gobierno de Justo Noguera Pietri.

8. Granitos Bolívar, C.A. Empresa de manufactura procesadora de granito.

9. Hidrobolívar. Empresa del sector de servicios públicos, ubicada en Ciudad Guayana, y encargada de proporcionar este servicio residencial de agua potable en la entidad.

Tiene denuncias por irregularidades y fallas del servicio de agua por tubería en los hogares bolivarenses, así como su calidad por falta de tratamiento adecuado.

10. Operadora Turística Bolívar, C.A. Esta empresa fue creada para la promoción y venta de paquetes turísticos en el estado Bolívar.

Resaltan el crecimiento de la milicia bolivariana, a la cual pertenecen más de 3 millones de personas

La ONG Transparencia Venezuela (TV) reveló en su más reciente reporte titulado «Nuestro Presupuesto 2022: ¿Cuánto y Cómo se va a gastar el dinero público este año?» a través de la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto que,  de un total de 5.509.563 trabajadores que pertenecen a la administración pública nacional, solamente unos 4.441.258 son del sector militar, es decir, un 80,61%.

Aunque la organización no da detalles sobre ese porcentaje tan alto para el sector militar, se resalta el crecimiento de la milicia bolivariana a la cual pertenecen más de 3 millones de personas, según datos oficiales.

De acuerdo a TV, en el presupuesto se cuentan 364.625 docentes y 42.489 funcionarios adscritos al sector salud.

La Exposición de Motivos de la Ley de Presupuesto, comentada por Transparencia Venezuela, señala que los gastos corrientes (Bs.43.312,6 millones) corresponden a 69,43% del total de erogaciones estimadas durante 2022, mientras que los gastos de capital (Bs.16.534,4 millones) absorben 26,51% del presupuesto anual.

Dos elementos dominan de manera casi de manera paralela el apartado de gastos corrientes del Presupuesto 2022: transferencias y donaciones, con 38,46%; y remuneraciones que absorbe 32,10%, de manera que entre subsidios y salarios del sector público se va 70,56% del gasto estimado.

«La Vicepresidencia Sectorial de Economía fue quien recibió la mayor asignación por concepto de remuneraciones (27,01% del total de egresos por remuneraciones), seguido de la Vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial (20,7% del total de egresos por remuneraciones), y el Ministerio de Educación, al que le fue asignado 10,4% del total de egresos por remuneraciones. Se desconoce la cantidad de empleados de estos organismos. No obstante, en el documento de exposición de motivos se señala que hay 5.509.563 empleados de la Administración central», destaca el informe de Transparencia Venezuela.

Venezuela alcanzó apenas una calificación de 14 de 100

Según reciente informe de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, desde el año 2017 nuestro país registra un descenso continuado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). De 18 puntos que obtuvo en ese año, para 2021 el país apenas alcanzó una calificación de 14, en una escala de 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción.

«Venezuela registró un punto menos que en el período anterior y alcanzó apenas 14 puntos, de una escala de 100, con lo que sigue siendo el país peor evaluado en las Américas, y su calificación lo coloca entre los tres más bajos desempeños de la evaluación global», destacó Transparencia Venezuela.

Dice el informe, que Venezuela solo fue mejor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los países evaluados. Al mismo tiempo, Venezuela es el Estado percibido como el más corrupto de América, por octava vez consecutiva, según se desprende del reciente reporte publicado por Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos diez años. De hecho, la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décima vez consecutiva, mientras dos tercios de las naciones no llegan a 50.

La región con mayor puntuación en el índice es Europa Occidental con una media de 66 seguida por Medio Oriente y África del Norte con 45 y América con 43.

Las regiones con puntuación más baja son Europa oriental y Asia central (36) y África subsahariana (33). Pero, con un puntaje promedio de 43 por tercer año consecutivo, y 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción, América está completamente paralizada en la lucha contra la corrupción.

A pesar de la existencia de una amplia legislación y un compromiso regional para combatir este mal, la corrupción en el continente continúa socavando la democracia y los derechos humanos.

Transparencia Internacional identificó, además, que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el IPC.

La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.

Los derechos humanos, continúa el informe, son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite.

Mientras la refinación de combustibles en Venezuela no se logre estabilizar y se reactive plenamente su producción, los múltiples efectos de su déficit continuarán

Según la organización Transparencia Venezuela, la escasez de combustible ha afectado las capacidades de producción agropecuaria e industrial, la movilización de cargas del transporte de mercancías, el traslado de pasajeros en rutas urbanas e interurbanas, ya que la generación eléctrica de plantas que requieren diésel. 

Desde 2015 el déficit de diésel y de gasolina se ha agravado progresivamente en Venezuela. Esto ha restringido el abastecimiento de la demanda interna de combustibles. Esta escasez se ha agudizado desde marzo de 2020 generando secuelas en diversos áreas.

Transparencia Venezuela, junto a la Coalición Anticorrupción, publicó un informe centrado en los efectos del déficit de combustible en las regiones en el trimestre agosto-octubre de 2021. La información proviene de las coordinaciones regionales de Transparencia Venezuela en: Apure, Barinas, Carabobo, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.

La baja producción de combustibles en Venezuela está asociada a la pérdida de capacidad de refinación, a pesar de que Venezuela cuenta con uno de los más completos sistemas de refinación del mundo, integrado por seis refinerías con una capacidad potencial de procesamiento de un millón 300 mil barriles de petróleo diarios (bpd). 

Mientras la refinación de combustibles en Venezuela no se logre estabilizar y se reactive plenamente su producción, los múltiples efectos de su déficit continuarán, generando incentivos para su manejo irregular y para diversas incidencias, corrupción y conflictos.

Se desconoce cuánto combustible se produce

Transparencia Venezuela reiteró que la información sobre el volumen del combustible que se produce, se importa y se distribuye en Venezuela, es inaccesible.

«Solo se puede contar con aproximaciones a esta información, a través de declaraciones de expertos, organizaciones que monitorean servicios públicos y líderes de organizaciones empresariales, de trabajadores del sector petrolero o del transporte», señaló el informe.

El estudio aseguró que el consumo de gasolina entre 2014 y 2021 disminuyó de 300 mil barriles diarios a 110 mil. 

De acuerdo a la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), el consumo actual de diésel se ubica alrededor de 100 mil barriles diarios. «De esa cantidad, Pdvsa logra producir unos 25 mil barriles diarios, apenas 25 %”, indicó Transparencia Venezuela.

El informe explicó que, en el mejor de los casos, Venezuela produce entre 120 mil y 140 mil barriles por día de combustible. La mitad corresponde a gasolina y 35% a diésel.

«Aún existe un déficit para atender la demanda actual que varía entre 60 mil y 70 mil barriles por día”, señalaron trabajadores de Pdvsa a Transparencia Venezuela.

Estaciones de servicio y gandolas fuera de servicio

La organización indicó que otro elemento que afecta el suministro de combustible es la reducción significativa del número de estaciones de servicio operativas.

«De 1.786 bombas que hay en todo el país, solo 536 (30%) están recibiendo despacho continuo de combustible”, dijo Luis Hernández, presidente del Frente de Trabajadores Petroleros de Venezuela a Transparencia Venezuela.

Tampoco hay suficientes gandolas para abastecer todas las estaciones de servicio del país.

La Empresa Nacional de Transporte (ENT), filial de Pdvsa, con el monopolio de suministro de combustible a las estaciones de servicio, presenta una merma en el volumen de unidades disponibles.

«De 2.776 gandolas con las que operaba hace tres años, solo 787 unidades (28%) están operativas actualmente», indicó la organización.

Producción agropecuaria se queda sin combustible

Según Transparencia Venezuela, la escasez del combustible, sobre todo del diésel, ha afectado de múltiples formas a la producción agropecuaria en los últimos años, específicamente durante la pandemia de COVID-19. 

La carencia de combustible ha causado que exista una restricción para la operación de equipos y maquinarias.

“Cada vez menos tractores están en función de la producción agrícola, la escasez de diésel ha obligado a muchos productores agrícolas a retroceder en el tiempo y emplear métodos del siglo pasado para sacar adelante su trabajo, restringiendo la superficie sembrada y el volumen de su producción», explicaron productores de Mérida a la organización.

Nuevo precio del diesel afecta el transporte

El informe señaló que una decisión oficial que sí se concretó fue la de incrementar el precio del litro del diésel a $0,50,13. Esto representa un aumento de 1.900% con respecto a su precio anterior.

Los efectos de este incremento serán considerables en los costos del transporte de carga pesada y de pasajeros, según asociaciones de transportistas, y repercutirá igualmente en los precios de los productos movilizados y del costo de las tarifas.

El incremento del precio del diésel ha generado una repercusión directa en las tarifas de los pasajes del transporte urbano, al punto de que los sindicatos de transportistas están planteando aumentar la tarifa del pasaje urbano.

“El costo del pasaje urbano debe ser un dólar como mínimo y $1,5 para las zonas foráneas”, señalaron transportistas.

Gasolina para pocos

Sin embargo, esta situación no es uniforme para todo el país.

Transparencia Venezuela explicó que en Caracas el tiempo promedio utilizado para surtir gasolina en las estaciones de servicio puede oscilar entre 20 minutos y cuatro horas, dependiendo de la zona, del vehículo que se tenga. Fuera de la ciudad capital, ese tiempo varía. 

En los estados del interior el surtido de gasolina es irregular. «Los usuarios deben hacer largas colas. Están en permanente desinformación e incertidumbre, bajo cronogramas y esquemas de regulación frecuentemente incumplidos, déficits muy acentuados en estados fronterizos y sistemas de suministro muy cuestionados por los usuarios con denuncias y conflictos por las diversas irregularidades en las estaciones de servicio», indicó la organización.

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Transparencia Venezuela afirma que esta actuación recuerda a lo ocurrido en las elecciones parlamentarias de 2015 con los cuatro diputados del estado Amazonas

«A falta de votos, bueno es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», así lo afirma la ONG Transparencia Venezuela, a propósito de la intervención y ordenamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) de paralizar “los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación” del cargo a la gobernación de Barinas. 

Transparencia Venezuela explica en un texto que esta actuación recuerda a lo ocurrido en las elecciones parlamentarias de 2015 con los cuatro diputados del estado Amazonas. 

La ONG señala que la orden la giró la instancia en su sentencia número 78, en la cual se asegura que la decisión fue en respuesta a una petición que hiciera el exdiputado, Adolfo Ramón Superlano, quien es vinculado a los llamados “alacranes” y fue sancionado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 13 de enero de 2020.

Adolfo Superlano denunció que los comicios del 21 de noviembre estuvieron «plagado de vicios», entre ellos que Freddy Superlano (candidato a la gobernación) habría sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por parte de la Contraloría General de la República y además está sometido a procesos penales.

En diciembre de 2019, el contralor designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, incluyó a Freddy Superlano en una lista de miembros del Parlamento electo en 2015 que podrían ser sancionados por su despacho con una medida que les impediría ejercer cargos públicos, por presuntas irregularidades con el manejo de la “ayuda humanitaria”.

Sin embargo, el 31 de agosto de 2020, Nicolás Maduro le concedió el indulto presidencial, junto a otras 109 personas, según figura en el decreto presidencial 4.277 dictado ese día y aparecido en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.569.

Misma receta en Amazonas, Bolívar, Zulia y Barinas

En el año 2015, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo mayoría en la AN, los diputados que fueron electos en Amazonas nunca pudieron ejercer sus cargos por distintas sentencias del TSJ.

En la primera de ellas, con fecha del 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena, circuito 1 y lista: Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Psuv).

En las elecciones del año 2017, el dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, participó en los comicios como candidato a la gobernación del estado Bolívar, pero también se le arrebató el triunfo. Aun cuando se informaron los resultados de 22 de los 23 estados del país, luego de más de 24 horas que el CNE emitiera el primer boletín, el nuevo gobernador del estado Bolívar todavía era desconocido.

Tras 72 horas de silencio, el CNE dio como ganador a Justo Noguera, del PSUV, a través de su sitio web.

En las mismas elecciones del 2017, la oposición obtuvo cinco gobernaciones, entre ellas la del estado Zulia, con el triunfo de Juan Pablo Guanipa.

Sin embargo, dado a que se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como sí lo hicieron los gobernadores electos de Táchira, Anzoátegui, Mérida y Nueva Esparta, Guanipa no pudo asumir el cargo.

Ante esa acción, el 27 de octubre de ese año, el Consejo Legislativo del Zulia (Clez) destituyó a Guanipa y asignó Magdely Valbuena como gobernadora encargada.

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Testigos dijeron que no hubo presencia policial en el lugar, pero miembros de la observación internacional en la región fueron informados de la situación

La asociación civil Transparencia Venezuela informó vía Twitter que su coordinadora regional Yonaide Sánchez y el defensor de DDHH Nelson Freitez fueron agredidos por grupos colectivos, a quienes identificaron como simpatizantes del chavismo, cuando fotografiaban un punto rojo cerca del centro de votación Antonio Pinto Salinas en Barquisimeto. 

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«Estos grupos violentos golpearon a ambos defensores de DDHH, robaron sus carteras y otros objetos de valor dentro de su camioneta. Esto ocurrió el día de hoy (21 de noviembre) en el sector El Garabatal de la parroquia Ana Soto. Sánchez se encontraba en un vehículo junto a Freitez (DDHH-ULA) realizando seguimiento al proceso electoral, luego de tomar fotografías a un punto rojo ubicado al frente del centro de votación, fueron perseguidos por unos 20 motorizados y un vehículo que les cerraron el paso», se lee en un hilo de tuits.

Según el relato, los hombres bajaron de las motos y abrieron las puertas del vehículo donde se trasladaban Sánchez y Freitez; se introdujeron en este tratando de sacarlos y, mientras lo hacían, les solicitaban las llaves del carro y pedían que les dieran las fotos que acababan de tomar del punto rojo.

«Ambos resistieron al ataque del que tomaron parte hombres y mujeres. En el forcejeo las mujeres tiraron de los cabellos de Sánchez y la halaron por brazos y piernas para arrastrarla afuera del vehículo. Así la despojaron de su cartera con documentos y pertenencias personales», reza un tuit.

Algunas personas fueron testigos del hecho ocurrido a nivel de la plaza de la Caruceña y, por la violencia que se suscitó, se abstuvieron de intervenir. Relataron, además, que no hubo presencia policial en el lugar. Sin embargo, miembros de la observación internacional en la región fueron informados de la situación.

#Alerta | Nuestra coordinadora regional Yonaide Sánchez (@YonaideSF) y el defensor de DDHH Nelson Freitez (@nefreitez) fueron agredidos por grupos colectivos, simpatizantes del chavismo, cuando fotografiaban un punto rojo cerca del centro de votación Antonio Pinto Salinas.

— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) November 21, 2021