Transparencia Venezuela

Nervis Villalobos Cárdenas tiene investigaciones judiciales en España, Venezuela, Andorra, Estados Unidos, Portugal, Suiza y , ahora, en Liechtenstein por presuntas tramas de lavado de dinero desde Pdvsa

De acuerdo con Transparencia Venezuela, solo se conoce el monto en 10 de los 16 casos, que suma más de cinco mil millones de dólares en presunta corrupción

El exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos Cárdenas, acumula 16 investigaciones luego de que las autoridades del Principado de Liechtenstein, uno de los Estados más pequeños del mundo, ubicado en Europa central, abriera un proceso para determinar si el exfuncionario venezolano usó el sistema financiero de ese país para lavar dinero proveniente de tramas de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Así lo informa la ONG Transparencia Venezuela este 28 de septiembre. 

La investigación en Liechtenstein se originó a partir de la acusación que hizo el Tribunal del Distrito Sur de Texas de Estados Unidos, en agosto de 2017, en la que aseguran que Villalobos ayudó a establecer y facilitar un esquema de enriquecimiento ilícito con fondos de la estatal petrolera venezolana.

De acuerdo con un documento judicial publicado en agosto de 2023, el Ministerio de Justicia de Liechtenstein pidió a Estados Unidos colaboración, a partir del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal, para el suministro de los datos relacionados con esas operaciones que presuntamente beneficiaron a Villalobos Cárdenas.

Tras investigar, las autoridades de Liechtenstein identificaron la apertura de una cuenta bancaria en el Volksbank AG en febrero de 2013, en la que el beneficiario financiero y único firmante es el exfuncionario venezolano. A finales de 2013, esa cuenta de Liechtenstein, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment LTD, recibió 1 millón de dólares desde una cuenta bancaria ubicada en Suiza. La transacción fue suficiente para indagar sobre el origen de los fondos.

Nervis Villalobos: acumulador de denuncias

En el récord de transferencias aparece una del 11 de agosto de 2011 por USD 3,2 millones, que envió una empresa de consultoría con sede en Estados Unidos, presuntamente vinculada con el exviceministro, a la misma cuenta del banco suizo. Pero antes, en marzo de 2009, la consultora había recibido USD 4 millones por parte de un titular desconocido de una cuenta del International Union Bank (EEUU). Esto llevó a presumir que el exfuncionario ordenó la transferencia como parte de lavado de dinero.

Las autoridades de Liechtenstein solicitan entonces que se les entregue el registro bancario del propietario de la cuenta en el International Union Bank, para continuar con la investigación y determinar si este dinero procede de actividades ilícitas.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia de Liechtenstein, Suiza ha sido el epicentro de operaciones de Villalobos Cárdenas para facilitar el esquema de corrupción y ocultar los pagos de sobornos por parte de contratistas que buscaban prioridad en el pago de facturas pendientes de Pdvsa.

Desde 2020, Suiza ha congelado al menos 140 millones de francos que formaban parte de una trama de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, en la que presuntamente estaría implicado Nervis Villalobos Cárdenas.

El exfuncionario venezolano también es investigado por lavado de dinero en España (con 5 casos), Venezuela (con 5 acusaciones), Andorra (con 2 investigaciones), Estados Unidos (1), Portugal (1) y Suiza (1).

De acuerdo con Transparencia Venezuela, solo se conoce la cantidad de dinero involucrado en las presuntas tramas de corrupción en 10 de los 16 casos, cuya suma es de cinco mil novecientos cuatro millones novecientos cuarenta mil dólares ($ 5.904.940.000). 

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80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fueron por demandas laborales

La celebración del Día Internacional del Trabajador suele ser el marco para el anuncio de aumentos salariales y otros beneficios laborales. Sin embargo, este año las expectativas del personal activo, pensionados y jubilados han caído en la incertidumbre ante el escándalo de corrupción que compromete miles de millones de dólares de las arcas públicas e involucra a funcionarios, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. En medio de esta crisis, no se vislumbra cómo el gobierno responderá a las demandas formuladas por los gremios y sindicatos, especialmente del magisterio y del sector salud.

El descontento de la clase trabajadora se evidenció con fuerza el pasado enero, cuando protagonizó 80% de las 1.262 protestas registradas durante el primer mes del 2023 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). De acuerdo con esta cifra, hubo un promedio de 42 movilizaciones diarias, la mayoría vinculadas con exigencias de derechos laborales y servicios básicos, lo que representa un incremento de 136 % con respecto al mismo período del año anterior.

La oleada de protestas coincidió con la tercera ronda del llamado Foro de Diálogo Social, que se desarrolló del 30 de enero al 1° de febrero en el estado Nueva Esparta con el apoyo de una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se esperaba que el evento, que reunió a representantes gubernamentales, empresarios y sindicatos, avanzara en una agenda para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero culminó sin resultados concretos.

Según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Ejecutivo venezolano ha incumplido 90% de las recomendaciones formuladas por la OIT y reafirmadas por el foro, especialmente las relacionadas con el establecimiento del salario mínimo, la libertad sindical y la consulta tripartita.

Con las mejoras salariales insatisfechas, el gobierno ha respondido con la entrega de bonos a través del sistema Patria. Estas asignaciones, aunque representen un alivio para alguna parte de la población, resultan insuficientes para cubrir siquiera una mínima parte de la canasta básica que, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en marzo de este año se ubicó en 482,26 dólares.

Esto significa que una familia de cinco personas necesita ganar un promedio de 91,86 salarios mínimos para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad. En contraste, el ingreso mensual de los trabajadores es de apenas Bs 130 o 5,25 dólares, a la tasa de hoy; considerado el peor de América Latina, muy por debajo de los USD 57 mensuales que según la ONU marcan el umbral de pobreza extrema.

Expectativas al alza

Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2022, por primera vez en siete años se redujo la pobreza multidimensional en Venezuela, pero aumentó la desigualdad y el país se convirtió en el

“más desigual” de la región, con casi 40% de los hogares con mayores ingresos ubicados en la capital, Caracas, ciudad con apenas 16% de la población total. Por otra parte, la medición reveló que, aunque se superó la hiperinflación producida desde 2017, Venezuela todavía es la economía “más inflacionaria del mundo”, y se prevé que puede cerrar este año en 125 %.

Por otra parte, aunque algunos analistas apuntan a que el país experimenta una leve recuperación económica, para la inmensa mayoría de los venezolanos su principal preocupación sigue siendo el aumento de precios de los productos de primera necesidad, así como los bajos ingresos y las fallas en servicios públicos esenciales como salud, alimentación, electricidad, agua y combustible.

Ante este panorama desalentador y en el marco del Día del Trabajador ha crecido la expectativa en los gremios y sindicatos que exigen un ingreso justo, incluso en términos de divisas. Entre las distintas propuestas que se han manejado está la de la Alianza Central Independiente, que estima que el salario mínimo se establezca en USD 200, lo que representa un incremento de más de 3.000%.

En tanto que para la misión técnica de la OIT que ha acompañado el Diálogo Social, el salario debería fijarse en USD 400, y para la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el monto ideal estaría entre USD 120 y USD 200. Ninguna de estas cifras es respaldada por el empresariado afiliado a Fedecámaras, que insiste en que un aumento de esta magnitud, aunado a la inflación, sometería al sector al “exterminio”. Sin embargo, el gremio plantea que cualquier ajuste debe estar basado en la canasta familiar.

Más bienestar, menos corrupción

Tras las protestas del sector educativo iniciadas en enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que el Ejecutivo anunciaría nuevas medidas salariales, pero luego de tres meses el compromiso no se ha materializado y se mantiene vigente el salario fijado en marzo de 2022, el cual se ha venido a menos por efecto de la inflación y la caída del poder adquisitivo. Al igual que en otras áreas del sector público, la opacidad y la desinformación han prevalecido en el manejo de la información sobre las reivindicaciones salariales y sociales de los trabajadores.

En una de las pocas ocasiones en la que ha abordado el tema, Nicolás Maduro, a través de Twitter, afirmó que el gobierno “seguirá protegiendo el salario integral de los trabajadores” y que buscarían los recursos necesarios para invertir en áreas como salud, educación y vivienda. No obstante, en su mensaje con motivo de presentación de la Memoria y Cuenta 2022, el mandatario expresó que, con la imposición de sanciones del Gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump, Venezuela dejó de percibir más de 90 % de los ingresos petroleros; es decir, unos 232.000 millones de dólares, que según dijo estaban destinados a los salarios, la educación y la salud.

No obstante, pese a la justificación de las sanciones y el desplome de la industria petrolera, desde hace aproximadamente un mes, el país y el mundo han conocido de denuncias de corrupción y detenciones masivas en el seno del oficialismo. Según estimaciones no oficiales, los casos de corrupción, denunciados por el propio gobierno y vinculados con Pdvsa y otras empresas estatales, rondaban los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones de Transparencia Venezuela revelan que sistemas de justicia de 26 países investigan 146 tramas de gran corrupción que involucran a venezolanos. El monto del desfalco se calcula en casi 70.000 millones de dólares.

En este contexto, cualquiera que fuere el monto de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de corrupción, total o parcialmente, pudieron destinarse a satisfacer las demandas salariales de maestros, profesores universitarios, trabajadores del sector salud y de las industrias básicas que han liderado las protestas en lo que va de año, y a mejorar la calidad de vida de miles de familias que dependen, para subsistir, de asignaciones esporádicas, insuficientes y sin impacto alguno en la seguridad social.

Este 1° de mayo, Transparencia Venezuela reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, así como la exigencia de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos y, en consecuencia, deben estar destinados también a garantizar los derechos de los trabajadores y de sus familias.

Seis personas interpusieron una solicitud en marzo de 2021 para conseguir que tres bancos públicos les entregaran unas divisas retenidas desde 2018

“Fueron por lana y salieron trasquilados”. Ese refrán les debe retumbar en los oídos a Octavio Stevenson López Porras, Ivette Antonieta Ugueto Bautista, Ricardo José Alves De Freitas, Luis De Freitas Vieira, Olga Teodora Rodríguez Gil y Olga Cecilia Rodríguez. ¿La razón? Acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conseguir que tres bancos públicos venezolanos les entregaran unas divisas retenidas desde 2018, pero terminaron siendo multados por el máximo juzgado, reseña Suprema Injusticia.

El inesperado giro de los acontecimientos lo dio la Sala Constitucional, en su sentencia número 688 del pasado 14 de octubre, con la cual declaró “terminado” el proceso que los ahora sancionados interpusieron en marzo de 2021 contra los bancos de Venezuela, Bicentenario y del Tesoro, por considerar que los accionantes abandonaron el caso.

“Verificada como fue la inactividad de la parte actora por más de seis meses, aun cuando esta Sala declaró no tener competencia para conocer y, en consecuencia, decidir en única instancia la presente causa, en atención y resguardo a los principios de celeridad y economía procesal, y con la finalidad de no abarrotar ni cargar al aparato judicial con expedientes en los que el accionante ha dejado en total evidencia su falta de interés en la resolución de la causa; y sin que ello implique la violación al principio del juez natural, es que esta Sala Constitucional, visto que los derechos denunciados como quebrantados sólo tienen incidencia en la esfera particular de la quejosa, sin que de alguna manera se afecte el orden público, las buenas costumbres o una parte de la colectividad, al haber una pérdida de interés de la parte accionante en obtener la tutela del sistema judicial, se declara terminado el procedimiento por abandono del trámite”, se lee en el dictamen redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos.

Pero, si lo anterior no fuera suficiente, la Sala Constitucional del TSJ resolvió aplicarles a los demandantes lo previsto en el último aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo y de Garantías Constitucionales, y los multó con 2.000 bolívares, por considerar que su actuación fue “maliciosa”.

No es la primera vez que el TSJ, en particular la Sala Constitucional, convierte a una víctima en un ofensor al recurrir al argumento de que no mostraron interés en el asunto que presentaron ante esta instancia. Sin embargo, como en anteriores ocasiones los magistrados fueron incapaces de explicar por qué se demoraron más de un año en responder una solicitud que por su naturaleza (un amparo), debía decidir expeditamente y sin dilaciones.
Conoce los detalles en Suprema Injusticia

La sentencia del exalcalde apunta que “el acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”

Tras colaborar “sustancialmente” con las autoridades de Estados Unidos, el pasado miércoles el exalcalde de Guanta Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue condenado a 27 meses de prisión por participar en un esquema de sobornos en perjuicio de Pdvsa, a través de la entrega de contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, informó Suprema Injusticia.   

“El acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”, señala la sentencia. El exfuncionario del chavismo ha ofrecido información a los fiscales sobre los implicados en sobornos en Pdvsa desde que se entregó a las autoridades estadounidenses declarándose culpable, en junio de 2022, lo que le permitió una rebaja sustancial de su condena, inicialmente estimada en 5 años de cárcel y 3 años de libertad supervisada.  

El juez Robert Scola del Tribunal del Distrito Sur de Florida condenó a Marín Sanguino por el delito de conspiración para lavar el dinero producto de las “ganancias” que obtuvo en sus negocios, y al término del lapso de reclusión será sometido a 1 año de libertad supervisada. El exalcalde de Guanta, municipio del estado Anzoátegui, se encuentra en libertad bajo fianza y podrá apelar la decisión dictada en su contra, que no será ejecutada de inmediato pues el tribunal estableció que deberá entregarse el 27/04/2023. 

La sentencia contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, quien se autoproclamaba en sus redes sociales “hijo de Chávez”, también establece que el exmandatario local deberá entregar las “ganancias” – obtenidas entre 2015 y 2017- por sus gestiones ante funcionarios de Pdvsa, específicamente de Petrocedeño, para la asignación de contratos a ciertos empresarios en la Faja del Orinoco. El monto total de lo incautado es de tres millones 800 mil dólares (USD 3.800.000). 

Albarrán Finol es el primer juez destituido que logra la proeza de conseguir que el TSJ admita que su remoción supuso la violación de algún derecho

“La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.  El abogado Walter Jesús Albarrán Finol ha descubierto la veracidad de esta frase del premio Nobel de Literatura 1998, el escritor luso José Saramago, pues pese a que en 2018 consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconociera que al ser despedido de su cargo de juez le violaron sus derechos económicos y sociales, todavía no ha logrado que ese organismo cumpla lo señalado en dicho dictamen, reportó Suprema Injusticia.  

El accionante, quien ocupó el Tribunal 5 de Juicio del estado Zulia, esperó a que la Comisión Judicial y Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) cumplieran lo ordenado por la Sala Político Administrativa del TSJ, en sus fallos números 477, de julio de 2018; y 177, del 10 de diciembre de 2020. En esas sentencias, la sala pide verificar cuánto le adeudaban a Albarrán Finol en materia de salarios y beneficios laborales, pues al momento de su remoción estaba amparado por el fuero paternal.  

Sin embargo, en junio de 2021 y luego de dos años del último dictamen, el juez solicitó a la Sala Político Administrativa del TSJ la “ejecución forzosa” de sus dictámenes. La instancia no atendió esta petición y optó por instar a ambos organismos a cumplirla de manera voluntaria. Así les fijó un lapso de “60 días continuos siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la República”, para que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) ejecuten sus instrucciones.  

Pese a que el TSJ no le ha temblado el pulso a la hora de sancionar con dureza a quienes incumplen sus decisiones, llegando al extremo de encarcelar a funcionarios de elección popular o vaciando de funciones a un poder del Estado, como la Asamblea Nacional, se muestra más tolerante y laxo cuando los que desacatan son funcionarios del mismo sistema judicial.  

Inicio del juicio del director de Fundaredes fue diferido 

“Letra muerta”. Esto es lo que ha resultado ser la última reforma que la Asamblea Nacional electa en 2020 realizó al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en septiembre pasado. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al ver el desarrollo del proceso seguido contra los tres activistas de Fundaredes.

Este lunes 25 de julio estaba pautada el inicio del juicio por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria contra Javier Tarazona, director de la organización de Derechos Humanos Fundaredes; su hermano Rafael y el activista Omar de Dios García. No obstante, la jueza 3 de Juicio con Competencia en materia de Terrorismo de Caracas, Alexis Vera, decidió aplazarlo para el próximo 8 de agosto, informó el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.

“Por motivos de que desconocemos el juicio se no se inició. Estaban todas las partes presentes, Fiscalía, el juez, el tribunal estaba perfectamente habilitados y estábamos nosotros (la defensa). Sin embargo, se acordó la diferir la apertura del juicio”, afirmó el penalista, a través de un video difundido por su cuenta de Twitter.

Este aplazamiento se suma a la larga lista que se han registrado en este proceso desde que Javier Tarazona de Fundaredes y los otros dos activistas fueran detenidos el 2 de julio de 2021, luego de que acudieran al Ministerio Público del estado Falcón a denunciar que estaban siendo hostigados por fuerzas de seguridad. Una persecución que se inició tras las denuncias que hicieron sobre los abusos cometidos por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) durante las operaciones contra las disidencias guerrilleras colombianas en el estado Apure.

Las demoras e incumplimientos de los lapsos procesales en este caso ponen en duda la efectividad de la última reforma del COPP, que para combatir el retardo procesal redujo los plazos para celebrar audiencias preliminares y de juicio.

Tarazona y los otros dos activistas de Fundaredes tuvieron que esperar hasta 13 ocasiones para se celebrara el acto donde se decidió sentarlos en el banquillo de los acusados.

Consideraron necesario esto para evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”

Por considerarla “fundamental” para el devenir del país, Transparencia Venezuela solicitó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que extiendan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela.

La solicitud la hizo la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante su intervención en el diálogo interactivo que el Consejo celebró este viernes 18 de marzo, en Ginebra (Suiza), con motivo de la última actualización oral que el grupo investigador presentó.

“La Misión es fundamental para Venezuela para conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las víctimas y a conocer a los cleptócratas”, afirmó De Freitas.

De esta manera, Transparencia Venezuela se sumó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), a Espacio Público, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y otras agrupaciones nacionales e internacionales que han pedido que el mandato de la Misión, el cual expira en octubre próximo, sea prorrogado nuevamente.

Semanas atrás miembros de la Misión, en un foro celebrado en Washington (Estados Unidos), consideraron necesario que se extendiera su mandato o se encomendara a otra instancia sus labores, para así evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”. “Como las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela no se han detenido debiera existir alguna instancia de investigación que muestre esta realidad ante la comunidad internacional”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la instancia.

Durante su actualización la Misión denunció que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre violaciones a los Derechos Humanos, “cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”; y, por ello, anunció que su tercer informe estará enfocado a identificar “las responsabilidades más altas de la cadena de mando”. Este nuevo reporte está previsto que sea presentado en septiembre próximo.

El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país

Con la incorporación, durante la última semana de julio, de la Red Líder Laicos de Barinas; Palavecino Renace y Transparencia Ciudadana en el estado Lara; y Amigos Trasplantados en el Táchira, la Coalición Anticorrupción superó la cifra de 900 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios de transparencia que demanda la lucha contra la corrupción. Este hito del movimiento ciudadano cobra mayor relevancia en medio de los desafíos que imponen las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. 

En noviembre de 2020, la Coalición cumplió un año de creada y lo celebró al alcanzar las 800 organizaciones. Eso significa que, en los últimos ocho meses, se sumaron 100 nuevos aliados. En marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, la plataforma reunía 550 adhesiones en todo el país, es decir que cerca de 40% de sus 900 integrantes los obtuvo durante los 22 meses que lleva la emergencia sanitaria. Esos 350 nuevos miembros representan un promedio de casi 16 adhesiones cada mes. 

Cuando faltan poco más de dos meses para cumplir su segundo aniversario, el movimiento ciudadano que aglutina gremios profesionales, sindicatos, empresarios, academias, defensores de derechos humanos, movimientos estudiantiles y otros sectores de la sociedad civil, se ha propuesto como meta ampliar sus audiencias y llegar a ellas a través de propuestas innovadoras que involucren expresiones artístico-culturales y la creación de piezas audiovisuales. Es así como en los últimos meses han surgido iniciativas como Que la luz brille sobre ti, video con un mensaje esperanzador realizado por el grupo de trabajo en Mérida.

Los jóvenes, protagonistas por excelencia de los movimientos de cambio, también han asumido con entusiasmo la tarea de plasmar su anhelo por un mejor país en las paredes de cada región, creando de forma colectiva murales anticorrupción como los aportados por Mérida y Lara. La música ha sido otra forma de expresión utilizada para transmitir el mensaje desde rap a golpe larense.

Estos nuevos lenguajes adoptados por la Coalición Anticorrupción se desarrollan a la par de las actividades que han ocupado la agenda desde su creación y en tiempos de pandemia, entre las que destacan los espacios de discusión, análisis y formación ciudadana como foros virtuales y talleres; campañas, cartas abiertas, exhortos, comunicados y peticiones de información. De igual modo, ha dado un paso al frente en la sistematización de casos de corrupción y denuncias con la conformación, de la mano de las organizaciones aliadas, de observatorios de servicios públicos y de obras inconclusas, entre otros.

El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país. Desde su creación, en noviembre de 2019, ha adelantado 122 campañas, 58 videos, 369 foros y 60 declaraciones. Además, se ha mantenido en constante transformación. En el último año, además de renovar su identidad gráfica y estrenar nueva página web, recientemente inauguró su propio canal Ivoox con podcast creados en las regiones. Y van por más. ¡Rumbo a las 1.000 organizaciones!