¿RASPAR LA OLLA?
Es lo que entiendo tras mi experiencia leyendo, conociendo y compartiendo documentos públicos por más de 50 años en el ejercicio de mi amada profesión. El propósito o intención de “raspar la olla” -es decir, lo que queda- persiste luego de leerme dos veces el adefesio que el régimen de Nicolás Maduro le ha presentado al país como “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos.” (Lo de DD. HH. pretendiendo ampararse en ellos tras la debacle con el Informe Bachelet).
Un documento que lanza al cesto de la basura los ahora anacrónicos planes de desarrollo propuestos y aprobados por Hugo Chávez Frías (¿recuerdan que él mismo se ufanaba de haberlos escrito de su puño y letra?). Un documento en el cual sus autores conciben a nuestra Venezuela como una sociedad primitiva, en la cual solo una cúpula –para este caso, el elenco rojo rojito de enchufados, amigos extranjeros y uniformados de verde o blanco– que solo tienen en común el haber manejado la riqueza nacional durante 21 años en forma exclusiva y excluyente y ahora, que se acaba, que se agota, pues coinciden ellos en “raspar la olla.”
Con la lectura de este documento entendemos, estimados lectores, que para Nicolás Maduro y su camarilla asociada toda contratación, asignación, compra por parte de lo que queda en las tesorerías del Estado es secreto, es confidencial.
Sus registros y documentos no pueden y jamás serán objeto de contraloría, seguimiento y análisis no por el poder legislativo, sino por nadie. El distinguido abogado y experto Juan Manuel Raffalli precisa en su autopsia de este monstruoso documento la creación de una especie de “cuarto oscuro” para el manejo de los dineros del estado. Nada de leyes que nos limiten. Nada de contraloría que promueva bajos costos. Ninguna licitación que ofrezca igualdad de operatividades.
Apartando toda la neolengua a la que nos tiene acostumbrado el chavismo-madurismo, para falsamente identificarse con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, al terminar de leer este texto la sensación que me queda no es que el mismo refleja los intereses de alguien que es arbitrario, es estatista, es comunista. No, es algo más allá de eso.
Es una especie de exposición o declaración pública de carácter hamponil.
Es como si una banda de rudos delincuentes ha llegado a tal nivel de desesperación que emite una declaración final en la cual precisa que se juegan la vida en su intención de robarse todos los dineros del último banco de la comarca. Sí, puede que suene a película, pero es más que una película, como bien lo definió el destacado jurista Allan Brewer Carias, quien con gran precisión nos señala que estamos ante una “monstruosidad jurídica”, en la cual decisiones administrativas disfrazadas de supuestas leyes tendrían vigencia y valor así contradigan leyes orgánicas o la propia Constitución.
Esta propuesta de “raspar la olla” también nos sorprende cuando afirma y reafirma contradicciones a la doctrina y antecedentes del ahora olvidado “Socialismo del siglo XXI”, pues Maduro y su banda de amigos extranjeros y operadores financieros nacionales ven en la Asamblea Nacional Constituyente una opción para su supuesta validación. La misma que crearon ilegalmente y, dicen, eliminarán cuando anuncian elecciones. Olvidan que esa instancia es desconocida por los países que innovan, producen en grande, tienen compromisos con las telecomunicaciones, la biotecnología, la robótica, el medio ambiente, las instituciones financieras internacionales, los derechos humanos.
Por ello, si se insiste en este trasnochado documento, mi parecer es que será doblemente rechazado en la comunidad mundial: írrito per se y arropado por una instancia que no es reconocida internacionalmente. ¿Cuál será el gran banco de inversión, la reconocida petrolera mundial, el gran productor de granos, la experta hidroeléctrica que se va a atrever a poner el nombre de sus directivos en estos archivos secretos, en estos opacos procedimientos y asignaciones basadas en el favoritismo y la coima?
A quienes le asignaron la responsabilidad del borrador a múltiples manos de este proyecto, de verdad que sufren de grave crisis de memoria. Nos hablan de “privatizaciones” y “desnacionalizaciones” sin preguntarse por qué durante todos estos años nacionalizaron, estatizaron, amenazaron, invadieron o destruyeron a troche y moche la cuarta economía más grande de toda Latinoamérica, llevándola a ocupar la posición de fondo en nuestro continente, amén de provocar y mantener el proceso hiperinflacionario más grande del hemisferio occidental.
¿Se habrán acordado de los “Planes de la Patria”, de la “Venezuela Potencia”, de los “14 motores de la reactivación”, de los innumerables planes de esa fulana “reactivación” de Maduro, de la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA? Las ahora frágiles pero aun activas instituciones representativas del sector empresarial venezolano tienen por delante un histórico momento: ver quiénes sí y quiénes no encuentran en esta “Ley para Raspar la Olla” una oportunidad para poner lo que queda de sus empresas y sus nombres en ese archivo, en esos procedimientos y asignaciones en lo que solo la élite política incompetente ofrece como falsa oportunidad para trabajar por el país.
Me queda una última reflexión: ¿será que Nicolás Maduro acepta y conviene abiertamente que conduce lo que internacionalmente se conoce como un “Estado forajido”? Ojalá que no.
A los fines de encontrar respuesta, vino a mi mente el escrito de nuestro respetado pensador y diplomático Sadio Garavini di Turno, quien el año pasado nos brindó una precisa y contundente definición, muy oportuna para incorporarla a este último esfuerzo por raspar la olla de los venezolanos:
“…El filósofo político norteamericano John Rawls acuñó el término de Estado forajido (outlaw state) refiriéndose a aquellos Estados con regímenes autoritarios que violan los derechos humanos, incumplen leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial, fomentan el terrorismo y amenazan la paz, tratando de expandir su poder e influencia en el exterior…”
LA ROJA LOCURA
Hasta el dogmático y profundo abogado rojo-rojito como es Luis Britto García -quien además es escritor, historiador, ensayista y dramaturgo – ha prendido las alarmas ante tal inconstitucional adefesio. El mismo Britto que declaró ilegítima cualquier constitución que quisiera implantar la tal Asamblea Nacional Constituyente de Maduro (pues “la Constitución no se puede aprobar en secreto, debemos conocerla y después sancionarla o no con nuestros votos”) lanzó un grito de alerta ante lo que considera un exabrupto.
Copio solo uno de sus análisis para que se den cuenta de la alarma que prendió en referencia a lo que pretenden aplicar con la “Desaplicación” de normas legales: “El artículo 17 del Proyecto de Ley Antibloqueo propone: “(…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”.
Cabe advertir que el término “desaplicación” es una especie de neologismo en el campo jurídico, que parece implicar la potestad de ignorar o violar disposiciones legales e incluso constitucionales sin necesidad de derogarlas.
Tal “desaplicación” solo generaría actos nulos, conforme al principio de legalidad de los actos de los poderes públicos, enunciado en los artículos 25, 137 y 218 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que citamos a continuación:
√ “Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. (…).
√ Artículo 137. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. (…).
√ Artículo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.
Cuando escribía estas líneas me llama una de mis fuentes del régimen y me dice: “que más podías esperar de quien redactó ese esperpento jurídico: “fue coordinado por el contralor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso que pareciera pasó por la Universidad Santa María pero que la USM no pasó por él”. «En el gobierno ya comenzaron a revirar cuando las críticas y vergüenzas salieron de adentro, del entorno de mando. Quisieron hacer una gracia, empujados por las angustias y el miedo a quedarse sin fondos para seguir su demagogia irracional y les salió una morisqueta”…
¿SIN BILLETES?
El tubazo periodístico de la agencia Bloomberg lo dio a conocer la colega Patricia Laya (@PattyLaya). Ella puntualizó que “a principios de año Venezuela recurrió a una impresora estatal en Rusia para comprar 300 millones de billetes nuevos tras acumular deudas con la tradicional empresa británica De La Rue, que es una de las mayores fabricantes de billetes bancarios del mundo, de la que el Banco Central de Venezuela había sido su cliente por décadas».
«Otros intentos por estabilizar la moneda eliminando ceros e imprimiendo nuevos billetes han fracasado”, manifestó. “Venezuela planea introducir un nuevo billete de 100,00 bolívares (con un valor de solo $ 0.23) y está importando papel para billetes de una imprenta italiana propiedad de la firma de capital privado estadounidense Bain Capital”.
“Para cuando los billetes estén listos para imprimirse, la hiperinflación anual estimada en 2400 % podría volverlos aun más inútiles. Los intentos anteriores de estabilizar el bolívar eliminando ceros e imprimiendo nuevos billetes fracasaron en meses”.
En otra demostración del contundente fracaso del régimen Chávez-Maduro explicó que la Casa de la Moneda nacional tiene una serie de obstáculos para presentar el nuevo proyecto de ley: la reducción de personal debido a la pandemia, así como la escasez de tinta y los desafíos técnicos provocados por las piezas faltantes y los frecuentes cortes de energía han retrasado los intentos de poner en funcionamiento el equipo de impresión.
Las fuentes que ella consultó le dijeron que “Venezuela seguirá luchando para imprimir billetes, ya que el reciente envío será el último de Fedrigoni, luego de cumplir con un contrato firmado en 2018, un año antes de que el BCV fuera sancionado por Estados Unidos”.
