protestas 2017

@ValeriaPedicini

Habían decidido ir a marchar juntos. Acompañados, en grupo, como lo habían hecho los últimos meses. Zugeimar Armas fue a la protesta del miércoles 7 de junio de 2017 con su sobrino, su compadre, su hijo Neomar y unos amigos que el joven había hecho durante tantos días de manifestaciones callejeras desde que iniciaron en abril. Salieron temprano de Guarenas, donde vivían, para llegar con tiempo de sobra a la concentración en la plaza Francia de Altamira en Caracas. 

Esperaron y el sitio se fue llenando poco a poco. Cuando los manifestantes empezaron a caminar, su hijo se despidió. 

—Mamá, ya nos vamos. 

—Dios te bendiga, hijo. Mucho cuidado. 

Eso significaba que los muchachos se iban al frente de la protesta, entre manifestantes y los efectivos de seguridad del Estado. Neomar Lander era uno de los «escuderos» del grupo de jóvenes de “La resistencia” que diariamente le hacían frente a la represión. Por eso acostumbraba a llevar zapatos deportivos, chaleco, máscara antigás y casco para protegerse. 

Zugeimar recuerda que ese día la represión fue la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad. “De Altamira a Chacaíto no era mucho y ya en Chacaíto estaban los policías esperando la concentración. Ya estaban tirando bombas lacrimógenas y todo”. Eso hizo que todos se dispersaran, incluso ellos, o echaran sus pasos atrás. Decidió seguir hacia Las Mercedes. 

Su sobrino le insistía para irse de ahí, pero ella insistía de vuelta con que no se marcharía de allí sin su hijo. “No podemos regresar a Altamira sin Neomar, no lo vamos a dejar solo aquí”, decía. Intentó llamarlo varias veces, pero nadie contestaba el teléfono. 

Entre no saber si moverse del sitio o esperar a Neomar, se consiguió a su compadre, quien estaba sentado en el suelo mientras lloraba. Zugeimar se acercó para saber qué había pasado, pero el hombre no podía dar explicaciones y solo negaba con la cabeza. 

—Neomar.

—¿Neomar? ¿Ajá, pero Neomar qué?

Zugeimar no entendía nada de lo que pasaba. Su celular sonó y ella contestó. La sobrina de su compadre le explicó que en las noticias hablaban de que su hijo había muerto tras el impacto de una bomba lacrimógena. 

La mujer no lo pensó ni dos veces: agarró a su sobrino y le pidió a un motorizado que estaba en el lugar que los llevara hasta Salud Chacao, donde creía que podía estar Neomar, porque algo le había pasado a su hijo. Por la descripción que le dio al motorizado, este le contestó que la llevaría a la Clínica Ávila. 

Recorrieron la ciudad atravesando el gas lacrimógeno que flotaba en el ambiente y esquivando piedras, botellas y hasta tiros. “Todo el mundo lloraba, pegaban gritos. En ese momento sentí como si estuviera en una guerra”. 

Apenas llegó a la clínica y se identificó como la madre del joven, la llevaron hasta la emergencia. En el camino, el enfermero que la guiaba no le respondía a sus preguntas sobre el estado de su muchacho. Cuando se encontraron con la doctora que lo había atendido, la abrazó y le dijo que no había podido hacer nada: Neomar había llegado al centro de salud sin signos vitales. 

Zugeimar no podía parar de llorar. Conmocionada, sin dar crédito a lo que acababa de escuchar, se sentó en el piso de la clínica por la desesperación. Al principio rechazaba cuando la doctora le preguntaba si quería ver a su hijo, pero cuando después quiso hacerlo, no la dejaron hasta que un abogado de la familia lo pidió. 

En la morgue de la clínica, un cuarto pequeño, había efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y del Ministerio Público. Uno de los funcionarios le preguntó si estaba segura de quererlo ver y le pidió a otros de ellos que no le bajara la sabana más allá del cuello para dejar ver el cuerpo del joven. Pero no pudo evitar verlo todo: “Había sangre en la pared, en el piso, le goteaba sangre por un dedo. El hueco que tenía era algo exagerado para el cuerpo de Neomar”. 

Zugeimar lo abrazó, lo besó y le echó la bendición, como siempre hacía. “Le pregunté que por qué él tenía que estar en ese momento, pero obviamente nadie me iba a contestar”. 

Dos versiones

La muerte de Neomar Lander desde el principio estuvo llena de controversia y confusión. El joven de 17 años estaba protestando en la avenida Libertador, del municipio Chacao, cuando la explosión de un artefacto hizo que cayera al suelo. ¿Qué objeto causó su deceso? 

Hay dos versiones: manifestantes, vecinos y testigos que estaban en el lugar han contado que falleció cuando una bomba lacrimógena lanzada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le impactó en el pecho. 

Por otra parte, representantes del chavismo han asegurado que se debió a la explosión de un mortero. Estas versiones oficiales comenzaron a circular horas después de la muerte del muchacho, sin esperar resultados de autopsias ni otras pruebas. 

“Lander Armas Neomar Alejandro (17) acaba de fallecer producto de una explosión de arma de fabricación artesanal (MORTERO) que manipulaba”, fue la publicación que hiciera la cuenta oficial del Ministerio de Interior, Justicia y Paz en Twitter. 

Esa noche, Tarek William Saab, Defensor del Pueblo en ese momento, dijo que Neomar había presentado “fractura de las costillas 4ta y 5ta, explosión de pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura de antebrazo por un explosivo de fabricación artesanal” y que las “experticias médicas forenses revelan que la terrible muerte de Neomar Lander no fue por un disparo de bomba lacrimógena”.

En un reporte que Runrun.es llevó durante las protestas de 2017, se contabilizaron 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de esa época. El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad en las protestas de 2017. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público. 

Neomar es de aquellos jóvenes fallecidos en las protestas de 2017 que presuntamente fueron asesinados por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. 

Zugeimar cuenta que funcionarios del Ministerio Público, bajo la jurisdicción de Luisa Ortega Díaz, en un principio se interesaron por la investigación de la muerte de su hijo. Pero con la llegada de Tarek William Saab todo cambió. “Neomar tenía meses que lo habían asesinado y ellos todavía no tenían los resultados de las pruebas químicas ni prácticas. Era inútil que hablaran de confianza porque desde el primer día que mi hijo murió, sin pruebas, salieron por televisión y dijeron que lo mató un mortero”. 

Meses después le fueron anunciadas las conclusiones que hiciera el Ministerio Público: los resultados habían arrojado a favor de la versión del Gobierno. Pero para Zugeimar Armas, eso no es suficiente. “Mientras yo no tenga pruebas contundentes que señalen que Neomar murió por manipular un mortero, mientras todo siga siendo así, el asesino de mi hijo es Nicolás Maduro en manos de un policía nacional”. 

Confiesa que ha sido muy difícil llevar la muerte de su muchacho. Siempre lo recuerda y llora pensando en lo que pasó. Todavía recibe mensajes de personas que le escriben por sus redes sociales y le hablan de su hijo como un “héroe”, “libertador” o “luchador”. Aunque le llena de orgullo que lo llamen así, lo único que quisiera es tenerlo a su lado. “Yo creo que lo seguirán llamando así, pero yo quisiera tener a mi hijo. No quisiera tener la memoria de un luchador o un héroe”. 

Era 15 de junio de 2017 y los manifestantes habían salido a las calles a mostrar su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. En Maracaibo, estado Zulia, un grupo de estudiantes de la Universidad Rafael Belloso Chacín (Urbe) se concentró en el semáforo de la avenida Guajira con la prolongación C2 para cerrar la calle con barricadas. Entre ellos, estaba Luis Vera. 

Todo transcurría con normalidad durante la mañana de ese jueves, entre cánticos, banderas y pancartas en casi tres meses de protestas antigubernamentales. Pero la tranquilidad de la manifestación se vio interrumpida por un ruido amenazante que puso a todos en estado de alerta: un vehículo blanco se acercó a ellos de forma estrepitosa y se llevó por delante lo que se atravesóq en su camino. 

Los estudiantes corrieron para ponerse a salvo, pero Luis no tuvo tiempo de hacerlo. Fue arrastrado 200 metros por la camioneta blanca hasta que fue detenida por oficiales de la Policía del Zulia. 

Durante las manifestaciones de 2017, Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

El joven de 20 años era el tercero de cuatro hermanos. Al momento de su fallecimiento, cursaba el segundo semestre de Contaduría Pública en UBBE. 

Se conoció que el conductor del carro era un comerciante llamado Darwin Rubio. Fue iniciada una demanda judicial en su contra, pero los resultados fueron desaprobados y repudiados por los familiares del joven, dado la cantidad de maniobras e incongruencias puestas bajo sospecha por abogados y defensores de derechos humanos. 

Seis meses después de la muerte de Luis, el 6 de diciembre del mismo año, fue realizada la audiencia preliminar contra Darwin Rubio, quien aparecía en el escrito acusatorio imputado como el autor en la comisión del delito de “homicidio calificado ejecutado por motivo fútil e innoble y alevosía”. 

Todos se llevaron una amarga sorpresa cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia lo modificó a “homicidio culposo”. La calificación jurídica favoreció a Rubio: fue condenado a cumplir un año y diez meses de prisión. 

La familia de Luis interpuso un recurso de apelación, ya que el órgano decisor no tomaba en consideración los elementos probatorios de la acusación fiscal. Denunciaron que el cambio vulneraba derechos y principios constitucionales y legales contemplados en la Constitución. “El arrollamiento de Luis Vera, en un estado total de indefensión, revela que la conducta de Darwin Rubio fue totalmente dolosa y alevosamente ejecutada”, aseguraron en la apelación, según reseñó la ONG Encuentro, Justicia y Perdón. 

El recurso de apelación interpuesto y un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron desestimados. La familia no deja a un lado la idea de llevar este caso a organizaciones internacionales para quizá así obtener justicia. 

“Todo esto es producto del secuestro de los poderes públicos. Enfrentamos una flagrante vulneración del debido proceso y del derecho que asiste a la víctima por extensión, de ver satisfecha su pretensión, que no es otra, que una recta y sana administración de justicia”, dijo Jonathan Crespo, primo de Luis. 

El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón.

Luego de tres años, el homicidio de Ángelo Quintero Rivas aún no ha sido investigado por el Estado venezolano

@fefamaya

El merideño Ángelo Quintero Rivas soñaba un mejor destino para su familia y para Venezuela. En 2017, el merideño anhelaba construir una casa para su hijo, pero la crisis socioeconómica que afronta Venezuela era un gran obstáculo.

Constructor y electricista de profesión, Ángelo Rafael Quintero Rivas nació el 20 de julio de 1989. Resultó herido el 28 de junio de 2017, cuando se registraba una protesta en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida. Quintero no logró superar las graves consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Tras una larga lucha, murió a la edad de 28 años en las instalaciones del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En un contexto de protestas políticas por el descontento del pueblo venezolano con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese miércoles, Quintero se encontraba en la calle San Isidro del sector El Trapichito, en la localidad de Ejido, junto a un grupo de vecinos que salieron de sus casas a demostrar su descontento por la crisis humanitaria.

Apenas transcurridos unos minutos, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron el lugar junto a colectivos armados que decidieron acabar la protesta de manera violenta. La situación fue confusa. En medio del tiroteo, una bala impactó la cabeza de Ángelo, en el parietal derecho. 

Yurlexi Rivas, enfermera y hermana de Ángelo, relató a Runrun.es que horas antes, lo llamó a su celular para decirle que no fuera a visitar al niño porque la situación en esa calle estaba muy delicada con la guardia y la policía. No hizo y fue.

“A las siete de la noche recibí una llamada del celular de mi hermano, pero no era él, era otra voz, aseguraba ser un comandante y me informó que Ángelo estaba en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. Me pidió que me fuera para allá, pero no me dijo qué le había pasado”, comentó Rivas.

Ángelo fue llevado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes donde permaneció durante ocho meses. Después de una larga lucha para salvarle la vida, falleció por la falta de un antibiótico que nunca se consiguió por más que se hicieron diligencias y que se contactó a diferentes personas en otros países.

Impune como muchos otros

“El asesinato de Ángelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. Para la justicia es como si nada hubiese ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, confesó Yurlexy Rivas, a la organización Justicia, Encuentro y Perdón. 

Luego de tres años de aquellas protestas que estremecieron al país y a la comunidad internacional, Yurlexy Rivas renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, con el objetivo de determinar las responsabilidades y las sanciones, según lo establecido en la normativa legal vigente.

El relato del caso de Ángelo fue extraído de las crónicas reseñadas en el portal de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

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Alfavic2017 recordó que para que haya justicia en cada uno de estos casos es necesario que se mantenga la presión de instancias internacionales

Los integrantes de la Alianza  de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic2017), aseguraron que el informe de la Misión de la ONU reitera que el gobierno de Nicolás Maduro incurre constantemente en violaciones a los DD.HH y que sus parientes fueron asesinados durante las manifestaciones de 2017 mientras ejercían el derecho a la protesta pacífica.

Antes estas conclusiones pidieron, una vez más a la comunidad internacional, que no calle frente a las injusticias y violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) que comete el gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, recordaron que en Venezuela la justicia está parcializada y actúa a favor del gobernante razón por la cual necesitan del apoyo de instancias como la OEA, la ONU para que los culpables de los asesinatos del 2017 sean castigados.

Tras un comunicado difundido este 17 de septiembre en el que se mostraron satisfechos con el informe elaborado y presentado por la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, los voceros de Alfavic aplaudieron que cada una de sus denuncias hayan sido tomadas en cuenta y exhortaron a que ninguno de los casos quede por fuera.

Asimismo, recordaron que las conclusiones del informe son contundentes y claras. Señalaron que este permite determinar que Maduro y sus ministros ordenaron y contribuyeron con los asesinatos que ocurrieron durante esas manifestaciones.

#17Sep COMUNICADO de Alfavic 2017 ante el reciente informe presentado por @ONU_es ? pic.twitter.com/nGZVTlj9Ls

— Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) September 17, 2020

«Es por ello que pedimos a la comunidad internacional, a los Estados presentes en la Organización de Naciones Unidas, a los que participaran en el debate interactivo el 23 de septiembre, al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, a hacer todos los esfuerzos para renovar el mandato de la Comisión Independiente de Investigación de Hechos para Venezuela, y a no quedarse callados, a actuar para que haya justicia, verdad y reparación y sobre todo para que cesen las acciones del Estado venezolano contra su Pueblo», exhortaron.

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Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, Óscar se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento

La oficina de Acnudh señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas

Carmen Ruiz estaba en su casa en Puerto La Cruz cuando un amigo le escribió por Facebook para preguntarle si conocía a un joven que tenía agregado entre sus contactos. “Él es mi hijo”, le contestó. El siguiente mensaje que recibió le heló la sangre: “Está herido”. 

La angustia la invadió. Quería salir corriendo, pero no encontró ningún transporte que la pudiera llevar a la capital. Estaba desesperada, pero no tenía otra opción. Tuvo que esperar al día siguiente mientras miles de preguntas revoloteaban en su mente porque nadie le explicaba la gravedad de lo sucedido ni el estado de su hijo.

En una calle de Altamira, en medio de una protesta antigubernamental en Caracas, el corazón de Óscar Navarrete había dejado de latir. Una bomba lacrimógena impactó en el lado izquierdo de su pecho y le provocó un paro cardiorrespiratorio. El 18 de mayo de 2017, el joven estuvo sin signos vitales por 40 minutos. 

La gente que tenía alrededor lo montó en una moto y fue trasladado a una clínica cercana en el este de la ciudad. Los médicos le practicaron reanimaciones pero no respondió ni al primero, ni al segundo, ni al tercer intento. “Ellos acostumbran a hacer tres reanimaciones, pero a él le practicaron cuatro”, cuenta su madre. Cuando ya no había muchas posibilidades de que reaccionara, Óscar lo hizo. 

El muchacho quedó en estado de coma. Pasó unos cuantos días en terapia intensiva y cuando lo movieron a una habitación tras mostrar una pequeña mejoría, un segundo paro cardíaco hizo que estuviera otros 25 minutos sin signos vitales. Hicieron las segundas maniobras de reanimaciones para regresarle el aliento.

Los doctores fueron directos con el diagnóstico: “Tu hijo va a quedar en estado vegetal”. Con todos los pronósticos en contra, Carmen se negaba a aceptar la idea de que ya no había más nada que hacer por él. Tampoco hizo caso de la sugerencia de desconectarlo de las máquinas. Ella pensaba que si Dios le había dado una segunda oportunidad a Óscar, más nadie le podía arrebatar la vida de esa manera.

En esas condiciones fueron trasladados a un centro de rehabilitación de un hospital público para iniciar con las terapias para recuperar la movilidad. Carmen cambió las paredes de su habitación por las del centro de salud. No se separaba de su hijo, a quien atendía y cuidaba a tiempo completo con paciencia y amor. 

Óscar fue reaccionando poco a poco al tratamiento fisiátrico. Al inicio estuvo con la mirada perdida, sin moverse, sin reaccionar a las terapias. Le pusieron un gastrostomo y un trasqueostomo porque no podía comer ni respirar por sí mismo. No caminaba y tampoco hablaba. 

La primera señal de su recuperación fue cuando su mirada tuvo intención. Empezó a buscar a la gente y a seguirles el paso con los ojos. Carmen vio la diferencia en su hijo y lo supo: Óscar estaba saliendo del estado vegetativo.

Volver a nacer

Óscar Navarrete se había mudado a Guarenas con sus abuelos en búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales. Tenía 18 años y estudiaba el último año de bachillerato. Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, él se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento. A veces iba con algunos miembros de su familia, a veces solo. 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 6.729 manifestaciones entre abril y julio de 2017 en todo el territorio nacional. Es decir, 56 protestas diarias. 

El 18 de mayo, en una actividad llamada “marcha contra la represión”, Óscar vio a la cara el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado cuando una bomba lacrimógena disparada a quemarropa, a menos de 10 metros de distancia, le golpeó el pecho. Manifestantes y paramédicos le contaron a Carmen que el responsable había sido un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven es parte de los 4.000 heridos en las protestas de 2017, estimación realizada por la organización Foro Penal Venezolano. En un informe señalaron que el impactar con bombas lacrimógenas directamente hacia el cuerpo de la gente representa una “conducta de represión sistemática y agresiva” que poco tiene que ver con la intención de dispersar manifestantes, “sino más bien de causarles heridas y contusiones de gravedad”. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios que fue generalizado y siguiendo un patrón común. 

“Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de barreras para separar a las personas que participaban en las protestas”, reza el informe publicado en 2017. Señalaron que la GNB empleó el grado de violencia más alto contra manifestantes. 

Según cálculos de médicos registrados en el informe de Acnudh, entre 10.000 y 12.000 personas pudieron haber sido lesionadas en los primeros 100 días de protestas. 

Mientras estaban en la clínica, durante los primeros días después de lo ocurrido, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercó al sitio en busca de Óscar para llevárselo preso. “Ellos creían que mi hijo estaba mejor”. Lo querían imputar por agravio a la propiedad del Estado. Carmen hizo la denuncia en el Ministerio Público, pero hasta la fecha no han recibido respuestas ni han sido identificados los culpables.

Desde ese día de mayo de 2017, la vida de Óscar no volvió a hacer la misma. No pudo continuar con sus estudios, su sueño de estudiar criminología para parecerse a los personajes policiacas de sus series de televisión quedó suspendido.

Una vez superado el diagnóstico del estado vegetal, el joven tuvo que aprender todo otra vez desde cero: caminar, comer, hablar, escribir. Por culpa de un edema cerebral tras pasar tantos minutos sin signos vitales, tampoco recuerda lo que pasó hace tres años cuando salió a protestar y cayó herido. Ha recuperado algunos recuerdos, pero hay muchos momentos que siguen en blanco. Todavía se le complica registrar nuevas memorias a corto plazo: si hace algo, es probable que se le olvide al poco tiempo. 

El camino de la recuperación no ha sido fácil. Los pasos que ha dado han sido poco a poco, pero no han sido suficientes. La lucha ha sido a largo plazo.

Al año de estar en el centro de rehabilitación, fueron desalojados. El director del hospital se había enterado que un joven de las protestas estaba en el sitio. La orden fue recoger sus pertenencias y salir de ahí, sin haber recibido el alta médica y sin haber completado sus terapias. “Nos corrieron como unos perros”. Pasaron un tiempo en Guarenas, hasta que regresaron a su hogar en el estado Anzoátegui.

A partir de ahí, el proceso de mejoría se hizo más cuesta arriba. Carmen no cuenta con los recursos económicos para costear tratamientos, pastillas, inyecciones, exámenes, consultas, rehabilitaciones. Incluso para trasladarse hasta Caracas para sus terapias. Muchas veces, pide donaciones o colaboraciones para cubrir los gastos de Óscar, aunque en ocasiones puede pasar tiempo sin tomar un medicamento o hacer un ejercicio.

Y aunque ha avanzado, tres años después su recuperación no ha terminado. Hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Carmen no deja de luchar ni un minuto por el bienestar de su hijo y no pierde la esperanza de que se haga justicia.

Ambas naciones llevan más de veinte años bajo el yugo de regímenes autocráticos, con un amplio récord de violaciones de derechos humanos y sanciones internacionales

Las denuncias de fraude electoral llevaron al país ex soviético a experimentar un nuevo ciclo de protestas bajo la conducción de un liderazgo fresco y creíble que aspira a lograr, por primera vez en su historia, el cambio presidencial a través del voto

Venezuela, con su propio historial de elecciones amañadas e incontables olas de manifestaciones de calle, aún espera que se construya una vía real de cambio que rescate la democracia que disfrutó por cuarenta años 

@GitiW

Antes de la llegada del chavismo al poder, hace ya veintiún años, nadie hubiese buscado trazar paralelismos entre la situación política bielorrusa y la venezolana. Aunque imperfecta, la democracia criolla llevaba cuarenta años permitiendo cambios presidenciales y regionales por medio de la votación universal, secreta y directa. En contraste, la nación ex soviética sólo ha tenido una elección libre en la que resultó ganador Alexander Lukashenko, quien rige el país desde hace 26 años. De no parecerse en nada, ambas naciones pasaron a ostentar en 2019 el mismo puntaje con el que la organización Freedom House evalúa las libertades políticas y civiles: 19 sobre 100. 

Tal es ahora la cercanía con Bielorrusia que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, condecoró al embajador de ese país en Venezuela, Oleg Páferov, con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. La distinción fue conferida a dos semanas de realizarse la elección en la que Lukashenko se proclamó victorioso por sexta vez consecutiva, lo que generó una masiva manifestación en rechazo y la subsecuente represión violenta por parte del Estado que dejó, en una sola noche, un fallecido, decenas de heridos y 3000 arrestados.

#FOTOS | En nombre del Gobierno Bolivariano, el canciller Jorge Arreaza @jaarreaza hace entrega de la Orden Francisco de Miranda, en su Primera Clase «Generalísimo» a Oleg Páferov, embajador de la República de Belarús ?? en nuestro país.#AVotarPorLaPaz #19Agos pic.twitter.com/RxEdyiKAns

— Cancillería Venezuela ?? (@CancilleriaVE) August 19, 2020

La líder de la coalición opositora, Svetlana Tikhanovskaya, desconoció el resultado oficial que le otorgó 9,9% de los votos frente a 80,2% de Lukashenko. Temiendo por su integridad, salió del país rumbo a Lituania desde donde intenta organizar su regreso a Bielorrusia así como liderar las protestas masivas cuyo foco es la renuncia de Lukashenko. “Nosotros hemos cambiado, nuestra mente ha cambiado, nuestra gente no va a aceptar más a este presidente”, aseguró Tikhanovskaya en una entrevista concedida un día antes del tercer domingo consecutivo de protestas que llenó las calles de Minsk. 

A tres semanas de la votación, gran parte de la comunidad internacional ha reconocido la ilegitimidad del proceso electoral, aunque de momento se limitan a observar cómo se desarrolla el conflicto. Tan evidente es el paralelismo con la elección presidencial venezolana de mayo de 2018, desconocida por más de 60 países, que Josep Borrell, Alto Representante Europeo para Asuntos Exteriores, declaró que “Lukashenko es como Maduro, no le reconocemos pero hay que tratarle”. 

Bielorrusia y Venezuela en seis similitudes y diferencias 

Desde hace tres semanas, las redes sociales en Venezuela han visto multiplicarse los mensajes que comparan la realidad política de ambas naciones. Muchos mensajes hacen énfasis en la necesidad de votar como prerrequisito para denunciar el fraude electoral y generar protestas masivas. Otros celebran el coraje y determinación de los bielorrusos pues al salir masivamente le plantan cara al régimen y superando el temor a la represión. 

En Runrunes consultamos tres voces expertas para analizar qué tan acertadas son tales comparaciones: María Teresa Urreiztieta, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, doctora en Psicología Social, experta en procesos de democratización, movimientos sociales y protestas; Georg Eickhoff, doctor en Historia Moderna y Filología Española por la Universidad Técnica de Berlín, actualmente es relator y analista político para Ucrania de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; y Sven Gerst, secretario general de la Federación Internacional de Juventudes Liberales.

Los tres analistas coinciden en que toda comparación de casos sociopolíticos requiere de una comprensión detallada de los contextos históricos, políticos, sociales y coyunturales que son propios de cada sociedad. Esto no niega que haya similitudes y coincidencias entre el proceso bielorruso y el proceso venezolano, afirmó Urreiztieta, al tiempo que insistió en la necesidad de valorar las diferencias que derivan de las particularidades en cada caso.   

Ambos países han sido gobernados por regímenes autocráticos que han ejercido un control hegemónico de la sociedad. Desde 1994 no se ha dado un cambio del Poder Ejecutivo en Bielorrusia, del mismo modo que desde 1999 el chavismo ha mantenido el control de Miraflores. En 2019 se realizaron elecciones parlamentarias en Bielorrusia y los candidatos leales a Lukashenko ganaron todos los escaños de la cámara baja (110), mientras que en Venezuela desde 2015 han coartado la independencia de la Asamblea Nacional y desde 2017 existe una Asamblea Nacional Constituyente que responde a los intereses de Maduro. “Tanto Bielorrusia como Venezuela tienen contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de persecución política que ha llevado a dirigentes a la cárcel y al exilio, de brutalidad en la represión del Estado a manifestaciones pacíficas, de control de los medios de comunicación y de control del acceso a Internet”, enumeró Urreiztieta. 

“No son idénticas las situaciones y una gran diferencia es que Venezuela durante décadas fue un ejemplo de democracia, inclusive muchos llegaron a pensar que el chavismo iba a manejarse dentro del estado de derecho. La población de Bielorrusia ha sufrido lo más feroz de las dos grandes dictaduras del siglo XX, el fascismo y el comunismo, pocas poblaciones en el planeta han sufrido tanto como los bielorrusos y nunca han conocido un despliegue pleno de la democracia. Sólo ha conocido una vez en su historia una elección libre -la primera vez que fue electo Lukashenko en 1994-, y terminó así”, explicó Eickhoff. Ser una república ex soviética conforma una impronta muy importante, agregó Urreiztieta. “La tradición comunista es muy diferente a la tradición democrática de 40 años venezolana. Esto imprime un carácter muy particular a la duración de las protestas y a las posibilidades de diálogo y negociación política. Lukashenko no se ha planteado negociar. En la tradición democrática venezolana impera la necesidad de la convivencia pacífica y representa una gran diferencia en la forma de ejercer el poder y el liderazgo”, dijo la profesora de la USB.

No es la primera vez que los bielorrusos protestan en contra de Lukashenko. “Hemos protestado en todas las elecciones desde que Lukashenko fue electo en 1994, también lo hicimos tras el referéndum inconstitucional en el cual cambiaron la bandera y el escudo de armas en 1995”, contó Gerst. “En las recientes jornadas de protestas en Bielorrusia, como en las protestas de 2017 en Venezuela, destaca el carácter masivo, plural e intergeneracional, con predominio de un movimiento cívico y pacífico de resistencia activa”, dijo Urreiztieta. La profesora explicó que en ambos países la protesta ha sido reivindicada como la caja de resonancia de los malestares y como un instrumento de expresión política y social. 

Gerst puntualizó que las protestas actuales son puramente anti-Lukashenko sin muchos reclamos políticos adicionales. “Es más una lucha por derechos políticos y cívicos, lo cual también es muy frágil porque una lucha por derechos políticos se puede combatir fácilmente porque la gente se repliega. La mentalidad por muchos años en los países de la ex Unión Soviética es estar felices si tienen qué comer, un techo y calefacción en el invierno. Se preguntan si vale la pena arriesgar por conquistar derechos políticos. Esa es la fragilidad de esta lucha que estamos viendo ahorita”, argumentó Eickhoff. Que la aspiración actual sea la renuncia de Lukashenko y no un cambio de la estructura del Estado se debe al desgaste y autoritarismo del presidente y a la poca experiencia democrática de los bielorrusos, explicó Urreiztieta, quien advirtió que “la salida de Lukashenko sería un primer paso, pero un cambio cosmético no es un cambio real ni profundo, ni obedece a un proceso democratizador”. En contraste, los venezolanos saben que un cambio de presidente es insuficiente y la demanda es restablecer la separación de los poderes públicos y el estado de derecho. 

Desde Minsk, el secretario general de la Federación Internacional de Juventudes Liberales dijo que “hemos visto represión contra las protestas en el pasado, pero la violencia que hemos visto esta vez no tiene precedentes”. También en Venezuela la represión violenta a las manifestaciones opositoras fue creciendo de manera gradual. El último ciclo de protestas en Venezuela (2017) dejó un balance de 158 muertos. “En ambos casos ha predominado la violencia oficial y la impunidad”, confirmó Urreiztieta aunque destacó un dato: en Venezuela, en todo el ciclo de protestas de 2017 hubo alrededor de 5000 arrestados según el Foro Penal Venezolano, mientras que en Bielorrusia en los primeros 10 días hubo unos 7000 arrestos y al menos 4 muertos. 

Uno de los aspectos más llamativos del proceso bielorruso es que está liderado por un triunvirato de mujeres, esposas de políticos encarcelados. “Es un liderazgo innovador e inédito que aporta ética y estéticas diferentes; este liderazgo femenino ha aportado una mezcla de credibilidad y sencillez y eso logró convocar a la gente. En Venezuela, si bien vimos un cambio generacional en la conducción de las protestas de 2017, el liderazgo político opositor a Maduro siguió siendo predominantemente masculino”, explicó Urreiztieta. En cuanto a la credibilidad, Eickhoff apuntó que incluso el presidente interino, Juan Guaidó, ha sufrido un enorme desgaste en corto tiempo. “Quedan muy pocas instituciones creíbles; el mensaje de los obispos confundió a mucha gente porque quedan pocas referencias éticas en la sociedad. Esta es una diferencia clara con el liderazgo bielorruso porque los líderes allá son tan nuevos que todavía son hojas en blanco que permiten que la sociedad proyecte sus esperanzas. En Venezuela, el gobierno ha dedicado mucho esfuerzo y ha tenido éxito en el proceso de mermar la credibilidad del liderazgo democrático, nadie confía en nadie, todos piensan que de una forma u otra todos están recibiendo dinero del gobierno, como no hay duda de que algunos están haciendo”, sostuvo el historiador. 

En el caso de Bielorrusia, la crisis de legitimidad deriva del fraude electoral presidencial que  detonó la reciente ola de protestas, mientras que en Venezuela lo fueron las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia dictadas en 2017 en contra de la Asamblea Nacional para despojarla de sus funciones y otorgar más poderes a la presidencia. “El pico cumbre de la ilegitimidad del gobierno venezolano está en la reelección de Maduro en mayo de 2018 que desembocó en la formación de una presidencia interina y en el reconocimiento del fraude por buena parte de la comunidad internacional”, dijo la profesora de la USB. 

En el ranking de calidad de vida medido por el PIB per cápita, Bielorrusia ocupa la posición 94 de 196 países, con lo cual está más cerca de Colombia -que ocupa el puesto 91- que de Venezuela que está en el 126. “Aunque Bielorrusia está entre los países más pobres de Europa, Venezuela está en peores condiciones; con esto quiero decir que el plan cubano puesto en marcha por el gobierno chavista funcionó, el cual era romper la espina dorsal de la sociedad venezolana”, dijo Eickhoff. La profesora de la USB confirmó la apreciación: “Aquí estamos en contexto de sobrevivencia, de emergencia humanitaria compleja, con mermadas condiciones de vida y el advenimiento de la pandemia terminó por alterar la dinámica social en torno a las movilizaciones”. Otra diferencia crucial es la violencia criminal, que en Bielorrusia es muy baja mientras que en Venezuela, con una tasa de 60,3 homicidios por cada cien mil habitantes, es la más alta del mundo.

En las manifestaciones anti-Lukashenko han ondeado miles de banderas blanca y roja, en uso oficial hasta 1995 cuando fue reemplazada por la bandera actual de inspiración soviética. “La bandera blanca-roja-blanca ha estado asociada con la oposición y en todas las grandes manifestaciones anti-régimen ha sido ondeada por la gente. Para muchos bielorrusos esa ha sido, desde siempre, la bandera nacional», explicó en un hilo de Twitter el historiador Janek Lasocki. También en Venezuela el régimen chavista cambió la bandera nacional y el escudo en 2006 y el uso de los símbolos patrios originales ha sido parte de los recursos visuales de los manifestantes opositores desde entonces. 

Tras la cuestionada reelección de Lukashenko, la oposición ha llenado las calles de Minsk y de otras ciudades del país por tres fines de semanas consecutivos. En Venezuela, el ciclo de protesta de 2017 duró cuatro meses y tuvo convocatorias casi interdiarias. “La protesta política -salir a la calle y exponerse a la represión-, es una actividad que se ejerce en paralelo a la vida misma; lo que hemos visto en este breve ciclo de protestas en Bielorrusia es que las grandes manifestaciones son los fines de semana porque la gente tiene una vida y tiene que trabajar; ahora bien, si los trabajadores de las fábricas van a huelga pueden jugar un factor muy importante. Bielorrusia es un país muy conservador hacia los valores de la Unión Soviética y si ellos van a huelga será un factor decisivo”, explicó Eickhoff. 

“El juego geopolítico de superpotencias conforma una variable muy importante para lo que suceda en Venezuela. El apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea también se ha visto en ambos casos. Asimismo, la presión de los países más próximos juega un papel clave en lo que ocurra fronteras adentro”, dijo Urreiztieta. El historiador Georg Eickhoff también ve en este punto una similitud entre ambos casos: “Parece que hay un equilibrio frágil entre Rusia y la Unión Europea y que van a hacer las cosas diferente a lo que hicieron en Ucrania. En esto sí se podría ver una similitud con Venezuela ya que cuando las grandes potencias dejan solos a los países, los gobiernos autoritarios tiene el espacio para aplastar a la oposición como lo han hecho en Venezuela. Lo que queda es una oposición de decoración”. 

“¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en Bielorrusia existe una esperanza real de cambio y eso es fundamental en psicología política. Las movilizaciones en Venezuela no se darán ni sostendrán si no se construye una esperanza creíble y real de cambio. Los venezolanos han sacrificado muchísimo a lo largo de estos 21 años, la gente lo que pide es respeto, honestidad, coherencia y la construcción de un vía real de cambio. En Venezuela, la esperanza real de cambio se ha ido desvaneciendo poco a poco”, argumentó Urreiztieta.  

Por su parte, Eickhoff dijo que “en Bielorrusia estamos viendo el inicio de un despertar democrático y en Venezuela vemos un final, un fracaso, una merma; un país y una oposición quebradas. El problema de los venezolanos es que se acuerdan de cómo era su democracia, que si bien estaba lejos de ser perfecta estaba allí; era un país muy próspero, con una vida feliz, muchos recuerdos buenos de la juventud, de viajes, de tener plata, de ser respetados en el mundo y eso ha creado la expectativa de que debería ser fácil regresar a eso pero no lo es. Lean nuevamente el Plan de la Patria de 2006, allí está el mapa de cómo destruir a Venezuela y a más de una década y media hay que decir que han sido exitosos en esa destrucción pero no en la construcción del modelo socialista no porque eso no existe, nunca ha existido”. 

Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez  durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal

El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal.  Pese a que la versión oficial presentó  Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.

“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.

Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.

Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.

Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.

Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Contra el olvido y la impunidad

Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.

Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.

Una imputación que no es creíble

El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.

El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

El caso  es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

El 10 de mayo de 2017 se cumplía el día número 40 de las protestas cuando Miguel Castillo decidió salir a marchar y perdió la vida. 

Una metra disparada por el arma de fuego de un GNB le atravesó el brazo izquierdo, entró justo entre las costillas para alojarse en el ventrículo izquierdo del corazón.

Miguel Castillo Bracho fue asesinado el pasado 10 de mayo de 2017, en el marco de las protestas que se desataron ante la ruptura del hilo constitucional, a raíz de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asmablea Nacional y extendió los poderes del Poder Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro.

El joven no llevaba ni una hora en las inmediaciones del Centro Venezolano Americano en la avenida principal de Las Mercedes, en Caracas, cuando recibió el impacto de una metra que fungió de bala, disparada por un Guardia Nacional desde el elevado de la zona. 

Una investigación realizada por la fiscalía 34 Nacional y fiscalía 126 del Área Metropolitana de Caracas, luego de que les fue asignado el caso el propio 10 de marzo por el Ministerio Público, cuando era gestionado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, encontró que la metra-bala provino de una escopeta con munición adulterada de un Guardia Nacional. 

“El caso de Miguel está criminalísticamente cerrado”, ratificó su mamá Carmen Elena Bracho en el 2018 a RunRun.es. 

Sin embargo, luego de la designación de Tareck William Saab como fiscal por parte de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, el proceso judicial ha quedado congelado.

Este domingo 10 de mayo de 2020, diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado en redes sociales en su memoria. 

Se cumplen 3 años del asesinato de Miguel Castillo, quien murió por impacto de proyectil de metra, el cual atravesó su brazo, pulmón y corazón en una manifestación en Las Mercedes. Miguel solo tenía 27 años y era comunicador social cuando fue asesinado. #NoLosOlvidamos pic.twitter.com/mnhaVLBiCi

— PROVEA (@_Provea) May 10, 2020

#10My Hoy se cumplen 3 años de la muerte de Miguel Castillo el 10/05/17
No lo olvidemos #QueSeHagaJusticia
– Foro Penal pic.twitter.com/V58cL8LrhQ

Mas sobre el caso aquí: https://t.co/7sRgdp2Nep

— Foro Penal (@ForoPenal) May 10, 2020

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