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Misión ONU: En Venezuela se repiten violaciones a DDHH que siguen impunes

En el marco del 55º Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) advirtió que el Estado venezolano sigue violando los derechos humanos «explícitamente mencionados en el mandato de la Misión, por lo que siguen impunes»

«Nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades (venezolanas)», dijo Marta Valiñas, presidenta de la FFM.

«La Misión reitera que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto: una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales», agregó. 

Valiñas afirmó que —partiendo de las Investigaciones que han venido realizando— «se observa una repetición de los mismos patrones de violación de DDHH contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los DDHH que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno». 

Derechos Políticos En Peligro

La Misión mencionó  lo sucedido con las Primarias de la Oposición, en la que resultó ganadora María Corina Machado y cuyo proceso fue «anulado» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a petición de un «Diputado» afín al Gobierno de Venezuela.

Patricia Tappatá Valdez, miembro de la FFM, acotó que «las inhabilitaciones son una forma directa de silenciar el derecho a la libertad de expresión y a la participación política de los venezolanos».

Después de esa inhabilitación ocurrida en diciembre, Machado, quien preside el Partido Vente Venezuela, ha denunciado en múltiples oportunidades la persecución y, para la fecha de redacción de este texto, también ha denunciado hostigamiento de algunos miembros de su equipo regional y la desaparición forzada y detención arbitraria de al menos 6 miembros del partido.

«Brazalete blanco» para violar DDHH

Valiñas reiteró que la persecución política a los defensores de los derechos humanos se vio reflejada este año con la serie de detenciones bajo el caso «Brazalete blanco», denominado así por el Ministerio Público a los más de 30 exmilitares y activistas que fueron detenidos entre enero y febrero por presuntas conspiraciones. 

«La detención selectiva de personas opositoras vinculadas por las autoridades a la denominada Operación Brazalete Blanco continúa hasta la fecha», expresó Valiñas. «Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto, además, que los ataques del Gobierno venezolano están sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil».

«Detenciones como la de Javier Tarazona y Rocío San Miguel, demuestran lo que el Gobierno es capaz de hacer y representan una amenaza indirecta para quienes se atrevan a denunciar los graves crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos», agregó. 

La ONG Defiende Venezuela denunció a través de un comunicado de prensa que «la sociedad civil en Venezuela debe permanecer en alerta ante la continua represión del Gobierno». Advirtió que aún existen «264 presos políticos que han sido torturados, y cuyos procesos judiciales no existen o son dilatados permanentemente de manera ilegal, lo que viola tratados internacionales y la legislación vigente».

Misión ONU: Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela reiteró este miércoles, 20 de marzo, que el Ministerio Público (MP) «sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno». 

En la actualización oral del informe que presentó la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Marta Valiñas, presidenta de la organización, indicó que el ente, presidido por el fiscal impuesto por la constituyente cubana, Tareck William Saab actúa para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.

La jefa de la Misión indicó que los numerosos eventos registrados durante el período de la actualización confirman que «Venezuela se encuentra en una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades». Añadió que observa un «patrón repetido de violaciones de derechos humanos contra personas de oposición que incluye a defensores de derechos humanos que se atreven a criticar o denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno».

«Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión», detalló Valiñas.

Cabe recordar que en la actualización que realizó la Misión en septiembre de 2023, la organización aseveró tener  «motivos razonables» para creer que el Ministerio Público, en algunos casos, «retrasó a sabiendas la fecha oficial de detención, y en otros, negó información a los familiares sobre personas que eran trasladas de un centro de detención a otro”.

En el informe del año pasado,  la Misión de la ONU también señaló a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de contribuir por “acción y omisión” a la represión en Venezuela. 

Sobre las fuerzas de seguridad del Estado implicadas en graves violaciones a los derechos humanos, el informe señaló a la Dirección del Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Otro ente estatal que mencionó el informe fue la Contraloría General de la República que aplicó inhabilitaciones políticas de manera selectiva a líderes de la oposición, violando normas internacionales y procedimientos internos aplicables.

GNB investigada por crímenes internacionales

En esta actualización de marzo de 2024, la Misión de la ONU informó que está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en «graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en últimos 10 años,», con miras a dar cuenta «en la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales». 

Ministerio Público sigue operando

Misión ONU: Gobierno venezolano reactivó su fase de represión más violenta de cara a presidenciales

Este miércoles, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó que el gobierno de Nicolás Maduro reactivó su fase de represión más violenta de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. 

En la actualización oral del informe que presentó la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la presidenta de la organización, Marta Valiñas, explicó que la represión funciona en dos modalidades dependiendo del contexto. Una más violenta,  «que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos; y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio de los derechos fundamentales.».

Valiñas afirmó que la Misión «observa una repetición de patrones de violación de los derechos humanos contra personas opositoras y que incluye a defensores de derechos humanos que se atreven a criticar o protestar por decisiones del gobierno». 

La presidenta de la Misión de la ONU aseguró que el año 2024 empezó con anuncios y acciones menos alentadores para el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. 

«El gobierno de Nicolás pidió que se active la ‘Furia Bolivariana’ en respuesta a supuestos planes de magnicidio, lo que se traduce en una multitud de actos de hostigamiento y represión violenta», indicó Valiñas. 

Limitación al derecho a participar en las elecciones  

La Misión de la ONU enumeró varios acontecimientos que se han producido desde octubre de 2023 y que limitan el derecho a participar en las elecciones presidenciales. 

El primero fue el Acuerdo de Barbados, donde el gobierno y la oposición se comprometieron a reconocer el derecho de las partes a elegir libremente a sus candidatos para los comicios, promoviendo “un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”.

Días después, mencionó que un diputado afecto al gobierno introdujo un recurso de nulidad de las elecciones primarias celebradas por la oposición y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación política que pesaba sobre María Corina Machado por 15 años.

Valiñas indicó además que la Misión pudo constatar que las autoridades venezolanas invocan «conspiraciones reales o ficticias» para «amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno», lo que a su juicio pone en evidencia las graves dificultades que existen para que las elecciones se desarrollen con normalidad.

Exigen respetar Estado de Derecho

Patricia Tappatá, presidenta y miembro de la Misión de la ONU sobre Venezuela, durante su intervención exigió respeto al Estado de Derecho ante procedimientos arbitrarios que buscan «infundir terror» en el país. 

Tappatá afirmó que los atropellos contra las personas que se atreven a alzar su voz frente a los abusos del Estado constituyen «hechos de gravedad» y más aún cuando está en puerta algún proceso de elecciones.

fase de represión

Misión de la ONU expresó profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel
La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias

 

La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano.

El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país.

«No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación.

La Misión ha expresado su preocupación por una serie de actos recientes que contravienen el derecho internacional y que incluyen detenciones y amenazas de detención de miembros de la Comisión Nacional de Primarias, así como de militantes del partido político Vente Venezuela, ganador de las elecciones primarias de la oposición, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado.

«El Estado venezolano ha violado los derechos humanos de decenas de personas al investigar a presuntos grupos conspiradores, privando a los investigados, detenidos y procesados de sus más elementales derechos «, afirmó Francisco Cox, miembro de la Misión de Investigación. 

«De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual Venezuela es parte, uno de los elementos constitutivos de las desapariciones forzadas es la negación de información sobre el paradero de la persona, lo que impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes», dijo Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la Misión Investigadora. 

«En Venezuela, las medidas de represión e intimidación dirigidas a reducir el espacio cívico -ahora en mayor riesgo con la próxima aprobación de la ley que regula las organizaciones no gubernamentales y que afecta a su independencia- siguen combinándose con otras gravísimas medidas de represión», afirmó Valiñas. 

ONU: Defensoría del Pueblo ignora presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El ente multilateral denuncia que la Defensoría del Pueblo ignoró deliberadamente las denuncias de los familiares de presos políticos que son víctimas de torturas 

Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela parecen estar lejos de desaparecer. Entre las instancias cuya inacción parece estar fomentando la repetición de estas vulneraciones resalta aquella que precisamente tiene por misión combatir estos hechos: la Defensoría del Pueblo.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su cuarto informe sobre la situación del país, presentado el 20 de septiembre en Suiza. En el documento se registran  al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura y otros tratos crueles.

En el reporte, de 429 páginas de extensión, el organismo multilateral afirmó tener «motivos razonables para creer que la Defensoría, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones».

A esta conclusión llegó el organismo luego de entrevistar a 299 personas tanto presencial como a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas, quienes suministraron información sobre casos ocurridos entre 2020 y 2023.

La instancia afirmó que al menos 27 denuncias presentadas ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Venezuela jamás se analizaron.

Las denuncias ante la Defensoría venezolana «fueron rechazadas antes de ser registradas formalmente, o bien nunca recibieron una respuesta, ya sea a través de un escrito o a través de medidas concretas», reitera el documento de la ONU.

Defendiendo al gobierno madurista

Para la ONG Acceso a la Justicia, la negativa de la Defensoría del Pueblo a investigar dichos señalamientos es «cuando menos preocupante, porque esta instancia dirige la Comisión Nacional contra la Tortura».

El informe de la MDH destaca que la Defensoría del Pueblo desestimó las denuncias de los casos de John Jairo Gasparini, preso político detenido en el marco de la «Operación Constitución» que hace una semana fue condenado a 16 años de prisión. La familia Gasparini había acudido al despacho de Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que John Jairo estaba siendo víctima desde su cautiverio. 

Un caso similar ocurrió con los seis sindicalistas condenados a 16 años de presidio en agosto del 2023. Las familias afirmaron que acudieron a la Defensoría del Pueblo de Caracas por más de un año, pero en ningún momento sus denuncias se formalizaron.

En el informe de la ONU también se denuncia que la Defensoría del Pueblo tampoco ha tomado medidas para asegurarse de que el Estado atienda las recomendaciones realizadas por la propia MDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo solo se pronuncia «bajo los intereses y el respaldo del Gobierno», afirma el ente multilateral.

«El Defensor del Pueblo ha asumido un perfil público en la denuncia de las sanciones internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la salud y sobre los derechos de los grupos vulnerables», se lee en el informe.

Solo atiende casos de servicios públicos (y solo a veces)

También se expone que el organismo «responde únicamente a las denuncias relativas a fallas en los servicios públicos, y toma medidas para resolver ese tipo de cuestiones, obviando y aplazando todas las quejas que se refieran a graves vulneraciones de derechos humanos».

Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, dijo que la institución pública había acudido exclusivamente al derecho del acceso al agua y la electricidad al presentar en 2022 su informe anual a la Asamblea Nacional. Pero obvió otros derechos humanos, como el debido proceso y denunciar los tratos crueles e inhumanos.

«Si el pasado año [por 2021] fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación y la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia», dijo Ruiz.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, todos los funcionarios detrás del cargo del defensor del Pueblo mantienen una clara ideología hacia el chavismo-madurismo desde la creación del ente, en el año 2000.

«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer (las) violaciones (a los derechos humanos)», agregó la MDH.

Defensoría del Pueblo: un hilo en el entramado violador

La dependencia política de la Defensoría del Pueblo no es algo nuevo. En su reunión del 12 al 14 de octubre de 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de categoría, impidiéndole su derecho a votar en dicha institución y tener peso argumentativo frente a la ONU.

El Ganhri dejó solo el derecho de palabra a la Defensoría del Pueblo venezolana, que estaba a cargo de Tarek William Saab en ese momento, porque no era imparcial ni investigaba en favor de la defensa de los derechos humanos.

El informe de la MDH ratifica que bajo Alfredo Ruiz la Defensoría del Pueblo ha seguido el mismo camino que sus antecesores.

«El aparato represivo del Estado en la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolló para anular las amenazas al Gobierno, sigue vigente en la actualidad», denunció la MDH.

«Si bien (…) ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes, con impactos diferenciados sobre las mujeres y la comunidad LGTBI+», agregó.

*Con información de Acceso a la Justicia

Misión de la ONU: Se intensifica la represión en Venezuela de cara a las elecciones
Valiñas mencionó como muestra «muy preocupante» de la creciente represión, la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado

 

Este lunes, 25 de septiembre, la Misión Internacional Independiente para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que la «represión selectiva contra líderes sociales y políticos» en Venezuela se está intensificando de cara a las elecciones de 2024.

En la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, afirmó que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos.

«Estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa», sostuvo Valiñas. 

El documento que se centra en abusos cometidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, documenta al menos 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con a la administración de Nicolás Maduro.

El informe, que ya había sido presentado en rueda de prensa el pasado 20 de septiembre, también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.

Casos de represión que documenta la ONU

Valiñas mencionó como muestra «muy preocupante» de la creciente represión, la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.

Otros ejemplos son la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamaciones laborales.

La jurista aprovechó la oportunidad para criticar que el mismo 20 de septiembre , día en el que su misión presentó en rueda e prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa «Operación Constitución», entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.

«El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos», lamentó Valiñas ante el Consejo de Naciones Unidas.

 

*Con información de Efe

Informe de Misión de la ONU denunció torturas y violencia sexual contra implicados en “Operación Constitución”
Los casos documentados por la Misión ilustran estas dinámicas de género y muestran un uso de la violencia sexual como una medida de tortura para extraer información

 

La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU denunció en su cuarto informe las torturas y violencia sexual que han sufrido los implicados en la “Operación Constitución”. 

El informe destaca que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro (de distintos cuerpos policiales) hacen uso de la violencia sexual como una medida de tortura para extraer información y como «una forma de humillación y degradación de la persona».

La misión de la ONU identificó un patrón de utilización de la violencia sexual contra hombres pertenecientes o asociados a las fuerzas armadas, especialmente en el marco de las operaciones de inteligencia, con el fin de extraerles información o «presionarlos para auto inculparse de su participación», real o no en supuestos planes conspirativos. 

Caso Gasparini y Rangel 

Dos casos representativos de torturas y violencia sexual que expone el el informe de Misión de la ONU son el de John Jairo Gasparini Ferbans y el del Sargento Primero de la Guardia de Honor Presidencial, Jonathan Rangel, ambos acusados de estar implicados en el caso “Operación Constitución”. 

John Gasparini, mecánico automotriz, detenido en marzo de 2020, ha sido víctima de graves torturas como: golpes con bastes y mangueras, laceraciones en manos y pies, ruptura de piezas dentales, perdida de la audición, quemaduras, fractura de costillas y dedos de las manos, según el informe.

El 18 de marzo de 2020, mientras se encontraba de servicio diurno en el Fuerte Tiuna en el Municipio Libertador de Distrito Capital, Jonathan Rangel fue detenido por funcionarios de la DGCIM. Estuvo secuestrado por tres días. Lo colgaron de las manos, lo desnudaron y lo golpearon con una manguera y otros objetos contundentes en distintas partes del cuerpo.

Mientras lo golpeaban, los funcionarios le decían que estaba conspirando contra el Gobierno, que conocía a quienes participaron en los hechos y que tenía que dar sus nombres. Posteriormente lo violaron.

Además, el documento precisa detalles de la violencia sexual que sufrió. Una de las personas que lo interrogaba amenazó con violarlo «si no decía la verdad».  Posteriormente, se narra, le introdujeron un palo de escoba en el ano repetidamente, lo que le provocó secuelas de salud. 

Por el caso “Operación Constitución” diez presos políticos recibieron sentencias que van desde los 16 hasta los 30 años de prisión. Cabe destacar que dichas condenas se conocieron el mismo día que la Misión Independiente de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó el nuevo informe sobre la violación a derechos humanos en Venezuela.

En este nuevo documento dejaron constancia de al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, catorce desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023. 

Violencia sexual presente

En el informe de 2020 la Misión documentó 45 incidentes de violencia sexual que incluyeron 89 actos tales como violación sexual, amenazas de violación, desnudez forzada, requisas corporales invasivas e innecesarias y otros actos incluyendo violencia dirigida a los genitales y manoseos.

Para 2021, la Misión documentó 14 casos de violencia sexual, incluyendo violaciones y amenazas de violación, contra 10 hombres y 4 mujeres.

En 2022, la Misión documentó 11 casos que reflejaban patrones comunes de violencia sexual cometidos por funcionarios del SEBIN y de la DGCIM contra las personas detenidas, e identificó algunos de los individuos responsables de ordenar o de perpetrar directamente dichos actos.

Para el periodo 2020-2023, la Misión investigó los casos de 19 personas (4 hombres, y 15 mujeres incluyendo una mujer trans) víctimas de violencia sexual y de género cometidas contra personas opositoras o percibidas como tales.

«Todos los casos de violencia sexual y de género documentados por la Misión ocurrieron en lugares de detención, ya sea en contra de personas detenidas o de sus visitas», destacó el informe. 

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU
El informe se divide en dos partes: la primera que hace referencia a las vulneraciones del espacio cívico; y la segunda, que habla de las relaciones entre las FAES y la nueva DAET

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que citó a numerosos registros de medios de comunicación. 

En el documento, el organismo internacional advirtió la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, y dejó constancia de la  preocupación por el hecho de que la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) mantenga en su cadena de mando a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos de seguridad involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, e incluso, crímenes de lesa humanidad.

 

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, declaró Marta Valiñas, jefa de la Misión de la ONU.

En el informe, la Misión se basó en numerosas fuentes periodísticas para poder recabar información sobre distintos ámbitos.

Nuestro medio, Runrun.es, así como la plataforma Monitor de Víctimas, fueron mencionados al menos 50 veces  en este nuevo documento en el que la ONU afirma que el Estado venezolano no ha desmantelado su estructura represiva. 

Denuncias y violaciones de DDHH

El cuarto informe de la Misión de la ONU se dividió en dos partes, una para detallar las vulneraciones del espacio cívico, así como los ataques a medios de comunicación, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos.

En esta parte del ocumento, aparecen como fuente 17 artículos de Runrun.es, publicados entre 2017 y 2023 entre los cuales se pueden destacar:

  • Denuncias de la ONG Fundaredes de ataques civiles en Apure durante combates en la frontera y el asesinato del comunicador y líder social José Urbina, en Apure, luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar los DD. HH.
  • En el año 2017 se publicaron materiales audiovisuales para explicar cómo se produjo la muerte del joven Neomar Lander, asesinado en las protestas del 2017. Este artículo también aparece en el informe.
  • El informe de la Misión también refirió varios casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre las cuales figuran la medida de arresto domiciliario al abogado Juan Planchart, excarcelación del defensor de DD. HH., Orlando Moreno, alertas sobre la presencia del Sebin en la sede del Colegio de Enfermeros de Carabobo, las acusaciones hechas contra el sindicalista Gabriel Blanco y la detención de Zikiu Rivas, líder comunitaria de Anzoátegui.

Además, se mencionaron los trabajos de Runrun.es sobre el caso del preso político Franklin Caldera Martínez y las denuncias de su padre, Franklin Caldera Cordero, de hostigamiento y hasta secuestro.

Democracia, corrupción y elecciones

La Misión documentó, con este medio como fuente, varias acciones contra dirigentes políticos de oposición. Una de ellas,  la inhabilitación de Henrique Capriles, la de Freddy Superlano y todo lo ocurrido con este último durante las elecciones regionales en Barinas, donde el dirigente Sergio Garrido tuvo que ser candidato a la repetición de los comicios tras la inhabilitación de Superlano y su esposa.

También, figura una denuncia de Freddy Superlano que data del 27 de julio del 2023, donde indicó que fue despojado de su pasaporte.

La Misión también citó a Runrun.es en unas recomendaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 25 de abril de 2023, por parte del panel de expertos de Naciones Unidas, tras el acompañamiento que el grupo hizo durante los comicios regionales y locales celebrados el pasado 21 de noviembre.

El informe también referenció varios artículos de nuestro medio de comunicación relacionados con procesos electorales, como comunicados de la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso y resultados de las elecciones regionales del 2021.

Personas relacionadas con la purga madurista también aparecen en el documento. Uno de los involucrados en el juez José Mascimino Márquez, conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue uno de los detenidos por delitos de corrupción y la Misión citó en su informe el perfil que elaboraron periodistas de este medio sobre el funcionario detenido. 

Finalmente, el informe recoge un reportaje de Runrun.es sobre los diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que han sido sancionados por la comunidad internacional.

Modus operandi de las FAES

La segunda parte del informe de la Misión de la ONU hace referencia a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Cuatro artículos de Runrun.es fueron mencionados en esta parte del texto y están relacionados con cuerpos de seguridad como las FAES, el Cicpc, Sebin y los grupos irregulares conocidos como colectivos.

Uno de los artículos, que se publicó en febrero del 2016, relata cómo miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente por el caso del 12 de febrero del 2014.

Dentro del informe hay varias fichas de la cadena de mando de las FAES, quienes posteriormente pasaron a integrar la DAET. Esta parte comienza con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cartera de la cual dependen los cuerpos de seguridad. En el caso de ambos, se hace mención a trabajos informativos y explicativos de Runrun.es sobre ambos funcionarios. 

Entre los funcionarios mencionados se encuentra también José Miguel Domínguez Ramírez, quien fue jefe de las FAES y está sancionado por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros países, «por impedir el ingreso de la entrada de ayuda humanitaria a la frontera venezolana en febrero 2019 y por su implicación en graves violaciones de derechos humanos». «Miguelito» fue nombrado como director de la DAET, por lo que  estuvo por tanto al mando de esta Dirección cuando se desarrollaron las Operaciones Trueno III a VII.

A propósito de las Operaciones Trueno, el informe de la Misión de la ONU documentó cómo fue el accionar de la DAET frente a estos operativos, que tenían el objetivo específico de desarticular organizaciones criminales.

Según varias personas presentes en las detenciones y allanamientos practicados en las primeras Operaciones Trueno, los agentes de seguridad que intervinieron se identificaron como efectivos de las FAES.

Sobre este tema, la Misión de la ONU citó a tres reportajes de la plataforma Monitor de Víctimas, que recolecta datos sobre los homicidios que ocurren en Caracas y otras ciudades del país.