@loremelendez
Matar a un icono de la «resistencia», mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.
Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.
El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.
El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez
Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.
Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.
Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.
Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.
El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.
Ni uno libre: el año de los militares presos
Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.
A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.
Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.
En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte. La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.
La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.
Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante
Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.
La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.
Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.
Requesens está desnudo… Y los represores también
El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.
A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.
El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.
Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.
“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.
Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.
Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.
Requesens sigue preso.
Albán y las ventanas del piso 10
El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.
Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.
El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.
Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.
Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.
Un mal llamado reconversión monetaria
No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar «un gran proceso histórico de recuperación económica», tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.
La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.
El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.
Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.
