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Sunep-Inparques solicitó a la dirección de Parques Nacionales que se abra un procedimiento administrativo sancionatorio y se ordene una medida preventiva de suspensión de la actividad para impedir que se produzca un daño de difícil reparación a los valores ambientales que deben protegerse

Foto: Crónica Uno

Los esfuerzos de sindicalistas del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y defensores de El Ávila por evitar “actividades de rustiqueo” que amenazan este parque nacional han sido ignorados. Luego de una carrera de ciclistas realizada en 2019, se pretende volver a hacer la actividad este año, pese a estar prohibida en todas las normativas.

De nuevo el sindicato de Inparques tocó la puerta del Ministerio Público con una carta directa al fiscal general designado en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, para que se abra una investigación penal ambiental por una nueva carrera pautada para el 19 de marzo con 150 bicicletas de cross bajo la organización de Enduro Series Venezuela.

José Gregorio Matute y Marlene Sifontes, secretarios del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de Inparques, argumentan en el texto que el ciclismo de montaña está expresamente prohibido en el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU) y en la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente, que prohibió la actividad en los monumentos naturales de Venezuela.

Además, Sunep-Inparques solicitó a la dirección de Parques Nacionales que se abra un procedimiento administrativo sancionatorio y se ordene una medida preventiva de suspensión de la actividad para impedir que se produzca un daño de difícil reparación a los valores ambientales que deben protegerse.

#8Marzo2021 SUNEP-INPARQUES solicito a la #Dirección de Parques Nacionales #INPARQUES ordene apertura de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO sobre el hecho denunciado ante @TarekWiliamSaab Carrera de Bicicletas a realizarse el 19/3/21 en el #PNElAvila #AlzaTuVozPorElAvila pic.twitter.com/zyuvNKnwJQ

— sunepinparques2 (@sunepinparques2) March 8, 2021

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El déficit en las bombonas de gas se ubica en 85% y 15% del poco Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se produce en la planta de Jose es de mala calidad

El gas doméstico en bombonas se acabó. El déficit se ubica en 85 %, de acuerdo con datos de Rubén Pérez, consultor senior en materia de gas natural y petroquímica.  15 % del poco Gas Licuado de Petróleo (GLP) que aún se produce en la planta de Jose es de mala calidad, pues debido al deterioro de las plantas de extracción de líquidos de gas natural (LGN): Santa Bárbara, Jusepín y San Joaquín, está lleno de agua y azufre, lo que hace que las bombonas que se envasen tengan residuos de estos componentes y duren muy poco, explican expertos y gremialistas

El déficit es acentuado en el interior del país y se extiende a las ciudades. Entre 4 y 4.5 millones de familias desde mediados de año se han visto obligadas a cocinar con leña, lo que conlleva un riesgo para la salud. Médicos alertan que la quema de madera se asocia a patologías crónicas como arritmias, cardiopatías isquémicas, daños vasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ambientalistas también apuntan que la deforestación de áreas boscosas causada por la búsqueda de leña expone a los suelos a la erosión profunda. Lo que provoca más deslizamientos durante la época de lluvias, e incendios en el período de sequía porque los suelos quedan expuestos y pierden su capacidad para filtrar las aguas.

Las cocinas eléctricas, la opción más aceptada por la familias, tampoco están exentas de riesgos.  El ingeniero Juan Carlos Rodríguez Adrián, señala que el uso masivo de cocinas eléctricas en una edificación o urbanización, a determinadas horas pico, incide en la demanda del servicio eléctrico residencial, pues el empleo de hornillas incorpora una carga adicional que, si bien no es la causante de fluctuaciones en los sistemas de distribución y transmisión del servicio eléctrico nacional, podría generar una demanda adicional y daño en los transformadores de las urbanizaciones.

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La exhumación será transmitida en vivo por el canal de Youtube de la Arquidiócesis de Caracas 

La exhumación de los restos del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, ya tiene fecha: el próximo 26 de octubre, cuando se cumplen 156 años de su natalicio, será este acto tan importante que les permitirá a los representantes de la iglesia católica enviar una de las reliquias a la Ciudad del Vaticano, en Roma, Italia, tal como lo estipula la Santa Sede para proceder con el proceso de beatificación.

El papa Francisco dio el sí para la beatificación de José Gregorio Hernández el 19 de junio de este año. Con esa decisión, ya no sería más “el Venerable”, sino que el laico sube a los altares y sus fieles podrán rendirle culto público, celebrar misas por su intercesión y tomarlo como modelo de la vida cristiana.

*Anuncios del Cardenal Baltazar Porras sobre la exhumación de los restos del Dr # José Gregorio Hernández*

– Será transmitida en vivo por el canal de Youtube de la Arquidiócesis de Caracas
– Reliquias serán llevadas a las Diócesis del país

@vaticannews_es @bepocar pic.twitter.com/fhjUvglcbb

— Arquidiócesis de Caracas (@ArquiCaracas) October 8, 2020

Sin embargo, todavía faltan pasos por cumplir, entre esos la exhumación de sus restos que reposan iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en Caracas, y el acto de beatificación que esperan hacer durante el primer trimestre de 2021, si la pandemia de la COVID-19 lo permite.

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El presupuesto asignado a la UCV para este año fue 9,8 % de lo solicitado

Este lunes 10 de agosto autoridades de la Universidad Central de Venezuela reportaron un hurto en el Departamento de Control de Estudios de la Facultad de Humanidades y Educación (FHE). El jefe de Control de Estudios, Pedro Coronado, dijo que en total fueron hurtadas 12 computadoras. «Su incidencia es muy importante porque tenemos 10 escuelas y cada una de esas máquinas era llevada por un asistente de registro de cada escuela. No vamos a poder dar respuesta si no tenemos esos equipos».

El decano de la FHE, Vidal Sáez, sostiene que este hecho pudo haber ocurrido hace un mes cuando también robaron en una dependencia contigua, en la que se llevaron algunos materiales. «El lunes el jefe de la unidad iba a hacer unos trámites para el semestre próximo, se dio cuenta de lo ocurrido y fue con la jefa de Seguridad al Cicpc de Santa Mónica», explicó.

Coronado lamentó la situación y aseguró que la facultad no cuenta con recursos para la reposición de computadoras, «estamos trabajando con las uñas», expresó. El presupuesto asignado a la UCV para este año fue 9,8 % de lo solicitado. «De inmediato no se podrán reponer los equipos», dijo Sáez, «los ingresos propios son muy pocos, sólo para cosas muy fundamentales. Ahora que van casi cinco meses con actividades suspendidas, están cerca de ser nulos».

Tras la pérdida de las computadoras, Coronado señaló que la prosecución de estudios podría estar en riesgo: «Porque con esas máquinas llevábamos la prosecución de todos los estudiantes».

El Consejo de la Facultad aprobó en sesión virtual ordinaria el 30 de julio reprogramar la actividad docente del periodo 2020-1 a distancia para que se desarrolle de septiembre a febrero de 2021. Para esto se solicitó al Departamento de Control de Estudios elaborar la Reprogramación Académica para las escuelas semestrales y anuales.

Sáez explicó que, afortunadamente, la base de datos está preservada. «La reprogramación se está discutiendo y será presentada en septiembre, de manera que por allí no hay inconvenientes», destacó. Desde hace casi dos años, comenzaron a trabajar en un sistema de gestión estudiantil propio, este fue respaldado dentro y fuera del campus.

El Observatorio de Universidades, durante los meses de cuarentena, ha registrado 139 hechos delictivos (entre robos y hurtos) en las universidades públicas del país. Solo en junio registró 43 denuncias, 50 % de estos hechos fueron reportados por las autoridades universitarias; el 30 % por representantes estudiantiles y 20 % restante fue notificado por autoridades policiales.

«Estos datos desnudan la realidad que afrontan los centros educativos a nivel superior del país. Ante la falta de presupuesto, la impunidad y el abandono al que han sido sometidas por parte del Gobierno desde hace años, las universidades sufren una especie de asedio del hampa que diariamente hurta y roba los activos que pertenecen a la Nación, y que son fruto de varias décadas de organización y trabajo sostenido», se lee en el informe del Observatorio de Universidades.

Con botellones, agua almacenada o pozos, los bolivarenses resuelven el abastecimiento para el consumo y la higiene

No es un solo sector, son varias zonas de Ciudad Guayana que pasan días sin suministro de agua por tubería. Esto pese a enfrentarse una pandemia en la que la primera medida de prevención es el lavado de manos. 

En casas y edificios de Unare, en Puerto Ordaz, el suministro de agua es impredecible. A veces llega una sola vez al día, con suerte dos. Otras veces pasan más de 24 horas sin el servicio. ¿Cómo hacen entonces con la higiene para prevenir el coronavirus?

«Mira, esto es terrible. En mi casa llega de una a dos veces al día. O en la mañana o en la noche. Con suerte las dos veces. Es impredecible cuánto dura; así que cuando hay, como ahorita, hay que llenar todo. Lo que tengas, hasta los floreros”, dice Sonia Hernández, al tiempo que se ríe de lo surreal que llega a ser la situación.

En su edificio, varios apartamentos tienen tanque, pero estos no duran, no terminan de llenarse. «No sé si es que todo el mundo está lavando más, porque están todos en sus casas», presume.

Si bien recoge tobos de agua, le preocupa la higiene usando esa agua almacenada.

«En mi casa también compramos por botellón que se supone es mejor. Y eso supone también hacer crossfit cuando subes botellones según el piso en el que vivas. Menos mal que no vivo en el noveno piso, pero imagínate quien sí», agrega.

San Félix, la olvidada

Argenis Díaz vive en el sector Vista Alegre de San Félix. Asegura que tanto el servicio de agua como el de gas doméstico parecen haber desaparecido.

«Yo todos los días tengo que comprar dos botellas de agua de un litro, y cada una cuesta 70.000 bolívares. Con eso es que tomo agua, me lavo las manos y me aseo”, explica Díaz.

La parroquia Vista al Sol tiene una década con las fallas en el suministro de agua, y eso no ha cambiado en esta cuarentena. 

Lo que sí varió fue el suministro de agua, al menos para los hospitales de Ciudad Guayana. En el Hospital Dr. Raúl Leoni, en San Félix, la presidenta del Colegio de Enfermeras, Maritza Moreno, afirmó que de momento está controlada esa situación, tanto en las áreas de emergencia como en aquellas donde faltaba el agua por la obsolescencia de las tuberías.

Un pozo para los indígenas 

Las comunidades indígenas del estado Bolívar son otras que han recibido poco apoyo en esta cuarentena. En el caso del municipio Sucre, Higinio Montiel, miembro del observatorio indígena Kapé Kapé, destacó que son los capitanes quienes se encargaron de tomar medidas preventivas.

El municipio cuenta con ocho etnias indígenas: yekwana, sanema, jivi, piaroa, kariña, pemón, piapoco y guajiro. 

«En cuanto suministro de agua potable, las comunidades indígenas se han organizado para abrir un pozo profundo para el consumo, y un caño específico para el consumo diario de cada familia, bajo la vigilancia de los capitanes, como un plan de contingencia», explicó Montiel.

«En este momento las comunidades indígenas por estas zonas han ubicado en un sitio adecuado el resguardo de su comida autóctona, pero el gobierno no se ha preocupado por la situación y por la protección de la salud de las comunidades indígenas. No se ha visto ningún tipo de campaña y es preocupante la situación”, agregó el representante de Kapé Kapé.

La respuesta que da Hidrobolívar es que trabajan en cuarentena en cada uno de los golfos y acueductos de la entidad, para restituir el servicio. «Ojalá llegue el agua a Curagua, para no tener que subir las escaleras cargando tobos en el edificio», son parte de las respuestas que recibe la hidrológica en las redes sociales.

En Venezuela, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales empeoró dramáticamente en 2019, según informe anual de Amnistía Internacional, documento en el que se reporta que el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos es extremadamente limitado y en algunas ciudades, inexistentes. Desde 2015 observan un repunte de 65 % de los embarazos en adolescentes.

En el informe más reciente que presenta Amnistía —y en el cual se detalla la situación de los derechos humanos en la región de las Américas— se concluye que la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continúan siendo una realidad habitual en toda la región, lo que para miles de personas se tradujo en violaciones de derechos humanos cotidianas.

Hacen énfasis en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos al destacar que desde 2015, en Venezuela, los embarazos a temprana edad aumentaron 65 %, lo que afecta además el derecho a la educación de las niñas, de acuerdo con lo reforzado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

“En el marco de la emergencia humanitaria, el Gobierno siguió negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de las agencias humanitarias. Esto favoreció el aumento del flujo de venezolanos a países vecinos para acceder a bienes básicos. Incluso esto provocó que muchas mujeres abandonaran la nación para dar a luz en otros territorios”, dice el informe.

Horas después de hacer públicos los resultados, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba en cadena nacional sobre el parto humanizado. «A parir seis muchachos cada una para que crezca la patria», dijo Maduro. Su comentario fue considerado una burla para la mujer venezolana a la que, por la falta de políticas públicas en materia asistencial, se le vulnera hasta el derecho a tener una buena higiene personal. La mayoría vive sin agua y así lidia con su período menstrual.

Para el cierre del año, se estimaba que 4,8 millones de personas habían abandonado el país en busca de protección.

Para Amnistía Internacional, la mortalidad materna también fue motivo de preocupación, pues manejó informes de muertes ocasionadas por abortos en condiciones de riesgo.

Igual tomó en consideración que las personas que viven con VIH enfrentan peligro por la escasez e intermitencia de los antirretrovirales, y reproducen cifras de las ONG que dicen que 70 % o más de los 300.000 ciudadanos que necesitan tratamientos se ven afectados por el desabastecimiento.

En 2019 continuaba la alarmante escasez de servicios de salud y medicamentos básicos, así como el éxodo del personal asistencial, cita el informe. Asimismo, los cortes de electricidad, cada vez más frecuentes y prolongados, causaron daños irreparables en infraestructura y servicios de salud.

Ese año continuaba la reaparición, tal como lo seguían informado las ONG, de enfermedades como sarampión y difteria. Se mencionan resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual señala que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1557 personas fallecieron como consecuencia de la falta de suministros en los hospitales.

El documento hace énfasis en la vulneración del derecho a la alimentación: la hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución.

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De acuerdo con Codhez, los precios de los cortes de carne de res en promedio bajaron 9 %

La tasa de cambio se ha mantenido en las últimas dos semanas entre 72.000 y 75.000 bolívares por dólar, esto ha contribuido a que los precios en Maracaibo hayan disminuido su ritmo de aumento y que, incluso, en algunos productos se hayan estabilizado o bajado.

“Desde noviembre no comía carne ni pollo, porque estaban muy caros y yo sobrevivo con lo que me manda mi hija de Bogotá, pero hoy pude comprar igual que la semana pasada. Aquí llevo bistec y un plato de recortes de pollo. Ojalá el dólar se mantenga”, dijo Beatriz Jiménez, un ama de casa mientras esperaba transporte público en el centro de Maracaibo.

En un recorrido realizado por Crónica.Uno en el mercado Las Pulgas y Los Plataneros se pudo constatar que los precios de las verduras sufrieron un incremento considerable. René Urdaneta, dueño de una feria de verduras en el oeste de la ciudad, afirmó que los precios de las verduras y hortalizas no solo aumentaron en diciembre.

“Nosotros pensamos que solo habría aumento por ser Navidad, pero la sorpresa fue en enero cuando conseguimos todo por las nubes. Por ejemplo, yo dejé de traer mercancía de Mérida, ahora la compro directamente aquí en el mercado mayorista, porque es prácticamente lo mismo y no le doy rosca a mi camioncito”, indicó.

Recientemente, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el informe de la variación de precios de los alimentos en Maracaibo correspondiente al cierre de enero: “En comparación con los precios de la primera quincena de este año, en esta segunda se destaca la disminución de los precios de algunos alimentos, mientras que las verduras tuvieron un marcado incremento”.

De acuerdo con Codhez, los precios de los cortes de carne de res (de primera, de segunda y costillas) en promedio bajaron 9 %. El precio promedio del corte de primera pasó de 262.402,11 a 248.273,81 bolívares. Entre tanto, las presentaciones de pollo (entero, muslos y pechuga) bajaron su precio 11 %. La quincena pasada, el precio del pollo entero era, en promedio, de 162.444,11 bolívares, y pasó a costar ahora 148.767,05 bolívares.

En el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo que realiza la organización desde hace más de un año, se observa que luego de un súbito incremento de precios (como el que se registró a principios de año), en la siguiente quincena se mantienen estancados o registran una leve disminución. “El costo promedio de los huevos, en su presentación de 12 y 15 unidades, bajó 9 %. En cuanto al precio promedio del cartón de 30 huevos, este bajó 5% con respecto a la quincena pasada, cuando solía ofertarse por encima de 300.000 bolívares, monto que superaba, con creces, el salario mínimo”.

En contraste, los precios de las verduras presentaron aumentos considerables. El incremento más significativo fue del tomate, pues el kilo pasó de 63.306,24 bolívares a 155.052,63 en solo 15 días, es decir, su costo se elevó 145 %. La yuca subió 59 % y la cebolla 36 %.

“Aunque el precio promedio del queso blanco semiduro, el cartón de huevos, la pechuga y los muslos de pollo disminuyó, el salario mínimo anunciado a principios de enero sigue siendo insuficiente para adquirir estos alimentos”, se señala en el informe de la organización.

Codhez también monitoreó el precio del café molido y del azúcar, cuya última medición se hizo durante la primera quincena de octubre de 2019. Unos tres meses después, el kilo de café molido, en promedio, vale 287.370,12 bolívares, aumentó 218 % en comparación con octubre.

En ese mes, el salario mínimo era 150.000 bolívares, que alcanzaban para comprar 1,66 kilos de café molido. Hoy, con el salario vigente de 250.000 bolívares, apenas podrían comprarse unos 800 gramos. Por otra parte, el kilo de azúcar tiene un precio de 88.229,52 bolívares, se incrementó 233 % desde entonces.

“Quedamos igual prácticamente. Algunas cosas siguen igual, pero otras, como el azúcar y el café, han aumentado mucho. Y te lo digo con propiedad, porque yo vivo de eso, yo vendo café y cigarrillos para sobrevivir. A veces me toca pedir, porque no me da, y con mi edad ya no consigo trabajo”, dijo Antonio Acurero, un vendedor ambulante.

En un comunicado que salió del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria se informa que los productos Mina de Oro, La Perla, Sal Península y La Gema no son aptos para consumo, pues los establecimientos donde las fabrican “no reúnen las condiciones mínimas requeridas para su funcionamiento ni dan cumplimiento al acervo normativo de Sal Comestible.

Del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitario del Ministerio de Salud salió la Orden 00045, la cual informa que cuatro marcas de sal: Mina de Oro, La Perla, Sal Península y La Gema, no son aptas para el consumo humano.

El alerta que firma el ingeniero Omcar Galias Caldera, en el cargo de director general del servicio desde julio de 2018, se basa en inspecciones higiénico-sanitarias que determinaron que los establecimientos fabricantes no reúnen las condiciones mínimas requeridas para su funcionamiento ni dan cumplimiento al acervo normativo de Sal Comestible, pues no garantizan la inocuidad del producto y atentan contra la salud pública.

Por tal motivo, dice el comunicado, no se encuentra autorizada la comercialización en todo el territorio nacional de esos productos.

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