El 21 de mayo de este año, Franyer Javier Rosa González, de siete años, fue asesinado por un vecino, en la población de El Dorado, al sur del estado Bolívar
Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, advirtió que en Venezuela no existen datos oficiales de la cantidad de niños asesinados, lo que representa una deuda del Estado.
De acuerdo con un reportaje publicado por El Pitazo, Trapani señaló que la inexistencia de esos datos oficiales impide conocer el alcance de la violencia social, sexual, familiar y escolar.
«Sin esas cifras difícilmente se pueden planificar políticas públicas de prevención que eviten la violencia en contra de los niños», dijo Trapani.
Además, Trapani lamentó que la violencia en contra de los niños implica un quiebre en las normas básicas de la humanidad y denota el poco valor del niño frente a la sociedad.
Sin embargo, existen organizaciones sin fines de lucro que han realizado estudios y muestran datos parciales, en un intento por aproximarse a la realidad del país.
El Observatorio Venezolano de Violencia considera necesario el fortalecimiento de las instituciones y servicios de protección, además de una formación de la ciudadanía en el conocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez para lograr reducir las cifras de violencia actual, invisibles para el Estado.
Ocho víctimas en 2023
En una documentación que realizó El Pitazo, encontraron que en lo que va del 2023 han sido asesinados ocho niños en el país.
El 21 de mayo de este año, Franyer Javier Rosa González, de siete años, fue asesinado por un vecino, en la población de El Dorado, al sur del estado Bolívar.
También, el 29 de mayo, otro niño fue asesinado mientras su padrastro tenía una discusión con su madre. El hecho ocurrió en el sector Caja de Agua del Baratillo, estado Trujillo.
A su vez, el 28 de abril un abuelo ahorcó a su nieto de cinco años en la parroquia Domitila Flores, estado Zulia. El hombre sufría de depresión y luego del asesinato se quitó la vida.
El 22 de abril, Douglas Rico, director del Cicpc, esclareció el infanticidio de Dilan de Jesús Morante Pérez, de 1 mes de nacido. En medio de una discusión, su padre, de 18 años, lanzó al bebé contra el copete de una cama.
Un hecho similar al anterior se reseñó por el Cicpc el 23 de abril. Se trata del infanticidio de Jesuanny Aular, en Cojedes.
El 3 de marzo las autoridades detuvieron a una mujer y su pareja por la muerte de una bebé de un año. Después de una golpiza, la menor presentó traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia.
Durante el mes de enero, un niño de 11 años fue asesinado cuando un antisocial entró a robar en su vivienda en Acarigua, estado Portuguesa.
El 11 de enero de 2023, Anderson Daniel Milano Morales, de 12 años, desapareció al salir de clases en San Félix, estado Bolívar. El cuerpo del adolescente fue localizado la mañana siguiente con varias puñaladas.
«No puede estar por encima una norma ordinaria sobre lo que emana la Lopnna. En esta última se establecen unos principios que priorizan a los niños, niñas y adolescentes por ser un grupo vulnerable», criticó Carlos Trapani
La ONG Cecodap exigió este miércoles, 7 de junio, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permita que los pasaportes de niños, niñas y adolescentes sean gratuitos.
Durante una rueda de prensa, la organización recordó que la Sala Constitucional del TSJ cerró un caso sobre este tema, el cual tiene ocho años a la espera de respuesta. El argumento fue «pérdida de interés procesal y abandono del trámite».
Esta situación, denuncia la ONG, deja «desprotegidos» a miles de niños, niñas y adolescentes; quienes desde 2014 no pueden acceder a un pasaporte por las tasas que impone el Estado.
Ante eso, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, anunció que nuevamente presentó un recurso de colisión de normas ante el TSJ, en el que exige que se regrese el principio de gratuidad para los pasaportes de niños, niñas y adolescentes.
«El TSJ cerró las posibilidades de que niños, niñas y adolescentes tengan un recurso para garantizar la gratuidad del derecho a la identificación. Cecodap hizo todo lo que corresponde para presentar el recurso judicial», declaró Trapani.
Asimismo, señaló que esta sentencia «representa un retroceso y vulnera el derecho a la identificación, ya que coloca en estado de indefensión a niños, niñas y adolescentes que no pueden pagar el pasaporte».
Es la segunda vez que Cecodap busca abrir un proceso de colisión de normas. La primera vez tuvo lugar en 2015, luego de que una reforma de la Ley de Timbre Fiscal publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.150 dejara sin efecto la gratuidad de los pasaportes para los menores de 18 años de edad. Con esta modificación, «una ley ordinaria se contrapone a una ley orgánica».
El artículo 22 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente (Lopnna) señala que todos los niños, niñas y adolescentes «tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley. El Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la determinación de identidad de todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares».
Por su parte, la reforma que el artículo 7 de la Ley de Timbre Fiscal, se contrapone:
«Se suprime la exención del pago de las tasas antes señalas, que estaba prevista en el último aparte del artículo 7 de la Ley de Timbre Fiscal vigente, para las mujeres de 55 años, hombre de 60 años, niños, niñas y adolescentes por concepto de tramitación y emisión de pasaporte ordinario a los ciudadanos venezolanos y venezolanas, así como el pasaporte de emergencia a los extranjeros».
«No puede estar por encima una norma ordinaria sobre lo que emana la Lopnna. En esta última se establecen unos principios que priorizan a los niños, niñas y adolescentes por ser un grupo vulnerable», criticó Trapani.
La ley establece un cúmulo de deberes y derechos para los estudiantes, pero no dice cómo se implementan, lo que podría representar un problema, según Carlos Trapani
El pasado 7 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. El proyecto, que se venía gestando desde el año 2020, y que tiene como objetivo “impulsar las vocerías en los colegios y legitimar los procesos de elección que se desarrollan en las aulas por votos democráticos”, deja a la libre imaginación un sinfín de interpretaciones, por lo que es calificada como “discrecional y ambigua” por expertos en el sector de la educación.
Una semana después del anuncio y de la aprobación de la Ley de Participación Estudiantil, la cual generó gran revuelo en el gremio docente, quedan muchas imprecisiones en el aire que hasta el momento no tienen respuestas.
Los primeros 11 artículos de esta ley plantean que los estudiantes de todo el país tienen el deber y el derecho de participar activamente en el ejercicio de sus deberes y derechos en el subsistema de Educación Básica. Así como a gozar de igualdad y no discriminación con enfoque y equidad de género.
¿Qué plantea la Ley de Participación Estudiantil?
En los siguientes artículos se expone sobre la libre asociación en el ámbito escolar, y es donde se generan las dudas sobre el verdadero objetivo de la normativa. Catedráticos e incluso federaciones, afirman que con esto los bachilleres serán empleados para dar clases en los colegios.
La norma también expresa que todos los estudiantes (en su mayoría menores de edad) pueden asociarse libremente con fines políticos.
Establece, además, que los jóvenes podrán “inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas”, actos que solo deben ser realizados por mayores de edad.
Sin embargo, la ley aclara que para que las personas jurídicas conformadas exclusivamente por adolescentes puedan obligarse patrimonialmente, «deben nombrar, de conformidad con sus estatutos, una o un representante legal con plena capacidad civil que asuma la responsabilidad que pueda derivarse de estos actos”.
El artículo 16 señala que los estudiantes deben “promover la inclusión e incorporación de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, contribuyendo a la no deserción escolar”, lo que deja la duda si son los estudiantes los que deben procurar la erradicación de la deserción escolar, tarea que en todo caso solo le compete al gobierno.
El problema no es la ley
A través de un Twitter Space, en el que participó el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, se analizaron varios aspectos de esta ley para tratar de aclarar y entender las disposiciones de la ley.
A juicio de Trapani, esta ley es “ambigua” y permite la “discrecionalidad” en varios de sus artículos donde no se expone con claridad la finalidad de la normativa.
“El problema que tiene esta ley es que tiene que ser mucho más específica y no con tanta ambigüedad, porque en el marco de la ambigüedad se pueden cometer excesos y eso no es bueno”, afirmó.
El coordinador de Cecodap afirmó que la Ley de Participación Estudiantil “no presenta nada nuevo” que no esté ya contemplado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y otras normativas.
El coordinador de Cecodap afirmó que el problema no es la ley, sino la implementación de la misma.
El coordinador de Cecodap explicó que para hablar de participación y convivencia escolar es necesario que se consideren varios aspectos como la infraestructura escolar, los sueldos de los docentes, seguridad social, pensum de estudios actualizados y servicios básicos funcionales.
Resaltó que en ninguna parte del texto se ven reflejadas las obligaciones del Estado ni de las autoridades educativas en la implementación de esta ley y establece un cúmulo de deberes y derechos para los estudiantes, pero no dice cómo se implementan, lo que podría representar un problema.
“Yo creo que hay una gran falencia, en el cómo se va a implementar esta ley. No basta con decir que se reconoce el derecho a la participación si no se establecen los canales y mecanismos de participación porque los riesgos de abusos de participación va en contra de los principios de la Convención de los derechos del niño”.
Cautela con la información
El coordinador de Cecodap explicó que aún faltan algunos pasos y procesos para que la Ley de Participación Estudiantil entre en vigencia, y uno de ellos es que sea aprobada por el gobernante Nicolás Maduro y luego sea publicada en Gaceta Oficial.
Ante esto, la psicóloga y activista por la educación, Nancy Martínez, a través de un Twitter Space realizado por la organización Espaja.com, hizo un llamado a tener mucha cautela con la información que consumen los estudiantes en las escuelas y liceos del país, pues al ser tan ambigua en términos tan genéricos que se corre el riesgo de que se le de una interpretación arbitraria.
Por su parte, Alexis Ramírez, coordinador general de la organización Excubitus, la cual defiende los derechos humanos en Educación, sugirió leer las recomendaciones finales cuando se hable de una ley y prestar mucha atención a las noticias que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes, para no caer en desinformación y propagación de noticias falsas.
Por su parte, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, insistió en que la Ley de Participación Estudiantil en ninguna de sus normas y en ninguno de sus artículos indica que los muchachos de bachillerato de cuarto año o quinto año se tienen que incorporar como docentes de primaria.
“No hay que ponerse a decir lo que la ley no dice”, agregó Calatrava.
Carlos Calatrava comentó que no es algo nuevo que los bachilleres den clases, especialmente en el interior del país por la falta de profesores.
“Es como una suerte de preparaduría, pero no más de ahí, los estudiantes hacen su labor social con clases de apoyo en materias para las que son buenos”, dijo.
El coordinador de Cecodap insistió en que lo ocurrido en el Colegio Humboldt debe obligar a todos a realizar una profunda reflexión sobre el rol como adultos y los mecanismos para garantizar espacios seguros
Este jueves, 3 de noviembre, el abogado y coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, fijó posición acerca de los hechos ocurridos en el Colegio Humboldt, donde dos menores de edad cayeron por una claraboya y uno de ellos falleció.
A través de su cuenta en Twitter, Trapani señaló que los colegios deben incorporar como prácticas recurrentes un mecanismo de análisis y valoración de riesgos, así como también medidas de mitigación.
«También es importante disponer de protocolos de atención en casos de emergencia que sean de conocimiento público», escribió.
Trapani instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva e imparcial que permita identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
Indicó que la organización que dirige lamenta el hecho y respeta el dolor de los familiares.
«Las familias directamente afectadas tienen derecho a la justicia y a conocer la verdad de los hechos. Asimismo, deben ser tratadas con todo respeto, valoración y consideración en estos momentos tan complejos», expresó.
Agregó que en estos momentos es «indispensable el acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa, especialmente a los compañeros de clase y los docentes», sumó que es importante validar las emociones y promover espacios de apoyo.
El coordinador de Cecodap insistió en que lo ocurrido en el Colegio Humboldt debe obligar a todos a realizar una «profunda reflexión» sobre el rol como adultos y los mecanismos para garantizar espacios seguros, así como también sobre la necesidad de formar a los niños sobre temas relacionados con «riesgos, protección y mecanismos de autocuidado».
Detalles del caso
Una familiar del niño declaró a los medios que Santiago Guerrero cayó, junto a otro compañero de clases, al romperse una claraboya en el techo del edificio.
La mujer señaló este miércoles, 2 de noviembre, que todavía no existe una versión oficial sobre la muerte del niño. Se sabe que su madre hacía la cola para buscarlo en el colegio, sin saber que su hijo se encontraba en el Instituto Pediátrico La Florida, adonde fue trasladado tras sufrir el accidente.
«Extraoficialmente se sabe que el niño estaba en una caja de arena del preescolar y ellos cayeron por una claraboya», contó la pariente.
Asimismo, aseguró que hubo un «descuido» por parte de los docentes y criticó que no llamaran a los padres de forma inmediata, así como también que no llevaran al pequeño a un «centro con especialidad».
«Al niño lo lleva -a la clínica. la enfermera en una tabla. Llega ahí sin actividad cerebral. El mismo instituto se comunica con la Clínica Ávila para trasladar al niño», añadió.
Imputadas directora y maestra del Humboldt
El Ministerio Público imputará a la directora y coordinadora del kinder del Colegio Humboldt en Caracas, por la muerte de un niño que cayó desde la azotea.
Así lo informó Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta ANC, a través de su cuenta de Twitter, la noche de este miércoles, 2 de octubre.
De acuerdo con Saab, las labores de investigación realizadas por la Fiscalía 109 del Área Metropolitana de Caracas lograron acudir al lugar y entrevistar a siete representantes del centro educativo.
En ese sentido, destacó que las imputadas serán Uta Martini, directora del kinder; y Arianna Arcia, coordinadora del kinder del Colegio Humboldt.
Tarek William Saab explicó que ambas trabajadoras del colegio serán imputadas por el delito de «homicidio culposo» tras la muerte del niño de cinco años.
1) #AHORA d las labores d investigación realizadas por la *Fiscalía 109° AMC*, tras los hechos ocurridos en el Colegio Humbolt, hemos logrado: Abordaje al sitio del Suceso por parte del Ministerio Público, Inspección Técnica, fueron entrevistados 7 representantes del Plantel Educ
Hace unos meses, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, informó este jueves, 4 de agosto, que en lo que va de 2022 se han imputado 84 adolescentes por presunto acoso escolar.
Durante una rueda de prensa, Saab también señaló que este año se han atendido 341 casos vinculados a este tipo de violencia en centros educativos del país.
Tarek William Saab: En total durante 2022 hemos registrado y atendido 341 casos vinculados a acoso escolar. Por tales hechos se han imputado 84 adolescentes
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022
También, informó que el mes pasado, desde el Ministerio Público, presentaron ante la Asamblea Nacional chavista un proyecto de «Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños, Niñas y Adolescentes».
Según dijo Saab, se ha ejecutado un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, que lleva a cabo la Dirección de Protección Integral a la Familia, «conjuntamente con las fiscalías superiores de todos los estados del país».
Tarek William Saab: Para atender este problema presentamos el mes pasado en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños, Niñas y Adolescentes
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) August 4, 2022
Marco jurídico no aborda correctamente el acoso escolar
Hace unos meses, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, este proyecto presenta algunas imprecisiones que podrían generar vacíos a la hora de sancionar.
A juicio de Trapani, el proyecto es una “oportunidad para generar un espacio de consenso y de diálogo”.
Sin embargo, el especialista consideró que en los términos que está planteado merece una profunda reflexión, señalando que en la exposición de motivos, en el artículo 1, se dice que “erradicando el acoso escolar garantizas la convivencia escolar”.
También, Carlos Trapani explicó que el proyecto de ley no establece sanciones sobre el acoso escolar, de tal forma que los colegios deben implementar procedimientos de mediación y conciliación, señalando una dificultad, por ejemplo, en las sanciones de retiro y expulsión.
Maduro envió un mensaje en Twitter para comprometerse a trabajar contra este flagelo. Pero su administración esconde la cifra de lo que realmente sucede
La crisis económica, el cierre de las escuelas por la pandemia y la violencia son algunos de los factores que han empujado a muchos niños en Venezuela a trabajar, un problema «invisibilizado», según expertos, por la falta de cifras oficiales que permitan conocer su alcance real.
El director de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizajes (Cecodap), Carlos Trapani, indicó que una primera dificultad que existe es que no hay cifras oficiales para saber cuántos jóvenes están laboralmente activos.
«El no tener cifras indica que el problema está invisibilizado y no sabemos la magnitud y el alcance en lo que refiere al trabajo», afirmó a Efe.
«La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) reconoce el trabajo como una garantía específica, es decir, hay un conjunto de derechos y garantías para adolescentes trabajadores a partir de los 14 años», explicó.
Esto significa, prosiguió, que debe haber un contrato de trabajo, seguridad social, incluso, el derecho a huelga y a formar parte de un sindicato, pero «el problema en Venezuela es el trabajo informal o las peores formas de trabajo infantil, donde hay una gran cifra negra».
«No es posible caracterizarlo, ni siquiera geográficamente, o cuál es el grupo de edad o por sexo que más incide en este tipo de trabajo y muchos rayan en formas de esclavitud moderna, trabajo doméstico, servil, sexual, ser pimpineros de combustible (vendedor), trabajar en vertederos de basura», agregó.
Trapani aseguró que muchos niños, algunos de ellos muy pequeños, trabajan para «poder contribuir con el presupuesto familiar (…) que está profundamente golpeado, que ha perdido capacidad de compra, entonces el trabajo surge como una necesidad ineludible para la familia».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este domingo el compromiso de su Gobierno por trabajar para de erradicar el trabajo infantil, a propósito de conmemorarse este 12 de junio el Día Mundial contra este flagelo.
El mandatario nacional aseguró, en un mensaje en su cuenta en Twitter, que los programas sociales y «la recuperación del sistema educativo» en Venezuela buscan mejorar el futuro para los niños de su país.
«En la Revolución, los programas sociales y la recuperación del sistema educativo tienen como objetivo construir un futuro mejor para nuestros niños y niñas. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, reiteramos los esfuerzos y el compromiso por erradicar este flagelo», indicó Maduro.
Realidad multifactorial
El integrante de la Coordinación Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Corenat) Ángel González subrayó a Efe que el tema del trabajo infantil es un tema «complejo, multifactorial», por lo que el abordaje debe tener diversos enfoques.
«Desde la Corenat partimos de que no se puede ver la realidad social al derecho de los niños, niñas y adolescentes bajo una mirada de la estigmatización, bajo el enfoque de la peligrosidad, bajo la propuesta de la erradicación total de lo que llaman trabajos infantiles», sostuvo.
Las propuestas, dijo, deben partir de lo que sienten, expresan y viven los propios menores trabajadores, ya que no es lo mismo trabajar en el campo, o en zonas rurales, que en la ciudad.
«Debemos primero mirar que hay una realidad que existe en nuestro país, que cada vez va en aumento y cada vez se complejiza y que, de acuerdo a esa complejidad de nuestro país, tenemos que intervenir desde varias formas», dijo.
González sostuvo que se debe tomar en cuenta la pandemia, «por eso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que la pandemia (provocó) que el número de niños que trabaja aumentara y el número de riesgos haya aumentado también».
«Hay muchas familias pobres en el mundo y en Venezuela que estaban en el dilema ‘o nos morimos de hambre o nos enfermamos de covid-19′», argumentó.
Explotación laboral al sur
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en el estado Bolívar, Eumelis Moya, relató a Efe que, en investigaciones sobre la minería, han encontrado que los jóvenes son víctimas de explotación laboral y sexual.
Moya dijo a Efe que, en el ámbito sexual, encontraron que el 76 % de las víctimas son mujeres y un 25 % corresponde a niñas y adolescentes.
«Los niños, en el contexto minero, son utilizados, por ejemplo, para bajar a los huecos, porque hay minas subterráneas (…) por sus dimensiones corporales (…) son utilizados para bajar por esos huecos a hacer el trabajo de lo que ellos llaman el saloneo, que es el picado de la tierra para ir sacando el material aurífero», relató.
En el municipio Caroní, la organización ha encontrado que hay menores que trabajan en el mercado municipal a cambio de víveres o de cabezas de sardinas.
«Sin embargo, ellos (los jóvenes) manifiestan estar conformes, porque es comida que se llevan a su casa», apostilló.
Moya afirmó que, junto a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), han registrado casos en los que para los menores «no es rentable» estudiar, porque implica el pago de transporte o el uso de equipos tecnológicos para seguir las clases.
Aunque no hay cifras, Moya aseguró que desde el Consejo de Protección en la región hay iniciativas de amparo a menores, aunque solo cuando son casos denunciados.
«El llamado es a unir esfuerzos por disminuir los índices de (niños) en situación de calle», exhortó.
De acuerdo con Trapani, al proyecto de ley falta incluirle otros elementos, señalando que el acoso escolar «no se resuelve judicializando todos los casos»
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, advirtió este jueves, 9 de junio, sobre la circulación de un falso proyecto de ley de acoso escolar a través de WhatsApp.
Durante una entrevista que ofreció al Circuito Éxitos de Unión Radio, Trapani advirtió que este mensaje que circula en WhatsApp corresponde a un decreto de Perú.
El 21 de abril la Asamblea Nacional oficialista aprobó el proyecto en primera discusión.
Según Trapani, luego de esa aprobación debe venir una fase amplia de consulta para aprobar en segunda ejecución y luego «pasar a fase de ejecución y promulgación».
«Sabemos a través de las zonas educativas que se han consultado algunos colegios, pero no sabemos mayores detalles de cómo han sido esas consultas y nosotros insistimos en consultar a niñas, niños y adolescentes”, acotó.
Además, sugirió revisar el concepto general de acoso del proyecto, que hace referencia a delito.
«Establece que el acoso es una forma de violencia que constituye situaciones de amenazas, intimidación e incitación al odio que son delito», dijo.
El mensaje falso y lo que contempla el proyecto
Trapani señaló que el proyecto habla de que puede haber situaciones de acoso entre miembros de la comunidad educativa.
«Hemos insistido en Cecodap en que el acoso se da entre pares», acotó.
En ese sentido, aclaró que un adulto puede acosar a un niño, pero «eso tiene otro tratamiento por el nivel de responsabilidad que tiene el adulto»
“Hay un mensaje de WhatsApp que está corriendo por esa red, pero ese decreto no corresponde a Venezuela sino a Perú, te hablan de instancias que no existen en Venezuela», dijo.
También, señaló que el proyecto que revisó la organización contempla que los centros educativos tienen que crear medidas para atender y crear rutas de atención.
«Insistimos en acudir a la página oficial de la AN, en la sección proyectos, y descargar el informe oficial que se está discutiendo y no hacerse eco de documentos que no son oficiales», agregó.
En ese mismo orden de ideas, recalcó que hay una «ola de rumores sobre este proyecto de ley y es importante hacer el debate sobre el proyecto aprobado”.
Preocupaciones sobre el proyecto de ley de acoso escolar
Carlos Trapani recordó que el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció algunos tipos penales que se podrían incluir en el proyecto de ley.
Sobre lo anterior, indicó que es necesario esperar la discusión y en función de eso, «analizar el panorama jurídico cuando esté más claro”.
Por otra parte, dijo que los centros educativos expresaron que se sentían «preocupados, sobrepasados, angustiados y desorientados».
Además, señaló que los centros educativos sugieren la formación, diagnóstico e identificación de rutas de atención.
También, los educadores y directores exigen respeto al Estado, «rescatar el hecho pedagógico que representa la escuela».
«Hay que apostar a la formación, prevención, una correcta articulación con el Estado y la integración de la familia. Está claro el qué, pero no cómo hacerlo”, dijo.
Faltan elementos
De acuerdo con Trapani, al proyecto de ley falta incluirle otros elementos, señalando que el acoso escolar «no se resuelve judicializando todos los casos».
«El proyecto debe apostar al fortalecimiento de la convivencia escolar, y eso va mucho más allá de la seguridad», señaló.
Por último, señaló la necesidad de tener una educación emocional, resolución de conflictos y estrategias de comunicación.
«La pregunta es si en la escuela hay espacios para hacer eso”, expresó.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, señaló que el acoso escolar es “una expresión de violencia, es una de muchas formas de violencia que se materializan en la escuela” y “constituye una violencia que es reiterada, no deseada, progresiva, la cual responde a una asimetría de poder y una violencia que se materializa entre estudiantes”
La Asamblea Nacional oficialista aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación
De acuerdo con la revista científica de FAREM-Estelí, las políticas públicas de violencia escolar en la región se formulan por medio de dos tipos principales: leyes y programas
@Andrea_GP21
La Asamblea Nacional oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), este proyecto presenta algunas imprecisiones que podrían generar vacíos a la hora de sancionar y no establece responsabilidades ni recursos para la creación de programas y servicios.
Este tema ha tomado aún más relevancia en las últimas semanas, tras la viralización de videos de agresiones de adolescentes por parte de compañeros de clases.
Después de convertirse en tendencia un suceso ocurrido en el Colegio Loyola-Gumilla en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la institución educativa publicó una serie de tuits donde rechazaban lo ocurrido y enfatizaron que resolverían situación “a través del diálogo y se tomarán las medidas pedagógicas”.
#Atención: El Colegio Loyola-Gumilla toma nota de una situación de agresión ocurrida dentro de sus instalaciones que involucra a algunos de nuestros estudiantes. (1/3)
— Colegio Loyola-Gumilla (@colegioloyola) April 28, 2022
Ante la notoriedad en redes Tarek William Saab, el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente aprovechó la situación para publicar el video de los jóvenes y anunciar una investigación sobre lo ocurrido
También lo hizo con otros casos. Uno en Maracaibo, estado Zulia, donde varias adolescentes agredían a una compañera que, según dijo Saab, padece síndrome de down y anunció otra investigación.
Otros corresponden a instituciones educativas del estado Vargas y Caracas, que también se publicaron en las redes sociales. El pasado miércoles, 11 de mayo, Saab señaló que se han imputado adolescentes y la directora de un plantel por acoso escolar. Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales”, dijo Saab en rueda de prensa.
El fiscal no actúa acorde a la ley
Conocido como el “fiscal de las tendencias”, Tarek William Saab se ha dado la tarea de publicar todos los videos que involucran actos de acoso escolar en sus redes sociales, exponiendo la identidad de los adolescentes que allí aparecen y a juicio de Cecodap, eso constituye una violación de la ley y acarrea una sanción
En un comunicado, la organización manifestó su preocupación “por las consecuencias que esto trae para el adolescente y toda la comunidad del centro educativo”.
Asimismo, recordaron que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible “promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente”.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; en su artículo 65, garantiza el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar.
Para ese momento, Saab exhortó a los padres y los centros educativos del país, tanto públicos como privados, a prestar «especial atención» en la prevención de «estos fenómenos».
Varias semanas después, el 10 de mayo, la AN oficialista aprobó el Proyecto de Ley de Convivencia Pacífica Escolar. Según señalaron, la iniciativa fue evaluada por la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación.
De acuerdo con un a comunicado de prensa del Parlamento chavista, en su artículo 19, el texto propone la creación del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar como organismo rector para el diseño del plan integral pacífico escolar, a ser interpretado en los centros educativos públicos y privados pertenecientes al subsistema de educación básica.
Imprecisiones del proyecto de ley
Trapani comentó que el proyecto es una “oportunidad para generar un espacio de consenso y de diálogo”. Pero en los términos que está planteado merece una profunda reflexión, señalando que en la exposición de motivos, en el artículo 1, se dice que “erradicando el acoso escolar garantizas la convivencia escolar”.
El coordinador de Cecodap aclaró que cuando se habla de acoso escolar, se refiere a una expresión de violencia, por lo que “no necesariamente erradicando el acoso la escuela tiene un clima escolar acorde a los derechos de los niños o una convivencia escolar adecuada”, pues hay un conjunto de factores que pasan por los docentes, por las familias y por los niños.
Por otra parte, señala que hay algo llamativo en el proyecto de ley y tiene que ver con la definición de acoso escolar.
“El acoso escolar es una forma de violencia reiterada en el tiempo que se materializa entre pares. El proyecto incorpora a cualquier miembro de la comunidad educativa. Eso es una imprecisión que se aleja de la literatura clásica, incluso, se aleja de conceptos de las Naciones Unidas”, declaró.
Sobre el punto anterior, señaló que un adulto puede hacer acoso a un niño y es una violación de un derecho, pero no es un acoso escolar, “por la responsabilidad y la posición del adulto en la escuela, asume otras responsabilidades civiles, penales o incluso administrativas”.
Asimismo, en cuanto a los adjetivos que se incorporan en la definición, comentó que se pusieron algunos como “incitación al odio y amenazas”, los cuales son delitos, por lo que “entraría en contradicción con otras leyes”.
“Nosotros hablamos de la certeza preceptiva, que es que este proyecto de ley esté en armonía con otros cuerpos normativos, y eso indica la Ley Orgánica de Educación, la Lopnna y otras leyes de la República”, acotó.
Por otra parte, señala que el programa hace referencia a programas y servicios, pero no establece en concreto de quién es la responsabilidad y de dónde salen los recursos.
“El proyecto indica que la ley no tiene impacto económico, que es una ley conceptual y organizativa y eso no es del todo cierto, porque la ley te habla de programas, de servicios de prevención, de servicios de atención y eso tiene un costo. ¿Y quién asume el costo?”, preguntó.
En ese sentido, señaló que el tema del acoso escolar es “suficientemente grave y genera un daño importante que la inversión gubernamental es prioritaria”.
También, indicó que en el proyecto de ley se señala la creación de un ente rector de convivencia escolar. “Ahí nosotros pensamos si puede haber duplicidad, porque ya la Ley Orgánica de Educación del 2009, al asumir el Estado como estado docente, hay unas funciones de garantías y una de las atribuciones de cara a la garantía es todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar”.
La expulsión es inaplicable
Carlos Trapani señaló que el proyecto de ley no establece sanciones sobre el acoso escolar, de tal forma que los colegios deben implementar procedimientos de mediación y conciliación, señalando una dificultad, por ejemplo, en las sanciones de retiro y expulsión.
“Las sanciones de retiro y expulsión estaban previstas en la Ley Orgánica de Educación de 1980. Con la reforma de esta ley, en el año 2009, esas sanciones quedaron derogadas. Y lo que dice la Ley de Educación vigente, es que en caso de indisciplina de los estudiantes, aplicas conciliación o mediación, que es lo que la ley llama mecanismos alternos de resolución de conflictos”
En ese sentido, recordó que el artículo 57 de la Lopnna dice que las sanciones de retiro y expulsión de un niño en una escuela, se aplica por causas establecidas en la ley. “En consecuencia, tú no tienes una ley que te tipifique esas sanciones y te indique qué conductas son sancionables con retiro o con expulsión. Por tanto, al día de hoy, esas sanciones son inaplicables”.
A su juicio, eso genera una dificultad en la intervención del presunto agresor y el proyecto de ley no da claridad en cuánto a las rutas de atención ni qué hacer con el agresor. “Cuando es la víctima, hay un consenso más o menos generalizado: hay que escucharla, darle apoyo psicosocial, hay que cesar la violencia, tiene que mantenerse en el centro educativo y el apoyo y acompañamiento de la familia”.
Sin embargo, señala que la situación es más compleja cuando se trata del agresor: “Primero tenemos la añoranza de las sanciones de retiro y expulsión, que yo creo que eso no modifica la conducta. Puede ser que yo evite una víctima, pero generó otra víctima en otro centro educativo. La expulsión no ataca lo estructural”, dijo.
Para Trapani es necesario que tanto a la víctima como al acosador se les haga un “acompañamiento psicosocial, jurídico, pedagógico con un plan de intervención donde se establezcan metas relacionales, personales, afectivas y familiares, que le permiten a ese niño ser consciente de un hecho violento”.
Mediante su página web, la Unesco señala que el Plan Internacional estima que al menos 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas.
Además, advierte que este fenómeno afecta “desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes”.
Los estados miembros de la Unesco declararon el primer jueves de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, Incluido el Ciberacoso, para reconocer que la violencia escolar en todas sus formas “es una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación y a la salud y bienestar”.
Trapani recordó que “el acoso es una violencia multifactorial donde toca lo familiar, lo escolar, lo comunitario, la comunicación y en función a eso, requiere que cada actor que hace vida en la escuela tenga una cuota de participación”, comentó.
Latinoamérica tiene una escuela violenta
Una publicación de la revista científica de FAREM-Estelí del 2020, señala que la violencia que se vive en Latinoamérica es un reflejo de la realidad de sus sociedades y es un problema estructural que ha impregnado a todos los estratos sociales.
Las escuelas no escapan a esta problemática, pues en muchas ocasiones se han convertido en el “escenario ideal para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen conductas agresivas, enfrentando múltiples peligros, como peleas o presión para unirse a bandas delincuenciales”.
Un informe publicado en el año 2011 por la Unicef, titulado “Violencia escolar en América Latina y el Caribe”, analiza la violencia entre estudiantes y de los docentes hacia estudiantes y reveló que en Centroamérica el 22.8 % de los estudiantes fueron víctimas de acoso, un 25.6% estuvieron involucrados en peleas físicas y el 20.5 % sufrieron acoso físico o sexual.
En cuanto a Sudamérica, estas cifras son más elevadas, con un 30.2% acoso, 31.3% en peleas físicas y un 25.6% acoso físico o sexual.
Desde el año 2011 cinco países de Latinoamérica comenzaron a abordar el problema de la violencia escolar. En el 2012, Paraguay fue el sexto país en implementar políticas públicas contra este tipo de violencia en su territorio.
Asimismo, en el año 2013 Argentina y Colombia también consideraron tratar la violencia escolar. En los años posteriores varios países de la región incluyeron dentro de sus políticas el abordaje de esta problemática que afecta a las instituciones de educación.
De acuerdo con la revista científica de FAREM-Estelí las políticas públicas de violencia escolar en la región se formulan por medio de dos tipos principales: leyes y programas.
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Uruguay, Perú, República Dominicana, Paraguay y Panamá, establecieron como políticas públicas normativas legales que ayuden a tratar el tema de la violencia escolar.
Por su parte, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua, abordaron la problemática desde la creación de programas nacionales, los cuales serían aplicados en todas las instituciones educativas.
Según el informe, Costa Rica, es el único país latinoamericano que implementó una ley y un programa con la finalidad de combatir este fenómeno.
Además, países como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Perú y Uruguay no establecieron como finalidad de sus políticas la buena convivencia o sancionar las conductas violentas dentro de los centros educativos.
