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Acción Solidaria: El 75 % de las personas en Venezuela no tiene un seguro médico
9 de cada 10 personas destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación

 

Juan Rodrigues, integrante de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de la Asociación Civil “Acción Solidaria”,  informó que el 75 % de las personas en Venezuela no tiene un seguro médico.

Estos datos fueron recolectados en el informe que lleva por nombre: “La encrucijada de la salud: entre comida y medicamentos”, donde entrevistaron a 399 personas, desde el 7 de marzo al 8 de abril de este año, y allí, recaudaron información pertinente sobre el tema.

Según Rodrigues, nueve de cada diez personas destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación, lo que significa que en una medida mínima pueden costear otras necesidades como la salud.

Asimismo, puntualizó que existen tres sectores vulnerables en Venezuela, referentes al tema de salud: “Primero las mujeres, luego las personas de la tercera edad y personas con VIH, son las personas que mayor petición tienen en el estudio”.

En otro orden de ideas, Rodrigues destacó que en Venezuela se «han cambiado algunos problemas por otros», ya que se pasó la etapa de desabastecimiento de medicinas, sin embargo, los ciudadanos no tienen los recursos económicos para comprar las medicinas en las farmacias.

CLAVES | Informe Acción Solidaria: 9 de cada 10 personas priorizan compra de comida sobre la salud
La organización identificó tres grupos vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores
75% de los encuestados para la investigación dijo no contar con seguro médico
37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante 
Aunque los datos recolectados demuestran que no existe una brecha de género significativa en el nivel educativo, sí se puede observar una brecha dimportante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos entre hombres y mujeres
En promedio, cada adulto mayor mantiene a dos personas económicamente, situación que aumenta las vulnerabilidades de este grupo

@ValeriaPedicini / Foto: Valeria Pedicini

 

La organización Acción Solidaria presentó su más reciente informe «La Encrucijada de la Salud: entre comida o medicamentos”, elaborado por el equipo de Exigibilidad de Derechos Humanos. 

La investigación, para la que se hizo un diagnóstico comunitario a 399 personas que acudieron a los servicios ofrecidos en la sede de la organización entre el 7 de marzo y 8 de abril de 2022, señala que más de la mitad de los encuestados consideran que sus ingresos son insuficientes y 9 de cada 10 dedican la mayor parte de estos a cubrir gastos de alimentación.

A pesar de tener patologías que requieren especial atención, relegan a un segundo plano los gastos en atención de la salud y medicamentos. El informe detalló que las tres principales condiciones crónicas de salud que presentaron los usuarios fueron hipertensión, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y diabetes.

El 38% de los consultados por Acción Solidaria manifestó tener un trabajo formal, bien sea a tiempo parcial o completo, 24% no tiene trabajo, 15% trabaja de forma independiente, 11% trabajan en el hogar y 4% consigue sus ingresos en el sector informal.

Aunque la mayor cantidad de respuestas (167) indicaron que los ingresos obtenidos provienen de salarios y bonificaciones, el segundo grupo se debe a pensiones o jubilación (160), seguido de los bonos o ayudas del Estado (127), actividades independientes (74) y remesas (26). Por su parte, 23 personas indicaron no tener ninguna fuente de ingreso.

Acción Solidaria

Del total de personas encuestadas, 226 se identifican como mujeres (56,6%), 170 como hombres (42,6%), 2 hombres trans (0,5%) y 1 persona no binaria (0,25%). En cuanto a la orientación sexual, 91 se identificaron como personas LGBTIQ+.

Entre sus encuestados, Acción Solidaria identificó tres grupos que son especialmente vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores.

A continuación, los hallazgos más resaltantes de la investigación de Acción Solidaria:  

  • 61% de las personas consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes.
  • 9 de cada 10 personas encuestadas indicaron que dedican la mayor parte de sus ingresos a cubrir gastos de alimentación.
  • En promedio, cada encuestado tiene al menos una persona a la cual mantiene económicamente.
  • 75% de las personas no tiene seguro médico.
  • 3 de cada 10 personas encuestadas indicaron tener prevalencia de discapacidad. Solo 7% tienen un certificado de discapacidad emitido por el CONAPDIS.
  • La mayoría de los encuestados dependen del Sistema Sanitario Público para recibir atención médica y en el acceso a medicinas. Sin embargo, las organizaciones y farmacias privadas tienen un rol fundamental: 285 personas acuden a las sedes de organizaciones para retirar medicamentos.
  • Hipertensión (179 personas), VIH (82 personas) y diabetes (80) son las 3 primeras condiciones crónicas de salud.
    Casi 3 de cada 10 personas encuestadas con alguna condición crónica de salud, no ha recibido tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 13% de los encuestados por Acción Solidaria no ha tenido acceso a tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 42% de las personas encuestadas manifestó haber tenido COVID-19 o sospechó haber tenido, esto último porque no lograron realizarse una prueba confirmatoria. 91% que se contagiaron por coronavirus recibieron tratamiento en casa.
  • 86% de las personas encuestadas se encuentran vacunadas con esquema de vacunación básico o de esquema básico y refuerzo.
  • 97% de los encuestados ha iniciado su vida sexual y 62% se encuentra sexualmente activo.

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Personas con VIH

  • Del total de 399 personas encuestadas, 82 manifestaron tener VIH. Es decir, 2 de cada 10 personas encuestadas tiene VIH.
  • 84% de las personas con VIH encuestadas se identificó como hombre.

    29% de las personas con VIH encuestadas fueron diagnosticadas con la condición en el último año.
  • 84% de los encuestados utiliza métodos anticonceptivos / barrera al momento de tener relaciones sexuales: 95% usa el preservativo masculino y 3.3% las pastillas anticonceptivas. 16% de los encuestados no usa ningún método anticonceptivo y la razón principal indicada (73%) es que “no deseaban o querían utilizarlo”.
  • La sífilis es la ITS con mayor número de casos reportados entre personas con VIH con 16 personas, seguido del VPH con 3, la gonorrea y herpes con 1 persona cada tipo.

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Calificación de ingresos

  • Aproximadamente 37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante.
  • 8 de cada 10 personas con VIH encuestadas califica sus ingresos entre mediano y muy insuficientes.

    9 de cada 10 personas con VIH encuestadas dirigen sus ingresos a la alimentación.
  • Casi el 70% de las personas con VIH encuestadas no cuenta con seguro médico.
  • 61% de las personas con VIH encuestadas tienen personas a las que mantienen económicamente. 

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VIH y otras condiciones crónicas de salud

  • 34% de las personas que viven con VIH encuestadas vive con otra condición crónica de salud.
  • La hipertensión es la condición crónica de salud con mayor prevalencia entre las personas con VIH, seguida de la diabetes y la depresión.
  • 77% de las personas de este grupo han recibido atención médica para tratar el VIH y para otras condiciones crónicas de salud, mientras que el 23% restante manifestó no haber recibido atención médica por varias razones; la más repetida fue la inoperatividad de los servicios especializados en el sistema público nacional. 
  • 96% de las personas de este grupo ha recibido medicinas en los últimos 6 meses para tratar el VIH y otras condiciones crónicas de salud.

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Mujeres

  • De la encuesta, 226 personas se identifican como mujeres. Es decir, 57% de las personas encuestadas son mujeres. De estas, el 56% de las mujeres son mayores de 55 años.
  • 89% de las mujeres encuestadas han culminado sus estudios de secundaria, en comparación con el 93% de los hombres encuestados. 
  • 31% de las mujeres indicaron tener un trabajo formal, frente al 55% de los hombres declararon tener trabajos formales.
  • 6 de cada 10 mujeres realizan trabajos informales, mientras que 4 de cada 10 hombres realizan trabajos informales
  • 94% de las personas que realizan trabajo de hogar como ocupación son mujeres y el 2% son hombres trans. 

    Los resultados demuestran que no existe una brecha significativa en el nivel educativo, pero sí se puede observar una brecha de género importante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos.
  • “Existe una brecha muy importante entre los trabajos formales y del hogar. En la segunda es muy marcada el estereotipo de género que asocia a las mujeres con las labores domésticas. A pesar de que actualmente se conoce la importancia económica y el aporte al PIB que esta ocupación representa para un país, sigue siendo un trabajo delegado casi exclusivamente al género femenino y en países como Venezuela, es poco valorado”, reza el informe de Acción Solidaria.

Calificación de ingresos 

  • Por cada hombre que indicó tener un ingreso “muy insuficiente”, hay 2 mujeres con ingresos “muy insuficientes”. Es decir, el doble.
  • 7 de cada 10 mujeres indicaron tener ingresos “insuficientes” o “muy insuficientes” en contraposición con 5 de cada 10 hombres que respondieron lo mismo.
  • Los hombres indicaron tener casi 3 veces más ingresos “suficientes” que las mujeres encuestadas.
  • 4% de los hombres tienen ingresos “holgados”, mientras que 0,4% de las mujeres indicaron tener este tipo de ingresos.

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Atención médica y medicinas

  • 8 de cada 10 mujeres indicaron no tener seguro médico frente a 7 de cada 10 hombres. Por cada 3 hombres con seguro médico, solo hay 2 mujeres que lo poseen.
  • 62% de las personas que respondieron que el alto costo de las primas es la razón por la cual no tienen seguro médico, son mujeres.
  • De las 109 personas que contestaron que tenían alguna prevalencia a alguna discapacidad, 78 son mujeres. Es decir, el 35%. 

Salud menstrual

  • 33% indicó que aún menstrua, mientras que el porcentaje restante indicó no estar menstruando en la actualidad. 
  • Acción Solidaria quiso medir la percepción que se tiene en torno a la menstruación, pudiendo detectar algún estereotipo o estigma asociado. Las palabras “dolorosa, dolor, dolores o mucho dolor” se repitieron 121 veces. Solamente el 7% de las personas indicaron palabras que tienen alguna connotación positiva de la menstruación. 
  • 72 personas indicaron utilizar toallas sanitarias femeninas desechables: 8 personas indicaron utilizar tampones y 5 personas que indicaron utilizar la copa menstrual.
  • 83% de las personas que indicaron que aún menstrúan hacen seguimiento de su ciclo menstrual.

    76% de las personas indicaron que siempre que presentan algún síntoma premenstrual o menstrual consumen algún medicamento: 12% remedios naturales, 4% cuando tenía la capacidad para comprarlo, 8% restante señaló «otro».
  • 75 % de las personas indicaron que no han faltado a clases o al trabajo por falta de productos de higiene menstrual o por síntomas asociados a la menstruación.
  • 21% indicaron que han sustituido los productos de higiene menstrual por opciones caseras: 12 respuestas de sustitución de productos de higiene menstrual por compresas hechas de paños o toallas, 4 respuestas de sustitución por compresas hechas de papel higiénico y 1 respuesta de sustitución por compresas hechas de tela.
  • Solamente el 47% de las personas señalaron recibir agua de forma continua. 6 de cada 10 personas consideran que la calidad del agua que reciben no es óptima para mantener una adecuada higiene menstrual.

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Adultos mayores

  • De las 399 personas encuestadas, 175 fueron personas de la tercera edad. Es decir, 44% de las personas encuestadas son adultos mayores.
  • 48% de las personas de la tercera edad indicaron a Accion Solidaria que no tienen trabajo. 
  • 82% de las personas de la tercera edad encuestadas reciben la pensión o jubilación por parte del IVSS. 3 de cada 10 no recibe la pensión o jubilación, a pesar de ya cumplir con la edad mínima legal para recibirla.
  • Más de la mitad de las personas de la tercera edad encuestadas (59%) califican su nivel de ingreso como «muy insuficiente».
  • 42% personas de la tercera edad afirmaron tener familiares dependientes. En promedio, cada adulto mayor tiene a casi dos personas a su cargo. Esto aumenta las vulnerabilidades de este grupo.
  • 82% de las personas de la tercera edad indicó que la mayor parte de sus ingresos los dirige a cubrir los gastos de alimentación, 13% a medicinas y el 5% restante entre gastos de vivienda, servicios básicos y otros.

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Atención médica y medicinas

  • 80% de las personas de la tercera edad encuestadas por Acción Solidaria indicó que no cuenta con seguro médico privado. 95% señalaron el alto costo de las primas la razón principal para no tener seguro.
  • 36% de los adultos mayores encuestados tiene prevalencia de alguna discapacidad. 
  • La organización recibió 139 respuestas de personas de la tercera edad que acuden a hospitales o centros públicos de salud. Entre ellos, 34 respuestas fueron de personas de la tercera edad que acuden a clínicas o centros privados, mientras que 24 respuestas de personas de la tercera edad que consultan con un familiar o vecino.
  • 15 personas de la tercera edad respondieron que acuden a centros de salud (fundaciones, ONG, servicios comunitarios, entre otros) sin fines de lucro.

Medicinas y tratamientos

  • De las 325 respuestas recibidas, 150 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas de organizaciones sin fines de lucro como Acción Solidaria.
  • 92 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas del sistema público de salud.

    73 adultos mayores respondieron que adquieren sus medicinas en farmacias o centros de salud privado, de forma particular, mienras que 3 adultos mayores respondieron que familiares o personas del exterior le enviaban los medicamentos.
  • 76% de las personas de la tercera edad acuden a los centros donde retiran sus medicinas usando transporte público o a pie.
  • 4% de los adultos mayores encuestados indicó que en el centro de salud al cual acude para recibir sus medicamentos, existen obstáculos tales como pendientes, escaleras o muros.

Condiciones crónicas de salud

  • 64% de las personas de la tercera edad viven con hipertensión.
  • 29% vive con diabetes.
  • 17% de los encuestados viven con hiper/hipotiroidismo.
  • 15% de las personas de la tercera edad encuestadas viven con artritis.
  • 33% de las personas de la tercera edad con alguna condición crónica de salud, indicaron no haber recibido atención médica en los últimos 6 meses.
  • Casi 8 de cada 10 personas (78%) no consume medicamentos para tratar su condición por el costo de los mismos.

Personas de la tercera edad y el COVID-19

  • 37% tuvieron COVID-19 o sospechan haberlo padecido. De este grupo, 95% indicó que solamente padecieron COVID-19 una sola vez, mientras que el 5% restante se contagió más de una vez.
  • Solo 11% requirieron de algún tipo de hospitalización, mientras que 86% fue tratado en casa y solo el 3% tuvo que realizar cuarentena en un hotel.
  • 49% de las personas de este grupo se encuentran vacunadas con el esquema básico (dos dosis).
  • 85% de los adultos mayores encuestados reutiliza su tapabocas.
  • 89% siguen considerando que el COVID-19 es un riesgo para su salud y la de su familia.

Salud sexual y reproductiva

  • 36% de las personas de la tercera edad encuestadas se encuentra sexualmente activo (han tenido relaciones sexuales en el último año).
  • 52% que inició su vida sexual, considera que no tenía suficiente información sobre salud sexual reproductiva al momento de iniciar su vida sexual.
  • 87% considera que actualmente si tienen suficiente información sobre salud sexual y reproductiva. 
  • 5 personas de este grupo manifestaron vivir con VIH, y 1 persona manifestó haber tenido gonorrea en el último año. La prevalencia de ITS dentro de este grupo, es bastante baja. 
Acción Solidaria: Enfermos crónicos priorizan compra de alimentos y dejan de lado las medicinas
 Un informe de la ONG señala que la «gran mayoría» de sus beneficiarios «no cuenta con seguro médico privado y depende exclusivamente del sistema de salud público para recibir atención médica» 

 

Un informe de la ONG Acción Solidaria reveló que 90 % de los enfermos crónicos beneficiarios de la organización dedican la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y dejan en segundo plano los gastos en atención de la salud y medicamentos, a pesar de tener patologías que requieren especial atención.

El trabajo, para el que se realizó una encuesta a 399 personas entre el 7 de marzo y el 8 de abril de este año, halló que hipertensión, VIH y diabetes son las tres principales condiciones crónicas de salud de esta población consultada.

«Los usuarios encuestados manifiestan que el nivel de ingresos es insuficiente o muy insuficiente para cubrir sus necesidades y, en su mayoría, las personas encuestadas priorizan los gastos en alimentación sobre otros gastos, como la salud», asegura el informe.

El documento señala que la «gran mayoría» de los usuarios atendidos «no cuenta con seguro médico privado y depende exclusivamente del sistema de salud público para recibir atención médica», y algunos, de organizaciones, como Acción Solidaria, para el acceso a medicinas.

Juan Rodrigues, miembro del equipo de Exigibilidad de DD.HH. de la ONG, dijo, durante la presentación del informe, que 9 de cada 10 personas encuestadas que viven con VIH dirigen sus ingresos a la alimentación y casi 7 de cada 10 acude a hospitales o a organizaciones sin fines de lucro para recibir atención médica.

Por su parte, Jennifer Jardim, miembro también del equipo, indicó que 175 de los encuestados son personas de la tercera edad, de los cuales el 82 % destina la mayor parte de sus ingresos a la compra de comida.

Además, señaló que el 78 % de los adultos mayores no tiene acceso a medicamentos para tratar su condición de salud por el costo de los mismos.

Escasean medicinas para pacientes con trasplantes

El 9 de junio, la ONG Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) afirmó que, desde hace «más de tres meses», hay escasez de inmunosupresores en al menos once regiones del país para pacientes que han recibido trasplantes de órganos.

«Amigos Trasplantados de Venezuela ha recibido en los últimos tres meses denuncias constantes de personas trasplantadas sobre la imposibilidad de recibir sus tratamientos de inmunosupresores completos en las farmacias de alto costo que provee el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS)», indicó en un comunicado difundido en su página web.

La ONG advirtió que esta situación afecta la calidad del injerto y la sobrevivencia de las personas que han recibido una «segunda oportunidad de vida».

«Los estados con mayores casos de escasez son Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Zulia, sin que esto indique que en el resto de las entidades del país la situación sea mucho mejor, pero es donde la cantidad de personas necesitando su tratamiento antirrechazo han denunciado con mayor frecuencia la entrega incompleta, intermitente de sus medicamentos», añadió.

Desabastecimiento de medicinas para el VIH

Los pacientes con VIH no la tienen fácil: a la dificultad para adquirir medicamentos, por los costos, se le suma la escasez. La ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) afirmó a finales de mayo que pacientes que viven con el virus han reportado desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en la mayoría de los estados del país.

«Hacemos un llamado a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, a intervenir en esta irregularidad para dar respuesta a que garantice la distribución y entrega inmediata de antirretrovirales a miles de personas con VIH de todas las regiones venezolanas», señaló la ONG en un comunicado divulgado en su página web.

En el escrito, la ONG destaca que «las vidas de las personas con VIH dependen de los medicamentos antirretrovirales, los cuales tienen como objetivo controlar la replicación del VIH en sus organismos».

Con información de EFE

ONG rechazan acusaciones de Diosdado Cabello contra periodistas y defensores de derechos humanos
Recordaron la firma del memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

144 organizaciones y otros 20 actores de la sociedad civil firmaron un pronunciamiento público en el que exigen al Estado venezolano el «cese de prácticas estigmatizantes, de odio, desprecio, hostigamiento, criminalización y persecución contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela».

Estas organizaciones se pronunciaron sobre las recientes declaraciones de Diosdado Cabello en las que criminaliza a varios periodistas y activistas de derechos humanos en Venezuela y recordando la firma del memorando de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Destacan que fue noticia el día 19 de enero de 2022, en el programa televisivo “Con El Mazo Dando” dirigido por Cabello, la exposición de un grupo de venezolanos de diversa índole, entre políticos, comunicadores sociales, lideres de sociales y otros, a los que se les señaló con carteles de «Se buscan por ladrones todos». 

«Como organizaciones sociales e individualidades de la sociedad civil, fieles propulsores de la libertad de expresión crítica, declaramos que hacemos votos permanentes por la existencia de una opinión pública libre, como fortaleza de una sociedad libre y democrática; pero sin duda se torna peligroso e inaceptable que las opiniones del diputado a la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, devengan en formas de expresión que propagan, incitan, promueven y/o justifican el odio, la intimidación y persecución, basado en la intolerancia especifica a un sector que promueve la defensa de principios y derechos en el país nacional», sostienen.

Entre las organizaciones firmantes está: Acción En Positivo, Acción Solidaria, Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), Acción Ciudadana Contra el SIDA, la Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita, Alerta Venezuela, Alianza Venezolana por la Salud, Asamblea Nacional legítima de Venezuela, Asociación Civil Asamblea de Educación, A.C. Justicia y Paz OP Venezuela, Caleidoscopio Humano, Caracas Ciudad Plural, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado – UCLA, Cecodap, Centro Guimilla, entre otros.

Personas con VIH en Miranda dependen de la sociedad civil para acceder a tratamiento antirretroviral
Existe una escasez de casi 57% en medicamentos contra el Sida 

Desde el año 2016, el Estado venezolano no adquiere tratamiento antirretroviral (TAR) para personas con VIH, cuya población se estimaba en 300.000 hasta 2020 (Stop VIH). Fue a través de donaciones obtenidas por la cooperación internacional que se logró abastecer una parte de la demanda con un esquema único de TAR al sistema público de salud. A pesar de estos esfuerzos, actualmente existe una escasez de 58,68% de los fármacos distintos al esquema único (TLC), lo que supone que quienes presentan reacciones adversas a este se encuentran sin posibilidad de recibir tratamiento. 

De acuerdo con José Antonio Espinoza, vicepresidente y abogado de la ONG Arcoíris por La Vida, ubicada en el estado Miranda, semanalmente, entre 8 y 10 usuarios de su organización han manifestado que por condiciones de salud o contraindicación médica no pueden seguir o iniciar su TAR con el esquema único. Asimismo, Espinoza mostró preocupación sobre las dificultades que las personas con VIH tienen para acceder a su TAR, ya sea por las fallas de transporte y escasez de combustible, o  por las restricciones de movilidad que se han impuesto en el marco de la pandemia.

Quienes se encuentran en el interior del país, generalmente, deben trasladarse a otros municipios para retirar su tratamiento y se encuentran con barreras como la falta de documentación para viajar, por ejemplo, en el ferrocarril. Muchas veces, estas personas se ven forzadas a mostrar informes médicos y exponer su condición a las autoridades.

Espinoza apuntó, además, que las personas con VIH no escapan de los embates socioeconómicos que, producto de la EHC, enfrenta el país. Según los reportes llevados por Arcoíris por La Vida, uno de los factores comunes que afectan a sus usuarios es la falta de capacidad adquisitiva para cubrir sus necesidades, especialmente, las que se derivan de su condición de salud. 

En Venezuela, el salario mínimo se posiciona en 2,47 dólares, mientras que el pasaje ida y vuelta en el sistema ferroviario para acudir a retirar TAR tiene un valor de 4 bolívares (0,94 dólares). En transporte superficial pueden llegar a pagar hasta lo equivalente a un dólar. 

Este obstáculo se acentúa cuando una persona con VIH debe viajar largas distancias para retirar sus tratamientos. Este es el caso de 179 usuarios que se atendían y retiraban su TAR en el Hospital Ana Francisca Pérez de León II, ubicado en la parroquia Petare, los cuales, fueron cambiados de centro al Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, por la suspensión del servicio de infectología en el 2019. Las personas afectadas denunciaron que esta situación hace sumamente complejo su acceso al tratamiento. En este contexto, organizaciones como Arcoíris por La Vida han tenido que gestionar una farmacia piloto con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) para garantizar el tratamiento de sus usuarios. 

Éxodo de personal capacitado y altos costos de los exámenes

Existe un déficit perceptible de profesionales de Infectología en el país. Desde el 2015, la organización Stop VIH  advertía sobre la migración de médicos infectólogos. En la actualidad, varios centros de salud públicos carecen de este servicio en zonas como San Casimiro (Aragua), Cúa (Miranda), Santa Teresa (Miranda) y los Valles de Tuy (Miranda). 

Es importante destacar que uno de los estados con mayor déficit de especialistas en esta área es Miranda, específicamente en las localidades conexas donde opera la ONG Arcoiris por La Vida (Cúa, Santa Teresa y Los Valles del Tuy). La falta de personal médico especializado no solo tiene implicaciones negativas en las personas con VIH,  con respecto a la inmediatez en el control y atención de su salud, sino que además las obligar a movilizarse a varios kilómetros para poder acceder a estos servicios y además retirar su TAR, lo que implica una vulneración de su derecho a la salud, específicamente, los estándares sobre disponibilidad y accesibilidad física.

Por otra parte, los elevados costos de estudios especializados como Carga Viral o CD4, añaden un peso a vivir con VIH, pues hacen imposible que las personas conozcan su estado serológico. En este sentido, coordinan esfuerzos con el Instituto de Higiene de la UCV para poder garantizar algunos cupos y así lograr que las personas de Miranda accedan al menos a uno de estos. 

También, destacaron que algunos usuarios de Arcoíris por La Vida viven con otras condiciones crónicas de salud como la diabetes o la hipertensión, cuyos tratamientos pueden llegar a ser inasequibles para la mayoría de la población. Acción Solidaria apuntó en junio de 2021, que estas personas dependen de programas humanitarios para poder acceder a tratamientos especializados para sus condiciones. 

La discriminación continúa

Según datos de Arcoíris por La Vida, persiste la discriminación de personas con VIH en los centros asistenciales donde buscan atención médica o retiran su TAR, por eso, muchas personas evitan acudir a estos centros, lo que aumenta su situación de riesgo. En el informe «Venezuela, continúa el Vía Crucis de las Personas con VIH» de ACCSI, RVG+ y otras organizaciones dedicadas a la defensa de personas con VIH, se advirtió que entre enero de 2020 y junio de 2021 fueron reportados un total de 2.757 casos de discriminación en hospitales venezolanos, que, incluso, condiciona su entrada a servicios de emergencia, hospitalización y cirugía.  

Por otra parte, Espinoza mostró preocupación por un crecimiento significativo en los reportes de infecciones oportunistas en personas con VIH, tan solo en 2021 han reportado seis casos con Sarcoma de Kaposi, esta situación responde a usuarios que han abandonado la adherencia al TAR por diversas razones, entre ellas, las asociadas a disponibilidad y accesibilidad física.

También han reportado casos de citomegalovirus para el cual no hay tratamiento actualmente en el país. Sin embargo, los casos de Infecciones de Transmisión Sexual  (ITS) son muy comunes, en especial el virus del papiloma humano (VPH) y sífilis. Estos casos deben ser referidos a Servicios de Infectología en Los Teques y, muchas veces, el tratamiento debe ser gestionado a través de donaciones. Mensualmente se refieren de 2 a 8 casos con tuberculosis al  Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, estado Miranda. 

La pandemia de SARS-CoV-2 ha generado nuevos obstáculos para personas con VIH. En Venezuela, a pesar de ser inicialmente señalado como un grupo prioritario, nunca se consolidó una jornada de vacunación para esta población. No existe actualmente una cifra oficial sobre el número de casos, fallecimientos y personas con VIH vacunadas contra el SARS-CoV-2. La sociedad civil, sin embargo, ha llevado paralelamente un registro propio: la Fundación Mavid (Carabobo) a finales de agosto ya había contabilizado 68 casos en personas con VIH que contrajeron el coronavirus y solo 100 de 7.200 registradas en el estado habían sido inmunizadas.

Situación de las personas gestantes con VIH en Miranda

Arcoíris por La Vida indica que en la mayoría de los casos de personas gestantes que su organización ha manejado, los procesos han sido exitosos cuando las personas cumplen con su adherencia al TAR y no sufren de discriminación. Además, frente a cesáreas electivas, coordinan la entrega del ARV Zidovudina para poder atenderlas. 

No obstante, denuncian que el año pasado entregaron medicamentos vencidos (incluso desde el año 2016) al Hospital Victorino Santaella para su distribución entre gestantes con VIH, aumentando el riesgo de trasmisión vertical. Espinoza advirtió que esta irregularidad es atribuible a negligencia por parte del Estado, puesto que, al retrasar el levantamiento de inventario del TAR donado por ONUSIDA y Organización Panamericana de la Salud (OPS) se impide que los tratamientos sean distribuidos a tiempo, no solo en Miranda sino a nivel nacional. 

Se suman varios obstáculos que devienen en la afectación directa de la salud y vida de esta población, algunos factores son: la dificultad de cumplir con su TAR; escasez de fármacos especializados; imposibilidad deacceder a estudios de laboratorio y consultas médicas, ya sea, por los elevados costos en el sector privado o por ausencia de especialistas e insumos en hospitales. Asimismo, se evidencia una afectación directa en la accesibilidad física a establecimientos médicos que se ha profundizado con la escasez de combustible, especialmente en las regiones. 

Sin duda alguna, existe un impacto diferenciado para las personas con VIH, sobre todo si no viven en la capital del país, cuyas oportunidades y derecho de un acceso integral y de calidad a la salud son vulnerados. Es importante destacar que el trabajo de las organizaciones de sociedad civil es importante y coadyuvante a que las personas con VIH puedan tener acceso a lo necesario para vivir dignamente con la condición. La EHC las vuelve dependientes de los programas humanitarios.

Protección a embarazadas retrocede a niveles de los años cincuenta
A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre desde 1981, es importante recordar la necesidad de protección a las mujeres embarazadas y cómo son vulnerados sus DDHH debido a la Emergencia Humanitaria Compleja
“La política general de los centros es atender partos solamente en etapa expulsiva, y por esta razón, se han documentado casos donde deben parir fuera de las instalaciones de los hospitales”, señala el informe “Salud en Emergencia: El caso de Venezuela”, publicado por Acción Solidaria

@Andrea_GP21

El pasado mes de octubre, se difundió en redes sociales un video de una parturienta que dio a luz en medio de la carretera estatal del estado Yaracuy porque la ambulancia que debía trasladarla a un centro asistencial no tenía combustible. Esto evidencia una desmejora en la protección a mujeres embarazadas.

Las mujeres embarazadas en Venezuela enfrentan un sinfín de retos debido a la Emergencia Humanitaria Compleja, la cual ha derivado en el colapso del sistema de salud público y el escaso poder adquisitivo para acudir al sector privado.

El informe “Salud en Emergencia: El caso de Venezuela”, publicado en agosto de 2021 por la ONG Acción Solidaria, reveló que las mujeres embarazadas representan uno de los grupos cuyos derechos humanos son vulnerados en mayor medida en el país.

“Encontramos que existe un patrón generalizado, sistemático y grave de vulneración al derecho humano a la salud y las poblaciones más vulnerables son las mujeres embarazadas y los niños, niñas y adolescentes”, declaró Natasha Saturno, coordinadora del departamento de exigibilidad de DDHH de Acción Solidaria.

 

Salud en Emergencia: El caso de Venezuela by Andrea González Parra on Scribd

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre desde 1981, es importante recordar la necesidad de protección a las mujeres embarazadas y cómo son vulnerados sus DDHH debido a la Emergencia Humanitaria Compleja.

Sin datos oficiales sobre mortalidad materna

En conversación con Runrun.es, Natasha Saturno, de Acción Solidaria, señaló que no hay datos oficiales sobre la mortalidad materna desde 2016, lo cual es uno de los grandes inconvenientes que tienen las ONG para acceder a la información.

“Sin embargo, cuando uno revisa los datos oficiales, ya se venía viendo un aumento de la tasa de mortalidad materna y, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que han hecho algunas investigaciones y que han podido levantar algunos datos”, según señala, se evidencia esta tendencia del aumento de la mortalidad materna.

Saturno destacó un informe publicado en mayo de 2021 por el Laboratorio de Desarrollo Humano (Ladeshu), sobre la mortalidad materna en el estado Lara. Dicho informe reveló que en el año 2020, la entidad tuvo una razón de mortalidad materna superior a la del año 1957.

Ladeshu encontró un valor alcanzado de 121,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados, lo que sitúa a la entidad con una razón de mortalidad materna por encima de los países de América Latina, y permite concluir que la entidad ha retrocedido 63 años en la prevención de las muertes maternas.

Informe sobre la Mortalidad Materna en el estado Lara by Andrea González Parra on Scribd

De acuerdo con Natasha Saturno, varias de las causas de la mortalidad materna son “perfectamente prevenibles y evitables con un debido control del embarazo”, señalando la hipertensión arterial como una de las principales, así como la diabetes gestacional.

“Lamentablemente, podemos decir es que hay un aumento de la tasa de mortalidad materna y las causas son prevenibles y evitables, siempre que exista un control adecuado durante el embarazo, pero hasta el momento, el colapso generalizado del Sistema Sanitario Público evita que las mujeres accedan a estos servicios de salud reproductiva tan indispensable”, señaló Saturno.

Los retos

Ante el grave colapso del sistema sanitario público, Saturno señala que la alternativa de muchas mujeres es acceder al sistema de salud privado. “Un parto vaginal puede costar los 3,000 dólares en un país donde el salario mínimo si acaso alcanza los 3 dólares mensuales, esto sin contar las consultas médicas de control que rondan entre los 40, 50 o 60 dólares”, señaló.

Entonces, debido a los altos costos, muchas mujeres se tienen que quedar con lo que ofrece el sector público, donde hasta el 2019, según señaló Saturno, se estimaba una pérdida del 60% del personal de salud en general, “porque no solo son médicos, sino también bioanalistas, enfermeras, entre otros, y esto evita que puedan ir a sus consultas con regularidad”, añadió.

 

A todo esto también se le suma la falta de campañas de información y prevención, donde se les explique a las mujeres embarazadas por qué es tan importante asistir a las consultas de control donde se les puede determinar algunas enfermedades que pueden desarrollar durante el embarazo, como la hipertensión arterial o una diabetes gestacional  que deben ser atendidas y, si son atendidas a tiempo, pues son fácilmente tratables. O, incluso,  “aquellas que pueden tener sífilis pero ya en una etapa donde no es sintomática, y se la puedan detectar a tiempo para que no sea una sífilis congénita; también el mismo caso del VIH”. 

En el caso de que sí accedan a los controles, entonces viene el otro reto. Los reactivos para hacerse los exámenes necesarios. “Lamentablemente, en los hospitales públicos no hay reactivos para hacer exámenes”, dijo Saturno.

“Les toca entonces hacérselos en centros privados y viene el mismo problema en términos de asequibilidad y eso limita más que puedan hacerle una evaluación diagnóstica a la mujer en ese proceso”, sumó.

Dar a luz en la peor condición

Saturno aseguró que durante los controles se pueden identificar que el bebé venga en una posición que no es la idónea para un parto vaginal y se debe programar una cesárea. “Muchas veces pasa que las mujeres llegan al hospital prácticamente a dar a luz y, en la mayoría de los hospitales, están atendiendo únicamente partos en periodo expulsivo, es decir, cuando ya han hecho la dilatación prácticamente de los 10 centímetros”, alertó.

Lo anterior está señalado en informe de Acción Solidaria, donde se encontró que, debido a la falta de personal médico, las mujeres embarazadas deben esperar horas para ser atendidas en sus partos. 

“La política general de los centros es atender partos solamente en etapa expulsiva, y por esta razón, se han documentado casos donde deben parir fuera de las instalaciones de los hospitales”, señala el informe.

 

Mediante las redes sociales se han visto múltiples casos de mujeres que han tenido que dar a luz en las salas de espera por no ser atendidas a tiempo, esto debido al colapso del sistema de salud pública, a lo que se le suman otros problemas como la escasez de combustible y la falta de transporte.

En agosto del 2020, el exdiputado Américo denunció que las madres venezolanas dan a luz en las calles de Bolívar. Asimismo, denunció que la llamada «revolución» lo único que ha hecho es atrasar a la nación.

 

También, ese mismo mes, el periodista Lenín Danieri señaló que la mujer parió una niña a pocos metros del comando de la Guardia Nacional (GN) de Nueva Lucha, en Zulia.

 

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra le Mujer, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV) a través del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, emitieron un comunicado donde manifiestan que “se une, promueve y fortalece los acuerdos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

“Siendo nuestro objetivo velar por el derecho humano fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y al ser una agrupación médica de especialistas en Obstetricia y Ginecología nos comprometemos a trabajar a favor de que se proteja en todos los países la vida digna, el bienestar físico, mental y social y el respeto a la autonomía de la mujer en todas las etapas de su vida”, señala el texto.

Comunicado de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) by Andrea González Parra on Scribd

Costearse todos los insumos

Saturno señala que cuando se logra preparar una cesárea, la mujer y su familia tienen que buscar todos los insumos. Desde inyectadoras, gasas y guantes. “Absolutamente todo para entonces llevarlo al hospital y que le puedan realizar el procedimiento”, dijo.

Después de esto viene el reto de la lactancia materna. A juicio de Saturno, lo más recomendable para la madre es dar lactancia materna a su hijo, pero eso tiene una metodología y no hay suficiente información al respecto. “Recurren a otras formas para alimentar a sus hijos que no son las más seguras”, advirtió.

“Los recién nacidos fácilmente pueden sufrir diarreas y estas pasan cuando se les dan comidas mezcladas con agua que no es completamente potable y, lamentablemente, esa es una de las causas más frecuentes de fallecimientos en recién nacidos”, apuntó.

 

También se refirió a casos de mujeres con VIH, que son propensas a transmitir el virus de forma vertical a sus hijos mediante la lactancia materna y deben recurrir a las fórmulas. “Un pote que puede durar una semana puede costar 10 dólares”, dijo.

“Estas mujeres se encuentran bastante limitadas y no hay otras opciones como bancos de leche, que sí lo vemos en otros países de la región”, lamentó.

Estereotipos de género y violencia

A todos los retos y dificultades que tienen las mujeres embarazadas en Venezuela, se le suman los roles y estereotipos de género. Sobre esto, Natasha Saturno señala que el rol de cuidado y crianza de los niños recae la gran mayoría de las veces sobre la mujer. 

“Tienen poco o limitado apoyo de sus parejas y esto hace que muchas veces tengan que renunciar a sus trabajos, eso hace que tengan menos ingresos económicos para poder alimentarlos”, señaló.

También, advirtió que muchas mujeres están sometidas a situaciones de violencia intrafamiliar y que, incluso, muchos embarazos son producto de la violencia basada en género o por la supervivencia por sexo.

“Muchas mujeres en Venezuela están teniendo que vender sus cuerpos para poder alimentarse o alimentar a sus otros hijos. La mujer se vende por comida, trata de alimentar a sus propios hijos y, en ese proceso, queda embarazada. Eso nos lleva al problema de leyes como la de la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo”, comentó.

 

Por otra parte, señaló que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo genera más pobreza, más abortos inseguros y eso aumenta la mortalidad materna. “Lo que se ha visto en otros países donde está legalizado no es que aumenten las tasas de aborto, sino que son abortos en condiciones seguras y disminuyen los fallecimientos de las mujeres embarazadas”, añadió.

Cómo ayudarlas

Natasha Saturno señaló que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de salud y han dedicado esfuerzos importantes a este tema. Consideró que se puede ayudar de muchas formas, como involucrarse con estas organizaciones que trabajan temas de salud sexual y reproductiva, y que tienen iniciativas y programas humanitarios para atenderlas. 

“Aunque puede ser un poco complicado, el enlace más importante es a través de estas organizaciones. Por ejemplo, desde Acción Solidaria trabajamos una alianza que se llama Con Ellas con organizaciones como Cepaz, Uniandes, Funcamama, Prepara Familia y Unión Afirmativa que tienen programas humanitarios dedicados a las mujeres”, señaló.

 

A juicio de Saturno, hay que entender que el trabajo de la sociedad civil es limitado y nunca hay que quitarle la responsabilidad al Estado venezolano.

“Nunca hay que quitársele la responsabilidad al Estado venezolano, que es quien tiene la obligación en materia de DDHH de velar y atender por la salud de todos los venezolanos, pero especialmente de las mujeres por el proceso tan particular y especial que se vive durante esa etapa”, finalizó.

*También puede leer: El Estado peruano falla en la atención de venezolanas sobrevivientes de la violencia de género

Resolución del Consejo de Derechos Humanos busca profundizar el trabajo de las organizaciones
Medida estipula renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela

El pasado 5 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó con 22 votos a favor, 22 abstenciones y apenas 3 en contra (Venezuela, Eritrea y Filipina) una resolución sobre la “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.

La resolución estipula la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) para Venezuela por dos años y algunas condiciones para la continuidad del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Además, la resolución destaca la necesidad de investigación de violaciones de derechos humanos de la FFM por violencia sexual y de género, aparte del mandato original de: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aunque su mandato es muy específico, sería interesante que el próximo informe de la Misión pudiéramos observar el marco contextual de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) dentro de algunas de las vulneraciones, por ejemplo, detenciones arbitrarias a personas que manifestaban por Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) como salud, agua o alimentación.

Aparte, en el punto 14 de la resolución solicita a la OACNUDH que continúe su labor de vigilancia de los derechos humanos en Venezuela, y que en sus informes “incluyan una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones de sus informes anteriores” este punto fue destacado por el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, en su entrevista con Vanessa Davies del pasado 7 de octubre quien indicó la importancia de “hacer seguimiento a las recomendaciones y a los acuerdos a los que ha llegado su oficina con el gobierno”.

Un punto interesante de la resolución es lo contenido en el punto 13 donde se alienta a los procedimientos especiales a prestar especial atención (en el marco de sus mandatos) a la situación venezolana, así como el llamado a Venezuela de colaborar con su labor. Esto puede impulsar a que las Relatorías Especiales investiguen más atentamente lo que sucede en el país e incluso pueden producirse algunos pronunciamientos sobre puntos cuyo mandato no contempla la FFM o que no hayan sido tan destacados por la OACNUDH, en especial, lo referente al contexto de la EHC y los DESC.

Acción Solidaria registró 1.436 casos de vulneración del derecho a la salud durante 2020
Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la emergencia humanitaria compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes

Este miércoles 25 de agosto, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe Salud en emergencia: El caso de Venezuela, que es el resultado de un monitoreo que se hizo entre enero y diciembre de 2020 y en el que sedocumentaron 1.436 casos relacionados a violaciones al derecho a la salud en 109 centros médicos públicos, ubicados en 22 de los 24 estados del país. 

Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad, explicó que la información se recolectó a través de 21 portales web de medios nacionales e internacionales y 27 de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de identificar patrones con respecto a la falta de garantía del derecho humano a la salud, el deterioro de los centros del sistema público, las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta el personal médico, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela.

Los factores evaluados por el equipo para este estudio fueron  los que componen los estándares universales del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Saturno insistió en que el informe no pretende ser un estudio estadístico, más bien un registro que fije un precedente acerca de la desatención del Estado y la afectación de la pandemia por COVID-19 sobre las familias más vulnerables.

Juan Manuel Rodrigues, abogado y miembro de la unidad, precisó que de 1.436 casos registrados, 21% fue en centros asistenciales del sistema sanitario público. Además, explicó que de los 109 centros de salud monitoreados, 8 pertenecen a la Misión Barrio Adentro, 9 son ambulatorios, 7 son especializados en diálisis y 85 son hospitales de diversos tipos. 70% de los casos tienen que ver, directamente, con la disponibilidad.

Saturno aseguró, que este monitoreo permitió identificar que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Además, evidenció que la pandemia por el SARS-COV-2 incrementó los riesgos que ya sufría un grupo invisibilizado: el personal de salud.

Entre las conclusiones, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos especificó que las violaciones del derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas y la emergencia global ha agudizado y evidenciado el deterioro del sistema sanitario público.